Los retos y el futuro de la paz en Colombia

Aunque tardado y todavía endeble, el proceso de pacificación de Colombia ofrece importantes enseñanzas para todo el continente.

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El pasado 23 de junio fue un día histórico para Colombia, o lo será cuando el acuerdo de paz sea firmado finalmente en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras más de sesenta años de conflicto armado. Ese día, mirarse a la cara entre colombianos era mirar a la cara de la esperanza. En La Habana, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC-EP, Timochenko (como es conocido Rodrigo Londoño Echeverri), iban a anunciar ese día el acuerdo bilateral y definitivo sobre el cese al fuego, las hostilidades y la dejación de armas de la guerrilla (CFHBD y DA). Más allá de la comprensión racional que ese anuncio tenía, para los colombianos, que en su gran mayoría nunca han vivido en paz, hubo algo mucho más profundo que se les movió dentro: la esperanza de ver el “último día de la guerra”. Ese día, en pleno centro de Bogotá, se instaló una pantalla gigante para ver en directo el anuncio que tuvo lugar a las 12 en punto. Las caras de la gente eran de alegría; los colores y el blanco de la paz lo llenaban todo. Y esa esperanza también se veía en las redes sociales, llegando incluso a sectores que hasta ese día habían sido reacios al proceso de paz. Gente que no creía en que las FARC-EP fueran realmente a acordar un camino a la paz y gente para quien el Estado siempre ha sido una forma de represión y dominación.

Dicho anuncio fue, sobre todo, un gesto de confianza, que no se dio tanto entre las partes como de éstas hacia la sociedad. Al parecer, ahora sí mucha gente empieza, así sea de manera moderada, a creerle a la paz. Así lo señalan las encuestas más recientes de Gallup, dadas a conocer luego de la firma de este acuerdo: el 50% cree que las negociaciones van por buen camino, frente a un 44% que piensa que van por mal camino. Éste es un cambio importante frente a las últimas dos mediciones hechas antes del acuerdo en las que la desaprobación se imponía de manera clara (57% y 66%, respectivamente).


¿Qué es lo que se acordó en La Habana?

Ese día se anunciaron tres acuerdos: uno sobre el mecanismo de refrendación, otro sobre el cese definitivo al fuego y la dejación de armas de ambas partes y otro sobre las garantías frente al paramilitarismo. Los dos últimos acuerdos, con contenidos diferentes, están irremediablemente unidos, en un país asolado por la violencia y la persecución contra los movimientos sociales y políticos de oposición.

Vale la pena señalar, a manera de aclaración, que se ha hablado ya de un cese bilateral de facto, pues desde que el grupo insurgente anunció un cese unilateral en mayo de 2015 –decisión que fue respaldada por el gobierno con el anuncio del cese de bombardeos a campamentos de la guerrilla en julio de ese año–, las estadísticas de acciones militares de ambos bandos se han reducido casi a la mínima expresión. Según datos recogidos por la Veeduría social al cese al fuego, formada por organizaciones sociales, así como del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), desde que iniciaron estas medidas el 20 de julio de 2015 no se registró ningún evento violatorio de los compromisos adquiridos de ninguna de las dos partes. Así, los niveles de violencia relacionada directamente con el conflicto (víctimas y combatientes muertos o heridos) han sido los menores en 52 años.

El acuerdo sobre CFHBD y DA propone, básicamente, los mecanismos, la hoja de ruta y el cronograma a seguir para que cese definitivamente la confrontación armada, la dejación de armas de las FARC y la reincorporación de sus miembros a la vida civil. En primera instancia, para el CFHBD se tienen unos principios clave sobre los que funcionará: cinco días después de declarado el cese definitivo, las estructuras de las FARC se movilizarán hacia 8 campamentos y 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), espacios ubicados de común acuerdo por ambas partes en el territorio nacional a los cuales no podrá ingresar por ningún motivo la población civil durante 180 días. En esos espacios los miembros de las FARC se prepararán en lo político, económico y social para retornar a la vida civil. Una vez que las ZVTN hayan empezado a funcionar, el proceso de dejación de armas también empezará a operar. Esta será una operación gradual, en la que todo el armamento será abandonado por etapas, durante cinco meses y entregado para la construcción de monumentos a la paz. Ambos procesos serán verificados y monitoreado por el gobierno colombiano, las FARC-EP y la misión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrado principalmente por miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

