Nuevas claves para pensar la violencia en México, más allá del narcocentrismo. Caso Guerrero y su guerra sin fin

Los niveles de violencia que aquejan al estado de Guerrero llevan a pensar que los conceptos que teníamos para analizar este fenómeno ya se agotaron. Ante este escenario es preciso plantear nuevas claves.

y | Violencia

¿Las categorías de análisis para explicar la violencia en México ya no alcanzan? El pasado 9 de junio Reforma publicó en su primera plana que en lo que va del año ciento nueve policías han sido asesinados en Guerrero (Jiménez, 2017). Hace unas semanas, Antonio Martínez Velázquez, editor de Horizontal, nos invitó a reflexionar en torno a estas preguntas. Y es que, además de lo que ocurre en Guerrero, hay una serie de hechos que parecen apuntar en esta dirección.[I]

Nosotros consideramos que no, las categorías ya no alcanzan. La realidad superó una vez más a las teorías de las que disponemos. Es necesario entonces que avancemos y trascendamos tanto las explicaciones «narcocéntricas» con las que nos inundan las notas periodísticas como las explicaciones que, obsesionadas por tomar como modelo a los países «más desarrollados», suelen ignorar los contextos específicos de nuestras realidades regionales. Necesitamos, pues, nuevas claves para pensar el desastre, calves que vayan más allá del lugar común en que se ha convertido tratar de explicar todo por la rivalidad entre organizaciones de traficantes de droga.

Proponemos retomar la explicación de la violencia en México como una guerra civil con fines económicos (Schedler, 2015), pero esa explicación, que ha surgido de una literatura académica de teorías liberales del Estado, debe ser superada antes que nada en su límite liberal, que en lugar de explicar contextos específicos, subsume a las lógicas locales bajo valores y lógicas de carácter general que imponen a los tipos estatales del llamado «primer mundo» como el modelo a seguir. Y en este sentido, planteamos la pertinencia de considerar explicaciones locales no solo como matices a la explicación generalizadora, sino como una lógica básica de explicación.

Así, en este texto proponemos que la violencia en México se puede explicar, en lo general, como una guerra civil económica motivada por lógicas locales múltiples, como ilustraremos con el caso de Guerrero, donde existen, entre otros, grupos criminales que funcionan como empresas altamente diversificadas y que se dedican a actividades como la venta de seguridad, y que conviven con grupos armados no criminales que han desarrollado sistemas de seguridad y justicia diversos (policías comunitarias y autodefensas). Y por otro lado, no deberíamos dejar de considerar la existencia de los grupos guerrilleros que aún viven en la región. En todos estos casos los motivos detonantes de violencia suelen estar más relacionados con problemas domésticos, familiares y de delincuencia común. De manera que los problemas de violencia que parten de la disputa entre grupos dedicados al tráfico de drogas son secundarios. Consideramos que Guerrero es un ejemplo ilustrativo por ser uno de los estados con mayor violencia en el país.


Nuevas claves analíticas

La noción de la guerra civil conlleva una connotación política que es fructífera por ser chocante. Señala que la guerra no es externa, sino interna. Bajo la administración de Felipe Calderón, el lenguaje oficial era el de una lucha contra enemigos externos abstractos, que se enfrentaban a la patria, el Estado, los ciudadanos, las familias mexicanas. Al tiempo que, felizmente, se mataban básicamente entre ellos. Marcianos matando a marcianos. El lenguaje de la guerra civil nos obliga a reconocer la guerra como lo que es: una guerra interna de la sociedad mexicana. No es una guerra ajena a los ciudadanos. Es «nuestra guerra».

Andreas Schedler

Andreas Schedler introdujo la que, hasta ahora, parece ser la categoría analítica más interesante para explicar la violencia en México: democracia en guerra civil económica. Tomada de los estudios de guerras civiles en la ciencia política internacional, parece una elección pertinente que nos ayuda a dejar atrás la demagogia gubernamental («guerra contra el narco»; en tanto que se suele conceptuar como una «confrontación entre grupos armados dentro de un Estado, o entre un grupo armado y el mismo Estado, que causa un mínimo de mil muertos al año» (Schedler, 2015, p. 50). Con la particularidad de que esta, como la mayoría de las «nuevas» guerras civiles, carece de agenda política e ideología; es decir, es de carácter exclusivamente económico.

