Ayotzinapa y la responsabilidad del Estado mexicano: una entrevista a Layda Negrete

Las omisiones del Estado en el caso Ayotzinapa, reveladas en el último informe del GIEI, lo convierten en un sujeto investigado. El Estado mexicano podría ser acusado en cortes internacionales por el delito de “desaparición forzada”.

| Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo su segundo informe sobre la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos. El informe reitera algunas de sus hipótesis previas a la vez que presenta nuevas preguntas sobre la calidad de la investigación y las omisiones de las autoridades. Para entender las minucias del informe –y sus implicaciones políticas y legales–, conversamos con la abogada Layda Negrete, coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa.


¿Cuáles crees que son los puntos más importantes de este informe?

Para mí, lo más importante del informe fue ver cómo el Estado se convirtió en la entidad investigada. Es un tránsito muy sutil. El Estado mexicano, a través de sus altos funcionarios, está resbalando: ha pasado de ser el investigador a ser el investigado.

Lo que se desprende de la investigación del GIEI es que la Procuraduría General de la República (PGR), el órgano investigador en el caso mexicano, se volvió un actor dentro del delito de desaparición forzada. En primer lugar hubo una revelación totalmente nueva: la exclusión de una diligencia muy importante en los expedientes. Sabemos ahora que la PGR, con Murillo Karam al frente, realizó pesquisas que no fueron registradas. El reporte documenta una diligencia hecha en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de reportar el encuentro de la única muestra que está ligada genéticamente de forma indubitable a uno de los normalistas. Esto es particularmente grave. Como he dicho antes, obstaculizar la información que pueda llevar a esclarecer la desaparición de los estudiantes es, en sí mismo, un delito investigado en el caso. El delito de desaparición forzada implica, sí, privación de la libertad, secuestro, desaparición, pero también impedir el acceso a la información que permita dar con la ubicación de las víctimas.

Además de las diligencias secretas, las propias autoridades federales han confirmado que se impidió a los expertos entrevistar directamente al personal militar. Esto no es una cuestión menor –contactar y entrevistar al personal era muy relevante para algo que también se comentó el domingo: el “análisis del contexto”. No era importante saber solo qué hizo el cuerpo raso la noche de las desapariciones, sino qué hacía antes. Es decir, dentro del “análisis de contexto”, se debió investigar, por ejemplo, cómo estaba estructurado el mercado de heroína; quiénes eran los grupos que operaban en ese territorio; qué tanto sabía sobre esto el ejército. No contar con esa información impide detectar y profundizar sobre la línea de mando para ver cómo siguieron las órdenes esa noche.

Es decir, dada la forma en que se articularon los cuerpos policiales de diferentes municipios y lo prolongado del ataque sobre una extensión geográfica considerable –y esta es una coincidencia entre la primera versión de la PGR y las investigaciones del GIEI–, no es descabellado presumir que el ataque fue ordenado por alguien con gran poder en la zona y no por narcotraficantes de menor calibre, como se ha querido sugerir en una investigación que omite un análisis sobre el mercado de heroína en el país. Y de ahí que sea crucial agotar una línea de investigación que considere seriamente al ejército, autoridad que participa directamente en el combate a las labores del narcotráfico desde 2007. En otras palabras, el delito no ocurrió en un contexto de criminalidad común, sino en un espacio de delincuencia organizada de alto nivel y, por tanto, las autoridades federales no pueden ser excluidas.

Por lo menos, estos dos hechos –las diligencias no registradas y la falta de acceso directo a testigos clave– enfilan al Estado mexicano a convertirse en un acusado en una corte internacional. Entonces: ¿es este el final de la investigación? No. Es, en realidad, el principio de lo que podría derivar en una acusación exitosa al Estado mexicano en un delito de lesa humanidad.

Los expertos del GIEI volvieron a criticar la importancia que se le concede, en la investigación de la PGR, a los testimonios de los presuntos asesinos, aunque algunas de estos testimonios, se alega, fueron obtenidos por métodos de tortura. ¿Podrías reflexionar sobre el uso sistemático de la tortura en el sistema judicial mexicano?

En este caso, la tortura vuelve al Estado, nuevamente, en responsable de ocultar información, porque la tortura no es un método de investigación. Esto siempre se confunde: se cree que la tortura es como un “mal necesario” para obtener información importante. Pero, en realidad, lo que hace la tortura es empañar la confiabilidad de la información. Es como llenar de lodo la escena de un crimen: ese es el equivalente de la tortura. En lugar de poder recabar información de manera eficiente –con un buen testimonio, con una declaración válida y fidedigna–, lo que hizo la autoridad fue echar a perder esos testimonios. Esto es grave: otra de las acciones que se suman a los errores del Estado.

Ahora, yo entiendo que son distintos los actores gubernamentales en la PGR de Murillo Karam y en la de Gómez, pero esto ayuda a juzgar la tensión que existe actualmente entre el gobierno federal y los resultados de la investigación. El Estado no opera solo como el anfitrión de unos expertos que van a investigar un hecho que no le afecta. Por esto, el caso Ayotzinapa jamás podrá resolverse en instancias locales, porque la procuraduría tiene ya un conflicto de interés, sobre su actuación histórica en el caso y sobre funcionarios federales de todos los niveles; es como ser juez y parte.

