La marihuana no es importante, ¿o sí?

La Suprema Corte discutirá pronto una propuesta que podría despenalizar el consumo y cultivo personal de la marihuana. Es hora de hacerlo: miles de mexicanos se encuentran presos debido a la absurda e ineficaz prohibición.

| Salud

“La marihuana no es importante.” Esta es la frase que he escuchado una y otra vez cuando se intenta discutir el tema de la marihuana. “No es importante”, dicen unos, “porque el tráfico de esa sustancia no implica importantes recursos para las organizaciones del crimen organizado.” “No es importante porque legalizarla no va a disminuir la violencia”, agregan. Esta afirmación es engañosa. Por un lado, hay dudas bien fundadas sobre qué tanto la regulación del mercado de la marihuana implicaría una reducción de la violencia de los cárteles; por el otro, la persecución de la marihuana ha implicado el constante ejercicio de la violencia por parte del Estado contra un gran número de personas así como un monumental uso de recursos institucionales, recursos que podrían ser usados para disminuir delitos violentos, como la extorsión, el secuestro, los homicidios o la violencia familiar. Esa violencia sí se puede disminuir a través de la regulación de la cannabis.

Hoy la marihuana es la sustancia ilícita más consumida en México y su consumo, especialmente en hombres, ha aumentado, a pesar de la política de prohibición actual. Además, es la principal sustancia perseguida por casi todos los sistemas penales del país. El último estudio del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) sobre personas privadas de la libertad por delitos de drogas –que será publicado próximamente– arroja datos reveladores. Comparto en este espacio parte de la información recabada para mostrar la relevancia de la marihuana en el contexto de la procuración de justicia.

Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2006 y 2014 fueron detenidas 453,069 personas en el ámbito federal por delitos contra la salud. De estos, 175,993 fueron detenidos por posesión (en sus diversas modalidades) y 156,189 por consumo (a pesar de que el consumo no es un delito). Es decir, 73.27% de las personas detenidas a nivel federal por delitos relacionados con las drogas en esos años eran poseedores o consumidores de alguna sustancia ilícita. Sin duda, la aprobación de la Ley de Narcomenudeo aprobada en 2009 (acá más sobre esa reforma) logró disminuir significativamente los casos de delitos contra la salud perseguidos por la Federación. En 2009 se detuvieron a 64,616 personas por delitos contra la salud; para 2014, ese número disminuyó a 13,595. Sin embargo, los casos de posesión y consumo siguen representando el principal trabajo de la procuraduría en materia de drogas. En 2014 hubo 4,856 personas detenidas por consumo y 4,019 por posesión, lo que representa el 65% del total de las detenciones por drogas en el fuero federal.

De acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales realizada en 2012, en el sistema penitenciario federal (el último punto al que llegan los procesados por la PGR) el 62% de las personas internas sentenciadas en dichos centros estaba ahí por delitos contra la salud. De esas personas, el 58.7% recibió sentencia por un delito relacionado con la marihuana. Considerando el costo económico de cada interno en el Sistema Penitenciario Federal, la marihuana cobra relevancia monetaria más allá del mercado ilícito en que se produce y comercia. ¿Cuánto gasta el Estado mexicano en perseguir esta sustancia?

Si bien a nivel federal la Ley de Narcomenudeo tuvo el efecto de disminuir el número de casos de delitos contra la salud, a nivel local tuvo el efecto opuesto. El número de detenidos por estos delitos va en aumento, como también el número de procesos penales abiertos. Mientras que las procuradurías de los 17 estados que nos dieron información reportaron 9,518 averiguaciones previas abiertas por delitos contra la salud en 2012, para 2014 estas mismas reportaron 22,234 averiguaciones previas abiertas por esos delitos: un aumento de más del doble en solo dos años. Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (INEGI), también en los sistemas penitenciarios estatales hay un claro aumento en el número de personas recluidas por delitos contra la salud. ¿Cómo estarán los sistemas penales locales en dos o cinco años más?

A nivel local también la marihuana tiene un peso importante. En los nueve sistemas penitenciarios que nos dieron información, el 60% de los casos de las personas recluidas por delitos contra la salud (2,195 personas) están relacionados con la marihuana. Asimismo, en las 15 entidades federativas que proveyeron información sobre menores infractores internos por delitos contra la salud, se descubrió que el 61% de ellos están recluidos por esta sustancia. Se trata de menores de 18 años que están en el sistema penitenciario de nuestro país, conocido por los graves abusos que en él se cometen.

Porcentaje de personas internas en centros estatales por delitos contra la salud, por tipo de sustancia, 2014.
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Fuente: Secretarías de Seguridad Pública de nueve entidades federativas. Información obtenida con solicitudes de acceso a la información, CEDD, 2015.

No es posible sostener que la regulación del mercado de la marihuana traerá consigo el fin de la violencia. Las organizaciones criminales tienen un negocio diversificado que difícilmente se verá afectado si no se atiende la corrupción y la debilidad institucional de las cuales echan mano. Sin embargo, sí es posible afirmar que la regulación traerá una reducción de las muchas injusticias que hoy se cometen en nombre de la prohibición de esta sustancia y de la violencia que el Estado ejerce contra un importante número de personas que deciden consumirla. En el debate sobre la marihuana no podemos dejar de lado las implicaciones de la prohibición, como el uso de cárceles y el gasto de recursos institucionales. En este debate, como en el estudio de toda intervención estatal, es indispensable reflexionar sobre los daños que se busca prevenir y los beneficios concretos que se logran. Las cifras sobre el procesamiento de los delitos contra la salud muestran el peso –y los costos– de esta sustancia en el trabajo de policías, fiscales, jueces y sistemas penitenciarios. Muestran también la criminalización de miles de personas y de sus familias que resulta de poner en marcha el aparato punitivo estatal. Las cifras, por último, muestran una política inefectiva para lograr el objetivo de reducir el consumo.

Esperemos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al analizar el caso, tomen en cuenta la evidencia que durante años ha arrojado una política fallida.


(Foto: cortesía de oswaldo.)

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