Acapulco: la violencia diaria

En la crisis de Acapulco se reproduce a la perfección la violencia estructural que se ejerce y sufre en todo el país.

| Seguridad

El domingo 24 de abril al menos dos grupos de civiles armados dispararon contra la sede de la Policía Federal en Acapulco y uno de los hoteles en que se hospedaban miembros de dicha corporación. Debido a su sincronía, y estruendo, y por ubicarse ambos lugares en zonas turísticas, los ataques generaron pánico entre la población. Testimonios de los ataques, mezclados con información falsa e imágenes de balaceras anteriores, circularon ampliamente en las redes sociales, incrementando la ya desbordada y justificada psicosis de los ciudadanos.

Sorprendentemente, la reacción oficial (de los gobiernos estatal y municipal) se centró en la difusión de información falsa, minimizando los hechos y celebrando que solo hubo una persona asesinada: un delincuente, dijeron. Finalmente, hicieron un ominoso llamado a la población a que fuera más responsable sobre la información que difunde en redes sociales. Un llamado del gobierno a los ciudadanos a ser más responsables.

Como acapulqueño, he atestiguado con horror y dolor la degradación de mi ciudad durante la última década. Desde aquella “balacera de la Garita”,[1] en enero de 2006, la calidad de vida y la gobernanza local han caído en una espiral descendente cuyo fondo aún no conocemos.

Sin embargo, esta violencia tiene causas lejanas en el tiempo y raíces profundas en la sociedad: gobiernos consistentemente corruptos e ineficaces, así como un arraigado clasismo y el egoísmo de diversos gremios, han eliminado cualquier posibilidad de cohesión social, generando una sociedad fragmentada y temerosa. La sinergia que se genera a partir de acciones colectivas está ausente en Acapulco, y cualquier noción de comunidad se perdió hace décadas.

Aunque pocos lo reconocen, en Acapulco se reproduce a la perfección la violencia estructural y cultural que ejerce y sufre el país (la cual también se niega). Una de las formas que toma esa violencia es la de pequeñas conductas cotidianas, aparentemente inofensivas pero discriminatorias, desde una madre que pide a su hija “mejorar la raza”, o una empresa que solicita empleados con “excelente presentación”, hasta un antro que se reserva el derecho de aceptar y rechazar clientes según criterios racistas, clasistas, homofóbicos o misóginos.

Otra limitante de la cohesión social es el egoísmo gremial. En septiembre de 2011, hartos de la violencia, diversos grupos de maestros marcharon por la avenida principal de Acapulco demandando mayor y mejor seguridad a las autoridades. Muy probablemente esta ha sido la marcha más numerosa en la historia de la ciudad, con miles de personas tomando las calles y dando voz a la desesperación de todos los acapulqueños. Desafortunadamente, lo que pudo haber sido un incluyente llamado a la acción colectiva, y a la reconciliación de la opinión pública con un gremio históricamente estigmatizado, terminó en la negociación de una agenda particular y limitada a los intereses magisteriales. Se perdió una gran oportunidad.


Violencia urbana: nuevas violencias, nuevos enfoques

Durante las últimas décadas se ha observado una evolución de los diversos tipos de violencia a nivel global, en especial los que involucran actores no gubernamentales: células terroristas, Estados autoproclamados, crimen organizado. Asimismo, existe una clara tendencia de concentración de la violencia en zonas urbanas con características muy específicas.

De acuerdo con Robert Muggah –director de investigación del Instituto Igarapé, think tank especializado en temas de justicia, seguridad y desarrollo–, son principalmente tres los factores de riesgo que vuelven a las ciudades más propensas a la violencia criminal: la turbo-urbanización (o crecimiento acelerado de zonas urbanas), la alta concentración demográfica de jóvenes, y el creciente uso de herramientas tecnológicas.[2] Diversos estudios muestran también cómo dicha violencia afecta directa y específicamente a ciertos sectores de la población (jóvenes varones), en zonas geográficas determinadas, usualmente colonias o barrios con altos niveles de marginación, hacinamiento e inequidad.

