México y Estados Unidos: dos historias del salario mínimo

Mientras en otros países el salario mínimo ha aumentado, en México ha mantenido su nivel, en detrimento de los trabajadores. Este rechazo al incremento se debe meramente a cuestiones ideológicas, a una franca comodidad con la desigualdad.

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Hace apenas unos días el senado del estado de California y una orden ejecutiva del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, elevaron el salario mínimo hasta los 13 y los 13.13 dólares por hora, respectivamente, con lo que estos lugares se unen a una ya nutrida lista de ciudades y estados que han decidido implementar una política de recuperación salarial.

En contraste, en México el tema de los salarios mínimos se encuentra estancado, tanto en su poder adquisitivo –que hoy es menor en 75% al que llegó a tener en la década de los setenta– como en los términos y contenidos de la discusión.

¿Por qué en Estados Unidos se han dado estos pasos y en México no?

La respuesta tiene tres elementos muy claros. El primero es un factor de la economía política: la disminución del poder de negociación de los trabajadores (fenómeno común en ambos países). Segundo, la utilización del salario mínimo como elemento de contención de la inflación en México, desde la década de los años ochenta. Tercero, la toma de conciencia en Estados Unidos sobre la magnitud de la desigualdad, sobre todo a partir de los sucesos de la crisis financiera de 2008. Este último factor le dio voz política a las demandas sociales de una mejora en las condiciones económicas de la mayoría de la población estadounidense, mientras que en México no logró obtener fuerza política en la discusión pública.

La dinámica de la globalización económica y de la desregulación de los mercados laborales tiene mucho que ver en el primer punto. En México la reforma laboral, lejos de darle dinamismo al mercado laboral, lo hiperflexibilizó, y con ello lo volvió más precario. Desde 2012 la mayoría de los empleos creados son de entre uno y dos salarios mínimos, mientras que los que se han perdido han sido de más de cinco salarios mínimos. Esto es posible, en buena parte, porque la mayor parte de la fuerza laboral del país no pertenece a sindicatos, y los pocos sindicatos que existen rara vez funcionan en representación de los intereses de los trabajadores. En Estados Unidos la fuerza laboral también se ha visto afectada por la búsqueda de flexibilización. Sin embargo, ha sido capaz de resistirla de mejor manera por la fortaleza de sus sindicatos y el respeto a los derechos laborales.

Pasando al siguiente punto, México es un país que continuamente se encuentra bajo el temor de que se repitan los episodios de elevada inflación de hace ya treinta años. Las autoridades fiscales y monetarias del país han encontrado en el salario mínimo un mecanismo fácil para anclar las expectativas inflacionarias del país en pro de la estabilidad macroeconómica. Además, en México, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la discusión sobre el tema del salario mínimo tiende a operar en el terreno ideológico, más que en el económico. Es un tema que se suele eliminar de la discusión pública bajo dos argumentos: el de la inflación y el de que los salarios mínimos incrementan el desempleo (este último resultado de la simplificación de modelos económicos de oferta y demanda laboral de nivel introductorio).

En el caso de Estados Unidos, el debate se ha dado más bien en un terreno económico y empírico. Un gran número de estudios realizados por economistas como Alan B. Krueger, David Card, Arindrajit Dube y William Lester, entre muchos otros, han demostrado que el incremento del salario mínimo no tiene efectos significativos sobre la inflación, además de que no solo no aumenta el desempleo sino que incluso puede llegar a disminuirlo.

México, en este sentido, se ha caracterizado por una discusión empírica muy pobre. Los pocos trabajos que existen al respecto, como el de Raymundo Campos, Gerardo Esquivel y Alma Santillán (2015), no encontraron efectos negativos en términos de precios o empleo. Incluso simulaciones como la de Raymundo Campos (2015) identifican efectos positivos si se incrementa el salario mínimo, como la disminución de la pobreza laboral e incluso una leve disminución en la informalidad. Tristemente, los escasos esfuerzos de investigación que se han realizado en este sentido no han logrado adquirir suficiente fuerza en la discusión pública y ejercer mayor presión política a favor de un alza salarial.

Por último, está el tema de la desigualdad, quizás el factor decisivo en la determinación de mejoras salariales en Estados Unidos. En 2008 el ciudadano estadounidense promedio se dio cuenta de que su ingreso no había crecido durante muchos años, a diferencia del ingreso de un pequeño grupo de la población, incluso durante la crisis. Tal toma de conciencia se transformó en una enorme presión social para controlar los crecientes niveles de desigualdad, dando legitimidad política a demandas sociales como la de un mayor salario mínimo.

En México esto no ocurrió de la misma manera: aquí hemos estado demasiado cómodos con la desigualdad, somos demasiado tolerantes con ella. La precariedad del salario mínimo es impactante, y aún así la demanda de incrementarlo no cuenta con un respaldo social generalizado. Hoy el salario mínimo garantiza que aquel que lo reciba viva en la pobreza, pues no alcanza para rebasar la línea de bienestar urbano.

Para poner en contexto la magnitud de su pérdida de valor: si el salario mínimo hubiera continuado creciendo desde los años setenta sin interrupción alguna, su valor hoy sería de poco más de 11,000 pesos –esa cifra es la que recibe hoy en promedio una persona graduada de la universidad, lo que nos habla de la enorme contención salarial y de cómo las mejoras en la productividad y la acumulación de capital humano no se han visto reflejadas en una mejor remuneración.

Una forma de ilustrar lo absurdo que es que no demandemos un alza salarial es exponiendo la distribución factorial del ingreso –es decir, el pago al factor capital (maquinaria, equipo, infraestructura, etc.) y al factor trabajo (la mano de obra) como porcentaje del ingreso nacional. La mayoría de los países tienen una distribución que ronda entre un 60% y un 70% del ingreso en el factor trabajo y entre un 30% y un 40% del ingreso en el factor capital. México es un caso atípico: es el mundo al revés, con una distribución de apenas 36% en el pago al factor trabajo y 64% al factor capital.

diego

Incluso países como Estados Unidos o España, con los que se nos suele comparar, tienen distribuciones normales. México es anormal incluso para América Latina. Hace una década los otros países latinoamericanos lucían más o menos como México. Sin embargo, desde los primeros años de este siglo países como Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay y otros comenzaron una política de recuperación, lo cual ha nivelado sus distribuciones funcionales, disminuido la pobreza y limitado con cierto éxito el incremento de la desigualdad.

Cuando ciudades como Nueva York o estados como California siguen la misma ruta de recuperación salarial, lo que observamos es el triunfo de una combinación de argumentos técnicamente sólidos, en un debate abierto y crítico, con una movilización política que los enarbola. Mientras tanto, en México el rechazo a incrementar el salario mínimo se debe más a cuestiones ideológicas que a un estudio de la realidad, y es desafortunadamente el resultado de una sociedad que cuestiona poco su realidad y que pareciera estar muy cómoda con el statu quo.

(Foto: cortesía de Elizabeth.)

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