Explicar la violencia de esta manera permite superar las superficiales visiones homogeneizantes que, desde planos puramente morales, dominan la discusión sobre crimen organizado en el país (veáse una discusión al respecto en Jaimez, 2017).[II]

Sin embargo, es necesario trascender esta explicación que nos posiciona dentro del campo liberal de las teorías prescriptivas del Estado, lo que nos conduce a una perspectiva reduccionista que, a falta de un punto de vista teórico de mayor profundidad, nos arroja una visión en la que todo se resume a una pelea entre buenos (el Estado) y malos (los criminales), por lo que la solución pareciera ser que el Estado gane la guerra contra «los criminales», restaurando el «Estado de derecho» y la «democracia». Donde «los criminales» son entendidos como todos aquellos actores que no se adhieren a la lógica del Estado como el único capaz de hacer uso legítimo de la violencia. O sea, donde un narcotraficante es entendido de la misma manera que un policía comunitario o un guerrillero.

Pero en tanto que en el centro esté la defensa del Estado de derecho y el quebrantamiento de este sea el enemigo a derrotar, es imposible analizar correctamente contextos específicos. El caso de Guerrero es ilustrativo al respecto. Las policías comunitarias y grupos de autodefensas son actores clave en el contexto de guerra civil, por lo que el análisis del «sistema comunitario de seguridad y justicia que han creado» (Sierra, 2013; Martínez Sifuentes, 2001; Hernández, 2006; Flores, 2001) no debería equipararse con actividades criminales, ni menospreciarlos como «formas de hacer justicia por propia mano».

Las policías comunitarias no han surgido, como se suele decir en la prensa, ante la falta de capacidad o voluntad del Estado para contener las dictaduras privadas que organizaciones criminales han establecido en el terreno local, sino por motivos locales, como la violencia común, la pobreza y, en ocasiones, por la tradición de organización popular y comunitaria (Sierra, 2013; Flores, 2001).

En síntesis, las teorías liberales y prescriptivas sobre el Estado demuestran su límite en casos como el de las policías comunitarias, a las que no pueden interpretar desde su propio contexto. Necesitamos explicaciones que atiendan mejor a las especificidades locales y que al mismo tiempo den cuenta de la dinámica de los condicionamientos estructurales. Esto es, que en la investigación combinemos las explicaciones cultural-contextuales con teorías no reduccionistas, o Teorías con mayúscula.

En este sentido, es pertinente que consideremos tres explicaciones respecto al incremento de la violencia criminal que no pasan necesariamente por el tráfico de drogas. La primera implica explicar la organización de la fuerza como negocio, como lo expone Berber (2017). La segunda tiene que ver con lo que Natalia Mendoza ha llamado proceso de cartelización (Mendoza Rockwell, 2012), en el que las organizaciones locales pierden el control de la organización de la violencia (como ocurre en varias zonas de Guerrero y, en específico, en el municipio de Ayutla que exponemos más adelante), que si bien en algunos casos se relaciona con el tráfico de drogas, esta no es su condición indispensable (precisamente en Ayutla la cartelización no se relaciona con tráfico de drogas). Y la tercera es la entrada de jóvenes a mercados ilegales debido a la carencia de opciones legales para lograr su sustento.

En resumen, para comprender la violencia en México es pertinente recurrir a la explicación de democracia en guerra civil económica, pero añadiendo del análisis local no solo matices, sino explicaciones que indaguen las formas de cartelización; los mercados de trabajo locales en relación con los mecanismos de entrada de jóvenes a mercados ilegales; la organización de la violencia como negocio no vinculado con el tráfico de drogas; y la organización comunitaria armada no relacionada con el crimen. A continuación utilizamos estas categorías para explicar la violencia en el caso de Guerrero.


Caso Guerrero, contexto

A lo largo de la historia el estado de Guerrero ha sido foco de atención de actores armados allende a los facultados por las instituciones. Desde la década de 1960 cobró particular relevancia por la presencia de organizaciones político-militares de izquierda; no obstante, con el paso de los años estas han dejado de ser los únicos actores armados no institucionales.

Se trata de un escenario en el que los diferentes grupos armados no institucionales se confrontan en algunas ocasiones, pero en otras se entremezclan, dando lugar a una complejidad no menor que posiciona al estado como uno de los más violentos del país en los últimos años, y a Acapulco, su puerto principal, como la segunda ciudad más violenta del mundo.

