“Misión cumplida”: breve genealogía del performance de soberanía del Estado mexicano

¿Es posible que el Estado haya encontrado una manera de hacer política con el espectáculo? Este ensayo analiza el uso del cuerpo del criminal para representar públicamente el poder estatal.

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La filosofía política moderna concibe la soberanía como la raíz y al mismo tiempo el producto de una ficción política –un “contrato social”– por medio de la cual los individuos consienten tácita o explícitamente a obedecer un orden constituido o Estado a cambio de la protección de sus vidas y ciertos derechos. La soberanía, ya sea que resida en última instancia en el pueblo o en el poder absoluto de un rey o gobernante, es la fuerza legítima para consolidar, hacer cumplir o transformar las determinaciones de esa ficción política, ese orden legal. El Estado aspira a gobernar a través del consentimiento, el castigo de las transgresiones o, en casos determinados, la represión y sometimiento de los individuos. A final de cuentas, la soberanía supone el poder de decisión sobre la vida o muerte de los individuos, ya sea a través de la pena de muerte o de la declaración de un estado de excepción que suspende el orden legal.

Un aspecto esencial de la soberanía es su puesta en escena, es decir, su tendencia a exhibirse teatralmente ante la mirada de los individuos. Es como si, debido al carácter precario e inestable de la ficción soberana, tanto el Estado como las multitudes necesitaran demostraciones concretas, casi palpables de su pacto fundante. Esos momentos de performance de soberanía crean en el espectador una ilusión de pertenencia a la comunidad política y una aversión o temor hacia las posibles desviaciones de la ley. Por ejemplo, desde tiempos antiguos hasta el siglo XX –e incluso en la actualidad– las ejecuciones públicas de condenados a pena de muerte fueron espectáculos recurrentes que cumplían diversos propósitos: la humillación del culpable, la catarsis de la audiencia, el escarmiento de futuras transgresiones y la manifestación de la fuerza o eficacia del Estado. En México, las ejecuciones públicas legales no escasearon durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX.


Hacia principios de 1888, las fuerzas militares y policiacas del régimen de Porfirio Díaz finalmente capturaron y ejecutaron al famoso rebelde Heraclio Bernal, conocido como el Rayo de Sinaloa, después de una cacería implacable que se extendió cerca de 10 años. Bernal había nacido en 1855 en la ranchería de El Chaco, en el estado de Sinaloa, y había estudiado por algún tiempo en el Seminario del estado de Durango, donde seguramente conoció ciertas ideas políticas que marcarían su trayectoria. Tras una breve estancia en la cárcel de Mazatlán en la década de 1870, Bernal llevó una vida clandestina dedicada al bandidaje en los estados de Durango y Sinaloa. Al mando de un grupo de hombres se dedicó a asaltar diligencias, atacar líneas telegráficas y compañías mineras con el fin de obtener recursos, así como ejecutar a autoridades que cometían atropellos en contra de la población. Sus objetivos privilegiados eran, pues, los grandes hacendados y las autoridades establecidas a quienes responsabilizaba de un orden social insostenible. Los propósitos subversivos de Bernal se mostraron de manera explícita cuando difundió un plan político que invitaba al pueblo a “tomar las armas para quitar a los malos gobernantes y hacer que impere la Constitución (de 1857)”.[1]

A lo largo de la década de 1880 la fama y simpatía popular por el Rayo de Sinaloa fueron aumentando en clara oposición al proyecto político y económico porfirista que se fundamentaba en la pacificación y control del territorio nacional y en el establecimiento de garantías de seguridad para la inversión extranjera. Luego de una serie de guerras civiles que habían conmovido al país durante buena parte del siglo XIX, el régimen de Porfirio Díaz operaba bajo la certeza de que el “progreso” de la nación dependía de la preservación de la soberanía estatal a costa de los disidentes políticos y delincuentes que la amenazaban continuamente. No solo era necesario castigar cualquier desafío al orden legal y exterminar cualquier posibilidad de surgimiento de una nueva guerra civil, sino también era indispensable que la población reconociera la eficacia e inflexibilidad del régimen porfirista en esas tareas. El temor infundido por medio de un “aleccionamiento visual” serviría presuntamente para prevenir futuros comportamientos subversivos o delictivos.[2]

