“Democratizar a la UNAM”: ¿un significante vacío?

El proyecto de democratizar a la UNAM supone una discusión previa, más amplia y profunda, sobre la misión de la universidad.

| Educación

El próximo 16 de noviembre, tras ocho años en el cargo, José Narro dejará de ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se abre de esta manera el periodo de sucesión en la máxima casa de estudios. Son muchos ya los candidatos que han manifestado su interés en ocupar la rectoría; destacan Rosaura Ruiz, Sergio Alcocer, Bolívar Zapata, Enrique Graue, entre otros.

Quizás por primera vez en la vida de la universidad, la contienda por la rectoría se ha visto fuertemente mediatizada en al menos dos maneras. Primero, tres de los candidatos anunciaron sus intenciones a medios de comunicación y se han dado a la tarea de construir sus candidaturas por medio de una fuerte campaña en medios impresos y electrónicos; paradójicamente, a pesar de este despliegue, todos estos candidatos han aceptado y defendido los procesos actuales de elección de un nuevo rector.

Segundo, se ha generado, asimismo, una fuerte exigencia porque dicha sucesión sea transparente y democrática; incluso, hay voces que demandan que más allá de la democratización de este proceso, la UNAM, toda ella, debe de reformarse y dejar de lado sus actuales mecanismos de gobierno. Este texto busca sumarse a estas últimas voces, aunque con una nota escéptica: revelar que detrás de la expresión “democratizar a la UNAM” se esconden diversas preguntas que permanecen sin respuesta y que habrá que abordar más pronto que tarde.

En el fondo de esta discusión se encuentra una pugna que atraviesa a la UNAM, así como a cualquier otra institución educativa, y que emana de una tensión que ha recorrido gran parte de la filosofía política de los saberes en los últimos años: la tensión entre democracia y tecnocracia. Por un lado, para los partidarios de la tecnocracia las universidades deben pensarse bajo la lógica de las experticias, es decir, las lógicas inherentes a las asimetrías asociadas con el conocimiento: hay personas que saben y enseñan y personas que no saben y aprenden. La experticia, pues, no está repartida homogéneamente y no admite, por ello, ninguna democratización.

Para los partidarios de este enfoque, “democratizar a la universidad” significa perder de vista el carácter formativo y pedagógico de esta institución y confundir el estatus político que todos gozamos en tanto ciudadanos con el estatus epistémico que gozan algunos pocos y que les permite instruir a muchos más. Asimismo, para este grupo la universidad no puede ser, al mismo tiempo y de forma coherente, científica y popular.

Por ende, el mejor interés de la UNAM se vería servido por una junta de notables que, a la manera de la República de los Filósofos, dirigiría a buen puerto a una nave llamada UNAM sin consultar a ningún pasajero. Baste decir que todos los candidatos a la rectoría que se conocen hasta hoy pertenecen a este grupo.

Ahora bien, en este punto podría señalarse que la UNAM no es, hoy en día, ni democrática ni tecnocrática sino más burocrática, verticalista y oligárquica; es decir, no es administrada con estándares emanados de una idealización del saber, la experticia y la enseñanza, sino en función de grupos que negocian entre sí por el control de diversos espacios. Bajo este diagnóstico podría parecer que todo lo dicho hasta ahora es irrelevante porque tal ideal, de aceptarse, no se corresponde con la realidad.

Si aceptamos este diagnóstico –y nótese aquí el condicional–, quedaría por dirimirse el ideal regulativo que nos va a conducir en nuestras demandas acerca de qué debe ser una universidad, y en especial una universidad autónoma, nacional y pública. ¿Debe atender a los grandes problemas nacionales? Y ¿cuáles son dichos problemas? ¿Quién lo juzga y bajo qué principios? Sin duda que no se llegará al mismo diagnóstico bajo diversos marcos analíticos, políticos o económicos. Por ejemplo, bajo una óptica tecnócrata puede juzgarse conveniente la cercanía con el capital privado o la elaboración de planes de estudios vinculados al campo laboral. Pero esto podría amenazar la autonomía del ámbito académico. Irónicamente, lo mismo podría decirse de un plan de estudios que supeditase la experticia a la utilidad social. Y es que, ¿de qué sirve en México estudiar egiptología o lingüística comparativa de lenguas del Pacífico sur cuando la gente se muere de hambre?

