¿Estar en contra del TLCAN nos hace “malos mexicanos”?

Los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte vinieron acompañados de una severa dependencia, restricciones y una transformación total de la agricultura mexicana.

| Macroeconomía

No ha sorprendido, en los últimos meses, que el rechazo a la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocupe un lugar en la retórica racista y anti-inmigrante del candidato a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump. Lo que sí ha sorprendido es que, de hecho, esta opinión sea compartida en términos generales no solo por Ted Cruz, el segundo precandidato con mayor intención de votos del Partido Republicano, sino por los dos precandidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders.[1]

Tal convergencia de posturas ha merecido una respuesta contundente desde algunos sectores de la sociedad mexicana, especialmente por lo que respecta a las declaraciones de Trump, un candidato que concienzudamente busca irritar y provocar a la población mexicana en México y en Estados Unidos. En su estilo, Trump ha expresado que el TLCAN es un desastre y que, de ser él el siguiente presidente, acabará con ese acuerdo.[2] Recientemente Trump reiteró su odio hacia el TLCAN y llegó al punto de decir que dicho tratado destruyó a EUA.

Sin duda, la retórica racista de Trump requiere de una contestación frontal, lo mismo por medio de argumentos sólidos que a través del desarrollo de la organización social tanto en México y como entre la amplia comunidad latina en Estados Unidos. Un ejemplo actual de esta forma de organización es el portal Proud to Be Mexican. Existen también ejemplos históricos como la formación de sindicatos agrarios bajo el liderazgo de César Chávez o la creación del “pensamiento de frontera” por figuras como la poeta Gloria Anzaldúa, la profesora feminista chicana Chela Sandoval o el artista visual Guillermo Gómez-Peña.

Ahora bien, lo que sí parece desconcertante –como se ha podido advertir en varias de las reacciones mexicanas a Trump– es la pretensión de fusionar la defensa de los valores culturales y políticos de lo latino y lo mexicano con un asunto concreto: la protección del TLCAN y de su principal implicación, que es la consolidación de un modelo de capitalismo norteamericano en México.

Los defensores de dicha apertura económica y de la implantación de modelos de intercambio bajo reglas homogéneas que norman el comercio de bienes, servicios y capital, se pueden encuentran, sobre todo, en el gobierno federal y en ciertos sectores dominantes de la intelectualidad mexicana. Estos abogados del TLCAN no han tardado en unirse para responder a las declaraciones de Trump y hacer sonar la alarma sobre el peligro inminente que estas representan para el TLCAN y la economía mexicana como ellos la entienden.[3]

La pretendida comparación entre el cuestionamiento al modelo del TLCAN y la retórica anti-mexicana de Trump invita a dos discusiones. La primera de ellas es si cabe cuestionar cómo un magnate del sector de la construcción y de las finanzas puede oponerse a un acuerdo que parece representar el mismo sistema que le permitió amasar su fortuna. La segunda de ellas, y la más relevante para los mexicanos, es si el TLCAN de verdad necesita (o merece) ser defendido con el mismo ahínco con el que se busca proteger a las condiciones de vida y de ciudadanía de la población mexicana en Estados Unidos.

¿Cómo se pudo identificar la defensa del TLCAN con la protección de “lo mexicano”? Esta pregunta obliga a un recorrido histórico por la consolidación del actual modelo económico y el desmantelamiento de gran parte de las instituciones de desarrollo estatal de la economía nacional. Aunque el momento simbólico de transición fue precisamente la firma del TLCAN en 1993, el cambio comenzó de hecho mucho antes, con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986. Este acuerdo –precursor de la Organización Mundial de Comercio y del actual sistema multilateral de libre comercio– significó importantes virajes en la política económica mexicana, así como el abandono de una política exterior nacionalista y preocupada por la independencia de México frente a Estados Unidos. La transformación se apuntaló posteriormente con otras medidas internas, como la privatización de empresas públicas, la desregulación administrativa de las actividades comerciales, los cambios en la política monetaria y, en general, la reducción de la presencia del Estado en el sector productivo nacional.

