El cambio climático: nuevo desafío para la izquierda

Es innegable que el cambio climático es una amenaza real. ¿Cómo contrarrestarlo con una serie de estrategias que contemplen, a la vez, la reducción de la desigualdad?

| Medio ambiente

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Es difícil negar que el cambio climático es el mayor problema que enfrenta la humanidad en la actualidad. Las inundaciones, las sequías y las enfermedades que produce son ya una constante en la vida cotidiana de todos los países —las alteraciones en el clima son un problema transversal que cruza todos los aspectos de la actividad humana. Cuando uno mira las enormes tareas que el combate al cambio climático implicaría parecería que se tratara de una carrera contra el tiempo. Pero ¿cómo vamos a desarrollar nuevas tecnologías tan rápido como para detener las alteraciones del clima? ¿Realmente podremos detenerlas o más bien no queda más que desarrollar medios para acomodarnos a ellas —casas y autos anfibios quizás?

A pesar de la radicalidad del problema, las medidas actualmente permitidas para combatir el cambio climático se siguen circunscribiendo a una perspectiva de mercados, es decir, a acciones voluntarias por parte de las empresas —recordemos que no existe un acuerdo que las obligue a hacer algo—, acciones que deben quedar dentro de la jurisdicción de la libre empresa y la autorregulación. Ese paradigma está ahora fracturado debido a acontecimientos como el reciente escándalo de la Volkswagen y sus trucos para reportar menos emisiones de las que sus vehículos realmente producen.

El cambio climático se puede enfrentar en dos niveles: mediante la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a través de la adaptación a los cambios que se vayan produciendo. El problema es que tanto los gobiernos nacionales como los organismos internacionales han fracasado en sus intentos por comprometer a los actores económicos a adoptar medidas para reducir sus emisiones de GEI. Este fracaso se debe precisamente a la idea, aún predominante, de que las empresas por si solas se autorregularán: empujadas por esa “mano invisible” que de tan invisible ni se nota, cambiarán sus pautas de producción a unas más climáticamente amigables, solo por seguir las pautas del mercado.[1]

El neoliberalismo supone que cualquier intervención estatal para exigir a las empresas el cumplimiento de normas ambientales afectará la actividad comercial y producirá distorsiones en el mercado, haciendo más costoso el proceso productivo en ciertas regiones e induciendo el traslado de las empresas a los conocidos pollution heaven —sitios donde contaminar resulta más barato. Contra la intervención estatal, el dogma neoliberal defiende la idea de la autorregulación empresarial. En concreto, supone que si se asigna un costo al acto de contaminar, esto hará que las empresas internalicen ese costo, incluyéndolo en sus cuentas, y el resultado final será la creación de incentivos para el mejoramiento de los modos de producción con vistas a reducir la cantidad de emisiones de GEI y otros impactos al medio ambiente.

Pero si, de acuerdo con el dogma, las empresas pueden corregirse a sí mismas, ¿cómo verificar entonces que están cumpliendo con esa auto-corrección? Para eso se han creado grupos mixtos conocidos como “mesas redondas” (roundtables), “asociaciones público-privadas sin fines de lucro” o “consejos consultivos”, entre otros nombres, los cuales generan estándares, indicadores y metodologías de verificación para certificar a las empresas que están cumpliendo y desacreditar a las que no. En estas organizaciones participan al mismo nivel jerárquico agencias gubernamentales, empresas y organizaciones civiles. Se trata, en principio, de mostrar que existe igualdad entre los distintos actores involucrados en los temas ambientales, aunque al final las disparidades de poder entre ellos no permiten comprobar esa igualdad.

Estos grupos son muy populares y se han multiplicado bajo el argumento de que es necesario incluir a organizaciones civiles como contrapeso a empresas y gobiernos (que, por el traslape de intereses, pueden terminar coludiéndose). Sin embargo, ya se ha demostrado que las organizaciones civiles también se pueden coludir con los intereses económicos y dar su aval a empresas que no cumplen con las regulaciones ambientales. También se ha observado que las certificaciones se pueden usar como barreras no arancelarias contra productos originarios de países en vías de desarrollo que amenacen a industrias locales en los países desarrollados.

Es evidente que el tema del cambio climático es ahora un asunto de juegos de poder no solo entre Estados, sino entre sociedades y actores económicos privados. Incrementar el poder de las empresas a costa de la limitación del poder público no parece ser una solución; al contrario, esta actitud muestra cada vez más señales de descomposición. Por ejemplo, existe una extensa cantidad de casos de empresas que en sus países de origen —normalmente países desarrollados— se comportan de una manera y que en los países en los que invierten —normalmente países en vías de desarrollo— se comportan de otra, mucho más dañina para el ambiente. Este hecho revela que no es el mercado sino el marco legal, político y social lo que determina el comportamiento de las empresas en temas ambientales.[2]

En este contexto, ¿cuál debería ser la postura de la izquierda ante el cambio climático? Hasta ahora, la izquierda ha adoptado diversas posiciones ante este fenómeno, que van desde quienes —como Naomi Klein— lo señalan como una oportunidad para cuestionar y combatir la ideología política hegemónica hasta los que sostienen que es una cortina de humo para desviar la atención de los temas realmente importantes, como la desigualdad, la pobreza y la explotación; es por eso, argumentan, que figuras del sistema como Al Gore han tomado la bandera del cambio climático.