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Otro de los acuerdos que fue firmado el pasado 23 de junio es el referido a las garantías de seguridad y lucha contra organizaciones consideradas sucesoras del paramilitarismo. Aunque no se le ha dado mucha relevancia en la escena pública, se trata de un acuerdo crucial, pues aborda medidas concretas para hacer frente al que ha sido considerado por las FARC-EP como el principal obstáculo para la paz. Y esto no es casual: la presencia y el accionar paramilitar se mantienen en todo el país; según la organización el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre enero de 2014 y septiembre de 2015 se habían registrado al menos 14 estructuras narco-paramilitares en 338 municipios del país. Además, y más importante, los grupos sucesores del paramilitarismo[1] son los principales responsables de las agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos: de los 682 defensores agredidos recogidos por el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH) para 2015, los grupos paramilitares son responsables del 66% de los hechos. Esta continuación de su accionar hace temer que, en esta ocasión, como ya sucedió con la desmovilización de otros grupos guerrilleros colombianos en el pasado, como el M19 o el EPL, se dé una nueva ola de agresiones y asesinatos contra quienes se desmovilicen tras la firma del acuerdo final en La Habana.

Conseguir un acuerdo satisfactorio para las partes en la lucha contra el fenómeno del paramilitarismo, que incluya a quienes lo financian, era una necesidad fundamental para que las FARC-EP aceptaran dejar las armas. Este acuerdo parte de dos principios fundamentales: la necesidad de garantizar, respetar y promover los derechos humanos y la necesidad de fortalecer el Estado democrático, con el monopolio de las armas y el funcionamiento efectivo de la administración de justicia, todo ello garantizando un enfoque territorial y de género. Este acuerdo, que hace parte del punto tres de la Agenda de negociaciones (Fin del Conflicto), está también estrechamente relacionado con el punto dos de participación política, desarrollando varias de las disposiciones que fueron acordadas en aquél, y con el punto cinco de víctimas. En primer lugar, se promoverá un Pacto Político Nacional, con la participación de todos los sectores sociales, para luchar contra el fenómeno del paramilitarismo y llevar a cabo reformas legislativas encaminadas a incorporar en la Constitución la prohibición del paramilitarismo en todas sus dimensiones y asegurar su cumplimiento. Además, se crearán varias entidades nuevas, como una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene por objetivo diseñar y dar seguimiento a la política pública en materia de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y aquéllas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. Igualmente, se creará una Unidad Especial de Investigación, que hará parte de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía y tendrá por objeto la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Dentro de la Policía Nacional se creará también un Cuerpo de Élite especializado en la lucha contra este tipo de organizaciones. Igualmente se creará una instancia de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales objeto del acuerdo, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, que ya ha venido haciendo este trabajo desde hace más de quince años a través del Sistema de Alertas Tempranas, dándole más autonomía a la nueva instancia.

Además, partiendo del hecho de que muchas empresas de vigilancia seguridad privada tienen una estrecha relación con las estructuras paramilitares, el acuerdo contempla revisar la regulación sobre este tipo de entidades, así como fortalecer las actividades de control sobre las mismas y la posibilidad de sanciones contra aquellas que mantengan vínculos con el paramilitarismo.

El último aspecto abordado es el que tiene que ver con la prevención de la llamada “parapolítica” y la corrupción que ha permeado el poder político, sobre todo local y regional; se contemplan algunas medidas relacionadas con esto, como la exigencia de mayor transparencia y control sobre los cargos públicos.

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Un mes después de ese triple anuncio, el 24 de julio, se hizo público el comunicado conjunto de la Subcomisión de Género, que desde septiembre de 2014 y liderada por María Paulina Riveros, por parte del gobierno, y Victoria Sandino, por parte de las FARC-EP, había venido trabajando en propuestas para la incorporación del enfoque de género en los acuerdos. La creación de esta comisión es histórica, ya que es la primera vez que se crea un grupo de este tipo en un proceso de negociación de paz; en su trabajo, la subcomisión acompañó el proceso de negociación de los puntos cinco (Víctimas) y tres (Fin del conflicto), acuerdos que ya incorporan de manera detallada el enfoque de género.

El actual comunicado hace referencia a el acuerdo de incluir de manera prioritaria algunas medidas concretas en materia de género en los otros tres acuerdos que fueron firmados previo a la conformación de la subcomisión, es decir: la Reforma rural, de Participación política y la Solución al problema de las drogas ilícitas; las propuestas acordadas giran en torno a ocho ejes temáticos: acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetos políticos; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y el movimientos LGTBI para su participación política y social y sistemas de información desagregados.

Estas medidas concretan las referencias que en los acuerdos hay a la aplicación del enfoque de género e implican un paso hacia adelante en las demandas que históricamente las mujeres y la población LGBTI han venido realizando en los procesos de paz; en Colombia, especialmente las mujeres, son un gran número de víctimas y también de combatientes (aproximadamente el 40% de las FARC-EP), y desde ambos lugares han venido trabajando convencidas por la construcción de paz. El abordaje de los temas de género en La Habana se convierte en un ejemplo que puede servir de apoyo para su inclusión en otros procesos de paz.


