Minería en México: extracción sin límites

En un contexto de debilidad estatal y regulatoria como el mexicano, el sector minero, si bien genera empleos y beneficios económicos, es un enorme peligro ambiental y de salud para grandes regiones del país.

| Industria

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El pasado seis de agosto se cumplieron dos años del desastre ecológico del Río Sonora y el Río Bacanuchi, uno de los accidentes de mayor contaminación de los últimos años, ocasión que nos invita a repensar el estado del sector minero y su regulación en México. Nuestro país sigue perteneciendo, como buena parte de América Latina, a las economías extractivistas de la región. Aunque el sector minero no tiene el peso de otros sectores en la producción nacional, como el automotriz, el de hidrocarburos, el de telecomunicaciones o el turístico, sigue siendo en el siglo XXI una actividad importante, especialmente en regiones como Sonora y Zacatecas.[I] A pesar de los beneficios económicos que genera la minería, estas regiones padecen los altísimos costos ambientales, de salud e incluso de calidad laboral que implica esta actividad en un contexto de debilidad estatal y regulatoria.

México es el segundo país de la región con más conflictos mineros (37), después de Perú (39) y seguido por Chile (36), según el Observatorio de Conflictos Mineros en Latinoamérica. Se trata de una tensión que es inherente al sector en cualquier parte del mundo pero que en América Latina se intensifica, en parte por nuestra dependencia de la exportación de materias primas, por la ausencia de una regulación adecuada que mitigue sus efectos ambientales y laborales y de instituciones regulatorias independientes de los intereses del capital minero.

Es un hecho la importancia económica de la minería para ciertas regiones del país, pero también lo es que esta actividad supone, casi siempre, peligros. Este año, incluso, un nuevo evento de contaminación pasó casi desapercibido, acaso por su menor magnitud: el 26 de abril la mina El Chanate del grupo canadiense Aurico Gold Inc derramó 400 metros cúbicos de solución de cianuro, contaminando una zona aledaña al municipio de Altar, Sonora. Los trabajadores de esta mina, según La Jornada, señalaron que el derrame fue consecuencia de las deficientes medidas de seguridad y mantenimiento de la mina. Como si no hubiera pasado nada en 2014, en marzo de este año el gobierno de Sonora anunció inversiones por un monto de 5,688 millones de pesos que comprenden ampliaciones y nuevos proyectos alrededor de su geografía.

Aquel 6 de agosto de 2014 una falla en una represa de residuos tóxicos de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40,000 litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al Arroyo Tinajas, de ahí los residuos recorrieron el Río Bacanuchi y entraron a la cuenca del Río Sonora. El derrame alcanzó a siete municipios de la región aledaña al Río Sonora, llegando hasta la presa “El Molinito” que abastece la zona norte de Hermosillo. Después del derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en las que encontró[II] 55 irregularidades –por ejemplo, la ausencia de infraestructura de represas para contener residuos– en la mina de Buenavista del Cobre, lo que significó una multa por veinticuatro millones de pesos a Grupo México. Por otro lado, se constituyó el Fideicomiso del Río Sonora, en el que Grupo México se comprometió a aportar dos mil millones de pesos para atender los daños derivados del derrame.

La Comisión Presidencial[III] designada para la atención del caso promovió, a través del Fideicomiso Río Sonora, un fondo de dos mil millones de pesos que administran el gobierno federal y Grupo México para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar la normalización del abastecimiento del agua potable en la zona afectada en condiciones de seguridad, resarcir los daños a la salud humana, la reactivación económica de la región y la implementación del plan de remediación ambiental de la zona. Junto al fideicomiso se creó un comité de expertos –designados por el gobierno y Grupo México– que a la fecha no ha presentado el diagnóstico ambiental, tampoco una propuesta para integrar al marco que regula la minería nuevos mecanismos permanentes de prevención de derrames, como se sugirió se haría en el informe de la Comisión Presidencial. De hecho, la creación misma de una Comisión Presidencial es un reconocimiento explícito de la ausencia de mecanismos para coordinar la atención de desastres de esta naturaleza en el sector minero. Y que la misma comisión reconociera la necesidad de establecer regulaciones en este ámbito supone un reconocimiento explícito de la débil o ausente regulación para prevenir riesgos a la salud, al ambiente y del trabajo en el sector minero.[IV] Aunado a ello, tampoco está claro qué otros objetivos se hayan alcanzado –menos cuando la prensa sigue encontrando múltiples inconformidades y procesos abiertos en cada uno de los objetivos planteados por la comisión, como da cuenta el sitio de los comités de cuenca de ciudadanos afectados en la región del Río Sonora.

