Museo Internacional del Barroco: fastuosidad sin transparencia

Para construir y operar el vistoso Museo Internacional Barroco el gobierno poblano se comprometió a pagar mensualmente 26 millones de pesos durante más de dos décadas.

| República

Este jueves 4 de agosto se cumplieron seis meses de la inauguración del  , la obra cultural más costosa y mediática que se haya hecho en Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Hoy el magno y amplísimo museo, diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, ganador del premio Pritzker y, por ende, una de las figuras más relevantes en el mundo de la arquitectura internacional, aparece en portadas de revistas, es objeto de halagadoras críticas de medios internacionales y ha recibido una afluencia de al menos doscientas veinte mil personas. La ola de críticas que empañaron su inauguración hace medio año parece ya haberse calmado. Sin embargo, los cuestionamientos sobre el esquema de financiamiento que generará pagos del erario público de 26 millones de pesos mensuales durante más de dos décadas y sobre el detrimento que el acervo de otros museos sufrió a favor del MIB siguen vigentes.

El MIB, cuyo diseño arquitectónico sorprende desde lejos, se ubica en una zona de alta plusvalía en la periferia poblana donde convive con otros grandes y ostentosos edificios, como el campus local del Tecnológico de Monterrey, el complejo cultural de la BUAP y el centro comercial Angelópolis. En su interior, siete amplias salas esperan al espectador con una selección significativa de arte barroco proveniente, sobre todo, de nuestro país pero también de otras latitudes, como España y Filipinas. Ahí pueden verse obras de los pintores novohispanos más importantes, como Cristóbal de Villalpando o Miguel Jerónimo Zendejas, y también un muestrario espectacular de técnicas anónimas pero igualmente bellas como la talavera, el tallado en madera y el bordado sobre telas. El nuevo museo también contiene atractivos interactivos, como proyecciones de cúpulas barrocas en un techo cóncavo y pantallas táctiles que ocupan paredes completas, reproducciones de fachadas barrocas donde se proyectan videomappings, además de que se exponen grandes frescos traídos desde Lichtenstein. Para terminar, el MIB tiene un espacio dedicado a la enseñanza de la restauración de arte, una biblioteca pública y un costoso restaurante.

Todo lo anterior ha garantizado que el museo haya sido muy bien recibido por una buena parte de la población de Puebla, debido también a que los visitantes locales no se les cobra la entrada si muestran una identificación que dé fe de su residencia. Así que, a todo esto, ¿a qué se debieron las críticas surgidas antes y durante la inauguración del museo y la fuerte oposición con que la academia poblana y otros sectores del mundo cultural local recibieron incluso la idea de erigir un museo de este tipo?


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Un museo de más de seis mil millones de pesos a pagarse en 23 años

En este caso, como en casi cualquier problema del mundo, el dinero ha sido el principal factor de descontento. La mayor crítica que ha desatado el MIB es su alto costo y el clima de opacidad que se ha dado en torno a la gestión del mismo.

Para entender el asunto, tendríamos que empezar diciendo que el MIB está siendo financiado por medio de un esquema conocido como Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), al igual que otras grandes obras públicas del actual gobierno poblano, como el Centro Integral de Servicios, un enorme inmueble donde se aglutinan oficinas de varias secretarías estatales, la carretera Cuapiaxtla-Cuacnopalan, entre otras. Este sistema financiero consiste básicamente en ceder la construcción y el mantenimiento de la obra pública a una empresa privada, misma que recibirá un pago mensual del gobierno por su trabajo, por decirlo así, en abonos “chiquitos”.

En el caso del MIB, un aglutinado de varias empresas (La Peninsular Compañía Constructora SA de CV, Operadora y Administración Técnica SA de CV, Promotora de Cultura Yaxche SA de CV y Concretos y Obra Civil de Pacifico SA de CV) ganó la licitación SFA-CP-APP-2014/002, después de que una primera licitación no resultara satisfactoria, por lo que la Secretaría de Educación Pública estatal pagará un total de 6 mil 276 millones 66 mil 664 pesos (sin IVA) en 23 años y tres meses, según consta en el acta de fallo, disponible en la plataforma Compranet.

Como es de esperarse, no han faltado las críticas al hecho de que se comprometa dinero público a un pago millonario mensual que se mantendrá vigente aún después del periodo de la actual administración. El gobierno poblano ha respondido en varias ocasiones que los PPS no representan deuda pública, al menos desde el argot legal, y que muchos otros gobiernos del país, incluido el federal, utilizan este mismo sistema para financiar sus obras de infraestructura.

