La censura en los tiempos del PRI

A pesar de las intimidaciones (como la ejercida por Humberto Moreira contra Sergio Aguayo) el periodismo debe cumplir su misión: hacer públicas las cuestiones que los poderes formales y reales quieren esconder.

| Periodismo

El 12 de septiembre The New York Times publicó una editorial titulada: “Demandar periodistas en México”, en la que trató el fenómeno reciente de demandas por difamación que han presentados funcionarios públicos contra periodistas en nuestro país. El diario estadounidense criticó las demandas contra periodistas que investigan asuntos de corrupción en México, y recordó el caso de Carmen Aristegui y la Casa Blanca” y el caso de Sergio Aguayo, demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

En esa editorial el periódico neoyorkino se refirió a la nueva ley anticorrupción y sostuvo que su eficacia “dependerá ampliamente de la capacidad de los periodistas de investigar y reportar sobre la clase gobernante”.

Sobre Carmen Aristegui, el diario refirió que la periodista y sus colaboradores, documentaron “meticulosamente” un acuerdo para que una empresa constructora (Grupo Higa), que había ganado “lucrativos contratos” gubernamentales, construyera una mansión para el presidente y su esposa.

La editorial también recordó cómo la empresa de comunicación MVS, donde trabajaba Aristegui en ese momento, se negó a publicar la historia, por lo que su equipo de investigación lo hizo por cuenta propia, desde su portal en internet y junto con la revista Proceso y la Cadena Univision. Finalmente, el empresario demandó a la periodista por “daño moral”.

Analizar esta problemática es de suma importancia para la sociedad mexicana, porque lo que parece estar en el fondo de los últimos litigios contra periodistas en México es la pretensión de censurarlos y evitar que publiquen y difundan opiniones e investigaciones sobre acontecimientos de relevancia pública, en los que pueden aparecer reflejados los abusos de poder y/o la violación grave y sistemática de los derechos humanos. En los siguientes párrafos me centraré en la demanda que interpuso Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, por presunto daño moral.

Como ocurre en cualquier régimen despótico, aquellos que ejercen de censores tienen la misma lógica y están movidos por los mismos resortes cuando pretenden decidir qué podemos ver y qué es lo que no nos conviene saber. Los jefes de esas tribus utilizan distintos ropajes y cambian de estrategias, pero su finalidad es siempre la misma: quieren proscribir imágenes, palabras, ideas porque así conviene a sus intereses.

Como se refirió en líneas precedentes, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hermano del actual gobernador de ese estado, interpuso una demanda por daño moral contra el columnista Sergio Aguayo. La querella judicial que pretende el descomunal pago de diez millones de pesos, la retractación pública de las opiniones expresadas por el académico, derivadas de la publicación de su columna “Hay que esperar”, que apareció en el periódico Reforma el 20 de enero y la divulgación de la sentencia que se dicte en el juicio iniciado por el exdirigente del PRI, más que un hecho reivindicatorio del honor del político coahuilense, es en realidad un monumental acto de censura y un intento por coartar la libre expresión de las ideas y de mermar el debate público en lo que concierne a la actuación de los gobernantes.

La primera interrogante que surge al analizar este caso es por qué Moreira quiere que se le paguen diez millones de pesos para resarcir su honor, y no la cantidad que como límite máximo prevé la ley que regula esa cuestión. Veamos una posible interpretación. Recientemente la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo número 3236/2015, cuyo proyecto de sentencia presentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, derivado de una demanda que interpuso la actriz Lucía Méndez contra un periodista de espectáculos, y determinó que éste le debe pagar una indemnización por daño moral debido a unos comentarios del reportero que la artista consideró injuriosos.

En esa resolución los ministros de la SCJN suscribieron el criterio de declarar inconstitucionales los artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la Ciudad de México, que limitaban los montos de la indemnización a cargo de una persona condenada como responsable de daño moral, bajo el argumento de que no hay justificación racional para ponerle topes a esa forma de reparación del daño.