Existe una discusión sobre la relevancia de las ciudades en la gobernanza global. Algunos autores consideran que la batalla por la estabilidad internacional se librará en las ciudades y no en los países. Asimismo, se estima que hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que esta proporción llegará a 75% en las próximas tres décadas.

Durante los últimos años, Acapulco ha aparecido consistentemente como una de las ciudades más violentas del mundo en los rankings internacionales. De hecho, según el Instituto Igarapé, más de cuarenta de las cincuenta ciudades más violentas del mundo son latinoamericanas. Aunque cada caso es distinto, existen factores comunes que generan violencia en estas ciudades: inequidad, baja cultura de la legalidad, altos niveles de impunidad e instituciones corruptas, muchas veces infiltradas por el crimen organizado.[3]

1111

En el caso de Acapulco, las tasas históricas de crecimiento demográfico han fomentado un proceso acelerado y desordenado de urbanización, dejando poco espacio para la planeación y diseño de la ciudad. La creciente demanda de espacios para vivienda, combinada con altos niveles de corrupción en los tres órdenes de gobierno, ha propiciado que recurrentes desastres naturales hagan evidente la vulnerabilidad de la ciudad, cobrando cientos de vidas humanas en tragedias claramente prevenibles (v.gr. Huracán Paulina en 1997; Manuel e Ingrid en 2013). En septiembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto prometió hacer público un reporte sobre las causas y responsables de las afectaciones provocadas por los huracanes Manuel e Ingrid en Acapulco, para identificar las dependencias y a los servidores públicos que otorgaron permisos para construcciones en zonas de alto riesgo o restringidas por el Plan Director de Desarrollo Urbano. Aunque el plazo establecido por el presidente para aclarar el caso y ejercer acción legal contra los responsables fue de un mes, hasta hoy no existe ningún funcionario señalado por tales eventos.

En cuanto a la proporción de jóvenes con respecto a la población total, en Acapulco este sector representa un porcentaje similar al nivel nacional (aproximadamente 28%). Aunque dicha proporción es significativa, resulta aún más relevante analizar las oportunidades de desarrollo disponibles para estos jóvenes, la forma en que han construido su identidad y la responsabilidad de la comunidad con respecto a ellos. Los incontables asesinatos y desapariciones de jóvenes en Acapulco muestran cómo las organizaciones criminales se los han arrebatado a una sociedad que, salvo en casos específicos, como el de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en general no opone resistencia ni los reclama como propios.

Existen también factores estructurales que explican en gran medida la crisis vigente: un modelo económico que genera pobreza y la perpetúa mediante la concentración desigual de recursos; un sistema educativo colapsado, cuyos liderazgos son resultado de añejos clientelismos políticos; un pueblo desconfiado, abandonado por sus gobiernos, de los cuales históricamente recibe represión brutal (cuando se moviliza) o dádivas económicas (cuando la naturaleza lo azota). En ambos casos, el precio se calcula en vidas humanas.

Así, con una clase política alejada de la realidad y de la población, ciudadanos apáticos, empresarios de visión cortoplacista, e instituciones débiles o inoperantes, la recuperación de la tranquilidad y una vida digna en Acapulco parece aún lejana.


Gobiernos como reflejo social

Es ya claro que los índices de violencia en México ascienden exponencialmente a partir de 2007, una vez que la administración de Felipe Calderón pone en marcha una campaña policiaco-militar orientada a la captura de líderes de cárteles y células criminales. Esta estrategia, carente de efectivos mecanismos de contención e inteligencia, resulta, paradójicamente, en el crecimiento de los grupos de crimen organizado y la diversificación de sus actividades delictivas. Al ser Acapulco una de las principales plazas de venta y tráfico de drogas ilegales en el país, la estrategia nacional tiene efectos desproporcionados en esta ciudad con respecto al resto del territorio.

