La mecha que encendió el gasolinazo

Todo indica que las protestas suscitadas por el gasolinazo van a continuar y a acrecentarse. El gobierno de Peña Nieto parece ya no tener capacidad para hacer frente a las consecuencias no solo económicas sino sociales y políticas de su medida.

| República

A finales de diciembre de 2016, en plena temporada de asueto, el gobierno mexicano anunció el incremento en los precios de las gasolinas y el diésel, que entró en vigor a partir del primer día de enero de este año. Este anuncio provocó un rechazo generalizado en gran parte de la población y dio lugar a la emergencia de diversas expresiones de protesta en varias ciudades del país. En el momento que escribo estas líneas, las manifestaciones de inconformidad por el gasolinazo no han cesado, a pesar de que la semana pasada se registraron varios saqueos y vandalismo en algunos estados y en ciertas zonas de la capital.

La primera intención de este texto era reflexionar sobre el brote de saqueos, en tanto un fenómeno de violencia colectiva que no es visto frecuentemente en nuestro país y que ha provocado una atención mediática desmedida y un sinfín de opiniones y juicios de un repudio comprensible, pero también cargados de fuertes dosis de clasismo e ignorancia. La idea era hablar sobre el tipo de actores que participan en el saqueo, el contexto y las razones por las que ocurre este tipo de fenómenos, así como algunos de los significados del malestar. Sin embargo, aunque es necesario intentar comprender estos sucesos más allá de la histeria mediática que provocaron, también es indispensable no perder de vista que lo principal es el descontento generalizado que ha provocado el alza a los combustibles y que es una señal del hartazgo que prevalece actualmente en amplios sectores de la sociedad mexicana. Sin pretender minimizarlos, los saqueos son una entre varias reacciones ante el gasolinazo y, aunque es necesario analizarlos, resulta imprescindible también mirar más allá. Me referiré a ellos más adelante.

La decisión de incrementar el precio de las gasolinas y el diésel es el error más reciente de una larga cadena de desaciertos cometidos por el régimen de Enrique Peña Nieto. El presidente y su equipo se han empeñado en circunscribir el gasolinazo a un asunto meramente económico, pero este suceso tiene un profundo trasfondo político y de justicia. En menos de una semana, Peña Nieto ha tenido que salir a encasillar la decisión del aumento como producto de razones económicas con argumentos sumamente débiles, por no decir insostenibles. Este lunes al divulgar el denominado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” reiteró que haber subido el precio de los combustibles fue debido a causas económicas y ajenas a su gobierno (léase el supuesto aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional). Pero por más que el presidente y su equipo intentan convencernos de que el incremento a las gasolinas es un hecho que sólo afecta a la clase media, la gente sabe perfectamente que afectará a todos, especialmente a la gente con menos recursos, porque el aumento tiene como consecuencia el alza en los precios de los alimentos y el transporte, que son los rubros en los que más gasta la mayoría de la población. A pesar de que la medida del aumento fue comunicada en plenas vacaciones decembrinas para que pasara lo más desapercibida posible –y de fondo con un Peña Nieto regocijándose desde un esplendoroso campo de golf en Mazatlán–, esto no evitó la veloz aparición de protestas a lo largo de todo el país.

¿Qué clase de gobierno tiene el atrevimiento de subir el precio de los combustibles después de haber afirmado, como parte de la propaganda de su flamante reforma energética, que no iba a haber aumento; después de que los diputados se otorgaron no uno, sino dos millonarios bonos “navideños” con unos cuantos días de diferencia y sin el menor pudor; cuando está prófugo, entre otros, el siniestro exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien esquilmó miles de millones de pesos del erario (y se sospecha que una parte de ese dinero fue a parar a la campaña del propio presidente); después del escándalo de corrupción de la Casa Blanca y de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y, por si fuera poco, en el momento en el que los índices de popularidad de Peña Nieto son más bajos que nunca antes?

El gobierno de Peña Nieto parece ya no tener capacidad para hacer frente a las consecuencias no solo económicas sino sociales y políticas de esta medida. Además de la insistente pobreza argumental para justificarse, el rechazo a los aumentos se ha convertido ya en un memorial de agravios. Las movilizaciones en contra del gasolinazo tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional, es decir, que han logrado un alcance enorme en comparación con otros movimientos de resistencia surgidos en lo que va del sexenio. No significa que las otras resistencias sean menos importantes, sino que el gasolinazo ha provocado la exasperación de una parte de la población que probablemente antes no había salido a protestar porque no había sentido de manera tan cruda y directa el perjuicio en sus ingresos. El gasolinazo es precisamente no solo un problema económico sino ahora ya es un conflicto político y también moral, en tanto que después de tantas muestras de deshonestidad y engaño, corrupción y falta de ética el gobierno de Peña Nieto, además de incapaz, aparece sin capital político ni ético para encarar cabalmente los efectos de su más reciente desatino. Anunciar la reducción del diez por ciento en los salarios de los altos funcionarios es una disposición insuficiente y que raya casi en la burla considerando que en México el presidente y muchos altos funcionarios ganan mucho más que sus pares en países con mayor prosperidad económica. Explicándonos una y otra vez como si fuésemos tontos que todo es por nuestro bien, Peña Nieto y su gabinete se muestran insensibles y sin ninguna reserva de honestidad ni justicia que ampare sus resoluciones.

