Elecciones 2016: la transición inacabada de Oaxaca

En Oaxaca, como en muchas partes del país, la alternancia no significó democracia. Las elecciones se celebrarán este 5 de junio en un contexto marcado por el conflicto magisterial, dominado por caciques y fracturado socialmente.

| Elecciones 2016

Los periodos electorales suelen ser espacios de tiempo en los cuales es posible estudiar nítidamente la calidad de nuestra vida democrática. Los ámbitos locales ofrecen muestras de primera mano sobre cómo se distribuye el poder en México. En Oaxaca, uno de los estados que el PRI perdió por primera vez hace unos años, conviven un amplio movimiento social, caciques, pueblos indígenas y crimen organizado. Aquí se condensan formas políticas que desmontan el relato nacional de la transición democrática.

Es necesario precisar que en Oaxaca, como en varias entidades del país, aunque hubo alternancia política, no se ha concretado una transición a la democracia. Para ganar una elección en Oaxaca se requiere de la movilización corporativa de los caciques regionales, el amplio movimiento social organizado y la élite de los valles centrales de Oaxaca. El PRI ganó así durante décadas, la alternancia, con Gabino Cué a la cabeza, fue producto de la capitalización efectiva del enojo social tras el conflicto magisterial de 2006. La elección de este 5 de junio es un tanto distinta: hoy los grandes grupos sociales están fragmentados y ningún candidato logrará movilizarlos del todo; Oaxaca se encuentra ante su primera elección democrática.

El panorama político en Oaxaca se puede describir como una compleja batalla por la distribución del poder. La disputa se concentra entre los candidatos Alejandro Murat (PRI), José Antonio Estefan (PRD) y Salomón Jara (MORENA). Los conflictos son diversos, siendo el magisterial uno de los más importantes, además de la creciente violencia observada en algunas zonas del estado. El pasado 15 de mayo la CNTE marchó para instalarse en el zócalo de Oaxaca de Juárez y convocar a paro nacional. La tarde anterior, Gloria Sánchez, la candidata a la presidencia municipal de Juchitán de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” (CREO), que formaron el PAN y el PRD, sufrió un atentado en el que su escolta fue asesinado. Además de la gubernatura se elegirán 153 municipios y el congreso local. Aunque parece un escenario efervescente, es el desencanto con la alternancia política el motor de esta elección.

El gobierno de Gabino Cué finaliza con la promesa diluida de que la alternancia inauguraría un clima más democrático en Oaxaca. Su triunfo estuvo nutrido del voto de castigo contra Ulises Ruiz, el pacto con el movimiento social (incluidos los maestros) y el reparto de carteras políticas a su coalición. El primer peldaño de la transición se construyó a partir de un co-gobierno entre los actores de la coalición que terminó por fracasar. Tres de los candidatos actuales al gobierno formaron parte del gabinete de Cué: José Antonio Estefan fungió como secretario de Transporte; Salomón Jara como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, y Benjamín Robles (del PT) fue jefe de la Oficina de la Gubernatura y secretario particular del gobernador. La fractura de su equipo y el rompimiento con su coalición política complican el triunfo de la alianza PAN-PRD.

El PRI no abandonó del todo el gobierno en Oaxaca. Hoy gobierna la capital y tiene la bancada más grande del congreso local. Alejandro Murat es hijo del exgobernador José Murat (uno de sus últimos actos mientras era gobernador fue simular un atentado). Para hacerse de la candidatura, tuvo que acreditar su residencia en Oaxaca y lidiar con la sombra de su padre. El descubrimiento de una bodega llena de despensas y electrodomésticos en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo dejó al descubierto que los mecanismos electorales más elementales del antiguo régimen siguen vigentes.


Élites políticas y gobierno

De acuerdo con la ONG México Evalúa, considerando los resultados de las elecciones municipales del estado de Oaxaca en 2013, el Índice de Competencia Electoral (ICE) revela que el 73% de los municipios –es decir, 112 de los 153 sujetos a elecciones por el sistema de partidos políticos– tuvieron comicios con alto grado de competencia (valores de 4 y 5 del ICE). En 2007 y en 2010 el porcentaje de municipios con alto grado de competencia electoral fue de 22% y 47%, respectivamente. En 2013, 71% de los municipios presentaron alternancia electoral. Este dato se encuentra por arriba a lo observado en las elecciones de 2010 (47%) y 2007 (56%).