El informe sugiere que algunos de los teléfonos sonaron unos días después de la noche del secuestro. ¿Nos podrías explicar este tema –y la información que esto puede sumar a nuestra comprensión del caso?

Se iluminó más claramente algo que se había dicho en el informe anterior: que la investigación estaba incompleta porque no se había analizado la telefonía de los estudiantes. Mostraron claramente cómo los teléfonos no habían sido quemados –como se aseguraba en la narrativa original de Murillo Karam–; algunos de esos teléfonos siguieron operando horas, días, semanas, después de las supuestas quemas en Cocula. Lo que resume estos hallazgos es que faltó exhaustividad en la investigación de la telefonía. Esta era una pieza clave para ubicar el paradero de los estudiantes y de los perpetradores del delito. Cruzar tantas señales de tantos estudiantes nos habría dado más claridad de por dónde se fueron moviendo, elevando así la probabilidad de encontrarlos y esclarecer el crimen.

Entonces, hay dos formas de explicarlo: o fue una torpeza o fue una forma de ocultar información.

¿Qué te parecen las recomendaciones del GIEI sobre el sistema de justicia?

Me parecen importantísimas. Esas son las lecciones que nos van a dejar a un nivel macro: medidas para paliar debilidades que son estructurales. Una de ellas: la que se refiere a las filtraciones de información de las autoridades a los medios de comunicación, que es una práctica muy perversa del sistema mexicano a través de la cual en realidad no se filtra información sino se orilla a los medios a mostrar datos parciales que sustentan la historia del Estado. Lo vemos como una actividad que es promovida por las mismas autoridades porque, en cada caso, no hay investigaciones sobre las filtraciones ni acusados o responsables. Dejan correr las narrativas porque son ellos quienes las promueven.

Otra es la re-victimización de las personas que acuden a las instituciones de justicia. Hay algunas que son irreparables –por ejemplo: el rumor que corrió irresponsablemente Murillo Karam acerca de que los estudiantes podrían ser miembros de grupos de delincuencia organizada. El rumor bastó para dañar la reputación de las víctimas. Es común atribuirles a las víctimas la responsabilidad de su tragedia.

Otra: la enorme dependencia en testimonios y declaraciones en vez de en pruebas periciales. Pero, en la medida en la que sigamos dependiendo de declaraciones extraídas bajo tortura, nos alejamos del derecho a la verdad. Este es el gran reto para México. Si queremos verdaderamente reducir la impunidad, y no nada más meter a más personas a la cárcel, tenemos que apostarle a un sistema científico de pruebas.

Como sugiere el texto de Francisco Goldman en The New Yorker, ¿crees que el Estado mexicano haya saboteado su propia investigación?

Sí. Creo que hubo una decisión deliberada de proteger a ciertas autoridades. Esta es la pregunta más importante: ¿por qué el presidente Enrique Peña Nieto se pone en riesgo de ser acusado en una corte internacional por “desaparición forzada”? ¿Cuál es la racionalidad detrás de esta postura? ¿Hay algo más valioso en este momento que está queriendo proteger, más allá de su reputación? Hay autoridades que están siendo protegidas hoy y que seguramente ayudarían a explicar por qué se realizó este delito.

Una cosa bien importante que quiero recuperar: la inmunidad procesal que decretó, desde el principio, Murillo Karam a autoridades federales y autoridades militares. Una inmunidad general: desde el soldado raso hasta los generales, desde el policía de la carretera hasta el comisionado, ninguna autoridad es responsable. Protegió a corporaciones enteras, no a personas específicas sobre hechos concretos. Murillo Karam mostró un sistema de protección que se mantiene hasta ahora. Esto nos lleva a pensar que, al no abrir estas líneas de investigación, hay algo que están ocultando.

¿Podrías desarrollar la idea del juicio internacional al Estado mexicano por “lesa humanidad”?

Pienso que el informe del domingo podría ser determinante para un caso internacional, ya sea ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Penal Internacional. Está todo ahí, y los hechos que se debatirían en estas instancias no son los que se están debatiendo ahora –un debate sobre si hubo o no un incendio en el basurero de Cocula–, sino qué autoridades participaron esa noche y qué otras, posteriormente, perfeccionaron el delito, privando de libertad a los normalistas y ocultando información sobre el caso.

Creo que está muy claro, con la información que tiene la procuraduría –con su versión original, incluso– y con la información del GIEI, que está configurado el delito de “desaparición forzada”. Este delito no prescribe y va directo a una corte internacional. Nos va a llevar ocho años, doce años, veinte años, pero un día llegaremos a ese espacio de rendición de cuentas. El caso Ayotzinapa no tiene final y va a seguir cambiando la historia de este país.

(Foto: cortesía de Uriel López.)

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