Las mujeres y la guerra contra drogas: el reflejo del sistema patriarcal

A diez años de la guerra contra las drogas es urgente reconocer sus efectos corrosivos en todas las poblaciones pero, particularmente, en grupos vulnerables como las mujeres.

| Género

 

It’s one of those rare moments in history where a paradigm shift is there for the making.

Joan Williams

La igualdad de género promueve, entre otras cosas, el derecho tanto de hombres como de mujeres al pleno disfrute de la ciudadanía política, civil y social. De esta manera, se convierte en un vehículo para el desarrollo humano y eleva los estándares de calidad de vida de las personas a través del acceso igualitario a oportunidades en diversos ámbitos de la vida pública y privada. En general, fomenta el trato equitativo de las personas frente a los poderes del Estado.

En la actualidad, esfuerzos de diversos actores han logrado avances significativos en la igualdad de género, sobre todo en términos jurídicos y normativos. Sin embargo, la persistencia de patrones socio-culturales –particularmente modelos basados en un sistema patriarcal– profundiza las desigualdades de género en términos económicos, sociales, de salud, educativos y de derechos básicos. Las vigencias de dichos modelos visibilizan la necesidad de involucrar en la cotidianidad las nociones de igualdad de género, justicia social y no discriminación. En este sentido, el fenómeno de las drogas no es la excepción.

A propósito de los diez años contra la guerra contra las drogas y en conmemoración del 8 de marzo, este artículo busca brevemente señalar algunos, de los muchos, impactos diferenciados en las mujeres en torno al fenómeno de las drogas.


Mujeres y el crimen organizado

El actual sistema internacional sobre política de drogas se rige bajo la premisa del prohibicionismo –que busca una “sociedad libre de drogas”–, y, para llevar a cabo dicha tarea en México, se ha emprendido una estrategia bélica denominada “guerra contra las drogas”, la cual criminaliza la producción, el tráfico, la venta y la posesión de ciertas drogas.

Por su propia naturaleza bélica, la guerra contra las drogas es sobre todo violenta,[1] una violencia que se intensifica por la impunidad de nuestro sistema judicial; la debilidad e incapacidad de nuestras instituciones municipales, estatales y federales; la militarización de la seguridad pública; la desigualdad económica del país; la falta de respeto y protección de las mujeres; y la falta de voluntad política para reconocer que ésta es una guerra fallida.

Así como muchos otros fenómenos, la guerra contra las drogas también es un fenómeno delineado por el sistema patriarcal, por el cual la población femenina afronta gran parte de las implicaciones de ésta política prohibicionista.

Manifestaciones de lo anterior son el uso de las mujeres como instrumentos de guerra por las organizaciones criminales. Se suele asesinar “a la mujer del otro” o bien se les utiliza como botín de guerra –mostrando el valor que se le otorga a la mujer como “una propiedad”– para dañar al grupo rival, o bien, para mostrar su superioridad al exhibir “mayor hombría”.

Por otra parte, las mujeres son atractivas para las organizaciones criminales también porque son utilizadas para realizar las labores inferiores de la cadena de narcotráfico, pues son quienes pasan más desapercibidas (ya que son consideradas como menos sospechosas según las expectativas de roles tradicionales, que señalan que las mujeres no suelen realizar actividades riesgosas y mucho menos criminales) como narcomenudistas, mulas (mujeres que usan su cuerpo para traficar pequeñas cantidades de drogas[2]), introductoras de drogas en prisiones, entre otros papeles más.[3]

Y ¿por qué las mujeres deciden involucrase en actividades en las cuales tienen mucho que perder –pues pueden ser encarceladas y castigadas por penas de delitos contra la salud desproporcionalmente altas– y por una remuneración a penas mayor que lo que les ofrece el mercado legal?

Muchas de estas mujeres, bajo la presión de satisfacer las necesidades básicas de su familia –en muchos casos son jefas de familia– y ante su precaria situación económica acceden a participar en el tráfico de sustancias ilícitas para obtener más dinero de forma ilegal y en un menor período de tiempo de lo que lograrían mediante la vía legal. De igual manera, muchas de las mujeres que deciden adoptar estas actividades son convencidas bajo la idea de que será un encargo rápido y fácil, sin ser advertidas de los riesgos y consecuencias que puede conllevar esta actividad;[4] y, en aquellas ocasiones, cuando las mujeres conocen las posibles consecuencias, la urgencia de satisfacer las necesidades de sus familias supera cualquier miedo ante el riesgo.[5] Asimismo, otras mujeres acceden a estas actividades ilegales debido a amenazas directas u otras formas de coerción por organizaciones criminales o por sus parejas o familiares que las toman como sujetos explotables y vulnerables.[6]

Las mujeres prisioneras por delitos de drogas son fácilmente reemplazables por las organizaciones criminales, además de que dichas organizaciones no resienten ninguna clase de impacto en su funcionamiento. De igual forma, en el caso de las mulas (actividad en la que se van involucrando cada vez más hombres en condiciones de vulnerabilidad[7]) son consideradas como “desechables” para las organizaciones criminales, pues un contexto de gran desigualdad representa un caldo de cultivo para estas organizaciones ya que hay más personas dispuestas a tomar las oportunidades –con los riesgos que éstas conllevan– que les ofrece el mercado ilegal de drogas.