El sitio www.fideomisoriosonora.gob.mx, más allá de datos, estudios y presentaciones que lucen desactualizadas, no tiene disponible un balance sobre los efectos causados a la salud, al ambiente y a la economía regional por el derrame. Así, no se ha podido evaluar si las medidas emprendidas (la entrega de tinacos, el monitoreo del sistema hídrico, los apoyos a productores, la atención médica, etcétera) han sido suficientes ante los daños causados. Todo apunta que esta es una herida en la región que seguirá abierta durante un largo período. De aquí la urgencia de que el Comité Técnico[V] del Fideicomiso Río Sonora presente cuanto antes el informe de la situación ambiental, hídrica, sanitaria y epidemiológica del territorio afectado. Pero de nada servirá ese informe si no está sujeto a un escrutinio público amplio por parte de los ambientalistas, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil. En particular, es urgente que la sociedad sonorense tenga como una de las prioridades de su agenda pública fiscalizar los dos mil millones de pesos destinados a la reparación del desastre. Y, por supuesto, hace falta escuchar más a esas voces que deberían ser el contrapeso institucional, político y social del gobierno estatal y federal. El objetivo –en los próximos meses y años– debe ser movilizar la mayor cantidad de personas y organizaciones para obligar al gobierno a reparar los daños con eficiencia y prontitud.


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Regular la industria minera más allá de la crisis

Por su parte, las instancias federales encargadas de atender la crisis no han rendido cuentas a raíz de este caso. Entre tantas razones, porque quienes en su momento gestionaron la crisis (Mikel Arriola de COFEPRIS, David Korenfeld de CONAGUA, Mercedes Juan López de la Secretaría de Salud y Juan José Guerra Abud de la SEMARNAT) fueron sustituidos y en algunos casos reacomodados a otras áreas del gobierno, en principio por motivos ajenos a la crisis provocada por la minera de Grupo México. Este simple hecho debería ser un botón de muestra de la inestabilidad de las instituciones con las que se gestiona la regulación social (de riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales). Por supuesto, ya sabemos que la rendición de cuentas es un problema generalizado en las instituciones públicas, pero en el sector minero el tema ni se piensa ni se discute. El contraste es interesante si se le compara con sectores como las telecomunicaciones que, de alguna manera, han sido sujetos a una mayor regulación gracias en parte a la politización entre los intereses (públicos y privados) en disputa y la consecuente movilización de la sociedad civil.

¿Qué se puede decir en este tema del Congreso de la Unión? En el balance, después de algunas declaraciones subidas de tono y una aparente preocupación coyuntural, no se ha hecho ningún esfuerzo serio por fiscalizar la industria o, más importante, por legislar en la materia. Doy un ejemplo. Los legisladores[VI] que participaron en la Comisión de Investigación del caso Río Sonora ya no forman parte del Congreso y, a dos años de la tragedia, su informe no ha tenido seguimiento. Frente a crisis anteriores, como la de Pasta de Conchos, el guion que siguió el Congreso fue el mismo. Algo debe de decirnos de este vacío legislativo frente al capital minero que el Senado de la República el año pasado le haya otorgado la medalla Belisario Domínguez a Alberto Baillères, uno de los principales beneficiarios de la industria minera. Ni siquiera el Pacto por México que suponía hacer frente a la captura de instituciones regulatorias incorporó una sola medida para ponerle límites a los grupos de interés de la minería. Con todo y a pesar de sus condicionamientos políticos e institucionales, esta legislatura debería de atender en su agenda de manera urgente un nuevo marco que asegure estándares, procesos y sanciones en la prevención y atención de riesgos ambientales, ocupacionales y sanitarios en la industria minera.

Apenas el año pasado, en España una jueza suspendió por actos de corrupción (cohecho, prevaricación y tráfico de influencias) en el proceso de la licitación la concesión de Grupo México para operar la mina Aznalcóllar. Mientras tanto, en México el proceso judicial sobre el desastre del Río Sonora ha provocado que los afectados tuvieran que acudir a un tribunal de Estados Unidos para obtener información que puedan utilizar en sus acciones legales en México. La presión sobre los tribunales que llevan el caso deberá ser notable y desafiante. Ya que por la contaminación del río muchas personas han sido obligadas a abandonar su hogar, este desastre es también un caso claro de desplazamiento forzado (como violación continúa y múltiple de derechos humanos), ante lo cual, si el Estado mexicano no se aboca seriamente a cumplir con su obligación de garantizar el retorno de las personas desplazadas y reparar íntegramente todo el daño causado, está latente una condena internacional, en línea con los delitos que vigila la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Hace falta también una revisión puntual de las últimas concesiones, como la de la mina Buenavista del Cobre. Pero también hace falta ir más allá: construir una nueva agenda de regulación de riesgos para el sector. Las alternativas de cambio institucional pueden pasar por el fortalecimiento del actual engranaje, la reorganización de las instituciones vigentes o la creación de nuevas instituciones. Está claro, por ejemplo, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) –con la enorme carga que supone la regulación farmacéutica– no tiene capacidades presupuestarias ni humanas para supervisar la regulación de riesgos sanitarios en materia de consumo de agua a lo largo del país. Tampoco la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha podido regular el impacto ambiental del sector minero –ni en esta crisis ni en lo que va de su historia.