En cualquier caso, la defensa de la autonomía de lo académico es un cuchillo de múltiples filos. Puede conducir a la ceguera social, pero puede evitar la sumisión ante el mercado. De igual manera puede condenar a sus egresados al desempleo o subemepleo o bien gestar ciudadanos alienados de su entorno. Eso nos lleva a la pregunta de cuál es el cometido de una universidad.

Y es aquí donde quizás no deberíamos perder de vista que la universidad no solo forma expertos, sino que ofrece una formación humanista que moldea ciudadanos. Una visión cosmopolítica, podríamos decir, que no solo nos da mundo al exponernos a nuestras otredades –aunque suene casi oximorónico hablar de nuestras otredades–, sino que nos muestra los conflictos que constituyen el espacio público, la polémica de la polis, y nos da herramientas para inquirir acerca del fin mismo de las instituciones.

Desde esta perspectiva cosmopolítica, la labor de la universidad no puede llevar a cabo si ella misma está esclerotizada por esquemas tecnocráticos; a saber, no podrá gestar una cultura política crítica si se ve ella misma confinada al puro planteamiento técnico.

Una óptica semejante a la que ahora describo es la que motiva a un segundo grupo de universitarios que ha comenzado a circular la idea de que es urgente democratizar a la universidad. Sin embargo, como se verá más adelante, no queda del todo claro que todos los que enarbolan(-mos) esta frase tengan(-mos) la misma propuesta en mente.

Para algunos de estos universitarios, quizás inspirados en el movimiento estudiantil chileno, la solución radicaría en avanzar hacia un gobierno triestamental en el cual académicos, trabajadores y estudiantes se vieran representados. Ello daría pie a un gobierno democrático al interior de la universidad en el cual la Junta de Gobierno probablemente desaparecería, dando lugar a que el Consejo Universitario funcionara como lo que en principio es: el máximo órgano de gobierno de la universidad.

Esta propuesta implicaría que las autoridades universitarias no fueran designadas como han sido hasta ahora, sino que fueran ellas mismas votadas –quizás de forma directa, secreta y universal, quizás de manera indirecta vía los órganos de representación. Cabe aclarar que, de la mano de esta reforma, muy seguramente habría otras tantas, ya que sería necesario, por ejemplo, legalizar las sociedades de alumnos, dándoles con ello un carácter oficial y representativo –y es que, sorprendentemente, en la UNAM ni siquiera es posible tener una alianza LGBT reconocida por las autoridades; algo que en las universidades de Estados Unidos es del todo cotidiano.

Asimismo, sería menester abordar el problema de la indefensión del personal académico que labora bajo la figura de “profesor de asignatura” y que a todas luces puede considerarse como una suerte de proletariado cognitivo que es sistemáticamente explotado en la formación de recursos humanos en el grueso de la universidad, sin que ello les genere un sueldo decente o alguna suerte de vinculación a largo plazo con la universidad.

Igualmente importante sería crear una cultura de participación que demandara no solo mayor transparencia y horizontalidad sino una mayor sensibilidad y eficiencia en los órganos que ya existen y cuya misión es salvaguardar los derechos de los universitarios. Porque, admitámoslo, la universidad cuenta con numerosos canales con el cometido de preservar el bienestar de los universitarios pero que, desafortunadamente, son las más de las veces inoperantes y dan lugar a frustraciones para las cuales la protesta contra las autoridades termina por ser la única vía.

En este punto, sin embargo, debemos tener en mente que la propia UNAM fue pionera, allá por la década de los años setenta y junto con algunas universidades suecas, en el rediseño de sus órganos de gobierno justamente al crear los ya mencionados Comités Académicos, Consejos de Área, Consejos Técnicos y Consejos Internos; en todas esas instancias hay representación de alumnos y/o personal técnico. Desafortunadamente, como lo muestran los propios autodiagnósticos del Centro de Estudios sobre la Universidad, estos mecanismos de gobierno dieron lugar a un proceso de burocratización en el cual han proliferado la duplicidad de funciones y la lentitud de los procedimientos en la toma de decisiones, sin que eso haya coadyuvado a una mayor transparencia o a un empoderamiento del alumnado.