De ahí que cuando las fuerzas del orden ejecutaron finalmente al “bandido” Heraclio Bernal, su siguiente acción fue trasladar su cadáver a Mazatlán y exhibirlo públicamente para el escarmiento de sus simpatizantes. Ahí mismo se fotografió el cuerpo inerte de Bernal con el propósito de que la reproducción de esa fotografía llevara el mensaje de fuerza y legalidad a todos los rincones del territorio nacional. La fotografía muestra el cuerpo de un hombre de mediana edad que está sentado –una cuerda lo mantiene amarrado a la silla– con las piernas estiradas, las manos sobre sus muslos y la cabeza ligeramente inclinada a la derecha del espectador. En la frente se observa claramente el orificio por donde entró la bala que le dio muerte. A la izquierda, como si se tratara de centinelas que vigilan que el Rayo de Sinaloa no escape una vez más, se observa a tres soldados que sostienen sus rifles en posición de “firmes” mientras miran a la cámara. En conjunto, la yuxtaposición del cuerpo disciplinado del insurgente y las implacables fuerzas del orden generan un mensaje de soberanía que equivale a una amenaza de muerte para todo aquel que desafíe el poder instituido.
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El retrato del cadáver de Heraclio Bernal circuló seguramente entre los miembros del régimen como una prueba definitiva de la muerte del bandido, pero también es probable que haya sido comercializado para consumo masivo. La afición popular por las fotografías de héroes o bandidos asesinados se propagaría con más fuerza durante los años de la Revolución de 1910. Se sabe que la fotografía de Bernal no fue divulgada como tal en la prensa nacional –la tecnología para hacerlo se extendería en México a partir de 1895–, pero fue la base para diversas ilustraciones que circularon en los medios masivos de comunicación. En la revista oficialista La Patria Ilustrada, por ejemplo, se publicó una ilustración en la que vemos el cuerpo de Bernal en la misma posición que adopta en la imagen original, pero en este caso los soldados se ubican a los dos costados del cadáver. Este pequeño cambio resulta muy significativo porque responde indudablemente a una intención deliberada de acentuar el mensaje de fuerza y poder soberano que se pretendía divulgar a toda la población. El retrato de Heraclio Bernal y su propagación masiva inauguran, pues, las estrategias gubernamentales de “aleccionamiento visual” que se consolidarían con la creación de nuevas tecnologías audiovisuales de comunicación durante el siglo XX.


Una genealogía del performance soberano del Estado mexicano podría detenerse en una buena cantidad de sucesos históricos. Un caso notable es, por ejemplo, el de Florence Cassez, ciudadana francesa que un día de diciembre de 2005 fue exhibida en cadena nacional como miembro de una banda de secuestradores. Las imágenes televisivas mostraron “en vivo” el momento en que un operativo detuvo a los temibles criminales en el mismo rancho en que mantenían a las víctimas. Eventualmente las autoridades se vieron obligadas a reconocer que Cassez había sido detenida en otro lugar y horas antes del supuesto operativo, y que más tarde las fuerzas especiales habían escenificado la captura para las cámaras de televisión. En medio de una oleada de secuestros que preocupaba a la opinión pública, la detención espectacular de esa banda de secuestradores significaría un golpe mediático importantísimo. De igual manera, esta genealogía podría detenerse en el caso del célebre narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien murió en un enfrentamiento con la Marina en un día de diciembre de 2009. Horas después de su muerte, los agentes federales subieron su camisa hasta el cuello y bajaron sus pantalones hasta las rodillas. Después recubrieron su cuerpo con las pertenencias personales que llevaba consigo: joyas, imágenes religiosas y numerosos billetes ensangrentados. Las fotografías captaron la macabra estampa. Su cadáver se convirtió, así, en un trofeo que atestiguaba que el gobierno federal estaba ganando la guerra contra el narcotráfico.

Vayamos ahora a hechos más recientes.

