Defendamos ¿el matrimonio?

El matrimonio igualitario no asegurará, por sí solo, una sociedad igualitaria. Para lograr en verdad un futuro igualitario debemos superar la dimensión jurídica del debate y centrarnos en la transformación real de la estructura económica.

| Discriminación

El 10 de septiembre en 19 estados de la república marcharon contingentes liderados por el Frente Nacional por la Familia para manifestar su desacuerdo con el matrimonio igualitario –propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como derecho nacional– y con la adopción por personas del mismo sexo. Como respuesta, al siguiente día se organizó una contra-marcha a favor del matrimonio igualitario y en contra de la homofobia y la discriminación. Lo curioso es que para las y los que marcharon a favor o en contra del matrimonio igualitario –que se han manifestado en las redes sociales usando hashtags como #MxDefiendeLaFamilia, por un lado, y #TodosSomosFamilia, #LoveWins y #AmorEsAmor, por el otro– y para la mayoría de los medios involucrados la noción de matrimonio se convirtió en sinónimo de familia y, a su vez, en sinónimo de amor.

Sin embargo, el matrimonio ni es sinónimo de familia ni de amor: de hecho, el amor poco tiene que ver con un contrato civil y una regulación legal coercitiva que históricamente ha servido como un mecanismo de control del género y la sexualidad. El matrimonio tiene que ver más con la protección de la propiedad privada, pues asegura la distribución de la riqueza y la propiedad al legitimar la filiación de los hijos e hijas procreados y adoptados. ¿Love wins?

La crítica al matrimonio que aquí esbozo se centra en polemizar cómo son distribuidos los privilegios, cómo se garantiza el acceso a necesidades básicas como la salud (y a partir de qué) y qué prácticas de sexualidad se premian sobre otras. Es decir, me interesa recalcar, una vez que el matrimonio ha vuelto a la conversación pública, que no hay nada igualitario en que el Estado, a través del derecho, privilegie a unas formas de relación sobre otras. Como lo explica Gayle S. Rubin en su artículo “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality” (1984), el panorama básico es este: existe un “círculo encantado”, comprendido por las prácticas sexuales consideradas “normales” y “naturales” (la monogamia, el matrimonio, el sexo para procrear) que son premiadas con beneficios sociales (derechos de propiedad, acceso a seguros, facilidades en trámites, menores impuestos para los casados); y, por otro lado, existen las prácticas sexuales que no pertenecen al círculo (la poligamia, el no casarse, el sexo que no es para procreación) y que son consideradas “anormales”, “no naturales” e incorrectas y que, por lo tanto, son marginadas de las beneficios públicos y estigmatizadas socialmente.

Por décadas, el movimiento feminista ha luchado para desmantelar las fantasías sobre el matrimonio como una institución creada exclusivamente por el amor romántico y para la procreación, justamente porque el matrimonio concebido de esa manera oculta su función como herramienta de control social y de explotación. Esta concepción del matrimonio sugiere, por ejemplo, que el trabajo de cuidado en la procreación y la crianza de los infantes y las actividades domésticas deben ser efectuados por las mujeres, quienes supuestamente son más maternales y cariñosas que los hombres, y que no debe ser remunerado porque son tareas hechas con amor y como resultado de la diferencia sexual. Por esta mitología del “amor romántico” en el matrimonio, muchas mujeres se sienten emocionalmente obligadas a soportar situaciones violentas y de abuso y a no denunciar –quedando, muchas de ellas, atrapadas en estos escenarios sin solvencia económica ni capacidad de acción.

Del otro lado de la pugna, la línea argumental es similar: se trata de convencer a los más conservadores, a aquellos defensores de la religión católica que abogan por la familia “natural” entre un hombre y una mujer, con el argumento de que el matrimonio igualitario representa también una “unión de amor” y que en realidad nadie escoge de quién se enamora: uno se enamora, se dice, de la persona no de su género o su sexo (cuando esto es imposible: todos los sujetos son sujetos sexuados y generizados). Para muchas parejas casarse representa ser socialmente aceptados por las personas que conocen en sus trabajos, por sus familiares, es decir, por la sociedad en general.

Se argumenta que la legalización del matrimonio igualitario ayudaría a romper muchas trabas discriminatorias. Pero este argumento no toma en cuenta que solo las parejas que son “aceptadas” dentro de este “círculo encantado” son aquellas de lesbianas y gays “normales”, es decir, parejas monógamas que quieren casarse y formar una familia igual que las familias “heterosexuales”, pensando que así se cambia un estereotipo patologizado sobre la comunidad LGBTTI. Pero esta falsa aceptación –si no trastoca la distribución de privilegios de una manera más igualitara– sigue estigmatizando y dejando afuera del “circulo encantado” a aquellas prácticas sexuales que no se conforman con la heteronormatividad.

