Ayotzinapa: la verdad como metáfora

Ayotzinapa trastocó las formas de gobierno. La vaguedad y la verdad hoy ocupan otro sitio en el espacio público.

| Momento Mexicano

A dos años de la tragedia del 26 de septiembre, no se sabe ni dónde están los normalistas ni por qué los desaparecieron. Ayotzinapa ha significado un acontecimiento que ha roto en dos el tiempo político mexicano. Después de Ayotzinapa, la relación entre la sociedad y el gobierno y el Estado se ha alterado radical, irremediablemente. Durante esta semana publicaremos una serie de breves intervenciones para entender los contornos políticos de este "momento mexicano".

No deja de ser irónico que el debilitamiento de la administración priísta se haya precipitado a partir de uno de los pocos momentos en la historia de ese partido en el que explícitamente declaró estar diciendo la verdad. En esa conferencia de prensa, con el gesto del procurador, con su despliegue de autosuficiencia, con el dicho “esta es la verdad histórica”, ahí se mostró la inoperancia de toda una manera de entender el poder público y su ejercicio. Justo ahí.


En 1975, Rafael Segovia hizo un estudio sobre la politización de los niños en México. Quería saber qué tanta correspondencia existía entre la expectativa de la población y el desempeño del régimen autoritario después de 1968. Con los resultados de una encuesta nacional, construyó tres estereotipos dependiendo del nivel socioeconómico de los niños, de la educación y profesión de sus padres y de su lugar de residencia. Entre muchos hallazgos, rescato dos coincidencias. Primero, que la Presidencia era el lugar último donde residía el poder. Si el presidente quería hacer algo, podía lograrlo. Es decir, no había nadie más poderoso que él. Y, en segundo lugar, que su principal responsabilidad era mantener el orden: mandar y ser obedecido. No buscar la justicia social, no conducir el desarrollo, no garantizar derechos: ordenar la vida común sin tener que darle explicaciones a nadie.

Pero ¿cómo se logra ordenar la vida común sin darle explicaciones a nadie durante tanto tiempo? Una parte de la respuesta tiene que ver con la propia estructura del régimen. Ya se sabe: corporativismo, cooptación y represión, distribución regular e irregular de recursos públicos, etcétera. Pero, además, había otra manera de gobernar que vivía y operaba en la informalidad de lo cotidiano: el uso político de la vaguedad.


El discurso de unidad nacional llegó en 1940 y sus reverberaciones pueden sentirse hasta hoy. Lo hizo de la mano de la segunda guerra mundial, de las trincheras iracundas del cardenismo, del miedo a la revuelta. Ávila Camacho tuvo la tarea de conciliar lo que se oponía al gobierno y entre sí: empresarios, sindicatos, iglesia, nacientes partidos ilustrados, gobernadores feudales, militares preocupados. Hay pocas formas de gobernar la tensión sin precipitar el enfrentamiento. La del expresidente fue valorar el consenso, penalizar el conflicto y no comprometerse con nadie.

Eso permitía juntar en un mismo espacio a los antagónicos porque su foco de atención ya no estaba en sus causas, su legalidad o su pertinencia nacional, sino en la incertidumbre sobre la respuesta presidencial: ¿a quién respaldaría?, ¿con qué fórmula?, ¿a cambio de qué?

En algunos casos, este estilo de negociar dio pie a políticas más o menos tersas, en otros, a francos ornitorrincos: una educación socialista cuyos planes de estudio los definiría el empresariado nacional, pero que seguiría siendo socialista; o un movimiento obrero organizado que tenía que renunciar a la lucha de clases y a las huelgas, pero que podía seguir hablando de revolución, por ejemplo.