Guerrero tiene un permanente ambiente de disputas que la literatura suele reducir solo a tres dimensiones: la disputa por el territorio (mineras contra territorio comunitario, por ejemplo); las policías comunitarias; y la más difundida por la prensa, la disputa por el control de algún eslabón del complejo de la droga, en un ambiente aderezado por la impunidad y colusión puestas en evidencia con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.


Narcocentrismo en la explicación de la violencia en México

De esta manera, en la cara más reduccionista de la prensa la explicación de la violencia es «narcocentrista»: el incremento de la violencia se explica como el resultado de la fragmentación de las organizaciones criminales relacionadas con el narco y, en torno a estas, presencia de grupos guerrilleros, surgimiento constante de policías comunitarias y grupos de autodefensa, así como una presencia constante de operativos instrumentados por la Federación.

Así, pareciera ser que el eje rector de la violencia contemporánea podría atribuirse, en mayor medida, a los problemas relacionados con el complejo de la droga, puesto que se conjuntan en el estado la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Es cierto, Guerrero es uno de los principales productores de opiáceos en el país y el continente,[III] concentrando la producción sobre todo en las regiones de la Montaña y Centro, y en una parte de la región Norte, además de ser un fuerte productor de mariguana; lo anterior tiene sustento no solo en las condiciones climatológicas favorables, sino que se potencia en un entorno de alta marginación y pobreza del campesinado. Además, el estado de Guerrero cuenta con un puerto internacional y distintas vías de comunicación hacia la capital.

Aunado a ello, las pesquisas relativas a la desaparición de los normalistas han señalado la existencia de rutas de trasiego de heroína en camiones de pasajeros con posible destino hacia Estados Unidos. La presencia de dos de los principales destinos turísticos del país, Acapulco y Zihuatanejo, es foco de atracción para la distribución y el consumo de drogas, lo que ha hecho, entre otras cosas, del primer puerto una figura central en la escalada del homicidio en el país. En conjunto, sea por el dominio de alguno de los puntos señalados o, en su defecto, de los tres, los distintos actores armados se confrontan por el control a partir del ejercicio sistemático de la violencia como recurso estratégico en un espacio de disputa.

Pero, como en Chiapas y Oaxaca, en Guerrero la defensa comunitaria del territorio y la construcción de alternativas de organización política comunitaria es una característica central. Esto tiene que ver con que a varias de sus regiones el Estado no llegó, o llegó de manera parcial y débil (ni llegaron los servicios de salud pública, servicios sociales, educación, etcétera; ni, por tanto, las prácticas políticas modernas sustituyeron los usos y costumbres comunitarios, como tampoco sustituyeron las formas caciquiles de practicar la política). Es una combinación barroca de una alta marginación, pobreza y desigualdad, con una particular cultura sobre la violencia (recuérdese la tesis de Bartra relativa al Guerrero bronco); grupos de izquierda armada, así como una cultura política caciquil-comunitaria fuertemente mediada por mecanismos violentos, lo que genera la necesidad de superar, sin dejar de considerar su relevancia, la explicación centrada de forma exclusiva en el narco para mostrar las dimensiones cotidianas de la producción de la violencia.


Rivalidad delincuencial y violencia no criminal

¿Qué parte de la violencia es explicada por la rivalidad entre organizaciones de tráficantes de drogas? En el caso de Guerrero, como en el resto del país, las organizaciones criminales han experimentado fuertes y rápidas divisiones,[IV] lo que, amén de su naturaleza, las hace poco asibles y difíciles de definir entre límites claros. No obstante, y en especial tras el resquebrajamiento del histórico dominio hegemónico de la organización de Sinaloa hasta 2005, se puede constatar una división de grupos de los rescoldos del otrora grupo de los Beltrán Leyva (sean Rojos, Guerreros Unidos, Barredora, etcétera) que se enfrentan entre sí, además de la confrontación con la antigua Familia Michoacana, los Zetas y facciones de Sinaloa, en una disputa en apariencia sin fin por el control del complejo de la droga. A ello se deben agregar las fricciones y enfrentamientos de estos grupos criminales con representantes del Estado,[V] guerrillas, policías comunitarias y población en general.

