Narcobloqueos en Guadalajara: once días después

En los días transcurridos desde el 1º de mayo –cuando distintos comandos armados lanzaron un ataque en Guadalajara que dejó ocho personas muertas y más de quince heridos– la sociedad tapatía ha debido resignarse a seguir haciendo su vida.

| Seguridad

No es difícil imaginar la escena: en un puesto de tortas ahogadas, poco después de las nueve de una soleada mañana tapatía, hay dos individuos que no se diferencian especialmente del resto de los clientes. A uno le suena el celular. El otro lo interroga con la mirada, aunque ya sepa qué está ordenando quien llama. Se levantan de prisa: saben lo que deben hacer. No necesitan ir muy lejos: están en el lugar correcto. El que recibió la llamada atraviesa su automóvil delante de un midibús más o menos lleno de pasajeros; el otro ya está abriendo la cajuela para sacar un bidón de gasolina. La gente entiende de inmediato; el chofer también –cómo no, encañonado–, y abre rápidamente la puerta trasera. Por suerte. Mientras van descendiendo los últimos pasajeros (una señora que aprieta su bolso con tanta fuerza como la mano de su niño), la gasolina ya forma un río por el pasillo del midibús. El chofer se resigna a saltar de su sitio. Uno de los dos que lo detuvieron acerca un encendedor; el otro ya está al volante del auto, nunca lo apagó. El flamazo alcanza a pegarle en el rostro al primero, pero aun así puede escapar junto con su compañero. Las tortas que dejaron a medias y sin pagar no han empezado siquiera a mosquearse. Misión cumplida.

Más o menos así debió de ser: cuarenta y dos llamadas que pusieron en acción a quienes las esperaban, de las cuales treinta y nueve tuvieron éxito (los que recibieron las otras tres no llegaron a rociar la gasolina o no pudieron prenderla: algo les falló). El mapa del estado de Jalisco que poco después podía consultarse en Google Maps fue llenándose de marcas rojas, impecablemente bien distribuidas en los principales accesos viales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y en carreteras que atraviesan veinticinco municipios. En cuestión de cuatro horas, esa proliferación de marcas rojas iba desbordándose más allá de los límites con Michoacán, Colima y Guanajuato. El Periférico de Guadalajara, en su cruce con varias avenidas, más algunas calles céntricas, más las casetas en las autopistas a Morelia, Tepic, Colima, Los Altos. Más una refaccionaria, más once sucursales bancarias, más una plaza comercial en Ciudad Guzmán. Más…

Días después, la explicación de lo ocurrido es simultáneamente sencillísima e intrincadísima. Todo parece indicar que se trató de la reacción de un grupo criminal muy bien organizado tras el intento (fallido) de detener a uno de sus dirigentes –una reacción calculada para facilitarle la huida (es la quinta vez que se libra de ser aprehendido) o bien para advertir qué ocurrirá si tal detención vuelve a intentarse: después de todo, los hechos no dejaron el reguero de muertos que habrían podido ocasionar. Pero, haya sido un contraataque o una mera demostración de músculo, su magnitud ha obligado a preguntarse qué ha debido pasar en la historia reciente de Jalisco para que el llamado “crimen organizado” tenga tal capacidad y para que las autoridades locales, y las federales que aquí operan, actúen de modos tan erráticos y se vean tan rápidamente superadas por la diligencia estratégica de numerosas células que se activan de modo tan coordinado y eficaz.

Claro: para reconstruir a cabalidad los antecedentes de la situación presente habría que remontarse por lo menos treinta años, cuando el recientemente liberado y ahora prófugo Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica en 1985, a raíz del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en Guadalajara –y seguramente habría que ir más allá, a las circunstancias en que los también sinaloenses Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo asentaron sus reales en esta ciudad, a principios de esa década. Pero, sin ir tan lejos, basta con regresar la memoria a las fechas recientes de algunas de las señales más conspicuas de lo que estaba por venir: el 24 de noviembre de 2011, cuando fueron abandonadas dos camionetas con veintiséis cadáveres en la glorieta de los Arcos del Milenio, y el 9 de marzo de 2012, cuando más de una veintena de vehículos incendiados paralizaron también al estado –ambos hechos durante el trecho final de la administración del gobernador panista Emilio González Márquez. O, ya cerca de la mitad del periodo del priista Aristóteles Sandoval Díaz, la emboscada en que fueron asesinados quince policías y heridos otros cinco en la carretera libre Guadalajara-Puerto Vallarta, el 6 de abril pasado. Entre esas conflagraciones y las del 1 de mayo son incontables las que han terminado por volver “normal” el estado de alerta en la vida cotidiana: tanto hemos ido habituándonos a esa normalidad que cuesta un poco ubicar con precisión atrocidades como el ataque con granadas a un bar lleno, la madrugada del 12 de febrero de 2011, a una cuadra de la Minerva (seis muertos y treinta y siete heridos), o el hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de La Barca, a una hora de la capital, a mediados de noviembre de 2013 (dejó de informarse cuántos cadáveres seguían sacando cuando el conteo iba en sesenta y siete). Ejecuciones todos los días, extorsiones, secuestros, balaceras, asaltos, persecuciones, un número imparable de desaparecidos, intimidaciones y ataques a periodistas (dos granadas contra el edificio del periódico Mural, el 17 de abril de 2013) y un etcétera que es más inconcebible en la medida en que ha dejado de parecernos inconcebible a los habitantes de estas tierras.

