Ayotzinapa y el discurso empresarial

A estas alturas ya es posible identificar el modo en que cierto discurso empresarial ha descalificado tanto a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa como a los grupos sociales que han acompañado las protestas.

| Ayotzinapa

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El secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es uno de los peores episodios de violencia de Estado en la historia reciente de nuestro país. Pero, además, lo sucedido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre es el remate de un cúmulo de agravios cometidos en contra de los estudiantes normalistas en virtud de su ideología y su actividad política así como de su condición económica y étnica.

Mucho antes de la abominable agresión sufrida en Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa ya eran víctimas de un intenso repertorio de violencias: la violencia estructural que de muchas maneras dificulta la satisfacción de sus necesidades materiales; el linchamiento mediático que paradójicamente los estigmatiza como violentos, los criminaliza e invalida su activismo político y sus actos de resistencia; y la violencia directa ejercida por gobiernos sordos e incapaces de desplegar la mínima capacidad política para atender sus demandas. Además, al igual que sucede con otros actores sociales que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta mediante diversos métodos de presión y resistencia, los estudiantes normalistas han sido también objeto de campañas de descrédito y ofensa promovidas no solo por gobiernos sino por grupos empresariales que se han visto afectados –o aseguran haberse visto afectados– por sus acciones.

A estas alturas ya es posible identificar el modo en que un cierto discurso empresarial –enunciado tanto por empresarios a título personal como por las cúpulas empresariales, lo mismo en comunicados oficiales que en declaraciones informales– ha descalificado a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa y a los grupos sociales que han acompañado de manera más directa y activa la protesta por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Naturalmente, este discurso suele ser reproducido y amplificado por el coro en turno de lectores de noticias y comentaristas en radio y televisión (aunque también se debe incluir, por supuesto, a muchas firmas en la prensa escrita) puesto que los intereses de los titulares de las concesiones de las frecuencias del espectro radioeléctrico –mejor conocidos como los dueños de los medios de comunicación– suelen ser los mismos, en términos generales, que los de las cúpulas empresariales.

En las semanas que siguieron a los crímenes de Iguala las declaraciones de algunos miembros del sector empresarial parecían medianamente sensatas. El 27 de octubre, por ejemplo, exactamente un mes después de los crímenes,Proceso publicó una nota sobre las declaraciones de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para quien el caso de los estudiantes desaparecidos se estaba convirtiendo en “un revulsivo” que revelaba “con la mayor crudeza la descomposición institucional y social imperante en algunas regiones del país”, además de que reflejaba “un déficit endémico del estado de derecho en regiones donde las estructuras de gobierno están penetradas o capturadas por la delincuencia”. El CCE incluso exigía a las autoridades que encontraran a los estudiantes y que no hubiera impunidad, como en la mayoría de los delitos que ocurren en el país, mientras planteaba cinco puntos: la conformación de una comisión ciudadana para apoyar las investigaciones, la creación de un sistema nacional anticorrupción, una estrategia de seguridad para blindar las elecciones de 2015, una revisión de los sistemas de seguridad pública y el fortalecimiento institucional para consolidar el estado de derecho.

Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y fueron aumentando y subiendo de tono –especialmente en Guerrero– las protestas, el discurso empresarial fue volviendo a su cauce regular: exigir “mano dura” contra los padres y los normalistas que protestan. Así, el 19 de enero el CCE pidió castigo para los padres y normalistas que irrumpieron días antes en el 27 Batallón de Infantería localizado en Iguala exigiendo la aparición con vida de sus hijos y compañeros. Alegando que el sector empresarial había expresado “reconocimiento y empatía” con las causas que inspiraron una “legítima indignación nacional”, Gutiérrez agregó que no había justificación para los “delitos” de vandalismo que cometen grupos que persiguen “otros fines” alejados de las demandas de justicia de las “verdaderas víctimas”. Como se puede observar, para este momento el discurso empresarial ha cambiado ya drásticamente: de un tono aparentemente conciliador a otro que exige “mano dura” bajo el manido argumento de que es necesario reconocer “el fortalecimiento del estado de derecho como prioridad máxima” ante la escalada de la violencia y la provocación a las instituciones y al Estado.

A mediados de enero, uno de los fundadores de Grupo Bimbo, Roberto Servitje, en el marco de una reunión de empresarios, declaró:

Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene. Y se están aprovechando. Con respeto a todos ustedes, los medios también exacerban la situación.

La declaración de Servitje, como era de suponerse, generó encendidas reacciones entre muchos de quienes han apoyado las protestas en demanda de justicia en el caso de los estudiantes normalistas. Sugerir que la desaparición forzada de 43 personas estaría siendo sobredimensionada es de una insensibilidad que raya con el insulto. Sin embargo, y más allá de eso, las palabras de Servitje recurren a la idea, muy común en los discursos enunciados desde las cúpulas empresariales, de que en las protestas hay unossujetos que tienen un interés ulterior, el cual generalmente es “desestabilizar” y “dañar” a México y sus instituciones. Aunque el patrón general de esta narrativa es ya conocido, no deja de ser preocupante, más aún cuando coincide con el discurso del Ejército, como el del 20 de noviembre, cuando el titular del Ejército advirtió sobre la “división” que existe entre el camino “de la unión y el progreso”, que fortalece la democracia y a las instituciones y fomenta el respeto a “la Ley y el Estado de Derecho”, y el camino “marcado por la violencia” y la crítica infundada” que conduce a la inestabilidad.

No es ninguna novedad que el sector empresarial encabece las demandas de reprimir las protestas sociales que afectan directamente sus bienes e intereses, argumentando el respeto al Estado de derecho. Tampoco lo es que niegue que su llamado a “poner orden” es, en sí mismo, una expresión de la violencia de clase, del conflicto clasista por medio del cual la burguesía local, nacional y transnacional ejerce su poder y exige que el Estado garantice la protección de sus intereses y la reproducción del capital.

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