El Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México: entre la simulación y el cinismo

El tema que más preocupa a la sociedad mexicana es la corrupción. La Ciudad de México no es la excepción, por ello su combate debe ser prioridad para quienes gobiernen la capital del país, y el Sistema Anticorrupción debería ser un objetivo firme.

| Corrupción

Hoy en la Ciudad de México, al igual que en todo el país, el tema que más agobia, indigna y ofende a la sociedad es la corrupción, acompañada de su pareja inseparable, la impunidad.

Desde mi perspectiva, el principal reto de las leyes en materia de combate a la corrupción y de quienes deben aplicarlas está en abatir el cansancio y la irritación social producto de los escándalos por el mal uso y el abuso de los recursos públicos, que se agravan ante la ciudadanía por la densa evolución económica de estos años; la constante sensación de inseguridad e impunidad que prevalece en amplios sectores de la sociedad, el cansancio ante la violencia, los bajos salarios de muchos mexicanos y la desigualdad que estos tienen frente a la opulencia de funcionarios y potentados mexicanos, la baja en los niveles de ingreso de la clase media emergente, la posible caída en las remesas que envían los familiares que viven en Estados Unidos y un largo etcétera.

Hacer realidad un serio combate a la corrupción puede ser un eficaz instrumento para disminuir la indignación ciudadana, así como su sentimiento de rechazo a la clase política, y puede ser la llave que transforme la desconfianza en las instituciones. Llevar a la realidad los nuevos postulados legales de combate a la corrupción puede darle a la ciudadanía la certeza de que hemos cambiado el rumbo; también puede ser el hilo conductor que nos lleve a una mejor organización de la sociedad civil y a que la gente abrace causas públicas más allá de la indignación ante un hecho concreto y que se conviertan en demandas y acciones de largo plazo.

Ahora bien, aun suponiendo que sea factible hacer realidad ese nuevo marco normativo en un plazo más o menos breve, ello no significa que de ahí se desprenda ipso facto la confianza ciudadana, pero sí considero que volvería más robusta la acción del gobierno y de la sociedad civil para combatir efectivamente la corrupción y la impunidad; podría, por otra parte, acercar a la ciudadanía a la política y asegurar un suficiente margen de gobernabilidad. No sorprende a nadie que hoy mismo varios exgobernadores se encuentran presos, pendientes de ser extraditados o prófugos por actos de corrupción. No hablemos de los funcionarios subalternos consignados o acusados en estos años, porque no terminamos. Los muy empecinados hechos nos dicen que es imprescindible acotar la corrupción y que es necesario vigilar el destino de los recursos públicos.

Es evidente que los mecanismos legales que estuvieron vigentes no convencieron ni funcionaron. El Sistema Nacional Anticorrupción y el correlativo de la Ciudad de México debieran ser pasos fundamentales en la dirección correcta, pero ante el grado de desconfianza hay que pensar ya en relacionar a la sociedad civil en el combate a la corrupción para generar la credibilidad necesaria.

Para retraer a los posibles corruptos de mañana es necesario investigar y castigar a los de ayer y a los de hoy, es decir, acometer de frente el problema de la impunidad. Una gran incursión nacional contra la corrupción, dirigida hacia el futuro, pero sin olvidar el presente y el pasado, buscando a los posibles responsables y recordando que el mejor remedio contra la corrupción es la transparencia, podrán crear esa confianza en la sociedad, hoy muy menguada o de plano inexistente en la política y los políticos. Los próximos años abren la oportunidad para llevar a cabo el Sistema Anticorrupción si se aprovecha la indignación ciudadana, se aprende de los aciertos y errores del pasado y se escucha a la gente común.

La sensación de agravio que permea a la sociedad mexicana es susceptible de transformarse en un poderoso movimiento de cambio y puede ser el paso a la modernización política si lo que se establece en la ley se ve reflejado en la vida cotidiana. Y qué mejor forma de empezar esa necesaria transformación que combatiendo la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, lo señalado antes fue ignorado por los diputados locales en la Ciudad de México, quienes al momento de crear las leyes que deberán conformar el Sistema Anticorrupción en la capital, hicieron su trabajo en menos de una hora y para colmo aprobaron un paquete de once dictámenes que incluyen cambios esenciales a lo establecido en el sistema en el ámbito nacional y en la propia Constitución local. En resumidas cuentas, destrozaron el Sistema Anticorrupción local.