222

Sin embargo, para comprender la complejidad del caso de Acapulco, debemos entender que la violencia en la ciudad es también, en parte, resultado de un problema global, marcado por factores internacionales sobre los cuales no se tiene control. Si bien existen claros elementos locales que han generado la crisis actual, buena parte del problema está determinada por condiciones geográficas de la región, así como por decisiones de política internacional. Las rutas de tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense, los flujos de cocaína provenientes de Sudamérica, los precursores químicos provenientes de Asia y, en general, la “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos desde los años setenta, son apenas algunos ejemplos.

3333

Por otra parte, es necesario distinguir claramente entre prevención y reducción de la violencia. Uno de los fenómenos que han complicado el desarrollo de estrategias efectivas a favor de la paz en Acapulco es la evolución del discurso de la clase política y de algunos actores sociales, los cuales han aprendido a describir factores de violencia pero no se han esforzado por comprender a profundidad su naturaleza ni las vías de solución a largo plazo. Constantemente, los gobiernos (federal, estatal y municipal) se refieren públicamente a estrategias de prevención de violencia en regiones que necesitan urgentemente estrategias de contención y reducción. Se sabe que la prevención no es retroactiva, y las soluciones no son simétricas a las causas de raíz. En todo caso, los dos enfoques tampoco son mutuamente excluyentes, e idealmente se requiere una estrategia que combine contención, reducción y prevención, que sea dinámica y se ajuste constantemente según la evolución del contexto[4].

Asimismo, aunque gran parte del problema es global, las soluciones deben ser concebidas desde una perspectiva local a partir de contextos específicos. Lamentablemente, a pesar de que los expertos internacionales coinciden en este argumento, las estrategias implementadas desde el gobierno federal parecen seguir una lógica contraria: mando policial único, presupuestos federales administrados centralmente, poco o nulo fortalecimiento de capacidades locales y, en general, el avasallamiento de los órdenes locales de gobierno, sobre todo en temas de seguridad y desarrollo social. Cualquier iniciativa que pretenda mejorar la calidad de vida en Acapulco deberá pasar necesariamente por la recuperación, reconstrucción y empoderamiento de los gobiernos locales.

Uno de los retos principales para Acapulco, y acaso la solución a muchos de sus problemas, es el diseño e implementación de políticas públicas que trasciendan los periodos de las administraciones municipales y estatales, con objetivos claros e indicadores que midan su impacto real en la población. Es común que se celebre públicamente el inicio de dichos programas, pero no que se publique información sobre los resultados ni sobre su efectividad, lo que indica que dichas iniciativas obedecen más a intereses partidistas y coyunturas electorales que a un interés genuino por el bienestar de la población.

Paradójicamente, el ámbito municipal de gobierno es, al mismo tiempo, el más débil y el más cercano a las necesidades y realidades de la población. La presencia intermitente del gobierno federal ha minado profundamente la autonomía municipal,[5] con lo que se ha desaprovechado la oportunidad de fortalecer las capacidades locales y se hace suplicar a los alcaldes por “apoyo” cada vez que la violencia alcanza un nuevo pico de brutalidad y dramatismo.

Ante tal situación, los alcaldes no han asumido un liderazgo local, dedicándose, en cambio, a repetir hasta el cansancio la cantaleta sobre “esfuerzos coordinados” y la “suma de voluntades”. Es cierto que las capacidades policiacas municipales son pocas y deficientes, pero existen múltiples ámbitos y posibilidades de trabajar en reducción y prevención de violencias sin que necesariamente confronten a los grupos criminales.

Algunas de las estrategias implementadas durante los últimos años reflejan estas carencias. En mayo de 2012, por ejemplo, el entonces presidente Felipe Calderón presentó la estrategia Todos Somos Acapulco, replicando la intervención Todos Somos Juárez, implementada en Ciudad Juárez en 2010. Sin embargo, al no contar con el seguimiento, el interés o los recursos invertidos en el caso de Juárez, la versión acapulqueña no obtuvo los resultados esperados.