A pesar del mito de la presidencia invencible, ya se sabe que el presidente, ni en los cuarenta ni nunca, hizo todo lo que quiso. Que los resultados de la política son siempre contingentes. Pero eso no quiere decir que las élites políticas no fueran formadas durante décadas con una manera similar de entender el ejercicio del poder y la negociación en momentos de conflicto; élites que debían administrar cuatro recursos para gobernar con mayor o menor sofisticación dependiendo el sexenio: los actores involucrados, las reglas, la incertidumbre y la amenaza creíble del poder presidencial. Darle autonomía a la presidencia, se llamó primero. Facultades meta-constitucionales, se le llamó después.

Administrar la incertidumbre discursiva durante la vida del régimen tuvo su desafío. Implicó trenzar y destrenzar el nacionalismo revolucionario. Hacia la izquierda, hacia la derecha: conservar, liberalizar, distribuir o concentrar. Con algunos símbolos más o menos estables, como el petróleo o la política exterior, ese armario de justificaciones podía tomar formas peculiares porque, en principio, no estaba diseñado para convencer a nadie. Bastaba con amparar la acción gubernamental en ese último y pálido guiño que puede tener la palabra revolución cuando la vaguedad insiste en usarla: movimiento. Cualquier decisión, en última instancia y sin tener que explicar mucho más, termina… moviendo a México.


A menos que uno crea en la existencia objetiva del mundo, o en una fuente de autoridad divina, está condenado a aceptar que la Verdad es un acuerdo. Que implica la configuración de un espacio común en el que se interpreta lo que pasa y se explica de cierta manera. La verdad se refiere a un hecho, pero también a un flujo: ¿cómo se describe lo que pasó?, ¿con qué método?, ¿con la participación de quién?, ¿qué significa? La verdad es entonces una metáfora de los acuerdos con los que un grupo define su vida pública y las instituciones de procuración y administración de justicia son una de sus traducciones más inmediatas. Lo justo y lo injusto dependen de un convenio mínimo de realidad.

La verdad del autoritarismo priísta, de la que deriva su procuración de justicia, es sinuosa y acomodaticia porque fue diseñada como un mecanismo de control, no de rendición de cuentas. Debe ser flexible para intentar conciliar lo irreconciliable. En el caso de Ayotzinapa, las agendas de todos los que están en medio: el Ejército, la Policía Federal, los grupos oligárquicos locales, los padres de los estudiantes, los medios (los nacionales y los de fuera), la PGR y sus inercias, los grupos criminales, y así, sin fin. Sin vaguedad y posibilidad de contradicción, no hay eficacia posible para esa manera de entender el poder. Una manera que, aunque venga de un régimen con las siglas del PRI, tiene asientos en todos los partidos y en todos los niveles.

El asunto es que Ayotzinapa terminó de cambiar el mundo en el que Murillo Karam dijo su verdad. Si antes de eso, el presidente había podido utilizar exitosamente la vieja fórmula de gobierno (administrar actores, reglas, incertidumbre y capacidad de coerción) para crear el Pacto por México y pasar reformas impensables, después de Ayotzinapa ya era demasiado tarde.

Las premisas sobre las que esa ruta funcionaba hoy están rotas. No puedes administrar a los actores si se multiplican exponencialmente; ni la incertidumbre, si no controlas la comunicación (aunque lo intentes); ni las reglas sin que alguien, hoy, pregunte en voz alta si eso no se llama tortura y corrupción. Todo, en conjunto, termina haciendo que la amenaza del poder gubernamental sea cada vez menos creíble.

La verdad que pide Ayotzinapa es una que este gobierno parece estar incapacitado para dar, y que perseguirá, sin duda, a los siguientes. No es una imposición de orden, sino un reconocimiento del conflicto. No es un ornitorrinco que administre, sino un relato que ofrezca una explicación razonable, respaldada por un proceso y contrastable con otros. No es una verdad que apacigüe, sino, paradójicamente, que agite, que perturbe, porque tiene mucho que reconocer, y que pague el precio de tomar postura.

Hay acontecimientos capaces de cambiar el mundo. Ayotzinapa, por lo menos, puede cambiar toda una manera de gobernar.

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