Muerte y resurrección de los derechos humanos

Los derechos humanos son la expresión más acabada en contra de la opresión del poder. Hoy más que nunca hay que rescatar sus alcances radicales.

| Derechos Humanos

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Con este ensayo concluimos una serie que se propuso repensar los límites políticos de la noción contemporánea de derechos humanos.

La apuesta por un régimen global de derechos humanos que una a todas las ideologías y regiones –idea que brindó esperanza por algunas décadas– está perdida. Las paradojas de esta pérdida son cada vez más notorias. La vida –es decir, el centro de los derechos humanos– se ha vuelto un bien escaso. Las noticias de los migrantes en el Mediterráneo, los tiroteos en Estados Unidos, las guerras en el Medio Oriente y las fosas clandestinas en México dan cuenta de ello. La desigualdad económica excluye y desecha a más personas que nunca antes en la historia. Las élites económicas y políticas, sin embargo, han invocado a los derechos humanos para llevarnos, en los últimos 30 años, a la catástrofe moral en la que nos encontramos.

Sobre el fin de los derechos humanos existen, por lo menos, dos interpretaciones recientes: el trabajo de Stephen Hopgood en The Endtimes of Human Rights (Cornell University Press, 2013) y el de Costas Douzinas en The End of Human Rights: Critical Thought at the Turn of the Century (Bloomsbury Publishing, 2000). Para Hopgood la historia ha llegado a este punto: dada la multipolaridad, el declive europeo, la competencia de los movimientos religiosos, el regreso del autoritarismo y un sistema de derechos hiperoccidentalizado cuya única prioridad es organizarse y financiarse, la construcción de un credo secular basado en los derechos se encuentra en un impasse. Para Douzinas, en cambio, los problemas no son tanto de estructura y organización como de fines. Al ser presentados como un enunciado ambiguo y deliberado, la versión occidental-legal de los derechos humanos, ligada a la economía liberal (y neoliberal), ha despolitizado sus principios originales de resistencia frente al despotismo.

En la segunda década del siglo XXI estas dos perspectivas han convergido. Se ha constreñido la pretendida universalización de las leyes de garantía y protección de derechos humanos. Con el esquema de balance de derechos (que opone cada uno de los derechos frente a otro y trata de establecer un justo medio), las instituciones alrededor del mundo no han hecho sino socavarlos. Incluso en las democracias más avanzadas, el lenguaje bélico y de miedo ha justificado, y sigue justificando, la disminución de la protección de derechos.

El neoliberalismo endosado como parte esencial de las conquistas en materia de derechos humanos ha excluido a amplios sectores de la población de espacios comunes para reconocerse como sujetos iguales de derechos. El despojo de “lo público”, el adelgazamiento del Estado, la extracción incrustada en “lo común” y la despolitización de la economía han dado como resultado que el goce pleno de derechos oponibles frente al Estado sea el privilegio de unos pocos, del 1%. Hoy son millones de seres humanos, más que en ninguna época en la historia, los que viven en condiciones que violentan todo precepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En concordancia con Hannah Arendt, la prueba de la falla en la configuración de los derechos humanos como mera fórmula-legal-pretendidamente-universal es que, por ejemplo, un refugiado en las costas del mediterráneo o un migrante que pasa por México, al estar en tránsito y al carecer del vínculo con un territorio político, la única condición que le resta es la humana. Allí, cuando la universalidad de los derechos debería materializarse, en la humanidad sin atributos, estos fallan irremediablemente.


Estudio de caso: el nihilismo mexicano

En apariencia México es uno de los países más preocupados por los derechos humanos. Desde la Constitución de 1917 hasta la fecha, el pacto social ha integrado la mayor cartera de derechos posible. Con la ambiciosa reforma de derechos humanos del 2011 incorporamos los derechos y garantías emanados de los acuerdos y tratados internacionales al orden real del campo jurídico mexicano. Esta cualidad hace de México un país con uno de los más robustos aparatos en la materia. El país modelo.

Los principios fundamentales de la Constitución y la reforma en materia de derechos humanos, sin embargo, se anulan con la realidad. Somos, pues, un país sin garantías. Precisamente por la disociación entre lo legal y lo real es que los casos de violaciones graves en materia de derechos humanos adquieren mayor relevancia, pues exhiben con mayor claridad esta carencia efectiva de garantías.

Como lo he sostenido junto con José Merino, la configuración actual del Estado mexicano proviene del arreglo de la autocracia posrevolucionaria, cuya tarea fue incorporar a colectivos que representaban a la mayor cantidad de actores sociales. Una autocracia que sobrevivió porque dependía de la movilización coordinada de muchos agrupados en estructuras controladas por pocos. Los vicios, consecuencia de ese arreglo, son el observar a lo público como un territorio exclusivo del Estado (no hay otra “cosa pública”) y, sobre todo, reducir al Estado a quienes lo ocupan, a lo gubernamental. Hay aquí, entre otras, una exclusión sistemática de “lo ciudadano” desde lo público.

La ruptura con esta manera de organizar el poder no significó una mejora sustantiva en la recuperación de lo público desde la política. Lo contrario: ha agravado la concentración oligopólica y producido el reparto de derechos-como-privilegios. De allí que las cúpulas del gobierno desechen en automático los informes que analizan la situación actual y que, invariablemente, concluyen que vivimos en un estado de emergencia crónico.

Del informe del relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidos, Juan E. Méndez:

La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Del informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México” de Amnistía Internacional:

A pesar de las afirmaciones en sentido contrario del gobierno, la tortura y otros malos tratos son generalizados. Aun en el caso de que sea cierta la disminución de casos de la que informa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el número de denuncias presentadas ante la CNDH sigue siendo más de seis veces mayor que hace una década. Los métodos de tortura y otros malos tratos incluyen descargas eléctricas, semiasfixia, palizas, amenazas de muerte, violencia sexual y posturas en tensión. El 64% de los mexicanos teme sufrir tortura si son detenidos.

