La tragedia de Topo Chico: entrevista a Layda Negrete

Los focos rojos llevaban años encendidos en el penal de Topo Chico. El motín del miércoles revela el fracaso absoluto de nuestro sistema penitenciario.

| Seguridad

La noche del miércoles murieron 49 reclusos en el penal de Topo Chico. Para entender el trasfondo de este hecho, que demuestra el estado crítico de nuestro sistema penal y penitenciario, conversé con la abogada Layda Negrete, quien es la coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa.


JC: ¿Qué problemas estructurales del sistema penitenciario permitieron que sucediera la tragedia de Topo Chico? 

LN: En las cárceles de México coexisten dos realidades: son a la vez lugares de mucha represión y de enormes privilegios, lugares con muchas violaciones a los derechos de algunos reos y donde se les permite a otros hacer lo que sea. Esto es posible solamente en un lugar donde hay mucha corrupción, donde las autoridades pueden conducirse de forma ilegal, y por lo mismo permiten la ilegalidad dentro de las cárceles. En México Evalúa nos gusta utilizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que produce la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La virtud de este diagnóstico es que valora a cada centro penitenciario con una metodología común, y esto luego nos permite comparar los rendimientos de cada caso. La cárcel de Topo Chico llevaba tres años reprobada, con una calificación incluso menor a la media nacional, que es de seis. Son esas llamadas de alerta las que te dicen que esto que acaba de ocurrir podía pasar. Este diagnóstico también hace un balance de lo que creemos que deben ser las condiciones de las cárceles en México: lugares donde se respeten los derechos de las personas y al mismo se tiempo garantice su seguridad (tanto interna como externa). Es decir: debe existir un proceso de detención y reclusión que a la vez no ponga a nadie en riesgo. Esto es justamente lo que se violó en Topo Chico, y prende una alarma nacional, porque esto se puede reproducir en los otros centros de reclusión en el país donde las condiciones no son tan distintas.

¿Qué relación tiene la fragilidad de nuestro sistema de justicia penal con los problemas del sistema penitenciario?

Varios. Uno de ellos es que en México se abusa de la prisión. Desde que entramos en una crisis de seguridad (debida, en parte, a la incapacidad de las autoridades para construir instituciones y procesos más sólidos), un recurso a la mano fue el de elevar las penas. Esto tuvo tres efectos: hizo que más gente entrara a la cárcel, durante más tiempo y por más razones. El sistema de prisión preventiva ocasiona que más personas que no tienen sentencia de condena entren a la cárcel. Entonces, en la medida en que estas cárceles son lugares de abuso, lo que estamos haciendo es exponer a más personas que posiblemente sean inocentes a ese sistema. Al mismo tiempo, no nos ocupamos de su reinserción. No se puede regresar de la cárcel a la sociedad con facilidad. Esa es la apuesta que se dio en México: no los vamos a incapacitar; los vamos a aislar para luego reinsertarlos. Pero en la medida en que abusas de la prisión, y en que la prisión es un lugar de abuso, haces muy difícil el proceso de reinserción.

¿Cómo dimensionar la tragedia de Topo Chico?

Si murieran cincuenta personas en una universidad hubiera sido un escándalo terrible, un drama nacional. Pero en el momento en que se habla de un motín entre personas en reclusión, la apreciación es distinta. Es como una degradación de las víctimas: se ve a los reos como personas de otra calidad. A mí esto me parece muy dramático. Sin superar estos prejuicios, creo que estamos lejos de vivir y entender un sistema penitenciario y un sistema penal que cumplan estándares democráticos. Si Topo Chico tuviera la media nacional de personas que están en la cárcel pero no tienen sentencia, cuarenta por ciento de sus reos estarían en espera de un juicio. Conociendo el contexto interno de las cárceles y lo que puede pasar, podemos decir que es una forma muy irresponsable de administrar un sistema de justicia.

¿Cuál es el papel de las autoridades en esto? ¿Por qué alguien puede cometer delitos dentro de una cárcel?

Hay varias teorías e hipótesis. Una es que esta situación de corrupción al interior de las cárceles está beneficiando a algunas autoridades federales. Porque lo que sucede ahí, que es increíble como laboratorio, es que cuando no puedes controlar la criminalidad en un espacio cerrado, completamente vigilado y bajo tu control, es porque extraes renta de esa anomalía. Las cárceles vistas así son como cajas chicas.

Lleva un año atorada en el Senado una ley que se llama Ley de enjuiciamiento criminal, que se discutió durante un año entre muchos actores –miembros de la sociedad civil, representantes de reclusos, autoridades penitenciarias, académicos, jueces– y cuyo proyecto balanceaba muy bien estos dos objetivos de los que hablaba. La tienen atorada, y esto en gran parte porque las autoridades federales argumentan que ellos prefieren pura mano dura, cuando esa mano dura es la que podrían ejercer ahorita ¿no? Pero lo que no quieren es un contrapeso a su papel en los procesos actuales de enjuiciamiento criminal. Y necesitas esos contrapesos, porque de otro modo se permiten los abusos que existen hoy. Pero la mano dura es de donde venimos. Y la verdad es que no vamos a tener un sistema carcelario y penitenciario moderno si no asociamos esos derechos con la seguridad, y por lo tanto tampoco vamos a tener un sistema de justicia penal moderno si no tenemos esos derechos.

¿Cuáles deberían ser los primeros cambios del sistema penitenciario?

Esta ley nos daría un buen marco. No sirve de nada tener policías a la deriva, sin control ciudadano. Esa ley está previendo que, ante cualquier abuso, los policías puedan denunciados. Los que llevamos tiempo en esto abogamos por los controles. Estamos hablando de lo básico del juego democrático.

(Foto: cortesía de Juanky Pamies Alcubilla.)

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