No obstante su relevancia, la entrada de México al GATT representó solamente el preludio de la decisión geopolítica y económica más determinante de las últimas décadas: la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión implicó la transformación de aspectos esenciales del consenso político post-revolucionario, tales como el modelo de desarrollo basado en el mercado nacional y, sobre todo, en la presencia activa del Estado en el campo a través del régimen agrario. Uno de los pilares de este modelo, la Ley Agraria –de la que se darían ejercicios similares, o incluso más radicales, solamente en otros procesos revolucionarios como el cubano o el nicaragüense–, se comenzó a alterar desde 1992. La contra-reforma agraria representó el desmantelamiento del modelo económico de la Revolución mexicana, porque permitió a inversionistas extranjeros la adquisición de tierras para participar en los sectores agrícola, ganadero y minero.

Un rasgo común entre la adopción del GATT y la aprobación del TLCAN fue la casi ausencia de debate público y la reducida discusión parlamentaria en torno a la firma de tales acuerdos. Sobre la ratificación del GATT, por ejemplo, en el diario de debates legislativos solo se recogen algunos cuestionamientos sobre el estado de las negociaciones y la creación de una autodenominada consulta pública con organizaciones de los sectores sociales y privado (todas vinculadas al partido en el poder en ese momento).[4] Las polémicas más importantes provinieron de la salvaguarda del régimen energético y especialmente petrolero.

Las discusiones acerca de la adhesión de México al TLCAN se dieron en otro contexto. El año de 1993 marcaba el principio del fin de las promesas modernizadoras salinistas, pero a la vez representaba el momento cúspide de su proyecto de inserción capitalista. La retórica reformadora de Salinas formaba parte de una ola de cambios similares en otras partes de América Latina (donde iban de la mano del autoritarismo, como sucedió con el tándem Fujimori-Montesinos en Perú, o de una corrupción rampante, como fue el caso de Carlos Saúl Menem en Argentina). La composición del gabinete salinista oscilaba entre las concesiones al Ancien Régime y la integración de nuevos tecnócratas reformadores. Esta combinación no se prestaba para una discusión abierta sobre el TLCAN, la cual no se reflejó en los medios masivos mexicanos.

En Estados Unidos,[5] la oposición al tratado fue retomada por la derecha y el candidato presidencial independiente Ross Perot, cuyos ataques al TLCAN –al cual acusaba de trasladar empleos hacia el sur de la frontera– representan un claro precedente de la retórica de Trump. Hubo también oposición desde otros sectores, como la cristalizada en la solidaridad entre sindicatos de los tres países (que se había consolidado a raíz de los sistemas de resolución de controversias del Acuerdo de Cooperación Laboral de América Latina). Algo similar sucedió con los sectores ambientalistas, que lograron establecer un activismo transnacional. El gobierno federal mexicano realizó una campaña en contra de todos estos grupos, la cual se realizó sobre todo mediante un extremadamente costoso aparato de cabildeo en Washington instaurado para garantizar la aprobación del tratado en el Senado de Estados Unidos. Frente a los riesgos que representaba el proceso electoral estadounidense de 1992, ese año todos los esfuerzos del gobierno federal se enfocaron en lograr la aprobación del acuerdo comercial.

Fue precisamente en esta coyuntura cuando, en el frente mexicano, se comenzó a gestar la semilla de la equiparación entre la crítica al TLCAN, por un lado, y algo así como “la traición a los intereses nacionales”, por otro. A través de diversos proyectos y con distintas posturas, tanto Jorge Castañeda como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se opusieron al modelo de acuerdo comercial que el gobierno federal estaba negociando. Incluso cuando estas críticas iban acompañadas de propuestas de otras formas de integración económica, a estos personajes se les catalogó como radicales y saboteadores de la “modernidad mexicana”. Ante un ámbito internacional que parecía concentrarse en la apuesta por el libre comercio, cualquier crítica al TLCAN eran invalidada como la expresión de un anti-mexicanismo similar al de Perot (y ahora al de Trump).

Cárdenas, por ejemplo, formuló el proyecto un acuerdo comercial de naturaleza distinta, el cual no se salvó de ser calificado como anti-moderno, autoritario y capaz de estropear el momento histórico que la negociación representaba para México. La propuesta de Cárdenas incluía menciones específicas sobre los efectos ambientales de la liberalización del comercio, la divergencia salarial, además de referirse de manera general al modelo de desarrollo (aunque no trataba la cuestión migratoria).