En este contexto, todo indica que las protestas por esta decisión van a continuar y a acrecentarse. Como hemos visto en los días pasados, el abanico de formas en las que se expresa el repudio es bastante amplio. Han sido transportistas y distribuidores organizados regionalmente, así como ciudadanos de las capas medias en varias ciudades, quienes se han manifestado bloqueando carreteras, gasolineras e instalaciones de Pemex, entre otras. La semana pasada, en sincronía con una oscura maniobra de convocatoria en redes sociales, se registró un brote de saqueos en la capital del país y en algunos estados, especialmente en el Estado de México. Los saqueos y actos vandálicos en contra de establecimientos comerciales son una forma de violencia colectiva que ocurre en muchas partes del mundo en momentos críticos, ya sea una situación excepcional como un desastre natural –cuando se genera una situación caótica o de gran descontrol en la presencia y acción de la autoridad– o como consecuencia o parte de un conflicto más amplio: el rechazo a alguna decisión gubernamental –medidas económicas lesivas, algún abuso de autoridad, etcétera–. Un caso emblemático para ilustrar esta idea es la oleada de disturbios ocurridos en Argentina en diciembre de 2001, en el contexto de la crisis que produjo a la salida de Fernando de la Rúa de la presidencia. También en años recientes en México han ocurrido saqueos a tiendas de autoservicio en ciudades afectadas por desastres naturales, como en Cancún en 2005 (por el huracán Wilma) o en Acapulco en 2013 (por el huracán Manuel), solo por mencionar algunos.

La violencia colectiva no está constituida únicamente por la acción espontánea y desorganizada, ni tampoco es producto exclusivo de operaciones coordinadas y premeditadas. Algunas personas, por razón de sus filias o sus fobias, asumen tajantemente que todos los saqueos son producto de acciones concertadas desde los sótanos del poder o que son actos libertarios en contra de los opresores. Sin haber estado presente en el lugar o sin hacer una minuciosa reconstrucción periodística o una investigación etnográfica del suceso, difícilmente es posible saber con precisión los niveles de espontaneidad o de coordinación en un episodio de saqueo o de alguna otra forma de violencia colectiva. Sin embargo, en el caso de los saqueos de la semana pasada, existen evidencias documentadas por las propias autoridades, a partir del análisis de las imágenes tomadas por el sistema de cámaras existente, de que en la Ciudad de México hubo grupos de decenas de personas que habrían actuado de forma coordinada para causar desorden y cometer saqueos en diversos puntos. Mientras tanto, fue en el Estado de México en donde se registró la mayor parte de saqueos la semana pasada, un hecho que no es casual ni sorprende, dado que es esta entidad la que encabeza los más altos índices de delitos como secuestro y feminicidio y es donde también se registra la mayor incidencia de linchamientos a nivel nacional. Es en el Estado de México en donde las policías municipales y del estado están en honda complicidad con el crimen organizado y donde la ausencia y omisión de las autoridades es de rutina; es también una entidad que tiene en puerta un proceso electoral para decidir quién será el próximo o próxima gobernante. De suyo, el Estado de México merecería un estudio aparte.

De cualquier modo y sin minimizar los saqueos y los actos de rapiña –a los que se suman habitantes que ven la oportunidad de sacar una tajada en un momento caótico como revancha, como desquite de todas y cada una de las formas en las que se les margina y se les niegan condiciones materiales y el acceso a educación y trabajo para mantener una vida digna–, me parece que lo que prevalece hoy son las muestras de una ciudadanía madura que está ejerciendo su derecho a la protesta y que no parece que vaya a retirarse pronto de las calles. No es descartable que vuelvan a suscitarse actos de violencia colectiva tipo saqueos y vandalismo en momentos en los que las aguas se agitan, pero habría más bien que estar atentos a la violencia estatal y prevenir posibles acciones represivas. No obstante, lo deseable sería que existiera un amplio diálogo y nuevos liderazgos capaces de conducir este vasto descontento social hacia mejores derroteros.

(Foto: cortesía de ismael villafranco.)

Artículos relacionados