El pasado 8 de enero el presidente Enrique Peña Nieto publicó dos mensajes en Twitter que ya revelaban la estrategia publicitaria del Gobierno mexicano en torno a la recaptura del bandido Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo. El primer mensaje decía en tono triunfalista: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido.” Entre las múltiples y variadas formas que se podrían escoger para hacer pública por primera vez esta información, el presidente decidió encuadrar su mensaje en unas coordenadas que sugieren el fin de un operativo de seguridad o una guerra. El segundo mensaje añadió un matiz fundamental de orden y legalidad: “Mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro en favor del Estado de Derecho en México”. Seguridad y legalidad: los dos ejes medulares de la estrategia comunicativa de un gobierno seriamente amenazado por la delincuencia organizada (escape del propio Chapo, asesinato de alcaldesa de Temixco) y las crisis de corrupción (Casa Blanca) y de violaciones de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa).[3]

En la noche del mismo 8 de enero Peña Nieto convocó a un “mensaje a medios” en el que se congratuló de la coordinación, la inteligencia, la eficacia, la firmeza y la determinación que mostraron los distintos órdenes de gobierno en el cumplimiento de su deber. En Palacio Nacional, en el centro de un podio arreglado con evidente teatralidad y flanqueado por los altos mandos del gabinete de seguridad, el presidente aseguró que la recaptura del bandido Guzmán representaba un triunfo de las instituciones y que, ahora sí, los ciudadanos podían confiar plenamente en el gobierno. Este primer “mensaje a medios” fue seguido esa misma noche por una conferencia de prensa desde el imponente escenario del hangar de la Marina Armada. Delante de un helicóptero con la leyenda “Marina” y flanqueado de nuevo por altos mandos del gobierno, el secretario de gobierno Miguel Osorio Chong reiteró la firmeza y coordinación con las que actuaron las fuerzas del orden en la detención del “prófugo más buscado del mundo”. Más tarde la Procuradora General de la República Arely Gómez González ofreció un detallado relato del proceso de recopilación de información que llevaría a la captura, así como de los operativos que realizaron las fuerzas federales con ese objetivo (por supuesto, no hubo mención de las posibles violaciones de derechos humanos que han sido documentadas por periodistas).

Sin embargo, la cereza en el pastel de esta conferencia de prensa fue definitivamente la “presentación” del Chapo Guzmán frente a los medios de comunicación. El famoso bandido fue bajado de un vehículo de guerra y escoltado por tres soldados hasta el helicóptero que lo trasladaría al mismo Penal de Máxima Seguridad del que había escapado cerca de 6 meses antes. En el transcurso uno de los soldados apretaba el cuello de Guzmán con fuerza y en el momento indicado mostró su rostro a las cámaras, ante los gritos de “¡otra vez!” de los periodistas que no lograron captar el preciado instante, la fotografía que ocuparía las primeras planas de los periódicos al siguiente día. Un lejano eco: la imagen del Chapo custodiado por soldados federales resonó a través del tiempo con la fotografía del Rayo de Sinaloa escoltado por las fuerzas porfiristas. Bajo una fachada de transparencia y rendición de cuentas, las “presentaciones” de presuntos delincuentes constituyen una espectacularización de la ley, un performance soberano que intenta cumplir con los mismos objetivos que las ejecuciones públicas o la exhibición de cadáveres. Activistas e incluso la Suprema Corte de Justicia han reconocido que estas “presentaciones” violan el derecho fundamental de presunción de inocencia, pero continúan siendo una importante herramienta publicitaria del gobierno de Peña Nieto.

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A estas alturas pocos se imaginaban que a la estrategia propagandística del gobierno le faltaba la pieza quizás más impactante. El lunes 11 de enero, en el noticiario “Primero Noticias” de Televisa se dio a conocer “en exclusiva” un reportaje de cerca de 30 minutos que narraba minuciosamente la llamada Operación Cisne Negro que capturó a Guzmán. El periodista Carlos Loret de Mola no sólo tuvo acceso privilegiado a la casa en donde ocurrió el último enfrentamiento armado con el Chapo, sino que también tuvo la posibilidad de grabar un recorrido guiado por el jefe del operativo en esa misma casa. Por si fuera poco, la Marina le cedió al periodista las imágenes en tiempo real grabadas con las cámaras de sus cascos en el fragor del operativo. Cuando los periodistas locales se quejaron ante el trato preferente que le daban a Loret de Mola, un oficial contestó: “No pueden pasar, es una orden de apoyar a Televisa, dar las facilidades y mostrar la ruta de escape del Chapo, a todos los demás les darán el recorrido el lunes”.[4] No había duda, pues, de que este reportaje sería parte esencial del mensaje que el gobierno federal y su aliada televisora buscaban enviar. Como cabría esperarse, el reportaje –que trae a la mente la escenificación en torno a Florence Cassez– es una impactante representación de la captura de Guzmán como una hazaña heroica propia de una película de acción (o de un videojuego como “Call of duty”), un portento de coordinación e inteligencia al que nadie, ni siquiera el narcotraficante más poderoso del mundo, podía escapar.