Otra particularidad de la propuesta de Cárdenas era su carácter hemisférico. Esto es significativo, dada la ambivalente postura oficial mexicana, que primero defendió el carácter estratégico y la ventaja competitiva del TLCAN para, más adelante, apoyar la extensión de dicho modelo a todo el hemisferio a través de las negociaciones del Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA). Las negociaciones del TLCAN distanciaron de manera importante a México de muchos países latinoamericanos, ante los cuales se presentó como un firme defensor de la postura de Estados Unidos. Al final, la expansión del modelo TLCAN por parte de México a otros países no logró una diversificación del comercio –en  2015 las exportaciones a Estados Unidos significaron más del ochenta por ciento del total de las exportaciones de ese año—, ni tampoco un mayor crecimiento sostenido. (Hay que señalar que los índices de crecimiento económico de México entre el 2000 y el 2008 palidecen frente a los de Sudamérica, sobre todo frente a los de Brasil.)

Al adoptar al TLCAN como figura de exportación, México consolidó una postura ultra-liberal en la gestión de muchos puntos sensibles de sus políticas públicas (algunos de los cuales estaban apuntados en la propuesta de Cárdenas): un régimen de protección de la propiedad intelectual que no toma en cuenta el desarrollo tecnológico nacional; un conjunto de reglas de origen que modificaron el régimen de maquila y las economías a escala, pero también establecieron restricciones para unos exportadores mexicanos cada vez más dependientes de suministros provenientes de zonas ajenas al TLCAN, principalmente de China; y, más que nada, la feroz transformación de la agricultura mexicana en un modelo centrado en la exportación de ciertos productos, y que ha representado un embate al autoconsumo y la seguridad alimenticia.

La oposición al TLCAN ha tenido que idear una forma de poner el tema migratorio en la mesa de negociaciones. El modelo de desarrollo que triunfó con el TLCAN parece ser asediado por el fantasma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos. El TLCAN mostró sus límites cuando uno de esos opositores —Jorge Castañeda— lideró como canciller una propuesta por la enchilada completa: las negociaciones por un acuerdo migratorio, las cuales se tuvieron que abandonar intempestivamente tras los atentados del 11 de septiembre. En vez de acuerdo migratorio, lo que el TLCAN habilitó fue, en 2005, un sistema de cooperación en materia de seguridad fronteriza conocido como Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y que desde entonces ha condicionado la política migratoria (además de las de asilo y refugio) de México a los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Ante esta historia y sus particularidades, ¿se puede realmente decir que el no apoyar al TLCAN frente a los ataques de Trump –pero también los de Hillary Clinton o Bernie Sanders– significa estar en contra de los intereses mexicanos? En 2004, durante una ceremonia de graduación de Universidad Iberoamericana, escuché al principal negociador y quien era el secretario de Comercio y Fomento Industrial en ese entonces, Jaime Serra Puche, decir: “El maíz no era importante para las negociaciones del TLCAN.” Tal falta de autocrítica pone en evidencia el dogmatismo de nuestros negociadores internacionales, así como su alianza con un cierto modelo económico como verdad única. En muchos sentidos, la postura de Serra Puche recuerda al postulado de Margaret Thatcher: “There Is No Alternative” o TINA. Lo cierto es que sí hay alternativas, como lo demostraron las consultas, organizadas por organizaciones sindicales de los tres países del TLCAN bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte sobre cuestiones como las pruebas de embarazo en las maquiladoras, la seguridad laboral y la libertad sindical, o también los paneles establecidos por organizaciones no gubernamentales bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte respecto a la destrucción de los manglares, la protección de especies endémicas y la contaminación transfronteriza.

¿Malos mexicanos? Lejos de ello.

(Foto: cortesía de Daniel Rodriguez.)


Notas

[1] Ya desde 2008 tanto el actual Presidente Obama como la entonces secretaria de Estado y ahora candidata a la nominación demócrata Hillary Clinton se habían pronunciado en contra del TLCAN.

[2] La nota es de CBS, pero los comentarios de Trump fueron expresados originalmente en el programa 60 Minutes. Respecto a la posición de Trump frente a los acuerdos de libre comercio, se puede consultar esta nota.

[3] Por ejemplo, véase la nota de un reconocido profesor del Departamento de Economía del ITAM.

[4] Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, miércoles 11 de septiembre de 1985, “Proposición en el sentido de que se realice un estudio sobre lo que implicaría iniciar negociaciones con el GATT”. Llama la atención que el reporte de los avances en la negociación presentado por el senador Miguel Borge Martín del 22 de octubre de 1985 solo fue interpelado por aplausos, según consta en la Gaceta Parlamentaria.

[5] Algunos sectores sociales y políticos canadienses también consiguieron importantes prerrogativas para sus industrias culturales, así como ciertas restricciones en función de su régimen político multicultural.

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