En julio de 2015 el secretario de Seguridad Pública de Acapulco reconoció que 719 de los 1,299 policías de la ciudad reprobaron los exámenes de control y confianza aplicados por la federación. De acuerdo con los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos elementos no son aptos para ejercer labores policiales. Sin embargo, hasta hoy continúan activos y armados en la ciudad debido a la falta de recursos financieros (municipales, estatales y/o federales) para liquidarlos y darlos de baja. En octubre de ese año el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció el relanzamiento de una estrategia de seguridad para Guerrero. Como en 2012, se integró un grupo de colaboración y se instalaron los consejos ciudadanos correspondientes, de los cuales (como en 2012) no se sabe si aún existen, si alguna vez funcionaron o si lograron algún resultado.


Imaginar el futuro

La complejidad de la crisis que enfrenta Acapulco requiere de políticas públicas articuladas e integrales, estrategias que llamen a la acción colectiva, a la colaboración entre partidos políticos y sectores sociales; que construyan una visión de futuro para la ciudad y una identidad renovada para los acapulqueños.

Dos elementos indispensables para construir y fortalecer el capital social en una comunidad son la confianza entre sus miembros y la esperanza con respecto al futuro. Sin estos dos elementos, es muy difícil que las iniciativas gubernamentales o ciudadanas prosperen, ya que la desconfianza y la desesperanza imposibilitan cualquier esfuerzo colectivo.

Sin embargo, para una comunidad históricamente defraudada por sus gobiernos, recuperar la confianza no es cosa fácil. Antes, se requiere que surjan nuevos liderazgos locales y que se comience a pagar la gran deuda histórica de justicia en la región. La sociedad, para volver a creer en sus gobiernos e instituciones, necesita ver en la cárcel a los culpables de la crisis actual: no solo a los que jalan el gatillo sino a los que durante décadas han dinamitado la gobernanza y la vida pacífica en Acapulco: exalcaldes y exgobernadores corruptos, empresarios deshonestos, los nuevos millonarios de cada trienio y cada sexenio.

Por el momento, no parece haber otro camino más que el de la participación y organización ciudadanas. Ante la existencia de fallas estructurales y carencias institucionales, se requiere encontrar intereses comunes e incentivos mutuos (factores transaccionales) para todos los actores sociales, iniciativas que restablezcan los niveles mínimos de confianza entre la población y que permitan reconstruir el entramado social.

El sociólogo estadounidense John Paul Lederach ha introducido el concepto de imaginación moral para referirse a la posibilidad de una transformación social amplia a partir del potencial creativo de una comunidad, la cual escucha todas las voces y desactiva los mecanismos que generan violencia para construir una nueva realidad. Una realidad en la que quepan todos.

A la par de la confianza mutua, es crucial desarrollar una visión de futuro para la ciudad. No basta añorar el Acapulco de antes (mismo que condujo a la crisis actual) ni tener claro lo que se quiere evitar. Para construir la paz en Acapulco hace falta dialogar, desarrollar conversaciones públicas que incorporen todas las visiones y, al mismo tiempo, generen nuevas perspectivas, más justas e incluyentes.

Si lo logramos, quizás dentro de algunos años podamos contar la historia de cómo Acapulco superó su etapa más oscura y resurgió como una nueva comunidad. Quizás incluso podamos compartir nuestros aprendizajes y ayudemos a otras ciudades en crisis.

(Foto: cortesía de Marcos Guevara.)


Notas

[1] Este fue, quizás, el evento que marcó el inicio de la crisis actual de violencia en Acapulco, con un enfrentamiento abierto entre grupos armados (incluida la policía municipal) que desplegaron armas de alto poder y, sobre todo, una alta impunidad.

[2] Con este último factor Muggah se refiere a la amplia conectividad y al acceso generalizado a internet, sobre todo entre los jóvenes, lo que facilitaría la comunicación entre, e incrementaría la información disponible para, diversos grupos criminales.

[3] Tomado de The Economist.

[4] Esta distinción es tomada de la presentación hecha por Enrique Betancourt durante el taller Urban Violence in Latin America: from local initiatives to public policy, impartido en la Universidad de Duke en abril de 2016.

[5] Entre muchas otras discusiones, la violencia originada por el crimen organizado en múltiples regiones del país, ha revelado la necesidad de analizar y actualizar las facultades y atribuciones municipales descritas en el artículo 115 constitucional.

Artículos relacionados