¿Qué se viene en el futuro cercano y a mediano plazo?

Aunque el acuerdo final parezca inminente porque la casi totalidad de los puntos de la agenda ya han sido resueltos, desde el comienzo el gobierno señaló que, para que los acuerdos tuvieran validez, la única opción posible era que los colombianos los aprobaran a través de un mecanismo de refrendación popular. En principio, las FARC propusieron una asamblea constituyente que permitiera reformar la carta política para darle total legitimidad a los acuerdos. Sin embargo, el gobierno fue reacio y en su lugar se habló de un referendo, una consulta popular o un plebiscito. Al final se escogió éste último cuando el Senado y la Cámara aprobaron el proyecto de ley en noviembre de 2015 y posteriormente las FARC afirmaron que se acogerían al mecanismo que la Corte Constitucional escogiera como el más acertado. En ese orden de ideas, los colombianos votarán “Sí” o “No” a la totalidad de los acuerdos.

La propia Constitución señala que el plebiscito es un instrumento que le da voz al pueblo para pronunciarse sobre una iniciativa que emana directamente del presidente. Por ello, si el plebiscito es aprobado, vincula políticamente pero no en lo jurídico, lo cual quiere decir que obliga al presidente (pero no a las demás ramas del poder público) a tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimento. Al final, la Corte Constitucional avaló, en julio, que fuera el plebiscito el mecanismo escogido. La Corte, argumentando que era un caso excepcional, redujo el umbral de aprobación de la mitad del censo electoral (aproximadamente unos treinta y dos millones de votantes) a un 13%, argumentando que la Constitución no fija un umbral y que “además resulta razonable en términos del principio democrático”.

Ahora bien, las implicaciones políticas de estos acuerdos son un capítulo aparte en esta discusión, pues representan, sin lugar a dudas, un juego muy calculado y estratégico de reacomodación del espacio de las alternativas políticas partidistas y de preguntas acerca de posibles cambios futuros en la correlación de fuerzas.

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Por supuesto, para todos los espacios del espectro político se despiertan dilemas pero es en la izquierda que se despertarán más inquietudes. ¿Cómo y en qué condiciones recibir en la izquierda al movimiento político que se desprenda de las FARC y sus excombatientes y miembros?

En primer lugar, la izquierda colombiana –como otras del continente– se ha caracterizado por su incapacidad para superar fragmentaciones, diferencias ideológicas y personalismos mínimos y crear un movimiento político amplio, en el que distintas vertientes se vean representadas. Probablemente, el único intento sólido en Colombia que tuvo posibilidades de convertirse en alternativa de poder fue la Unión Patriótica (UP), cuyos militantes fueron perseguidos, siendo asesinados cerca de cinco mil de sus militantes. Después de esa experiencia, los intentos para lograr un grupo político fuerte y consolidado, que pueda verse como una alternativa real a los partidos tradicionales, suele diluirse con facilidad por discrepancias internas.

Las FARC-EP han planteado que crearán un partido o movimiento político para el paso a la legalidad de sus integrantes y de sus propuestas políticas. Pero algunos sectores de la izquierda y centro-izquierda se muestran muy reacios a trabajar conjuntamente con este nuevo actor. Por ejemplo, el Polo Democrático Alternativo, principal partido de la izquierda, que ha sido siempre reacio a la “combinación de todas las formas de lucha”, se muestra dividido internamente en este sentido. Algunos de sus miembros, incluida su expresidenta, la ahora Ministra de Trabajo, Clara López, ya han dicho que, si bien celebran y dan la bienvenida a la insurgencia a los canales democráticos de la política, no pretenden servir de pista de aterrizaje al movimiento insurgente. Otro de sus hombres fuertes, el senador Jorge Enrique Robledo, ha tenido una postura aún más categórica en este sentido. Por otro lado, el senador por ese mismo partido y otra de sus cabezas visibles, Iván Cepeda, señaló que al interior de ese grupo político no se descartan futuras alianzas.

Rodolfo Arango, reconocido profesor universitario y exmilitante de esa colectividad, señaló hace poco en una entrevista para el El Espectador que dentro del Polo también se baraja la posibilidad de la conformación de un Frente Amplio con miras a las elecciones de 2018 que incluya, además de dicho partido, a otros movimientos sociales y políticos de carácter campesino y territorial, la llamada “otra Colombia” que no vive en las ciudades, como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, el histórico Partido Comunista y la colectividad que surja del desarme de las FARC. A dicho movimiento se han mostrado favorables incluso algunos políticos de colectividades más de centro, como la Alianza Verde, por lo cual podría constituirse en una alternativa con posibilidades relativamente verosímiles de pelear por escaños en el Congreso y posicionar un posible candidato a presidente que responda a las demandas de una izquierda plural.