Sin lugar a dudas esta dimensión tiene una aplicabilidad general para la explicación de la violencia en todo el país, pero junto con ella es necesario dar cuenta de las especificidades de cada caso particular, la historia, las tradiciones y la cultura política local. Precisamente el caso de Guerrero ilustra la importancia de las condiciones y los conflictos locales.


Dinámica local en la explicación de la violencia

Guerrillas

Las guerrillas son de larga data en el estado. A pesar de que nunca han representado un grave riesgo a la gobernabilidad, permanecen como potencial amenaza al gobierno y al sistema de dominación caciquil, y han hecho de la entidad la más militarizada, siendo la única con una región militar entera. Con el surgimiento del EPR, posterior a la artera masacre de Aguas Blancas, y su distintas divisiones ‒ERPI‒, la guerrilla saltó de nuevo a la vista. En la década anterior, el asesinato del comandante Ramiro ‒ERPI‒ en 2009 posicionó la discusión como agresión de grupos de traficantes, vía paramilitares de El Cuche Blanco, por acciones en defensa del territorio. El 10 de octubre del 2014 el ERPI anunció la creación de una brigada de ajusticiamiento popular en contra de Guerreros Unidos tras la desaparición de los normalistas, con lo cual, y al menos en el discurso, señaló a la guerrilla como un actor con operaciones dentro de la coyuntura actual. A pesar de que no hay evidencia pública que señale la presencia de organizaciones de este tipo como un actor fáctico, su presencia es real, latente y forma parte del sistema de pesos y contrapesos entre los actores armados en Guerrero.

Organizaciones criminales como intermediarios violentos que no trafican drogas

En un artículo reciente, Miguel Ángel Berber (2017) estudia al que fuera, desde 2008, el principal grupo criminal de uno de los municipios más violentes de Guerrero: Ayutla de los Libres. En síntesis, Berber señala que, sin ocuparse del tráfico de drogas, este grupo diversificó sus tareas delincuenciales al mismo tiempo que fue desarrollando su poder. Su diversificación funcional abarcó procuración de seguridad; ser intermediarios para la resolución de conflictos entre privados; exacción (extorsión) en sistemas ilegales (principalmente como cobro de cuotas para regular la venta de productos ilegales o de piratería; y de mediación para la obtención de permisos para el sistema de transporte público). Así, sostiene que, contrario a la narrativa oficial y de los medios de comunicación, el tráfico de drogas ha tenido un papel secundario para explicar la violencia en Ayutla de los Libres.[VI]

Policía(s) comunitaria(s)

El grupo criminal estudiado por Berber fue desplazado como organizador de la violencia a principios del 2013 por el surgimiento de la autodefensa en Ayutla, que nace en oposición a este grupo criminal como una forma de defenderse de las extorsiones que cometía. Luego, se ha querido relacionar a este grupo con la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) (Berber, 2017), pero esto es un error; se trata de un grupo inspirado en aquel, pero con una historia propia, surgido de otro grupo con una importante presencia política en el estado (UPOEG) y que compite con otras organizaciones y policías comunitarias de la entidad.

Este ejemplo ilustra un elemento central en la explicación de la Policía Comunitaria de Guerrero: que debe tratarse en plural, como una diversidad de organizaciones e instituciones comunitarias de seguridad y justicia que se encuentran fuertemente fragmentadas y que tienen antecedentes y alianzas políticas y económicas bastante diferentes, en las que la CRAC-PC (llamada también la CRAC “oficial”) ha sido muy cercana al gobierno; la autodefensa de la UPOEG a algunos partidos políticos; y la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores, a las comunidades de la Montaña donde históricamente han actuado organizaciones político militares de izquierda.

Violencia que no corresponde a rivalidad entre grupos armados

Pero en el caso de Guerrero la explicación de la violencia no se puede limitar a los actores enumerados. A pesar de las persistentes y altas tasas de homicidio en el estado, no toda la violencia es derivada de la rivalidad entre grupos armados (mucho menos a la que concierne solamente a grupos de «narcotraficantes»); de hecho, y conforme a datos de la ENVIPE 2016, entre las trece principales preocupaciones de la población, narcotráfico se posiciona en noveno lugar, siendo que solo doce por ciento de los encuestados afirmaron que era su principal preocupación.