Sin embargo, tal parece que la vida política en Oaxaca –o más bien, su arreglo de distribución de poder– se encuentra detenida en el tiempo. De mesa en mesa, la conversación es la misma: ganará la elección quien pueda negociar con más caciques. Miembros de familias prominentes –que concentran poder económico o político– de algunas regiones oaxaqueñas ejercen influencia política entre “sus agremiados”. Se pueden nombrar entre los caciques a Diódoro Carrasco o Ulises Ruiz, pero también a la familias Bravo Ahuja, Iglesias Mesa o a los Gurrión en Juchitán –de esta estirpe, Daniel ha sido presidente municipal y Samuel diputado federal y local, y hoy coordina algunos temas de la campaña de Murat. Para ascender en la escalera política del poder, sus acuerdos deben conservar el statu quo. De ellos se habla con naturalidad y cierta resignación, como si ese pacto fuera inamovible.

Ha habido, sin embargo, algunos cambios durante los últimos años. El reconocimiento constitucional para las normatividades electorales de los pueblos indígenas ha supuesto una mayor organización, participación y cohesión social de las comunidades en las regiones del estado donde se asientan. De los 570 municipios, 417 son electos por sistema normativo indígena mientras que 153 serán disputados por la vía partidista el próximo 5 de junio. Pero la representación política es desigual: en un estado eminentemente indígena, sus gobernantes son blancos.

Miguel Ángel Vásquez de la Rosa de la organización EDUCA utiliza el término “vallistocracia” para referirse a la concentración del poder entre las familias de los valles centrales. Lo anterior ha generado tensiones en amplios sectores de la población que reclaman la inclusión plena en el ejercicio de sus derechos políticos. En el congreso local se encuentra detenida una iniciativa de reforma política, apoyada por organizaciones sociales, que establecería el parlamento indígena y crearía una segunda generación de avances de los derechos de los pueblos indígenas.

Para Vásquez de la Rosa, el proceso electoral es “un proceso económico para hacerse de recursos en las comunidades pobres”. Desde su óptica, de cara a las elecciones existen al menos tres tipos de conflictos en Oaxaca: 1) los territoriales, cuyos puntos más álgidos están en los proyectos mineros (San José del Progreso), eólicos (en la zona del Istmo) y los agrarios repartidos en la Sierra sur; 2) los políticos, que encuentran su expresión más clara en el magisterio a través de las sección 22 de la CNTE; y 3) las demandas y exigencias de excarcelación de los presos políticos del movimiento social.


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El papel de la prensa

En la portada del periódico La protesta se lee el siguiente titular: “Alejandro Murat H. es más oaxaqueño que los chapulines, tlayudas con aciento (sic), con salsa, quesillo o tasajo”. Aunque no lo parezca, no es una nota satírica, sino una defensa de autoctonía de Murat frente a la vox populi de su desconocimiento de la vida oaxaqueña, en la que se le caracteriza fraternalmente como alguien que “como servidor público, no tiene mancha, ni siquiera una manchita”. La prensa internacional no recuerda a los Murat de la misma forma, basta recordar la nota para el New York Times en la que la periodista Alejandra Xanic revela sus propiedades en Manhattan.

La protesta no es el único medio con portadas como la que se describe: asomarse a un kiosko oaxaqueño implica verificar que los medios impresos no tienen crisis alguna y es también descubrir, con desencanto, que actúan como si fuesen un partido político. La periodista Soledad Jarquin así lo describe: “los medios en Oaxaca actúan como partidos políticos. Por ejemplo, Noticias está al servicio del gobierno en turno, El Imparcial tiene una filiación priista mientras que El tiempo está al servicio de Murat y El despertar al de Ulises Ruiz. En Oaxaca cada político tiene su propio medio. Quien pierde es la ciudadanía. Si abres un periódico pensarías que se trata de una elección de tres personas cuando se trata de poco más de mil candidatos para 153 alcaldías, el congreso local y el resto de los candidatos al gobierno.”