El artículo 41 de la citada Ley, uno de los que fue declarado inconstitucional por los ministros, si bien cabe aclarar que continúa vigente, dispone que para fijar una indemnización se tomará en cuenta, entre otras cosas, las condiciones personales de la víctima, las circunstancias del daño y establece que en ningún caso el monto de una indemnización deberá exceder las trescientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. Lo anterior implica que si el monto de la referida Unidad de Cuenta en el año 2016 es de 71.68 pesos, tenemos que el monto máximo de una indemnización por daño moral en la Capital de la República será de 25,088 pesos y no de diez millones, que es lo que Humberto Moreira pretende hacerle sufragar a Sergio Aguayo. Entonces, cabe preguntar por qué Moreira pretende que se le cubra una suma tan desproporcionada, sobre todo si consideramos la reputación que el expresidente del PRI efectivamente tiene ante la sociedad mexicana.

Desde mi punto de vista lo que Moreira pretende al reclamar el exorbitante pago de diez millones de pesos es aprovechar el resquicio legal que abrió la SCJN y al mismo tiempo censurar al destacado columnista y académico Sergio Aguayo, aunque en su afán por ganar más dinero el profesor Moreira no tomó en cuenta que el caso de una actriz y un periodista de espectáculos no son equiparables al de un político que fue gobernador de una entidad en la que han pululado muestras de los abusos y excesos que se pueden cometer en México por parte de la casta gobernante y el de un académico que denuncia y comenta hechos de interés público. Por lo tanto, considero que la pretensión del político coahuilense será, al final del litigio, improcedente por las siguientes razones.

El demandante Humberto Moreira es, sin lugar a dudas, una “figura pública”, solo por la definición que sobre ese concepto establece el artículo 7, fracción VII, de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la Ciudad de México, que señala que tiene tal condición: “La persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva, sin ostentar un cargo público, y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada.” En este sentido, la misma ley establece en su artículo 34 fracciones II y III que se reputarán como informaciones de interés público: “Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su conjunto”, así como “aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas, para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática. En estas circunstancias Sergio Aguayo, en la columna en la que abordó la situación por la que pasaba Moreira al ser detenido en España, hizo referencia a una figura pública en los términos en que está definida por la ley y plasmó su opinión sobre temas de interés público, también en los términos previstos por la ley.

Aunado a ello, la propia SCJN ya señaló al resolver el Amparo directo en revisión 3111/2013, que el deber de tolerancia que deben tener quienes fungieron como servidores públicos no se termina al momento en el que una persona deja de serlo, sino que se mantiene después de que se ejerció una función pública, como ocurre en el caso de Humberto Moreira. En mayo de 2014, la Corte resolvió lo siguiente: “…el límite a la libertad de expresión y de información se fija en torno al tipo de información difundida, y no a su temporalidad, pues sería irrazonable y totalmente contrario a los principios que rigen el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, vedar el escrutinio de las funciones públicas por parte de la colectividad respecto de actos o periodos concluidos.”

Por otra parte, a mí no me queda duda que para Moreira las voces que lo critican no merecen la protección de la justicia. Y es que al ex gobernador le disgustó que el investigador y profesor escribiera de él que “es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila” para transformarse entonces en férreo guardián de la amable expresión, en gendarme del lenguaje, y así convertir la difusión de la crítica no en un espacio de libertad, sino en una zona de peligro para cualquier opinión discordante de lo que Moreira piensa. Y él cree firmemente que Coahuila, bajo su gobierno, fue un paraíso de civilidad y respeto a los derechos humanos; un espacio geográfico de absoluta transparencia y honestidad gubernamental. Por lo tanto, supone, como lo haría cualquier censor en cualquier dictadura, que una intervención crítica como la de Sergio Aguayo es inaceptable; que eso de que exista libre flujo de las ideas es solo admisible si van a brotar los elogios, pero jamás si se harán molestas observaciones al trabajo de un ex gobernador.