En México el 80% de las mujeres que se encuentran en prisión están ahí por delitos contra la salud, y el 98.9% de estas mujeres no cuentan con antecedentes penales.[8] El perfil de estas mujeres es claro: jóvenes, jefas de familia, con niveles educativos bajos y de contextos bastantes precarios. La relación entre el gran porcentaje de prisioneras acusadas por delitos contra la salud y las políticas de drogas prohibicionistas y punitivas, se hila con los altos niveles de desigualdad económica, la falta de acceso a la justicia, salud y educación que existen en la región.[9] De acuerdo con las “Reglas de Bangkok”,[10] un considerable porcentaje de mujeres privadas de libertad se encuentran en la cárcel debido a consecuencias directas o indirectas de pobreza absoluta y/o discriminación[11].

Por otra parte, el propósito de la prisión adquiere una dimensión completamente distinta cuando la persona privada de la libertad es mujer, pues ellas pagan doble sentencia. Ser una prisionera es una experiencia doblemente estigmatizadora y dolorosa[12] pues se es “criminal” y “mala mujer”, ya que este estatus transgrede el concepto tradicional del rol de la mujer en la sociedad. El rechazo y la culpa que sufren las mujeres en prisión se vuelve extensivo. Es decir, no sólo afecta la vida de las prisioneras, sino también tiene impactos sobre sus redes sociales –siendo principalmente afectada la familia y particularmente lxs hijxs. Asimismo, ante el “crimen” de no haber cumplido con su rol femenino tradicional se busca la reformación de sus conductas delictivas –que se entienden como el resultado de emular las conductas masculinas– a través de actividades que refuercen y restablezcan su papel femenino tradicional.


Mujeres usuarias de drogas

La forma en que las mujeres consumen drogas –legales e ilegales– refleja las expectativas que la sociedad tiene sobre ellas. La estructura social ejerce influencia en cómo se consume, qué se consume y la forma en cómo se enfrenta el abuso del de drogas.

El uso de drogas por parte de las mujeres resulta contradictorio a las expectativas que se tienen sobre ellas y su rol. Una mujer que usa drogas no se le considera igual que si un hombre lo hace, pues se asume como “un comportamiento propio de su sexo”.[13] La mujer usuaria de drogas enfrenta mayores riesgos, tales como la violencia física, sexual y emocional por parte de la familia, la pareja, la sociedad y el Estado. El rechazo que resiente las mujeres usuarias de drogas, se debe a que su uso desafía los modelos femeninos tradicionales dentro de la organización social. Además, el uso de sustancias ilegales por parte de las mujeres provoca un mayor grado de sanción social sobre ellas, que tiene como resultado la fabricación de la imagen de una mujer fuera del orden social o desviada completamente de su rol y con una deficiencia moral, criminal[14] y “adicta a las drogas”.

Por otra parte, las mujeres usuarias de drogas difícilmente se ven representadas en estrategias de prevención, en programas de reducción de riesgos y en tratamientos para el abuso de sustancias que satisfagan las necesidades particulares de las mujeres; esto es porque el uso de drogas se le considera como una unidad homogénea dominada por una perspectiva masculina, asumiendo las mismas interpretaciones y respuestas tanto para hombres como para mujeres, ignorando por completo las diferencias entre cada población de consumo y sus contextos.

El estigma social y las políticas punitivas que criminalizan y discriminan a las usuarias de drogas reducen las probabilidades de que las mujeres tengan acceso a servicios de salud integral. Las actitudes hostiles derivadas del estigma hacia las mujeres usuarias, alientan el abuso sexual y físico –regularmente por parte de la pareja o personas cercanas a ellas–, lo cual envía el mensaje a la sociedad que ellas se han vuelto sujetos no merecedores de respeto. En muchas ocasiones, algunas mujeres usuarias de drogas tras largas exposiciones a la discriminación, a la violencia emocional, física y sexual, y al estigma social, comienzan a aceptar que merecen ese tipo de tratos.[15] Consecuencia de esto, es poca voluntad de las mujeres de buscar apoyo y de reportar abusos que se hayan cometido en contra de ellas.