Frente a este escenario, ¿con qué cambio institucional podemos empezar a regular los riesgos ambientales, ocupacionales y a la salud de la industria minera? Una alternativa de diseño regulatorio podría aprovechar la reciente creación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos para fusionar el mandato de la regulación de riesgos de este sector con el minero. A su vez, haría falta crear una ley en la que quede claro el mandato, los estándares, los recursos, los instrumentos y los procesos de la COFEPRIS para el control de riesgos a la salud en materia de consumo de agua. Es evidente que también hace falta asegurar un régimen de sanciones que fortalezca la capacidad del Estado y asegurar mecanismos puntuales de transparencia dentro de los sectores extractivos. Finalmente, es necesario fortalecer mecanismos para que se consulte previamente a las comunidades que se verán afectadas su opinión y su postura frente a los proyectos mineros, además de mejores mecanismos de transparencia. Aunque existen críticas a la efectividad de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI)[VII], en la que ya participan países de la región como Perú y Colombia, en ausencia de otras alternativas se debe analizar la posibilidad de que México la suscriba. Todas estas propuestas robustecerían nuestro incipiente Estado regulador en el ámbito de la regulación de riesgos del sector minero.

Una reforma en esta dirección es urgente. Con la apertura del sector energético y la expansión de los proyectos mineros, la posibilidad de que se incremente la exposición de riesgos ocupacionales, a la salud y al ambiente en el país es cada día mayor. Es el momento de pensar en un solo régimen de regulación de riesgos para ambas industrias. No es aceptable mantener un estándar de regulación para la industria de hidrocarburos más alto que el de la industria minera. No se puede aceptar una industria minera con regulación del siglo XX, que privilegia una lógica extractivista sin límites. En otras palabras, no es aceptable exigir a PEMEX una regulación de riesgos, económica (y fiscal) que no se le exige a Grupo México.

Después de la tragedia del Río Sonora –y la de Pasta de Conchos, en la que perdieron la vida 65 mineros–, ¿tenemos que esperar otra tragedia para tener una respuesta institucional a la altura de las vidas de los mexicanos y las mexicanas que están en riesgo? Me gustaría pensar que no. Que existen las condiciones para politizar la industria minera y para empezar un largo y complejo recorrido que nos lleve a regular el poder sin límites del capital minero en México. La época de un sector desregulado, herencia del neoliberalismo salinista, se debe terminar. Ya es hora de abrir un amplio proceso de regulación de esta industria que construya una nueva relación entre el Estado, la industria y la sociedad. En esta relación van de por medio recursos naturales y derechos fundamentales de vidas (presentes y futuras) que aún estamos a tiempo de salvar. No es poca cosa.

(Foto: cortesía de Codelco.)


Notas 

[I] En la extracción de oro, México fue el séptimo productor mundial en 2015 con 3.9%; Sonora y Zacatecas concentraron los mayores volúmenes de producción: con 31.6% y 27.6%, respectivamente. En plata México ocupó el primer lugar de la producción mundial con el 19.8%, y el mayor productor fue Zacatecas con 41.9%. En cobre México ocupó el décimo lugar mundial con 2.9%, y Sonora concentró el 81.3% de la producción nacional. Fuente: CAMIMEX e INEGI.

[II] Se puede consultar el análisis de incumplimientos a la regulación ambiental de Grupo México que elaboró PODER aquí.

[III] La Comisión Presidencial la coordinó Alfonso Navarrete Prida, secretario de la STPS, y estuvo integrada por funcionarios de la Cofepris, la Sagarpa, Segob, Semarnat y Profepa.

[IV] Los informes y presentaciones de la Comisión Presidencial y el Comité Técnico del fideicomiso pueden consultarse aquí.

[V] El Comité Técnico está integrado por dos miembros designados por Semarnat, dos miembros designados por Grupo México y un miembro de común acuerdo.

[VI] La comisión estuvo integrada por Marco Antonio Bernal, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Laura Ximena Martel Cantú, Alfonso Durazo, Enrique Reina Lizárraga, entre otros.

[VII] Aaronson, S. A. (2011). “Limited partnership: Business, government, civil society, and the public in the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)”. Public Admin. Dev., 31: 50–63.

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