Del informe “Situación de los Derechos Humanos en México” de la Organización de los Estados Americanos:

A pesar de los avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, la información recibida apunta a que la inseguridad y la violencia continúan sin la debida respuesta estatal requerida. Esta se alimenta del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad que rodea estos hechos.

Del reporte “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society:

La crisis de impunidad en México es el resultado de una falla de liderazgo político. Los altos funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones de la crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han buscado desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a observadores internacionales que han alertado sobre los problemas. Esta retórica se ha reflejado en políticas oficiales desacertadas consistentes en ocultar y falsear información respecto a las atrocidades y su responsabilización, aceptar la tortura como base para la investigación penal, detener a personas inocentes dejando libres a los verdaderos autores, oponerse a la rendición de cuentas de la milicia, militarizar a la policía con el resultado de una mayor comisión de delitos y no su resolución, no aislar los servicios forenses y la protección de testigos de la manipulación indebida, y no simplificar la burocracia cuya complejidad ha dejado al sector justicia propenso a una mayor manipulación.

La autoridad ha intentado descalificar a quienes emiten los informes y desacreditar a las instituciones internacionales que los respaldan. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y la campaña orquestada en su contra, además del recorte en el financiamiento a esta institución. ¿Exactamente qué quiere avanzar el Estado mexicano con esto? El Estado mexicano ha falsificado el discurso de derechos humanos y lo ha resignificado de tal manera que pueda ejecutar una estrategia dual: ser el campeón internacional de los derechos humanos y mantener una guerra civil crónica en su territorio. Este discurso falsificado permite que los medios masivos y la coalición gobernante fabriquen sujetos típicos representados por quienes usan los derechos humanos como forma de resistencia, por lo que surgen así: “el maestro huevón”, “los opositodo”, el “indio rijoso”, el “activista chairo”, “las “feminazis”, los “locos zapatistas”, etc.

Esta dualidad del poder anula toda posibilidad de acción de los derechos humanos en el país. La consecuencia es un estado de inmovilidad terrorífico. Como en Final de partida de Samuel Beckett, protagonizada por Hamm, un tullido ciego, hijo de Nagg y Nell, que carecen de piernas y están metidos en dos cubos de basura. Clov, el hijo adoptivo de Hamm, tiene las piernas rígidas por lo cual no puede sentarse y camina de un modo ridículo. En la obra no ocurre nada, pero ese no ocurrir nada es despiadadamente sombrío: México es Hamm.


Nuevos horizontes

En un mundo multipolar tenemos que resignificar radicalmente los derechos humanos. Las estrategias de las políticas identitarias de “señalar y nombrar” cada vez son más irrelevantes en tanto que las comunidades se congregan en torno al señalado; este es el caldo de cultivo para un nuevo auge de sectas y religiones. Asimismo, la falsificación de la defensa a los derechos humanos puede banalizar su defensa. Tal es el caso del Estado mexicano lavando su cara ante el círculo rojo-bien-pensante con el tema de matrimonio igualitario como alfombra para barrer las atrocidades innegables.

Los derechos humanos son la expresión más acabada en contra de la opresión del poder. Forman parte de una larga y honorable tradición, que se remonta al desafío de Antígona a las leyes injustas y que, desde entonces, ha puesto en la superficie las luchas de los despreciados, excluidos, esclavizados y explotados. Pero cuando los derechos humanos se convierten en la representación triunfante de las políticas de los gobiernos –en su coartada diplomática–, entonces se derrotan las prioridades colectivas. Al privatizar los derechos humanos, el reconocimiento de una comunidad política se fragmenta y la sociedad se vuelve indiferente al bien común, despolitizando su radicalidad.

Frente a esto, la realidad política comenzó a explorar nuevas formas de garantía de derechos en lo público. El inicio de las democracias populares en América Latina, así como la emergencia de movimientos de resistencia en el mundo, nos han indicado que el relato del siglo XXI se compone de la contradicción entre el derribo del poder –los líderes mundiales caminan sobre un abismo– y la instauración de una poderosa gobernanza de los comunes. Las posibilidades de organización social potenciadas por la tecnología –cuyo poder se encuentra en la tensión de operar como amplificador de la represión–, con valores comunes y conexión de luchas de resistencia darán nuevas formas a la defensa y protección de los derechos humanos. En cierto sentido, Hopgood tiene razón: la estructura supranacional y elitista que organiza el sistema de derechos humanos ha llegado a un límite. Necesitamos volver a los derechos humanos como una forma de protección con significado comunitario y popular, volver a deliberarlos. El futuro dependerá de la disputa por su desuniversalización y sus posibilidades transformadoras.

Si la farra neoliberal nos trajo hasta este escenario, la resaca no será mejor. La organización de las instituciones en lo internacional deberá ser revisada exhaustivamente. El escenario actual es el siguiente: el Estado en disputa con la insurrección, esto nos pone frente al dilema de cómo actualizar el pacto social en lo local con la contradicción de interdependencia global. ¿Cómo hacer vigentes los derechos humanos en un mundo con escenarios de guerra crónicos? En palabras de Costas Douzinas: “la historia demanda que revaloremos su promesa más allá de la arrogancia de la autosatisfacción de los Estados y los apologistas liberales e intentar descubrir estrategias políticas y principios morales que no dependan exclusivamente de la universalidad de la ley, la arqueología del mito o el imperialismo de la razón”.

(Foto: cortesía de Esparta Palma.)

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