Oaxaca cuenta con 510 portales de noticias, que son muchos en comparación, por ejemplo, con el Reino Unido en donde hay 61 medios nacionales registrados. Cada sitio web parece ser un negocio lucrativo. La también encargada del despacho de la presidencia municipal de Xoxocotlán, Diana Luz Vázquez asegura: “yo tengo apartada cierta cantidad de dinero para estos portales”. El efecto es abrumador, asomarse al torbellino noticioso de los portales oaxaqueños genera confusión y alarma: una funcional estrategia política –para quien la domine– cuyo costo es una sociedad con pocas fuentes de información confiable.

Para Jarquin, la única manera de sobrevivir para un periodista en Oaxaca es “tener cinco trabajos”, entre los que se incluye, desde luego, trabajar en un portal local y tener una columna en algún periódico. “Aquí hay control de la información, como si fuera una guía; el primer consejo al entrar en una redacción es no meterte en broncas. La libertad de los periodistas aquí es conveniente: nos dividimos entre quienes tienen camioneta y casa –pagada por el gobierno en turno– y los que no. Las redes sociales nos han dado un respiro para informar, pero hoy hay periodistas que venden sus estatus a los políticos en campaña.”

La prensa es parte esencial de la vida democrática. En Oaxaca la libertad de los periodistas está acotada, el proceso de asignación de recursos a los medios es opaco, los periodistas tienen condiciones laborales precarias y la información está controlada.


Conflicto magisterial

Ha pasado una década desde el conflicto magisterial en Oaxaca. El movimiento social fracturó el orden establecido hasta entonces. El 22 de mayo de 2006 el plantón de los maestros ocupaba 50 cuadras del centro de la ciudad. Los maestros exigían la rezonificación de sus salarios. Para el 14 de junio, en un operativo conjunto de la Unidad Policial de Operaciones Especiales, la Unidad Ministerial de Intervención Táctica y el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento de Oaxaca, las autoridades respondieron: el ataque consistió en el destrozo de las instalaciones de Radio Plantón, la quema de pertenencias de los maestros y el rocío de gases lacrimógenos, gas paralizante y gas pimienta desde un helicóptero. Los hechos dejaron un saldo de cientos de víctimas. La consecuencia fue el rompimiento con el gobernador Ulises Ruiz y con la organización del poder que el PRI y los caciques habían detentado durante 70 años. Allí comenzó el largo camino a una transición a la democracia que no tiene horizonte próximo.

En ese sentido, la Comisión de la Verdad de Oaxaca, establecida a finales de 2013, ha sido un primer paso para cerrar este capítulo ominoso en la historia del estado.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) nació como la plataforma de representación de 365 organizaciones sociales del estado. Articulaba intereses heterogéneos y una diversidad de voces que hasta entonces habían sido excluidas de la vida pública de la entidad; ahí dialogaban algunas autoridades municipales, movimientos cercanos a la guerrilla, organizaciones católicas, campesinas, sindicatos de todo tipo y maestros. Entendido como como una insurrección, el movimiento social disputó la distribución del poder en el estado e inició formalmente una petición para la desaparición de los poderes en el estado; en otoño de ese año, el Senado consideró que no existían las condiciones para esto: con ello se asestó un golpe al movimiento y se disolvió la ocupación del centro histórico. Allí se establecerían, también, las condiciones políticas para la segunda parte del sexenio de Ruiz y la elección de la alternancia política.

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Desalojo de maestros oaxaqueños en el centro histórico de la Ciudad de México, 13 de septiembre 2013.

Los maestros, quienes pactaron con Cué para llevarlo al gobierno, hoy se encuentran en una posición política que les ha quitado poder de agencia. Rogelio Garfias es uno de los líderes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la vehemencia de sus palabras casi podrían convencer a cualquiera: “la alternancia oaxaqueña nunca fue, su edificio se construyó con la estructura de las formas anteriores, es un priismo reciclado”.