Se afirma lo anterior con dos botones de muestra:

-El titular de la entidad de fiscalización, el fiscal anticorrupción y el secretario técnico del sistema se van a elegir por mayoría simple y no por mayoría calificada de dos terceras partes. ¿Qué trascendencia tiene esa determinación? Que esas designaciones se aprobarán no como lo exigen la Constitución y el sistema en el ámbito nacional. Además, el comportamiento de los diputados de esta Asamblea nos ha hecho saber que la práctica común es la alianza del PRI, PVEM, PAN y PRD en votaciones, pactando fuera del Pleno.

-Para la elección del fiscal anticorrupción habrá una terna elegida por el jefe de Gobierno y el candidato será electo por la Comisión de Gobierno de la Asamblea y no por el Consejo Judicial Ciudadano, como lo marca el artículo 37 de la Constitución.

No obstante que un grupo de constituyentes, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales y de organizaciones ciudadanas firmaron un pronunciamiento titulado: «No legislar sobre anticorrupción de espaldas a la sociedad», en el que exhibieron las inconsistencias de lo que más tarde aprobarían los diputados locales, fueron ignorados. Los párrafos segundo y tercero del pronunciamiento señalan:

«Una de las principales características del Sistema Nacional Anticorrupción establecido en la Constitución de la República, es la participación ciudadana, tanto en su diseño como en su instrumentación, requisito indispensable para que funcione y tenga la credibilidad necesaria.

»En el diseño del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, lo anterior no ha sido tomado en cuenta. La forma en que las Comisiones Unidas de la Asamblea Legislativa dictaminaron las once leyes que lo integrarán ha sido totalmente contraria a cualquier idea de democracia y de Parlamento abierto. La ciudadanía ha sido totalmente excluida, lo que resultará, de seguir este camino, en un Sistema sin ninguna confiabilidad.»

Si de verdad queremos ciudadanos que se apropien del espacio público, que sean actores de su tiempo, que participen con intensidad en la vida política, más allá de votar cuando haya elecciones; sabiendo la importancia que tiene el auténtico combate a la corrupción, me hace pensar que es nuestra obligación exigirles a nuestros diputados transparencia en sus acciones; que pongan en funcionamiento un Sistema Nacional Anticorrupción en el que antes de su aprobación opere el Parlamento abierto y que como mínimo ese sistema se encuentre apegado a la Constitución.

Los diputados locales de la Ciudad de México son la envidia de Javier Duarte y de Roberto Borge, quienes antes de dejar sus respectivos gobiernos querían hacer lo que aquí se ha puesto en práctica, es decir, implementar un falso Sistema Anticorrupción, a conveniencia de los actuales gobernantes. No lo podemos ni lo debemos permitir. Por ello es imprescindible la abrogación de lo aprobado por los legisladores locales y la apertura de un nuevo periodo de discusión, que sea abierto y de cara a la sociedad, en el que se discutan con vocación democrática las leyes y las instituciones que habrán de integrar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Me pregunto: ¿por qué socavar de manera tan burda el sistema en la ciudad? La única respuesta lógica que encuentro es la de que en el combate a la corrupción la mayoría de los diputados en la Asamblea Legislativa quieren que todo cambie para que siga igual.

Y es que ante la posibilidad de una profundización en los cambios institucionales que den pie a la existencia de una ciudadanía plena, se oponen en la Ciudad de México los vientos del retorno a un sistema antidemocrático y retrógrado. En el centro de la batalla que libran, de cara a la elección presidencial de 2018 como principal disputa política, las posiciones de centro-derecha y centro-izquierda en el país, ningún otro tema significa tan ostensiblemente el carácter que habrá de adoptar la incipiente democracia mexicana como el papel del ciudadano en la construcción de un nuevo orden institucional y político. Y la ciudad no será ajena a esa disputa.