Dos famosos bandidos que se insertan en una larga serie histórica. Dos imágenes análogas: el Chapo y el Rayo de Sinaloa escoltados por las fuerzas del orden. El Rayo de Sinaloa muestra en su cuerpo inerte la inscripción violenta y definitiva de la soberanía, mientras el Chapo se ve condenado a someterse a un castigo mucho más sutil como es el proceso sofisticado de la ley y las técnicas disciplinarias de la prisión. El performance de soberanía tiene matices distintivos en cada caso: la difusión masiva del cadáver del Rayo de Sinaloa supone ante todo una amenaza de muerte para quien desafíe al Estado; la “presentación” del Chapo ante los medios constituye una promesa de vida, una supuesta garantía de “seguridad” y “tranquilidad” (Osorio Chong) para los mexicanos. Sería fácil afirmar una cierta progresión histórica evolutiva que se basaría en la suavización del castigo al culpable, así como en la mayor atención del gobierno en el bienestar de la población. Pero en realidad se trata de dos formas históricas igualmente violentas, dos técnicas espectacularizadas de poder por medio de las cuales la soberanía estatal se inscribe en los cuerpos y las mentes de los gobernados.

Los performances de soberanía del Estado moderno, con sus alardes de fuerza y eficiencia, revelan paradójicamente la verdadera impotencia y debilidad del propio Estado, su incapacidad constitutiva para garantizar la estabilidad del pacto social. En el siglo XIX y aun más en el mundo contemporáneo, los Estados nacionales han dejado de ser el agente principal y preferente de soberanía. Las vidas humanas están inmersas hoy en día en una cartografía compleja en la que se cruzan y compiten distintos poderes soberanos: los flujos trasnacionales de capital imponen su fuerza sobre cualquier otra determinación que no sea la racionalidad del mercado; las organizaciones criminales luchan entre sí y con el Estado por el control de territorios y recursos naturales o humanos; el gobierno nacional, en un intento de resguardar la soberanía estatal, ha implantado de facto un estado de excepción para combatir el narcotráfico, mientras al mismo tiempo colabora en las estructuras económicas y políticas que lo hacen posible.[5] En este diagrama de fuerzas, en donde el poder ya no puede ser entendido como un mecanismo central y unilateral sino como un entramado de múltiples intensidades y direcciones, la vida humana se convierte en un material sacrificable, un cuerpo en el que las soberanías en disputa pueden inscribir su mensaje en formas sutiles o, si es necesario, brutales.

Hablemos de los cuerpos de los y las migrantes que sufren las consecuencias de la estrategia gubernamental de securitización de la frontera (Plan Frontera Sur), o de los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en todo el país que muestran las inscripciones violentas del patriarcado; hablemos también de los ahorcados, decapitados, encajuelados, encobijados, entambados, deslenguados y demás ejecutados porque “seguramente andaban en malos pasos”, o del rostro del normalista Julio César Mondragón que fue desollado por el Narco-Estado mexicano… ¿Misión cumplida?

(Foto: cortesía de ·júbilo·haku·.)


Notas

[1] Ver Heraclio Bernal. Entre el bandolerismo y la rebeldía (2009), de Pedro Cázares Aboytes.

[2] Ver Bandidos, miserables, facinerosos (2015), de David Fajardo Tapia.

[3] Ver el excelente análisis de Rossana Reguillo, al respecto, aquí.

[4] http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=1076291&id_seccion .

[5] Ver “Neoliberalismo mexicano: ambiente perfecto para el narco”, de Salvador Medina.

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