No obstante, el rechazo a los PPS escaló cuando el diario Reforma publicó en febrero pasado, dos días antes de la inauguración del MIB, que el gobierno estatal había comprometido por 20 años todos los ingresos obtenidos del impuesto sobre la nómina a un fideicomiso que sería manejado por la empresa Evercore que abonaría los pagos mensuales generados por todos los proyectos de obra pública financiados por PPS. El problema con ese tipo de fideicomisos es que no son objeto de fiscalizaciones, es decir, una vez aceptado el contrato, no existe herramienta legal que nos permita saber el destino y uso de dichos recursos, a pesar de que provengan del erario público. El abogado especialista en transparencia Rodrigo Díez ha documentado la odisea que se tiene que emprender para hacer públicos dichos fideicomisos que, a su parecer, son inconstitucionales.

Ahora bien, el hecho de que un gobierno destine el dinero recaudado a través de un impuesto a la obra pública parecería no significar mucho, pero las suspicacias se levantan debido a que el gobierno estatal ha decidido reservar cualquier información que tenga que ver con obra pública que incluso no ha sido terminada, lo que impide la transparencia de los proyectos y la rendición de cuentas. Hace unos días, de hecho, la SEP decidió clasificar el contrato firmado con las empresas encargadas del MIB, entre cuyos dueños, por cierto, se encuentran nombres como el del político Hank Rohn y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú (sí, el mismo que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto).

En resumen: el gobierno decidió construir un museo, para lo cual contrató a empresas cuyos propietarios han estado vinculados en recientes y graves escándalos de corrupción. Para terminar la obra, comprometió durante más de dos décadas un pago mensual que se destinará a un fideicomiso que no se puede auditar; encima clasificó toda la información que se pueda desprender al respecto, abonando a un clima de incertidumbre.


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Política cultural de relumbrón

Justo en estos días, el tema del que habla todo el submundo de la cultura en Puebla es el inminente cierre de la Casa del Escritor, un espacio dedicado a la literatura que abrió sus puertas en 2003 para dar asilo a escritores perseguidos políticamente por cualquier gobierno del mundo. Aunque su objetivo inicial ya no es el eje actual de la institución, en el inmueble ubicado en la calle 5 Oriente, en el centro histórico, hasta la fecha se siguen dando talleres de literatura, conferencias y presentaciones y es gestionado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, dependencia de gobierno del estado.

Sin embargo, la noticia de que su cierre está a la vuelta de la esquina ha despertado la indignación de muchos. En febrero pasado el gobierno estatal solicitó al Congreso su aval para venderlo, bajo el argumento de que “no está siendo utilizado por la actual administración”, según se indica en la iniciativa de decreto, disponible en la página web del Congreso estatal, esto a pesar de que este mismo lunes inició un nuevo ciclo de talleres y actividades. El pasado 15 de junio fue aprobada la venta del inmueble por el Congreso local. La ignorancia del gobierno estatal de la propia cartelera que sus propias dependencias promueven se suma al anecdotario local, al igual que las declaraciones dignas de un discurso de Cantinflas con que los diputados locales han respondido a los reporteros que los han cuestionado sobre el asunto.

El cierre de la Casa del Escritor, un espacio que por más de una década se dedicó a la difusión y educación literarias, es solo el último de una cadena de cierres, clausuras y afrontas que los espacios culturales institucionales e independientes han sufrido durante el actual gobierno. En febrero de 2014 la galería de arte contemporáneo Ángeles Espinosa Yglesias, que dependía del CECAP, fue cerrada sin previo aviso y casi a escondidas durante una noche, para ubicar en su lugar módulos de cobro de impuestos vehiculares. Otros espacios de exhibición importantes, como el Museo Taller Erasto Cortés y la Fototeca Juan C. Méndez, dedicados respectivamente al grabado y la fotografía, han sido medianamente ignorados por el gobierno desde hace más de dos años. Otros daños al patrimonio edificado del estado, como la destrucción de la Casa del Torno, un inmueble protegido del siglo XVII, o la intervención de los terrenos ubicados alrededor de la pirámide de Cholula, han sido ampliamente documentados por la prensa local y nacional.

En este contexto, una nota recientemente publicada por el diario La Jornada de Oriente hacía notar que el monto anual que la SEP pagaría a las empresas beneficiadas con el contrato de mantenimiento del MIB (290 millones de pesos) es 46% mayor al presupuesto total del CECAP (180 millones). Esto quiere decir que prácticamente dos terceras partes del dinero que el gobierno poblano dedica a la cultura se destinan a un museo deslumbrante ubicado en una zona de clase alta en la periferia de la capital, en contraste con las olvidadas necesidades específicas de la población fuera de este municipio.

El aparente contraste entre el empeño con que el gobierno estatal ha construido tres museos nuevos (además del MIB, el gobierno de Moreno Valle ha inaugurado un museo de música y uno de ciencia) y el olvido en que se tienen otros espacios con mayor historia y tradición ha causado las reiteradas críticas entre muchos gestores y creadores locales. Hay algo que “no checa” en un gobierno que cierra galerías y casas de refugio de escritores pero defiende la construcción de museos millonarios.