Esto último sucede no solo a causa del carácter transitorio de los representantes estudiantiles, que finalmente van de paso por la universidad, y que suele dar pie a una desarticulación de proyectos al cabo de poco tiempo. Habría que incorporar en el análisis un segundo elemento: la turbulencia democrática generada por la interacción ente los mecanismos de evaluación y los mecanismos de gobierno. Esta turbulencia ocurre porque las comisiones encargadas de promociones, contrataciones y permisos están integradas (por razones vinculadas a lo mencionado al principio de este texto) por académicos del más alto nivel: una forma de integración cuyo efecto colateral es justamente el predominio de los criterios jerárquicos sobre los principios democráticos.

Como también nos recuerda el Centro de Estudios sobre la Universidad, esta situación no es resultado de un excepcionalismo mexicano, ya que también terminó por ocurrir en Suecia. Así que el reto sobre la mesa es cómo evitar los errores del pasado, que parecen estar asociados a los mecanismos triestamentales, los cuales, en todo caso, pueden ser compatibles con formas de gobierno verticalistas—un hecho que diluye su promesa transformadora—, y todo esto mientras se busca, al mismo tiempo, preservar un alto nivel académico.

La motivación de fondo de una propuesta democratizadora emana del reconocimiento de las vulnerabilidades de los distintos sectores de la universidad: estudiantes, trabajadores y académicos. En el primer caso, si bien las obligaciones de los estudiantes son medianamente claras, sus derechos son mucho más opacos de lo que nos gustaría admitir, ya que suelen estar a la merced de académicos y autoridades, desconociendo los canales que la universidad les ofrece o, cuando los conocen y emplean, encontrándose con una absoluta ineficacia. Un ejemplo por demás triste lo hemos visto en meses recientes con las múltiples denuncias sobre casos de acoso y abuso sexual que muchas compañeras han hecho y que han resonado en los medios sin que se consiga una resolución clara por parte de las autoridades universitarias.

Hay, además, un problema en el trato a un estudiantado que ha terminado por concebirse como una suerte de cosecha de puntos para el Sistema Nacional de Investigadores o el PRIDE. El estudiante es, primero y ante todo, un recurso, luego un posible asistente barato y, finalmente, un otro al que hay que auxiliar en su tarea de formación.

Por su parte, la inmensa mayoría de los trabajadores de la UNAM conforma una suerte de casta obrera olvidada y condenada a trabajos alienantes que en nada contribuyen a su calidad de vida. Este grupo es tristemente tratado como si estuviera integrado por un conjunto de zombies cuyas vidas mentales no figuraran dentro del esquema universitario. Son simples cuerpos que transitan por allí, limpiando, arreglando, manteniendo, etc. Habríamos de pensar en una forma de dignificar estos trabajos que no se enfrente a la disyuntiva de un despido vía una modernización tecnologizada o una permanencia burocratizada de dichas tareas. Aquí, sin embargo, ni sindicato ni autoridades parecen tener intención alguna de moverse, pues saben que lo que se incuba en la UNAM es un posible conflicto laboral irresoluble si alguien se atreve a mover un dedo en cualquier dirección.

Con respecto al tercer grupo: admitámoslo o no, los académicos estamos también siendo presa de un ensimismamiento radical que, lejos de emular esa supuesta Torre de Marfil de la academia, recuerda más bien la situación de Alicia ante la Reina Roja cuando corre para mantenerse en su lugar. Las labores del académico se han ido ampliando e incluyen docencia, investigación, divulgación y quehaceres administrativos. Todos ellos son ejes vinculados con el salario. El efecto ha sido un ensimismamiento en el cual se instrumentaliza a los otros –por ejemplo, a los alumnos– y se les concibe como “puntos”, porque nosotros mismos nos hemos visto reducidos a máquinas de eficiencia.

No pretendo sugerir que las vulnerabilidades de cada uno de estos tres grupos son más o menos equivalentes. Simplemente quiero hacer ver cómo el funcionamiento de la universidad nos deshumaniza a todos.