Por otro lado, no toda la violencia se puede aproximar por homicidio,[VII] de hecho no se puede hablar de un ente monolítico como la violencia, antes bien se debe hablar de violencias con actores y causales heterogéneos; no obstante, hay otras violencias que son mucho más difusas y, en algunos casos, inasibles empíricamente, lo que dificulta su medición y eventual comprensión.

Para estas otras violencias y homicidios no relacionados con los actores apuntados bien cabría lanzar hipótesis pertinentes referentes a situaciones de tensión social y a la inoperancia de las instituciones sociales oficialmente normadas en la regulación de conflictos en dos vías; esto es, a nivel endógeno por sus dinámicas propias y sus relaciones en y con el campo de lo político, y exógeno, por la baja confianza y la imagen de impunidad por parte de la población en general.

Violencia de Estado

Por último, el Estado no solo ha fungido como un ente mediador de conflictos en el estado, sino que ha participado de manera activa y sistemática como una de las fuerzas de tensión capaz de ser el fiel de la balanza sin importar que su accionar implique la artera violación de derechos humanos.

Sobran ejemplos de la violencia de Estado en Guerrero; como el caso del asesinato masivo de copreros a manos de gatilleros en contubernio con el gobierno estatal en 1967; los distintos episodios de la Guerra Sucia, con la desaparición y el asesinato selectivo, además de la aplicación de estrategias de contrainsurgencia; las masacres de Aguas Blancas y El Charco a finales de la década de 1990; y, más recientemente, el asesinato y la desaparición de militantes de izquierda, así como de ciudadanos en retenes del ejército,[VIII] tipificados de manera burlona como «daños colaterales» en la «guerra contra las drogas».

No obstante, el caso emblemático en la violencia de estado en Guerrero y en el país[IX] es la desaparición forzada y masiva de los normalistas de Ayotzinapa en el 2014, lo que representa, en palabras de Jenaro Villamil «la peor crisis de Estado que se haya vivido en los últimos años».

En conjunto, los crímenes cometidos por representantes estatales constituyen ‒más allá de su aporte a tal o cual facción política o criminal en sí‒ crímenes de lesa humanidad con carácter pluriofensivo e imprescriptibles en un contexto de indefensión absoluta de las víctimas.


Conclusión

Como resulta evidente del análisis del caso de Guerrero, para explicar la violencia en México necesitamos nuevas claves, pues nos encontramos en una situación de guerra civil económica motivada por lógicas locales múltiples. De manera que los problemas de violencia que parten de la disputa entre grupos dedicados al tráfico de drogas son secundarios. Importa considerar otros motivos detonantes de violencia relacionados con problemas de delincuencia común, problemas domésticos, familiares y de conflictos comunitarios.


Referencias

Berber, M. A. (2017). Intermediarios violentos: el uso y la organización de la fuerza como negocio en Ayutla de los Libres. Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 35(104), 267-291.

Flores, J. (2001). Reinventando la democracia. El sistema de la Policía Comunitaria y las luchas indias en el estado de Guerrero. México: Plaza y Valdés/El Colegio de Guerrero A.C.

Hernández, V. (2006). Apuestas y retos de la Justicia Comunitaria. La experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero. Presentado en V Congreso de la red latinoamericana de Antropología Jurídica, Morelos: Red Latinoamericana de Antropología Jurídica.

Jaimez, R. (2017) apud Schedler, Andreas (2015). En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 35(104), 449-456.

Jiménez, B. (2017, junio 9). Van 109 policías muertos. Reforma, p. 1.

Martínez Sifuentes, E. (2001). La policía comunitaria: un sistema de seguridad pública comunitaria indígena en el Estado de Guerrero. México: Instituto Nacional Indigenista.

Mendoza Rockwell, N. (2012). Microhistoria de la violencia en Altar, Sonora. En José Antonio Aguilar (coord.) y R. A. Feliz, Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México (1a ed.., pp. 247-272). Naucalpan, Estado de México, México: Secretaría de Seguridad Pública Federal SSP Centro de Investigación y Estudios en Seguridad.

Pantoja García, C. (2017). La permanente crisis de Guerrero. En S. Aguayo y R. Benítez, Atlas de la Seguridad y Defensa de México 2016. México: CASEDE.

Schedler, A. (2015). En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada. México: CIDE.