Recientemente el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (IEEPO) anunció que aplicará descuentos a veintiún mil maestros de la sección 22 (CNTE), al tiempo que se estima despedir a mil. El llamado “paro nacional” ha ido disminuyendo en participación con el desalojo de Bucareli y la plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México. En esta ocasión los maestros llegan con fracturas internas y con un apoyo social que, aunque sostenido, se encuentra mermado. La organización política del magisterio se frustró cuando no pudo articular el Frente Único –compuesto por cientos de organizaciones sociales y el magisterio unido– en torno a un candidato común al gobierno del estado. El saldo político del fallido Frente fueron las nueve candidaturas al congreso local que pudieron asegurar con MORENA.

Garfias asegura que la CNTE sigue siendo, pese a sus descalabros, “el fiel de la balanza en la elección”. En la última gran asamblea en el estado acordaron pensar un programa político para Oaxaca y no dejar pasar a ningún partido proveniente del Pacto por México. “La sección 22 deberá accionar toda su fuerza y capacidad para impedir que gobiernen los partidos del pacto”, precisa Garfias. Esto ocasionó un cisma en la cúpula de la CNTE y el resquebrajamiento no ha cesado desde entonces.

La parte más politizada de la sección, dice Garfias: “ha estado desarrollando conciencia permanente de las condiciones laborales y de clase; aspiramos a incidir dentro y fuera de los partidos; no vamos a quemar urnas ni a boicotear la elección”. Su estrategia ha funcionado hasta el momento, de manera simultánea preparan los “diálogos por la educación” en la Ciudad de México para conversar con expertos y reconciliar sus demandas con algunos sectores sociales como la academia. Antes de despedirse, Garfias recalca: “no estamos en contra de la evaluación”.


Flavio Sosa permanece como una referencia obligada en la política oaxaqueña. En una década, fue encarcelado, luego electo diputado local y actualmente se encuentra cercano a MORENA, con un proyecto político que busca recuperar parte de la articulación social dilapidada –perseguida– en los últimos años. Para el líder social, la elección se encuentra dividida de la siguiente manera: por un lado se trata de una elección entre caciques que compiten por administrar el conflicto político y el rezago económico; por el otro es un proceso marcado por la violencia que recorre de Juchitán a Pinotepa Nacional. Todavía cree en el movimiento magisterial y su participación en la política local “donde se meten los maestros, construyen”.

De cierta forma la elección voltea a la región del Istmo: la familia de Alejandro Murat es originaria de ciudad de Ixtepec, José Antonio Estefan es originario de Tehuantepec y Benjamín Robles de Matías Romero. De acuerdo con Gustavo Meixueiro Nájera, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), debe seguirse con cuidado la violencia suscitada en las últimas semanas en la región, “hay una preocupación por las recientes actividades de delincuencia (organizada) que ha habido en los últimos días y se ha dialogado con las instancias de seguridad para que tomen las medidas necesarias”.

En 2014, el número de víctimas por actividades delictivas en el estado aumentó a 20,061 (por cada 100 mil habitantes), que contrasta con lo observado en 2011 (16,189). Por otra parte, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de la entidad disminuyó considerablemente en 2015 con respecto a lo observado en 2007, pasando de 25.12 a 14.7. Los actores políticos coinciden en una cosa: la zona del Istmo podría estallar como un polo de violencia nacional si no se actúa pronto.


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Política fragmentada

En este periodo electoral, a diferencia de cuando Cué accedió al poder, nada ha podido aglutinar una coalición lo suficientemente fuerte para observarse como ganadora. A partir de la disolución de la APPO, la sociedad civil se encuentra desarticulada: cada organización social ha negociado su agenda con los distintos candidatos, causando la sensación de que el proyecto de emancipación, propuesto en los años del conflicto, se mire lejano.

Dentro de los equipos políticos que disputan la gubernatura también se han fragmentado los actores participantes. La cuestionada elección con la que José Antonio Garfias obtuvo la candidatura de la alianza generó la separación de Benjamín Robles, quien se hizo de la candidatura del PT. Salomón Jara de MORENA rompió con el gobernador Cué en el 2013 y, con la ayuda de AMLO, ha tratado de aglutinar –con pírricos resultados– lo que queda del movimiento social.

