La Sección 22 de la CNTE: los caminos de la disidencia magisterial

En la larga historia de movilización, disidencia y negociación de la Sección 22 se encuentran las claves para comprender el conflicto actual entre el magisterio y el gobierno federal.

| Educación

En el ambiente de confrontación que rodea el diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la falta de información sobre la historia y el contexto de la disidencia magisterial ha dificultado entender, con seriedad, el conflicto. Hay que apuntar que el éxito relativo de los maestros disidentes agrupados en el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) no es el resultado de un proceso pacífico; su control sobre los organismos oficiales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es tal que desde principios de los ochenta, en el lenguaje político común de Oaxaca, Sección 22 y MDTEO son casi sinónimos. Este proceso, se sabe, no ha estado exento de intercambios de violencia entre profesores y agentes del Estado. La Sección 22 ha pagado una cuota de sangre por cada espacio logrado, y en cada momento de su actuar reivindica esa tradición de lucha. Pero el elemento definitorio de su acción política trasciende el fetiche de la imagen revolucionaria. Su método de lucha combina la movilización en las calles con la negociación. El método es simple: protestar en las calles para abrir un espacio de negociación y continuar con la protesta como medio de presión mientras dure la negociación. Así, una organización motivada y unida, como el magisterio de Oaxaca, es capaz de resistir eventos represivos y su experiencia en procesos de negociación ha redundado en un éxito relativo, pero continúo.


La Sección 22: contexto e historia

Un rápido acercamiento a la historia del movimiento magisterial disidente en México puede llevarnos al Movimiento Revolucionario del Magisterio, que entre 1956 y 1960 constituyó un polo de resistencia al Estado corporativo. Sin embargo, fue hasta la primavera magisterial de principios de los ochenta que surgió la CNTE, con el objetivo de democratizar el SNTE. En ambos momentos –los cincuenta y los ochenta– los puntos focales de la protesta fueron las secciones 9 en la Ciudad de México y la 7 en Chiapas. No obstante, la coalición de maestros opositores al control caciquil, primero de Carlos Jonguitud (presidente del sindicato de 1974 a 1989) y después de Elba Esther Gordillo (presidenta de 1989 a 2013), durante los ochenta alcanzó a tener un impacto nacional con presencia en Chiapas, Estado de México, Hidalgo, La Laguna (Coahuila-Durango), Michoacán, Morelos, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal. Sin embargo, frente a la recuperación de espacios por el sindicalismo oficialista, fue reduciendo poco a poco su influencia, focalizándola en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.[i] Esa fue la CNTE que llenó las calles y las carreteras con la demanda de democracia sindical y salarios justos para los maestros hace cuatro décadas; ese es el movimiento que llena las crónicas de Carlos Monsiváis, La Jornada y los recuerdos de miles de simpatizantes de la izquierda democrática. Sin este contexto no se explica la apasionada solidaridad de varios de los intelectuales cercanos a la izquierda con la CNTE.

En los noventa, los arrolladores procesos de apertura comercial, de liberalización económica y de adelgazamiento del Estado significaron la derrota generalizada del movimiento obrero organizado. En el ámbito educativo, sin embargo, los efectos de la descentralización fortalecieron al SNTE y a su disidencia agrupada en la CNTE. Al trasladar facultades y recursos a los gobiernos estatales, con la intención de acercar la toma de decisiones educativas a la población, el efecto secundario fue un entorno de doble negociación.[ii] Mientras que a nivel federal las dificultades de enfrentarse a un oponente con mayores recursos continuó, a nivel local el terreno se fue equilibrando, por lo que en la negociación local la CNTE podía obtener mejores resultados. Es en ese escenario que se da el intento del gobernador de Oaxaca Heladio Ramírez de conseguir la aceptación del magisterio del proceso de descentralización a través de la “Minuta de 1992”, con la intención de reducir el nivel de conflicto con el sindicato.[iii] Este es un documento político que adquirió una fuerza cuasi-legal, pues brindaba a la Sección 22 un poder de veto sobre los cambios en la estructura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y sobre las normas educativas a nivel estatal. Esto significó el inicio de un periodo de control compartido de la educación en Oaxaca, entre el gobierno local y el sindicado, en que el poder del segundo fue fortaleciéndose en cada negociación.