En nuestros días las verdaderas amenazas a la libertad de expresión no están en los descuidos judiciales, sino en los intereses aviesos de los conglomerados políticos y económicos que incluso pueden llegar a ser delictivos. Algunos políticos y magnates en México, como los dictadores de cualquier latitud, quieren decidir los límites de lo que se puede leer, de lo que es visible o escuchable. Quieren estar libres de cualquier supervisión ciudadana; no reconocen ninguna norma que no sean aquellas que les favorezcan y pueden ejercer un poder infinito presentando demandas ante jueces siempre prestos a escucharlos y atenderlos.

Son los técnicos de la censura, los diseñadores de nuevos paradigmas. ¿Una imagen que resulte ofensiva? Debe ocultarse. ¿Alguien quiere informar sobre las causas de la violencia? Imposible y, por lo tanto, esa información debe ser eliminada. ¿Alguien me criticó? Es peligroso, debe suprimirse. ¿Mi gestión de gobierno no les resulta fantástica? Seguro son propaladores de discursos de odio. ¿Alguien me dijo corrupto? No podrá esconderse. Requiere de una advertencia. Que esto lo discuta ante los jueces; que sus argumentos no los valore la sociedad, que los ponderen los tribunales, porque el censor quiere una indemnización millonaria. Sí, en buena medida vale advertir que hay guardianes de su propia ligereza; los nuevos inspectores de la intimidación.

Para concluir creo que es importante destacar el rol que debería cumplir el periodismo en el terreno de la política. Y es el periodista y escritor argentino Horacio Verbitsky quien lo explica muy bien, en Un mundo sin periodistas, cuando dice: “Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los suizos, del justo medio los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?

Si hay una misión fundamental que se le puede adjudicar al periodismo es la de hacer públicas las cuestiones que los poderes formales y reales no quieren que la ciudadanía conozca. El objetivo a alcanzar debe ser que ésos poderes aparezcan ante la gente como auténticas cajas de cristal en donde todo lo que hacen y dejan de hacer se pueda ver palmariamente y sin deformaciones. Pero hoy en México tenemos actores (políticos, económicos, sindicales, hasta delincuenciales) turbios e impenetrables, y frente a ellos los ciudadanos estamos en la peor condición que podemos mantener dentro de un sistema que aspira a ser democrático, porque existen grupos y personas a quienes no podemos vigilar. En este sentido, mucho es lo que ha ayudado la existencia de una subcultura de la impunidad, tan arraigado en nuestro país. Pues bien, frente al drama nacional que estamos viviendo llegó la hora de que la ciudadanía asuma la responsabilidad de controlarlos, de revisarlos, de exhibirlos en toda la magnitud de sus abusos y excesos, para después exigir que se detengan y que haya sanciones. Por suerte, gracias al surgimiento de un nuevo periodismo de investigación, que debe ser considerado como una auténtica fuerza democratizadora, la ciudadanía mexicana tiene ante sí misma un eficaz medio para limitar los márgenes de maniobra de los funcionarios públicos y de toda clase de poderosos políticos y empresarios.

El caso es que nos toca a los ciudadanos propiciar que los límites a la libertad de expresión en el México de hoy sean trazados por activistas de derechos humanos, por los legisladores y por los jueces de los tribunales constitucionales, y no por estos cancerberos de inmenso poder que pretenden comprimir el debate de la libertad de expresión a una demanda si alguien se atreve a criticarlos. Decidir qué podemos ver, oír, leer es un asunto que compete a cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra libertad. Por eso es que la demanda de Moreira que pretende censurar a Sergio Aguayo, más que una disputa civil entre un político y un académico, puede ser un abismo con consecuencias definitivas y funestas para la sociedad mexicana, si se impone el intento de castigar a quien dio una opinión respecto del trabajo de un político.

(Foto: cortesía de Christian Sisson.)

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