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El saqueo al Museo Bello

Puebla es una ciudad de museos y una ciudad-museo. En su centro histórico hay al menos veinte sitios, tanto públicos como privados, dedicados a la exhibición y conservación de arte novohispano, prehispánico, de documentos históricos o arte religioso. Algunos de los museos poblanos pertenecen al gobierno estatal, otros al federal a través del INAH, muchos otros son de origen privado, como el Museo Amparo –sin duda el más importante de la ciudad–, además de que cada universidad cuenta con el suyo (BUAP, UPAEP, UDLAP, ITESM). Pero el centro histórico de nuestra ciudad es también un museo. La arquitectura de entre los siglos XVII y XIX hace que un recorrido por las calles del primer cuadro sea una experiencia estética en sí misma.

En 1987, cuando la UNESCO clasificó al centro histórico de Puebla como patrimonio de la humanidad, la población local entendió el evento como uno de un valor casi idiosincrático: en la ciudad había algo tan valioso que era importante para todo el mundo y casi un mandato moral para los locales el conservarlo. La conservación del patrimonio edificado de la ciudad, de su arquitectura y todo el acervo de obras artísticas en sus interiores, es quizá el único tema en que existe unanimidad de opiniones en Puebla. Si la derecha más conservadora, cuando asumió el poder a nivel municipal, se dedicó con esmero a la catalogación de arte novohispano religioso, la izquierda académica, por su parte, siempre es la primera en alzar la voz cuando un daño al patrimonio histórico parece avecinarse. Insistimos: si en algo se coincide en Puebla es en la importancia de su patrimonio cultural.

Por ello, cualquier intento de modificarlo causa y ha causado resistencia, como ocurrió a principios de 2013, cuando el gobernador Moreno Valle anunció por primera vez sus planes de construir un museo dedicado al arte barroco. Varios académicos, como consta en notas periodísticas y otros documentos, se preguntaron por la procedencia del acervo artístico y exigieron, sobre todo, que los catálogos de otros museos de larga tradición y de sitios religiosos dedicados al culto no fuesen a ser saqueados para tales fines.

Aunque al final este movimiento de obras de otros museos al MIB sí ocurrió, el gobierno estatal nunca lo admitió sino hasta el día de la inauguración. En 2013, el entonces secretario de Educación, Luis Maldonado Venegas, hoy diputado federal por el PRD, declaró públicamente que ningún acervo artístico de la ciudad sería tocado para llenar el MIB, lo que dejó tranquilas a las voces críticas durante más de un año. En noviembre de 2015, sin embargo, se esparció el rumor entre los propios trabajadores y ex trabajadores del CECAP: el acervo del Museo José Luis Bello y González sería fragmentado para formar parte del MIB. Algunos periodistas culturales documentamos que algunas de las piezas de mayor importancia del Museo Bello, un recinto pequeño pero valiosísimo por su colección de más de tres mil obras de arte novohispano, ya no se encontraban en las paredes donde debían estar.

En medio de la agitación de una comunidad cultural que exigía respuestas, el gobierno decidió no emitir ninguna aclaración pública. No solo ignoró las peticiones hechas por los especialistas desde el inicio, sino que decidió dejar en la incertidumbre a las voces preocupadas por la situación y el estado de las piezas artísticas que son parte del patrimonio de la ciudad, lo que originó una animadversión que solo se calmaría pasado cierto tiempo. En marzo de este año, después de cuatro meses de peticiones, el gobierno estatal me entregó una lista de las 43 obras que habían salido del Museo Bello hacia el Museo Barroco. Hasta antes no se sabía exactamente cuántas ni cuáles eran. Además, el gobierno estatal reconoció que no había realizado actas de entrega y recepción de las piezas referidas, es decir, que las había retirado sin realizar los protocolos correspondientes.


En varias ocasiones me han preguntado si recomiendo visitar el MIB: desde el taxista que me llevó ahí cuando realicé una de las visitas previas a realizar este texto, hasta mis compañeros de clase que saben que he cubierto parte de su historia. Yo siempre contesto que sí, que si el museo costará a los poblanos 26 millones de pesos, hay que conocerlo, ver la gran muestra de arte barroco que en él existe, disfrutar ahí de los impresionantes cuadros que antes se exhibían en otros museos y, con ello, exigir que se mantenga el nivel internacional que tanto se presume. Varias de las personas que me han hecho esa pregunta me han comentado también que les gusta la idea de un museo nuevo, algo que contrasta con las gestiones de culturales de los gobiernos priistas en el estado, que ante la poca importancia que daban al embellecimiento urbano, dejaban la impresión de que se habían embolsado para sí todo el presupuesto.

Sin embargo, o justamente por ello, los escándalos sobre el sobrecosto del museo, su poca concordancia con la política cultural del estado o el detrimento que en su favor debieron sufrir otros museos de mayor legado histórico son aspectos de su historia que también deben difundirse, antes de que esta obra pública fastuosa se convierta en la nueva pirámide de Egipto construida para impresionar a los súbditos del faraón.

(Fotos: cortesía de CUTI1, FraguandoRuss Bowling y David rujano.)

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