A esto hay que sumarles dos circunstancias políticas locales, vinculadas con el contexto nacional. En primer lugar, la derrota del proyecto opositor del PRD-COCEI a mediados de los noventa y la lucha entre dos grupos priistas dentro del PRI local. La derrota del PRD local –explicada en parte por la virulenta oposición del PRI nacional, que inyectó recursos a programas sociales, cooptó a dirigentes y ejerció una represión selectiva– terminó por dejar sin proyectos políticos a varios actores sociales locales –actores que, ante este vacío, trasladaron su alianza a grupos ligados al magisterio disidente. Por su parte, la pugna dentro del priismo local entre los grupos de Murat, Diodoro Carrasco y Ulises Ruíz abrió la posibilidad de otro tipo de transición política, ahora en alianza entre el PAN, el PRD y parte del priismo “modernizador” acogido en el partido Convergencia.[iv] Esta misma pugna fue factor en el enfrentamiento con el magisterio que derivó en el conflicto de 2006 y, eventualmente, en 2010 culminó con la victoria del candidato opositor al PRI, Gabino Cué, que ganó la gubernatura en alianza con los maestros.


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Radiografía de la Sección 22

La vida política de la Sección 22 se rige por un conjunto de “principios rectores” que le dan consistencia normativa al MDTEO y que evitan que las luchas internas den pie a la división de la organización o al retorno a las prácticas corporativas. Entre esos principios rectores, encontramos tanto que está prohibida la reelección de dirigentes y el involucramiento de partidos políticos en la vida sindical como vagas referencias a un pensamiento científico como base de la ideología sindical, que en algún momento fue una forma, no tan velada, de adscribirse al marxismo.[v] Son a estos principios rectores, expedidos en 1982 en el primer congreso estatal controlado por la disidencia, a los que los dirigentes y militantes de la Sección 22 acuden reiteradamente para justificar sus acciones.

La otra cara del éxito político y social del magisterio disidente ha sido su papel como aliado y participe dentro de organizaciones, algo que se manifestó, con toda claridad, en la fundación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto de 2006 y, más allá, en las alianzas con organizaciones como el Frente Amplio de Lucha Popular o el Frente Popular Revolucionario.[vi] Dadas estas alianzas, en las marchas en Oaxaca los límites entre la movilización magisterial y el apoyo de la membresía de las organizaciones sociales son borrosos.

Sin embargo, la Sección 22 ha sido la víctima de su propio éxito. El control sobre recursos y plazas del IEEPO ha propiciado espacios de corrupción dentro del sindicato y ha reducido el peso del compromiso ideológico como factor de la movilización política. El intento de la Sección 22 por controlar la posible corrupción de sus miembros solo ha alcanzado un nivel normativo y político, de dudosa eficacia. Además, la existencia de estos recursos ha disminuido la necesidad del sindicato de contar con el apoyo de las comunidades para actuar políticamente. Incluso en algunos casos, ante el constante desgaste por paros y movilizaciones, ciertas comunidades acudieron a maestros de la sección 59 para atender sus escuelas, abriendo un espacio más de conflicto social.


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Crónica de un conflicto anunciado

Para entender por qué ha escalado de intensidad recientemente el conflicto entre el magisterio y los gobiernos federal y local, hay que poner atención, primero, a la redacción y aprobación de la Ley estatal de educación como parte de las exigencias de la reforma educativa. Aunque el objetivo original de los actores políticos locales era negociar y “tropicalizar” la reforma educativa, incluyendo prudentemente al magisterio en el proceso, el restrictivo marco de la reforma y ciertos impulsos maximalistas del sindicato hicieron fracasar este intento. El magisterio fue inflexible en su rechazo a la reforma constitucional y, en ese contexto, el compromiso político era imposible. El MDTEO perdió por querer ganar todo, incluso al grado de orillar al gobierno estatal al campo de la reforma.

Pocos analistas –e incluso maestros– se han tomado el tiempo de leer en su totalidad el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) que la Sección 22 usó como base para su proyecto de Ley estatal de educación. Creo que incluso quienes lean el PTEO en la versión ampliada de cada uno de sus sistemas y programas, sin la información y el contexto del funcionamiento real de las instituciones de educación locales, seguirían sin entender sus alcances. Más allá del discurso comunitario y las difusas propuestas educativas que podrían sostenerse frente a la reforma educativa, lo importante era el poder concentrado en la administración y las plazas en el escenario que dejó la “Minuta de 1992”. Ese control sobre el sistema educativo no está en los altos puestos directivos, sino en lo operativo (jefes de sector, supervisores, directores) y en la fuerza del MDTEO para frenar cualquier intento del gobierno para colocar personal afín. Solo bajo esos supuestos se entiende por qué para el Estado mexicano era relevante el censo de profesores y escuelas, por qué todo el esfuerzo posterior por retomar “la rectoría de la educación”.