Hasta ahora poco he dicho sobre las dimensiones epistémicas y educativas que acarrea este proyecto democratizador, dimensiones que sin duda están en el corazón mismo de la discusión acerca de la viabilidad de esta aproximación. Preguntas hay y muchas: si las autoridades son votadas, ¿quién es elegible? ¿Por qué lo es? ¿Solo los académicos? ¿Cuáles académicos? Y, relacionado con todo esto, ¿por qué deberíamos creer que un mecanismo formal de democracia que a nivel nacional ha probado ser muy poco eficiente va a funcionar mejor a nivel universitario? Y, si académicos, alumnos y trabajadores votan por igual, ¿habrá votos ponderados o no? ¿Debe un profesor emérito tener el mismo peso que un alumno de cuarto de prepa que recién entró y que quizás no esté convencido de estudiar en la UNAM? Recordemos que el estamento de los estudiantes, a diferencia de los otros dos, exhibe un recambio mucho mayor, ya que su relación con la universidad no es de corte laboral y de largo plazo, sino un breve periodo de estudio tras el cual la abandonará para buscar espacios laborales en otra parte. Cualquiera que sea la respuesta, tendremos que justificarla y ello no parece fácil. ¿Cuales serían los alcances de un Consejo Universitario fortalecido? ¿Podría, por ejemplo, imponer cuotas o estas estarían más allá de sus capacidades de autogobierno?

A nivel académico, si bien el triestamentalismo parecería salvaguardar los derechos de estudiantes, académicos y trabajadores, ¿es este modelo compatible con una institución cuya misión es la creación, promoción y extensión del conocimiento experto? Como ya se dijo, la experticia siempre ha tenido un conflicto con la democracia. ¿Tendría un gobierno triestamental poder sobre el diseño, aprobación e implementación de planes de estudio o mecanismos de evaluación? Si respondemos afirmativamente, deberemos justificarlo. Si respondemos que no, lo mismo. Por ejemplo, gestar organismos autónomos dentro de la universidad, como los encargados de esta tarea, no asegura de ninguna manera que dichos organismos sean una salvaguarda en contra de la subsunción de la educación en la lógica del mercado o del interés privado. Después de todo, así es como funcionan hoy en día. ¿Hemos de suponer, acaso, que los trabajadores y alumnos no exhiben las mismas diferencias ideológicas que los académicos?

Para colmo de males, muchos en la UNAM no nos sentimos cercanos al STUNAM incluso si valoramos la importancia del sindicalismo en la salvaguardia de los derechos de los trabajadores. En un escenario fortuito de democratización, ¿cómo evitar que un órgano corporativo poderoso y bien aceitado tome por asalto a la universidad así como ahora lo han hecho, bajo este modelo oligárquico, pequeños grupos de poder que están, eso sí, muy bien conectados?

Con todo lo anterior no quiero ser pesimista ni decir que lo mejor sería que nos quedáramos como estamos so pena de acabar en el infierno al seguir el camino de las buenas intenciones. Es evidente que la universidad no puede seguir tratando a sus alumnos como puntos en ciernes, a sus trabajadores como hormigas obreras, y a sus académicos como máquinas cosechadoras de puntos: no puede seguir construyendo un conocimiento que se elabora sobre la base de la explotación colectiva. Debe, asimismo, reconocer su tarea como espacio cosmopolítico.

Sin embargo, la expresión “democratizar a la universidad” corre el riesgo de ser un mero significante vacío cuya capacidad de convocatoria proviene de su profunda vacuidad, ya que cada sector lo interpreta a la luz de sus experiencias e intereses y no necesariamente atendiendo a una visión orgánica de la universidad en la que se tenga en mente su objetivo como una institución eminentemente educativa e investigativa.

Más allá de ir abonando tesis que traduzcan la exigencia de democratización en una serie de postulados concretos con mecanismos claros y con base en diagnósticos que trasciendan la anécdota, lo cierto es que es indudable que la universidad necesita urgentemente una reforma en sus mecanismos de gobierno. Pero llegados a este punto surgen innumerables preguntas que tenemos que hacer mientras vamos aterrizando estas apuestas.

En un tono más optimista, la articulación horizontal que ha generado esta demanda puede ser el comienzo de un ejercicio genuino de transformación de la universidad en la cual logremos compaginar democracia y experticia. Pero, para ello, habremos de trascender el eslogan y comenzar un proyecto mucho más elaborado.

(Imagen cortesía de scanudas.)

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