Abundan quienes se arrogan la detentación de las claves para comprender lo que sucede. Desde el 1 de mayo han menudeado los expertos en historia del crimen organizado que manejan con toda soltura hipótesis sobre equilibrios, reacomodos y connivencias con los poderes establecidos; igualmente señalan qué se ha hecho, bien o mal, y qué ha dejado de hacerse (por omisión o por complicidad) para combatirlo, y ven con toda nitidez lo que a la mayoría de los ciudadanos no nos dejan ver las humaredas de lo que no tenemos más remedio que llamar, genéricamente, “narcobloqueos”. El término nos sirve porque resume el efecto y su causa. La alarma esparcida por los medios tradicionales (la radio, principalmente) y las redes sociales, hemos aprendido, hay que tomarla en serio para no salir de casa y buscar, en caso de necesidad, por dónde ir y por dónde no ir. Pero cuando pasamos a identificar los “narcobloqueos” con lo que realmente son, actos terroristas, el gobernador de Jalisco se sintió llamado a hacer un matiz: según él, se había tratado únicamente de “actos vandálicos” cometidos “por personas drogadas”.

Dado, desde el comienzo de su administración, a minimizar los problemas con que ha ido enfrentándose, la fórmula favorita de Sandoval Díaz es “hechos aislados”, e incluso llegó a negar que hubiera habido relación entre lo sucedido y el derribo con lanzagranadas, ese mismo día, de un helicóptero del Ejército que había topado con un convoy fuertemente armado (saldo: ocho militares y una policía federal muertos, otros diez elementos heridos). La propia Sedena reconocería el ataque y las bajas, pero el gobernador ya estaba embarcado en su hechura de “precisiones” y en la repartición de culpas mediante la cual alega que la descomposición que le ha tocado encarar venía fraguándose desde los tiempos de su antecesor –aunque lo extraño es que de esos tiempos viene también el actual fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública del estado en el mandato de González Márquez, entre 2007 y 2013. Cuando la emboscada del 6 de abril que mató a quince policías, lo único que atinó a hacer el gobernador fue a convocar a una “marcha por la paz”.[1] Lo único que no ha negado el gobernador es que estaba sobre aviso: el periódico Mural reveló que el jueves 30 de abril, un día antes del operativo que habría de terminar en el derribo del helicóptero y en la propagación de “narcobloqueos”, ordenó a su gabinete y a sus colaboradores más próximos que no se ausentaran de la ciudad.

En los días transcurridos desde el viernes 1 de mayo, la sociedad jalisciense ha debido resignarse a seguir haciendo su vida. Ese día fue de reclusión y zozobra. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las calles, más bien vacías por el asueto por el Día del Trabajo, quedaron de plano desiertas, pues además veintiséis rutas del transporte público dejaron de circular y muchas gasolineras permanecieron cerradas; mientras tanto, las carreteras bloqueadas retuvieron a miles de paseantes que se dirigían a las playas de Jalisco, Colima o Nayarit: no es raro saber de conocidos que pasaron entre siete y once horas varados. Se dice que han renunciado a su trabajo doscientos cincuenta choferes del transporte público. El Congreso local no ha tenido a bien pronunciarse en ningún momento sobre los hechos. La Universidad de Guadalajara, la segunda más grande del país, suspendió actividades, para reanudarlas el lunes, salvo en la zona donde tuvo lugar el enfrentamiento original (el municipio de Casimiro Castillo, principalmente). El miércoles 6 vino el secretario de Gobernación a una reunión privada con las autoridades locales: amplio despliegue de policías federales que convirtieron en un búnker inexpugnable el Hotel Riu (por cierto: el día de los “narcobloqueos”, algún gracioso, y luego otros miles de ingenuos, hicieron circular un video en el que se veía a este hotel incendiándose. Y sí, se había incendiado durante su construcción, en 2010, pero ¿cómo desaprovechar la ocasión de azuzar el pánico?). Desde el jueves 7, prácticamente por todos los rumbos de Jalisco, comenzó a verse una presencia ostensible del Ejército, que habría destacado a diez mil efectivos y un número considerable de vehículos artillados y blindados, de los que solo pueden apreciarse bien lavaditos en los desfiles patrios. Acto seguido, empezaron a aparecer “narcomantas” con advertencias. Por los hechos del 1 de mayo hay nueve detenidos.

Y el martes 5, la catedral de Guadalajara estuvo a reventar con la presencia de cientos de policías uniformados, que fueron a una misa celebrada por el cardenal Francisco José Robles Ortega. Al terminar, el fiscal general de Jalisco reconoció que el 2 por ciento de policías en el estado había renunciado en los últimos días. Antes, se pudo ver al mismo fiscal general en un confesionario, descargando su conciencia para poder comulgar.


Nota

[1] Son tiempos de elecciones, además, y el gobernador hasta ha debido negar la intervención de su propio padre en las campañas del PRI; el famoso “Papá Leonel”, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y fundador del Movimiento Aristóteles Sandoval, que busca llevar a su retoño a la presidencia de la República, fue descubierto asegurando a sus huestes que “el gobernador está poniendo todo de su parte”, y aleccionándolas para infiltrarse en las casillas y para promover el voto el próximo 7 de junio: “Bueno, es una acción ilegal, ilícita el día de la elección, pero eso nosotros no lo vamos a andar diciendo.”

Artículos relacionados