Estefan Garfias militó durante 36 años en el PRI, forma parte de la élite política oaxaqueña. Fue secretario general del PRI, de Finanzas y de Gobierno durante el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano; secretario de Administración con Ulises Ruiz Ortiz. Cambió su militancia al PRD cuando obtuvo la candidatura por el V distrito federal con cabecera en Tehuantepec; distintos grupos sociales, como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), se opusieron a su candidatura al señalarlo como responsable, junto con Ruiz Ortiz, de la represión durante el conflicto de 2006. Pavel Melendez Cruz, quien compitió contra Estefan en la elección federal de 2015, recuerda: “durante las campañas, Estefan compró, con recursos públicos y privados, voluntades entre los caciques de la región”.

En la campaña priista las cosas no son mejores. La dirigente de la red “jóvenes por México” del PRI en Oaxaca, Gabriela Olvera, anunció su rompimiento con la campaña de Murat. En su discurso, Olvera sugirió que los jovenes priistas se encontraban “amordazados” por la vieja estructura partidista. Algunas de las decisiones políticas de la campaña, como las listas plurinominales y planillas municipales, no parecen haber sido tomadas por un equipo joven: las listas son encabezadas por viejos políticos y caciques cercanos al exgobernador. Lo anterior ha generado que la campaña, planteada como un cambio generacional, no logre entusiasmar a quienes buscan un cambio.


La realidad política en Oaxaca desafía a cualquier defensor de la transición democrática en México. Detrás de la sofisticada vida cultural del centro histórico –cuya dinámica parece ajena a todo lo que ocurre– o las paradisiacas bahías en Huatulco, la vida política es tan compleja como la orografía oaxaqueña. La vallistocracia no ha dejado de detentar el poder mientras que los caciques locales negocian la vida y los bienes públicos a su conveniencia. El panorama electoral revela la complejidad de las alianzas entre caciques y partidos políticos; esto se ve con mayor claridad al contabilizar el número de candidatos independientes en los municipios: por la capital van cinco; por Juchitán, tres. La intervención de los exgobernadores ha generado cierta indignación social al tiempo que ha desestabilizado la posible construcción de una opción política fuerte. Los conflictos territoriales a lo largo del estado, así como la ruta criminal de la costa y el Istmo, son problemas que deberán ser atendidos en lo inmediato.

La vida pública oaxaqueña parece blindada del horror que viven los estados vecinos de Guerrero y Veracruz a manos del crimen organizado; sin embargo, las fisuras ya están abiertas. La ciudadanía oaxaqueña poco a poco se va sacudiendo la resignación al cacicazgo, pero la fragilidad de sus acuerdos políticos no permite una mayor organización. En los últimos años ha florecido un nuevo actor: una élite formada por jóvenes empresarios del mezcal y las industrias culturales. Sin embargo, no parecen muy interesados en los asuntos públicos –acaso el statu quo beneficie sus privilegios en esta tierra. La solución a este desencanto democrático, paradójicamente, se encuentra resuelto en las comunidades indígenas. En ellas, el grado de participación ciudadana en la distribución de los bienes públicos es más alta y la democracia deliberativa, en conjunto con el presupuesto participativo, ha establecido dinámicas sociales que rompen con el sistema de los cacicazgos al involucrar a la comunidad en el ejercicio del gobierno. El sistema de organización comunal, integrado en su mayoría por comunidades indígenas, y con procesos de toma de decisiones colectivas también ha logrado tener menores tasas de criminalidad común.

La creciente tensión entre votar por la aprobación del gobierno de Cué –formado esencialmente en el priismo– y el regreso al PRI de Murat tiene como consecuencia la incertidumbre democrática. Según las últimas encuestas, para la entidad existe un empate técnico entre José Murat y José Antonio Estefan (Mitofsky, AM: 32.3%, JAE: 29.4%; HERSALCOP, AM: 32.1%, JAE: 38.1%; NODO, AM: 30%, JAE: 33%). Si el PRI regresa a gobernar la entidad le bastará con mantener las cosas como están con el riesgo de una descomposición social y política más profunda. “Oaxaca está a punto de convertirse en un polvorín”, asegura Rogelio Garfias. Si la alianza triunfa, el reto será el concretar la transición a la democracia con una reforma política y un nuevo pacto social que distribuya el poder en Oaxaca.


Foto principal: Eduardo Robles Pacheco; foto prensa: Antonio Martínez; foto de los maestros: Rodrigo Jardón Galeana; última foto: David Cabrera.

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