Se trata de entender que en la Ciudad de México hace falta construir, bajo esa difusa noción de “Sociedad Civil”, un espacio para que los individuos obstruidos por viejas estructuras puedan encontrar nuevas formas de unión; que se puedan edificar comunidades de interés para no perderse en el mar de la apatía y la corrupción.

Apropiarse del espacio público por parte del capitalino común implica construir una ciudadanía que supere por mucho el ámbito de lo electoral, para entonces empezar a combatir exhaustivamente las causas de origen de las exclusiones sociales en la Ciudad de México ‒la falta de incorporación de las opiniones y las necesidades provenientes de los sectores sociales marginados; de los vecinos frente a las grandes construcciones que día a día nos envuelven; muchas de ellas a todas luces ilegales pero favorecidas por la autoridad; de los trabajadores que no cuentan con un transporte público eficiente para trasladarse a su centro de trabajo o de los indígenas, que vienen a la capital buscando las oportunidades de desarrollo personal y familiar que no encontraron en sus comunidades, y sobre todo del derecho que todos debemos reivindicar para no ser excluidos del combate al flagelo que día con día deteriora nuestra convivencia, que es la corrupción‒, lo que tampoco se agota en las formas de representación política basadas en prácticas electorales o partidistas. El acercamiento a las implicaciones de la falta de representatividad ciudadana y del divorcio entre quienes ejercen responsabilidades públicas y la sociedad en el actual proceso político de la ciudad es, en ese sentido, un ejemplo puntual de la compleja gama de intereses económicos y de perversión de las actividades políticas que en las últimas décadas han impedido la participación de amplias capas de la estructura social en el escenario político, que se ha vuelto cada vez más incierto, más cínico y más violento.

El riesgo de una regresión que haga perder espacios políticos a los ciudadanos capitalinos es evidente ante la existencia de una franja considerable de la población que es aún aquiescente con la inmovilidad política; debido a la conformación de esas verdaderas oligarquías en que han llegado a convertirse los partidos políticos, y como consecuencia de la impunidad con la que han operado gobiernos corruptos y antidemocráticos en el orden delegacional y central. Aunado a ello, el crecimiento de la violencia generada por los criminales, que en muchos casos actúan contando con la negligencia o la complicidad (o ambas) de todos los órdenes gubernamentales, hace prever que ese escenario no es del todo lejano ni imposible.

Estamos, en suma, frente a una serie de obstáculos que los ciudadanos de la Ciudad de México debemos enfrentar, generados por la ausencia de una auténtica y funcional educación cívica, por la presencia del crimen organizado, ese mismo cuya existencia es tan sistemáticamente negada por las autoridades pero que la sociedad percibe tan activo en el transporte público, en los robos de autos, en el comercio de drogas al menudeo en «las islas» de Ciudad Universitaria, en la venta de artículos robados en distintos puntos de la ciudad; por la existencia de votantes que siguen siendo coaccionados para mantener la «tolerancia» del taxi sin concesión, o el permiso del puesto en el tianguis; por la compra de votos y por el lucro político con las necesidades de amplias franjas de la población; fenómenos insertos en la larga tradición autoritaria y corrupta surgida en el periodo prerrevolucionario y muy lejos de concluir con la alternancia política.

De cara al futuro inmediato, es claro que la consumación del ideal democrático al que es deseable llegar de manera impostergable en el país y en su ciudad capital, supone la consolidación de mecanismos que propicien el interés, la movilización y la participación pública de los ciudadanos, así como la formación de una verdadera y exigente opinión pública; supone además el respeto a los derechos humanos e implica generar un auténtico imperio de la ley y un verdadero combate a la corrupción del que la ciudadanía no puede ni debe quedar excluida, para entonces sí considerar que ha empezado a abordarse con probabilidad de concreción algún camino cierto hacia un orden genuinamente democrático, en el que el ciudadano tenga efectivamente esa condición y no la de un súbdito. En ese desafío político, como en muchos otros que se han dilucidado en el país, el ciudadano de la Ciudad de México, puede y debe ser la vanguardia del espíritu que genere los cambios para mejorar. Pero por lo pronto no podemos permanecer impasibles ante esta afrenta, una más, de quienes mal gobiernan la capital  de la República.

Artículos relacionados