El centro y la derecha se reflejan en dos sectores diferenciados según su postura respecto al proceso de paz; por un lado, aquellos que apoyan el proceso de paz con las FARC-EP, representados en el presidente Santos y, por otro, los que se han caracterizado por una oposición sistemática al mismo, cuyo máximo referente es el expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Entre estos dos sectores se da también una batalla por quién encabeza el sector del centro-derecha para las próximas elecciones. Todas las posibilidades ponen como esa primera opción a su actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien paradójicamente ha mostrado un apoyo más que discreto al proceso de paz.

En cuanto a la férrea ultraderecha comandada por Uribe Vélez, su posición futura no parece otra que el endurecimiento de la actual, el total rechazo a todos y cada uno de los puntos de unos acuerdos que han calificado repetidamente de “piñata de impunidad” y, de forma incomprensible, de entrega sin remedio del país al terrorismo y el “castro-chavismo”. Uribe y sus seguidores (el Procurador General, miembros de gremios ganaderos y terratenientes y algunos medios de comunicación), en algunas de sus últimas apariciones públicas, hablaron de lo que ellos consideran es la ilegitimidad del mecanismo de refrendación, denunciaron supuestas prácticas tramposas en la aprobación del plebiscito por parte de la Corte Constitucional y la “gravedad de los acuerdos de la Habana”. A medida que los compromisos de paz de ambos bandos han ido haciéndose reales, esta derecha opuesta al proceso de paz se ha ido quedando políticamente sola en su extremismo y han perdido apoyo social.

La cercanía de la firma del Acuerdo Final y la Dejación de Armas (DA) por parte de la guerrilla de las FARC-EP también acerca a los fantasmas del pasado y los temores de las comunidades, organizaciones y partidos y movimientos políticos democráticos en el país. El genocidio de la Unión Patriótica y los antecedentes de lo sucedido tras anteriores procesos de paz, hace temer nuevas agresiones y asesinatos hacia el nuevo partido o movimiento político que surja de la dejación de armas de las FARC-EP, pero también hacia las comunidades y organizaciones sociales. Especialmente en las zonas rurales que han tenido presencia histórica de esta guerrilla, donde el Estado nunca ha llegado y aquélla actuó como Estado, la retirada de las FARC-EP deja un “vacío de poder” que probablemente será cubierto por otros actores armados, posiblemente grupos paramilitares, ligados al tráfico de drogas y de armas; las comunidades temen entonces una ola de violencia contra ellas, como ya ha venido pasando en algunas regiones con estas características (un ejemplo es el municipio del Bagre, en Antioquia). También en algunas partes muy estigmatizadas donde la población ha sido señalada como colaboradora de la guerrilla y donde el Estado no ha entrado prácticamente por mucho tiempo, el Ejército recientemente ha empezado a llegar, dándose abusos del mismo sobre la población (tal es el caso de la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Basillas, como pudo recoger la denuncia hecha por el CPDH-Seccional Huila en junio de este año).

Igualmente, el otro gran temor está relacionado con las ZVTN; la presencia en éstas de la guerrilla durante los 6 meses que estarán vigentes, hará probablemente que los grupos paramilitares se vayan acercando a las mismas, preparándose para atacarlos cuando desaparezcan los mecanismos de protección que se han previsto para las zonas. La convicción de que esos actores buscarán asesinar y perseguir a los ex combatientes una vez terminadas las ZVTN, sumado a que éstos quedarán desarmados una vez se haya concluido el proceso de dejación de armas (también a los 6 meses), hace temer que estas zonas serán precisamente los lugares en que se concentren los ataques; además, como los procesos de estigmatización de la población como “guerrillera” hace temer que las propias comunidades sean objeto de sus ataques. Estas y sus organizaciones están solicitando, al menos, una extensión de la presencia de la Misión de la ONU que participará en el monitoreo y verificación de las ZVTN y la dejación de armas, ya que la presencia internacional ofrece unas mínimas garantías y da confianza, cosa que no ocurre con el Estado colombiano, especialmente con la Fuerza Pública.