Mientras se demuestra quiénes tienen razón, es posible construir una postura de izquierda ante el cambio climático partiendo de dos puntos: 1) reconocer que se trata de un fenómeno que ya tiene efectos tangibles, y 2) asumir que las causas del cambio climático residen en la tendencia al consumo masivo e inmoderado de recursos naturales. El problema requiere así de soluciones imaginativas que respondan a la necesidad de reducir las emisiones, sin dejar de lado los problemas socioeconómicos que persisten.

Particularmente, una postura de izquierda debería tomar en cuenta que, tanto en el nivel de mitigación como en el de adaptación a sus efectos, el cambio climático afecta mayormente a la gente con menos recursos —ya sean los pobres urbanos o las poblaciones enteras de países con menor grado de desarrollo. Son estos sectores los que tienden a utilizar las tecnologías más anticuadas y más contaminantes; los que, por necesidad, explotan de manera más incontrolada los recursos naturales, y los que sufren y tardan más en recuperarse de los desastres naturales provocados por las alteraciones climáticas.

La crisis económica que se vive desde 2008 ha dado un nuevo impulso a las ideas de izquierda, sobre todo a la intervención estatal en la economía y la regulación de las empresa privadas. Sin embargo, la izquierda mundial sigue sin poder articular una alternativa de gobierno que implique un modelo económico diferente del actual.[3] Así, en el cambio climático la izquierda podría encontrar un importante desafío a sus propios planteamientos. Desde la caída del socialismo a inicios de la década de 1990, la izquierda ha sufrido para encontrar una postura que pueda oponerse y constituirse en alternativa al liberalismo, tanto en su expresión económica como política. El cambio climático puede ser (como ha señalado Naomi Klein) la oportunidad de cuestionar a fondo esa hegemonía liberal y de crear una alianza entre diferentes movilizaciones para proponer una agenda que transforme el ejercicio del poder.

El debate sobre el cambio climático es en el fondo un debate sobre el progreso y los paradigmas hegemónicos del modelo económico. Implica un cuestionamiento de nuestros patrones de consumo y nuestro apetito por tener más y más productos. En muchas ciudades, el cambio climático ya nos obliga a mudar tres veces de ropa al día a causa de las temperaturas extremas. Mientras nos quitamos el abrigo de la mañana empapados de sudor al mediodía, a veces nos preguntamos: ¿A qué se deben estos extremos? La pregunta que debería estar rondando nuestras cabezas es más bien si en realidad necesitamos cambiar de automóvil cada cinco años, nuestro teléfono celular cada año o nuestros guardarropas cada seis meses.

Ahora bien, el problema de la postura de izquierda ante el cambio climático es que debe atender los problemas ambientales al mismo tiempo que los problemas sociales y económicos —apoyar a una población desesperada por los efectos de una crisis económica que parece ser eterna. La gran duda es cómo ofrecer soluciones a estos problemas sin caer en posiciones nacionalistas o autoritarias. ¿Cómo fomentar, por ejemplo, el desarrollo cuando las exigencias ambientales tienden a restringir el uso de materias primas y el control de las naciones más pobres sobre sus recursos naturales? El desafío central de la izquierda hoy, entonces, es cómo hacerse cargo del dilema que supone favorecer el desarrollo de las naciones más pobres, sin que esto contribuya a aniquilar el futuro de todos. (El paradigma de la “sustentabilidad” parecía proponer una metodología en este sentido, pero esta se ve limitada cuando se habla en términos de cooperación internacional: los países ricos no quieren sostener la reconversión de los países pobres y los pobres no quieren abandonar su derecho al desarrollo.)

La izquierda puede tener respuestas parciales para casos particulares, pero no ha dado con una postura generalizable, sobre todo porque hay divergencias sustanciales en cómo resolver el problema. Si bien la izquierda ha cuestionado que la autorregulación y los mecanismos del mercado sean lo que rija la construcción de soluciones, hasta ahora no ha encontrado la manera de regular a las empresas sin atentar contra las libertades. Estos parecen ser los grandes desafíos para los nuevos planteamientos teóricos desde ese lado de la cartografía política.


Notas

[1] Más grave aún: como ya nadie duda de la existencia del cambio climático, en muchas ocasiones los gobiernos nacionales adoptan políticas que, enarbolando la bandera de este combate, benefician a intereses particulares haciéndolos pasar por el interés público. El discurso del cambio climático también se suele manipular para legitimar medidas gubernamentales que carecen de las evaluaciones necesarias, así como de las formas de consulta y discusión pública que deberían existir en una democracia.

[2] También se han documentado casos de empresas que financian campañas de organizaciones civiles para introducirse o para eliminar la competencia en un mercado. Si bien es cierto que los países deben ser más estrictos con el manejo de sus recursos naturales, también es cierto que en ocasiones la explotación de esos recursos es lo único a lo que algunas naciones pueden echar mano para sobrevivir; si no son las empresas, será el mercado negro el que las proveerá de clientes para esas materias primas.

[3] Esta misma crisis ha abierto la puerta a un cuestionamiento de fondo sobre el cambio climático, pero curiosamente no ha sido la posición de izquierda, sino la hegemónica la que ha visto en las tecnologías verdes o en las regulaciones ambientales una manera de incentivar la industria doméstica.


Imagen: “Políticos discutiendo el cambio climático”, Issac Cordal, Berlín.

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