Ante la imputación que se le da a la mujer usuaria de drogas ilegales, las mujeres han mostrado una inclinación por el uso y abuso de drogas legales –tales como el alcohol y los medicamentos prescritos. La preferencia sobre estas drogas se debe a que son drogas legales –de ahí su aceptación social– y son comúnmente usadas en la sociedad, lo cual les asegura menores probabilidades de ser estigmatizadas y rechazadas por ser percibidas como mujeres con deficiencias morales. Particularmente los medicamentos prescritos se acercan más a lo que se espera del rol tradicional de la mujer, es decir, una persona pasiva, dependiente, obediente –que no desafía o cuestiona el sistema patriarcal. De igual forma, dichos medicamentos congenian con patologías inespecíficas propias de las mujeres –en muchas ocasiones dichas “patologías” son muestras de las presiones que sobrecargan física y emocionalmente a las mujeres, quienes buscan compatibilizar los roles del modelo tradicional femenino con la búsqueda del desarrollo y las potencialidades personales, pero que finalmente se ven sometidas por un sistema rígido que condiciona los roles y los comportamientos de las personas según su género.[16]

A diez años de la guerra contra las drogas es urgente reconocer sus efectos corrosivos en todas las poblaciones pero, particularmente, en poblaciones vulnerables, como es el caso de las mujeres. Estos efectos negativos del prohibicionismo de drogas concentran su epicentro en la persistencia de patrones socio-culturales determinados por un sistema patriarcal, el cual limita el pleno desarrollo de las mujeres y es más, contrariamente, lo obstaculiza a través de la exclusión y discriminación, que conlleva a la vulnerabilidad de las mujeres ante las organizaciones criminales, la sociedad, las instituciones y el Estado.

Sin duda, nos encontramos en un momento coyuntural que nos obliga a alzar la voz ante la invisibilización de la violencia contra las mujeres –en todas sus formas y dimensiones– y en contra de toda la población en aras de cumplir una política fallida como lo es y ha sido la guerra contra las drogas. ¡Regulemos YA!

(Foto: Josué Goge.)


Notas y referencias

[1] En México, uno de los efectos de diez años de guerra contra las drogas ha sido el alza de la violencia, manifestado en el aumento de la tasa de homicidios (pasando de 8,1 por cada 100 mil habitantes en 2006 a 23.7 por cada 100 mil habitantes en 2011), lo cual ha significado el estancamiento de la esperanza de vida en hombres mexicanos. Galindo, C., Gómez, M., Zepeda, R. y Castellanos, N. (2017) Seguridad Interior: elementos para el debate. Temas estratégicos, No. 39, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Disponible aquí.

[2] Mares, Andrea (2011), “The Rise of Femicide and Women in Drug Trafficking. Council On Hemispheric Affairs”. Disponible aquí.

[3] Giacomello, Corina (2010), “Historias de droga, mujeres y prisión en México”. Disponible aquí.

[4] Op. Cit. Mares.

[5] WOLA (2010), “New Study Reveals Alarming Pattern in Imprisionment for Drug Crimes in Latin America”. Disponible aquí.

[6] Pieris, Nischa (2014), “Mujeres y Drogas en las Américas: Un diagnóstico de política en construcción”. Organización de los Estados Americanos.

[7] Las organizaciones criminales han identificado el perfil adecuado para que acepten el gran riesgo de la actividad: personas en condiciones de miseria, o gravemente enfermxs, que no cuentan con recursos para acceder a tratamiento y/o medicamentos, o por dejar “algo” para sus hijos aceptan convertirse en mulas.

[8] Pérez-Correa, Catalina y Azaola, Elena (2012) Resultados de la Primera Encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social. CIDE

[9] Banco Mundial, Desigualdad en América Latina y el Caribe ¿ruptura con la historia?.

[10] Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres en prisión y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes.

[11] Penal Reform International (2013), UN Bagnkok Rules on women offenders and prisioners: Short Guide. Penal Reform International. Disponible aquí.

[12] Antony, Carmen (2007), “Mujeres invisibles: las cárceles femeninas en América Latina”. Nueva Sociedad, No. 208, pp. 74 -85.

[13] Romo, Nuria, “Género y uso de drogas: La invisibilidad de las mujeres”. Disponible aquí.

[14] Dicha percepción de criminalizar a las personas usuarias de drogas, parte de las políticas prohibicionistas y represivas en contra del usuarix, ya que por lo general existe un prejuicio que liga el consumo de sustancias ilegales con conductas delictivas o “inmorales”.

[15] Open Society Justice Iniatiave, Mujeres y prisión preventiva: presuntas inocentes sufriendo castigos anticipados y abusos.

[16] Dichas patologías inespecíficas representan una peculiaridad poco cuestionadas que terminan siendo tratadas con psicofármacos, ya que son diagnosticadas como ansiedad y trastornos mentales, es decir una “tranquilidad recetada”. Diversos estudios demuestran que las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres, de que se les recete medicamentos (55%), estos pueden llegar a usarse con propósitos no médicos. UNDOC (2011), The non-medical use of prescription drugs. United Nations. Disponible aquí.


Agradezco a Aram Barra y a Cecilia García que en su momento me alentaron y ofrecieron su guía para adentrame en el tema.

Artículos relacionados