Police scort coca erradicators during a working day of manual eradication in Taraza , Colombia, Tuesday, June,17, 2008. Guarded by police officer more than two hundred peasants are eradicating coca crops in the region.(AP Photo/William Fernando Martinez)

Los retos que siguen

Pero, más allá de las preocupaciones de seguridad, la sociedad civil y sobre todo las víctimas enfrentan grandes retos. La implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera no serán fáciles. Por un lado, el Estado colombiano se ha caracterizado por las dificultades para hacer efectivas incluso las propias normas que aprueba directamente. Además, algunos de los puntos se van a enfrentar a la oposición de algunos sectores sociales; tal es el caso del reparto de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos o las reformas para democratizar el sistema político. Otros puntos parecen ser entendidos de formas opuestas por el gobierno y las FARC, como pasa con los programas de acceso a la tierra, de desarrollo de las zonas rurales y de garantías para la población campesina (esta ni siquiera es reconocida como campesina por el Estado); en este sentido, el gobierno ha venido aprobando leyes y propuestas dirigidas a la transformación del campo en un sentido agroindustrial, con presencia fuerte de empresas multinacionales y monocultivos (este modelo se refleja en la reciente Ley ZIDRES – Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social); frente a ello, las FARC proponen el modelo defendido por las organizaciones campesinas que va encaminado a la protección de los territorios y las formas de vida campesinas, garantizar la soberanía alimentaria, las semillas y la producción sostenible y agroecológica (este modelo se refleja en las Zonas de Reserva Campesinas y los territorios agroalimentarios).

Para las comunidades que han sido profundamente afectadas por el conflicto durante más de cincuenta años, recuperar la confianza en el otro, acabar con los señalamientos y la estigmatización y comenzar a construir de nuevo proyectos de vida comunitarios es sin duda el gran reto; la convivencia y la capacidad de poner fin a los enfrentamientos del pasado irán construyendo poco a poco, con muchas dificultades y a muy largo plazo, la reconciliación. Para las víctimas, conocer la verdad y obtener justicia, para a partir de ahí poder comenzar a perdonar es también un horizonte; aunque muchas no quieren ni pueden hacerlo, la efectividad o no del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición será clave para que un perdón sin olvido se pueda dar. La construcción de paz en Colombia se vive no solo en la escena pública, sino también en la recuperación de las relaciones personales, entre vecinos y vecinas, en cada lugar perdido del país donde las diferentes violencias se enquistaron.

Pese al optimismo y las ganas de construir que se reflejaron en el hashtag #elultimodiadelaguerra, tenemos que recordar que ésta no se acabará, al menos por ahora. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla más pequeña con un discurso político fuertemente centrado en la actualidad en torno al derecho al territorio frente al extractivismo, sigue vigente; en abril de este año, el Gobierno y el ELN hicieron público que habían llegado a un acuerdo sobre la agenda de negociación y que comenzarían entonces la fase pública de su diálogo. Pero esto no pasó: el Gobierno añadió posteriormente nuevas exigencias, como la liberación de los secuestrados por parte de esta guerrilla, a lo que ésta no ha accedido; ceder ante la imposición de las nuevas exigencias implicaría una muestra de debilidad del ELN. Por parte del gobierno, la presión de los sectores opuestos a la paz y a la negociación con el ELN ha llevado a que el presidente, que parece ahora el abanderado de una paz completa, ceda ante una de las exigencias históricas de esos sectores que tiene que ver con los secuestros. Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, vienen impulsando iniciativas de apoyo al proceso de paz con el ELN, como la invitación a que esta guerrilla se sume al cese al fuego bilateral. Para que podamos hablar de paz, necesitamos acuerdos también con el ELN, que además abordan los puntos que quedaron fuera del acuerdo con las FARC-EP. Para que nunca más las armas silencien la política y para que la sociedad colombiana abra de verdad las puertas a todas las formas de pensamiento político y social, deje atrás la intransigencia y acepte las transformaciones sociales que permitan a todos y todas las colombianas sentirse parte de un mismo país.


Nota

[1] Oficialmente los grupos paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006, con el proceso de justicia y paz, que fue firmado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia, que agrupaban en ese momento a casi todos los grupos paramilitares del país. Sin embargo, este proceso ha sido considerado por las organizaciones de derechos humanos como un fracaso, pues muchos de quienes se desmovilizaron pasaron a formar nuevos grupos o a integrarse en los que se crearon, que siguen operando con patrones similares a los de las AUC; a modo de ejemplo: alias Otoniel, jefe del actual Clan Úsuga, principal grupo paramilitar actual, se desmovilizó en el proceso de justicia y paz, según datos de la propia Fiscalía General de la Nación.


Fotos: cortesía de Juan Pablo GonzálezAgencia Prensa RuralPedro SzekelyCamilo Rueda López y Policía Nacional de los colombianos.

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