Así, el matrimonio igualitario se argumenta, sobre todo, como un derecho de inclusión y de antidiscriminación. Dean Spade, abogado y activista, en su libro Una vida normal (2011) y en su visita a México para el proyecto Mesas de Diálogo: Subjetivación sur-norte, ha hablado de lo contraproducentes y limitadas que pueden llegar a ser las leyes de inclusión y antidiscriminación que la comunidad LGBTTI suele buscar. Según Spade, existe más evidencia de cómo las leyes de inclusión y antidiscriminación (cuando no buscan efectos que modifiquen radicalmente la distribución de privilegios, sino que se quedan como medidas meramente jurídicas) no funcionan que de su supuesto funcionamiento, porque 1) no son efectivas como medidas disuasorias (por ejemplo, una persona no se detiene de cometer un acto homofóbico porque exista una ley que lo castigue); porque 2) crean una falsa impresión de que la comunidad excluida, gracias a la ley, ya es por fin igual (los políticos, por ejemplo, pueden decir que ya hicieron su trabajo y que todos somos iguales ante la ley, cuando en la práctica siguen existiendo despidos por discriminación o desigualdad en el acceso a oportunidades); y, sobre todo, porque 3) no modifican las estructuras económicas y de poder de las que nacen.

El debate sobre quién se puede casar o no se ha limitado al género y la sexualidad de los y las contrayentes, como si el matrimonio no tuviera nada que ver con el sistema económico y la distribución de bienes, con la condición de clase. Tanto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales –porque el matrimonio es para dos personas, y no para tres– las preguntas son las mismas: ¿quién tiene dinero para casarse?, ¿qué intereses buscan proteger? Y como sugiere Dean Spade preguntarnos con todas las leyes de inclusión: ¿a quién grupo económico benefician estos avances jurídicos?, ¿y a quién excluyen?

El derecho al matrimonio igualitario no garantiza, por sí solo, la igualdad que necesitamos en México, ni para la comunidad LGBTTI ni para los privilegiados heterosexuales. Al contrario, la institución del matrimonio, siguiendo a Spade, “aumenta la desigualdad económica al perpetuar un sistema que considera a aquellos y aquellas casados y casadas más dignos de lo básico, como la salud y los derechos económicos”.

El matrimonio igualitario no hace nada para proteger a la persona soltera que vive en la pobreza y que necesita seguro médico o a la persona que su pareja tampoco tiene un estatus de emigración que le pueda beneficiar. El matrimonio igualitario no hace nada por las parejas que viven en extrema pobreza y no tienen un seguro médico privado que compartir, tampoco propiedad que proteger. Ni el matrimonio “natural” ni el matrimonio igualitario, como instituciones, modificarán las alarmantes cifras de violencia de género y homofobia en nuestro país: al contrario, perjudican creando un estereotipo de cómo se es gay, lesbiana o trans aceptado socialmente –es decir, atravesado por la dimensión de clase– y abandona a las personas en mayor precariedad al dejarlas en la periferia del “circulo encantado”, en una sociedad pigmentocrática.

Recordemos que en México la primera marcha del orgullo gay en 1978 también tenía filiaciones políticas y de clase social. Los homosexuales no solo marcharon orgullosos de su sexualidad en una época en que la política identitaria era fundamental, marcharon en apoyo y en solidaridad a los estudiantes asesinados por el Estado en 1968. La agenda LGBTTI no puede ser cooptada para fines políticos y legales olvidándonos de objetivos emancipatorios que pueden impactar más vidas y modificar con mayor eficiencia el estado de las cosas.

El matrimonio no puede ser la única forma de demostrar tu amor, ni la única manera de crear una familia. El amor no gana nada del matrimonio igualitario –más bien, pierde. Pierde porque continua la falsa creencia del amor romántico que vemos en las películas, en vez de ser algo que se construye y que se decide día a día. Fomenta la idea del amor como un sentimiento indescriptible, en vez de como una acción que requiere trabajo y responsabilidad continua –e invisibiliza las estructuras que lo configuran y que se benefician de esta forma “romántica” del amor. Mi invitación es a diferenciar entre el amor (que se puede expresar en todas las fiestas necesarias) y la dimensión jurídica de un contrato social. Hay que amar a quien queramos, por supuesto, pero hay que buscar más y mejores formas de transformar la estructura económica, el reparto de beneficios y de oportunidades.

(Foto: cortesía de Boston Public Library.)

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