Por eso, cuando el gobierno federal y el estatal quisieron, a mediados del 2015, reducir el espacio de resistencia a la reforma educativa, el primer paso fue retomar el control administrativo del IEEPO y cortar las fuentes de financiamiento de la Sección 22. Esa operación se desarrolló exitosamente, pero fue fuertemente dependiente de la presencia de abundantes fuerzas de seguridad federales y fue implementada con una lentitud que, a mediano plazo, desembocó en la renovación de las movilizaciones en contra del nuevo “IEEPO”, luego del retiro de las fuerzas federales.

Para evitar que la CNTE recurriera a su conocida estrategia de movilización, el gobierno federal intentó cerrar la puerta a cualquier tipo de negociación que no implicara aceptar la reforma educativa y utilizó la fuerza pública para forzar la aplicación de las evaluaciones que demanda la reforma. Durante casi un año sus medidas de fuerza contuvieron la protesta, al tiempo que agudizaron el conflicto latente por la aplicación intransigente de la ley. Al final, sin embargo, ni siquiera los despidos a quienes acumularon faltas detuvieron el reinicio del ciclo de protestas. Los lamentables hechos en la Mixteca oaxaqueña el pasado 19 de junio ponen en entredicho la legitimidad y la viabilidad de la estrategia del gobierno federal.

Ante este conflicto,  algunos articulistas de la capital y de Oaxaca claman por la aplicación de la fuerza, la revancha contra los reductos hasta hace poco triunfantes del sindicalismo disidente. Del otro lado del espectro ideológico, la opinión pública de izquierdas ve claramente el regreso del autoritarismo priista en forma de discursos y acciones represivas disfrazadas de la defensa de la legalidad. Un debate de esta naturaleza nos exige preguntarnos si la reforma educativa y su implementación no se han convertido en un pretexto para el uso indiscriminado de la fuerza y la supresión de la disidencia. En ese escenario, es el Estado el que nos obliga a tomar partido: al situarnos en la disyuntiva entre defender a uno de los pocos sectores organizados independientes –con todo y sus fallas– o tolerar la progresiva erosión de nuestros derechos sociales y civiles por parte de un gobierno federal incapaz de respetarlos. En esas condiciones no es posible defender la intransigencia de la legalidad, si es que pretendemos que prevalezca la justicia.


Referencias

[i] Para una historia de los orígenes de la CNTE, véase: Luis Hernández Navarro, Cero en Conducta.Crónicas de la Resistencia Magisterial, ed. Paco Ignacio Taibo II, Luis Hernández Navarro y Salvador Vázquez, Para Leer En Libertad (México: Brigada para leer en libertad A. C.-PRD-DF, 2011).

[ii] Para el proceso de descentralización y sus efectos en el SNTE, véase: Aldo Muñoz Armenta, “El SNTE, la reforma del Estado y el cambio político”, en El sindicalismo mexicano frente a la reforma del Estado. El Impacto de la descentralización educativa y el cambio político en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 1992-1998 (México: Universidad Iberoamericana, 2005).

[iii] Para el contexto de la firma de la minuta en Oaxaca, véase: Víctor Raúl Martínez Vásquez, La educación en Oaxaca (Oaxaca de Juárez: IISUABJO, 2004), 49-50.

[iv] Para el contexto de la transición política y los grupos de interés locales, véase: Héctor Zamitiz Gamboa, “Oaxaca, 2010: alternancia local, emblema de una alianza política disímbola en un contexto de realineamiento electoral y sucesión presidencial.” Estudios Políticos 9, no. 23 (2011): 125-160.

[v] Marco Estrada Saavedra, “Disidencias y Connivencias. La Colonización del sistema educativo oaxaqueño por parte de la sección XXII del SNTE”, en Formas reales de dominación del Estado: perspectivas interdisciplinarias del poder y la política (México: Colegio de México, 2014), 119. y conversaciones del autor con profesores de la Sección 22 y funcionarios del IEEPO.

[vi] Para la historia de la APPO, véase: Marco Estrada Saavedra, El pueblo ensaya la revolución. La APPO y el sistema de dominación oaxaqueño (El Colegio de México, 2016).


Fotos del plantón del 2013 en la Ciudad de México: Eneas De Troya.

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