Sierra, T. (2013). Desafíos al Estado desde los márgenes: justicia y seguridad en la experiencia de la policía comunitaria de Guerrero. En T. Sierra, R. Hernández y R. Sieder, Justicias indígenas y Estado. Violencias contemporáneas (pp. 159-193). México: CIESAS/Flacso.


[I] El pasado 10 de mayo se publicó un video escalofriante: un militar ejecuta a personas detenidas en Puebla, si bien ya habíamos sabido de ejecuciones en Tanhuato o Tlatlaya, no habíamos tenido acceso a este tipo de imágenes. Un día antes se publicó una nota en Bloomberg sobre México como una de las zonas de conflicto más mortífera, la nota tiene errores metodológicos insalvables y graves; sin embargo, siembra la idea (ensayada por Andreas Schedler también) de México como una franca zona de guerra civil, también Carlos Puig publicó una nota y video de una gran fiesta en el penal de Puente Grande, criminales y autoridades indistinguibles: la fiesta es para todos. Los feminicidios, el de Lesvy en particular. Las fosas interminables. Periodistas asesinados, acoso judicial, etcétera, eran solo algunos de los hechos que motivaron a preguntarnos si es que las categorías de análisis de la violencia y el Estado en México ya no alcanzan.

[II] «En los estudios sociales es cada vez más normal que nos enfrentemos a una literatura que homogeniza los problemas sociales. Piénsese, por ejemplo, en algunos estudios sobre comunidades indígenas que en México se hacen desde cierto tipo de visión antropológica que, de manera intencional, enfatiza los elementos comunes del territorio (historia común, lengua, símbolos, identidad) y subestima los elementos de conflicto internos; de manera que en un esfuerzo por fortalecer los procesos ‘subalternos’ contra ‘el poder Estatal’ construyen retratos romantizados que tienden a generar la impresión de homogeneidad donde no existe.

También el discurso periodístico hegemónico y un tipo de literatura académica nos inundan con informes sobre el funcionamiento aparentemente homogéneo de las organizaciones de la violencia. El discurso público suele ‘imaginar’ al crimen organizado como un mundo uniforme cuyos actores son homogéneos y adjetivados de manera genérica como ‘criminales’, ‘delincuentes’ o ‘narcos’.

Andreas Schedler rompe con esa visión homogeneizante y ofrece una serie de retratos que nos muestran las especificidades de estas organizaciones desde el punto de vista de la percepción de la sociedad civil». (Jaimez, 2017, p. 452).

[III] Tradicionalmente se refiere como el principal productor, sin embargo, esta aseveración no tiene sustento en estimaciones con metodologías robustas. La primera medición formal de cultivos de amapola es del año pasado y solo hace cálculos nacionales en los que estima que los cultivos de flor pueden oscilar entre las 21,500 hectáreas y las 28,100. Para más información consultar: UNODC, 2016.

[IV] Para una visión general consultar Pantoja García, 2017).

[V] La violencia no es solo en contra de policías y militares. Para las elecciones intermedias de 2015 fueron asesinados un candidato, una precandidata y un exregidor. En abril del presente año fue ultimado el secretario general del PRD de la entidad.

[VI] Citamos un ejemplo del autor «Se recopilaron testimonios de asesinatos cometidos por este grupo debido a razones políticas, problemas maritales e incluso abigeato; el homicidio era una manera, si bien la última, de resolver disputas entre particulares. En una comunidad rural de Ayutla se registró el relato de una mujer viuda, cuyo marido fue asesinado por este grupo criminal. Según la entrevista, la razón del conflicto que desencadenó el homicidio fue un adeudo: un individuo (A) atribuía el robo de ganado a otro individuo (B), por lo que exigía una compensación. El supuesto agraviado recurrió al grupo criminal para exigir el pago; los criminales buscaron al individuo (B) en su casa pero, al no encontrarlo, buscaron a su hermano (C). Intentaron que este último pagara la compensación económica y éste respondió con uso de armas. El resultado fue un enfrentamiento que resultó en la muerte del individuo (C)» (Berber, 2017, p. 282).

[VII] Es el mejor observable empírico de criminalidad violenta y violencia interpersonal.

[VIII] El caso emblemático es el de Bonfilio Rubio, quien fuera asesinado en 2009 en un retén militar cuando en el autobús en el que viajaba fue rafagueado por soldados. El caso fue presentado por organizaciones defensoras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[IX] Por la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad con organizaciones criminales.

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