Pensar el cambio climático: México y los límites de lo público y lo privado

El cambio climático nos está afectando a todos –y cada vez con mayor intensidad. El gobierno, la sociedad, el sector privado y la comunidad científica deben tomar inmediatamente una posición activa para transformar el estado de las cosas.

| Pensar el Cambio Climático

Con este texto, dedicado al marco institucional que combate el cambio climático en México, arrancamos una serie que se propone repensar el papel político de la sociedad frente a la continua degradación del medio ambiente.

A estas alturas, es evidente que el cambio climático es un fenómeno que nos afecta a todos y que genera impactos catastróficos, por lo que prácticamente todos los gobiernos han puesto manos a la obra para estar preparados ante los efectos, evitar que se agudicen y reducir los daños. Aun así, existen todavía grandes cuestionamientos como: ¿quiénes son los responsables? Y una vez identificados los responsables, si se ha causado un daño, ¿quién debe pagar por las reparaciones? Y cuando sabemos quiénes deben pagar, ¿cómo obligarlos a hacerlo sin que eso cause una parálisis económica? Estos son algunos de los temas en debate que han conducido a las negociaciones internacionales y que han producido lo que hoy conocemos como gobernanza del cambio climático.

Un buen resumen del tamaño del problema lo contiene el Informe Stern, realizado en 2010 y que es la base para calcular los impactos económicos del cambio climático. Este informe ha calculado los costos del impacto del cambio climático desde tres perspectivas: el primer enfoque considera el impacto en la vida humana y el ambiente y examina los recursos necesarios para reducir las emisiones; el segundo usa modelos económicos que estiman el impacto económico del fenómeno, así como modelos macroeconómicos que consideran costos y efectos de la transición a una economía baja en carbono; y el tercero compara el nivel actual y las futuras trayectorias del “costo social del carbono” contra el costo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El cambio climático presenta un acertijo de muchas dimensiones: es un asunto de alta complejidad que, por lo tanto, requiere la acción paralela y coordinada de los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la comunidad científica. Hasta le fecha se han ensayado soluciones en múltiples niveles y con diferentes enfoques. Por desgracia el fenómeno es incontrolable y no va a esperar a la voluntad humana para detenerse o ser menos destructivo. Quienes emprenden acciones climáticas deben saber que en este tema se deben ejecutar las acciones y, al mismo tiempo, hacer los cambios necesarios sobre la marcha.

México enfrenta este desafío con una creciente desconfianza entre los actores involucrados. Mientras la sociedad civil y la comunidad científica señalan la necesidad de reducir las emisiones y mejorar las condiciones de adaptación, las empresas esperan los incentivos adecuados para invertir en tecnologías y procesos menos contaminantes y la clase política crea medidas de alcance limitado, al parecer constreñida por los intereses de importantes grupos económicos y por su propia incapacidad para ver más allá de sus calendarios electorales.

El presente texto tiene la finalidad de identificar las sinergias entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la comunidad científica e identificar los avances en materia de cambio climático en México, así como las posibilidades de mejorar el papel del país ante este fenómeno.


La aportación de México al cambio climático

México no es de los países que más contaminan: se calcula que aporta entre el 1.6% y el 1.8% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial. Pero esto no quiere decir que nuestro país no tenga responsabilidad o que no tenga que hacer algo para reducir las emisiones contaminantes e impulsar el desarrollo sustentable.

En México se han talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, por lo que ocupa el segundo lugar en América Latina de destrucción forestal (el primer lugar es Brasil). Pero hay, de hecho, actividades que aportan más GEI que el cambio de uso de suelo. Como se puede observar en la gráfica siguiente, los sectores que producen las mayores proporciones de GEI en México son el transporte, la actividad industrial y la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, son esos sectores los que deberían ser objeto de las políticas más contundentes si se busca reducir las emisiones en este país.

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Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de Emisiones 2013.

Tanto el transporte como la industria son sectores que se encuentran en mayor proporción en manos privadas, por lo que cualquier acción gubernamental que obligue a una transformación tecnológica pasa por un acuerdo con las empresas de ese sector, que generaría resistencias de los actores involucrados. El sector energético, en tanto que es un sector mayoritariamente público, es más susceptible de modificaciones desde el gobierno.


Los impactos del cambio climático en México

México es una nación altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. El Banco Mundial señala que México es uno de los países más vulnerables, ya que el 15% de su territorio, el 68% de su población y el 71% de su economía están expuestos a este fenómeno. Entre los estados más vulnerables están Baja California y Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México y su zona conurbada, la cual alberga al 18% de la población nacional. Según la ENCC, se encuentran en riesgo de desastres catastróficos 1,385 municipios y 27 millones de habitantes, es decir, casi una cuarta parte de la población.

La infraestructura de transporte ha demostrado ser altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Como ejemplo de esta afirmación se puede señalar que son vulnerables 29,692 kilómetros de carreteras (lo equivalente al 11% del sistema nacional de carreteras), 11 puertos marítimos (el 23% de los puertos nacionales) y 12 aeropuertos (el 16% de los aeropuertos nacionales). Asimismo, el 46% de la infraestructura estratégica de PEMEX y una tercera parte de la infraestructura eléctrica son vulnerables.

Según el INEGI, el 19% de la población que ha cambiado su residencia dentro de México lo ha hecho por razones asociadas al cambio de clima o a la exposición constante a efectos meteorológicos. También se esperan efectos como la disminución de la pesca, el retraso de entrada de las lluvias por el calentamiento de las aguas oceánicas y, por lo tanto, incendios forestales en serie, como ya se vivió en 2009. Asimismo se incrementaría la presión sobre la disponibilidad de agua y la infraestructura hidrológica (producción de energía, presas, contención de inundaciones, etc.

En el plano económico, México debería gastar de 0.7% a 2.21% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual (es decir, hasta 224,000 millones de pesos al año) para reducir el 50% de sus emisiones y no perder el 6.2% de su PIB anual por los impactos medioambientales, lo que representaría un costo de 630,000 millones de pesos por año.

A la par del cambio climático, México enfrenta muchos otros problemas, como la pobreza, la falta de crecimiento económico, el desempleo y la inseguridad. Elegir cuál es el problema prioritario entre tantas y tan graves cuestiones no es tarea fácil. Sin embargo, atender el cambio climático puede generar alternativas no exploradas para solucionar también otros problemas.


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¿Qué está haciendo el gobierno?

El papel de las instituciones gubernamentales es el de generar un marco normativo e institucional que atienda tanto a la mitigación de emisiones de GEI como a la adaptación y resiliencia de las comunidades. Las siguientes son algunas de las principales acciones que podría iniciar el gobierno.

  1. Mitigación

La mitigación se refiere a reducir las emisiones de GEI. Entre las formas que se tienen para reducir las emisiones se encuentran: a) generar incentivos para la adopción de nuevas tecnologías; b) castigar el consumo de tecnologías y energías más contaminantes y c) incrementar el consumo de energías renovables. Para llevar a cabo estos fines, las instituciones gubernamentales cuentan con dos tipos de mecanismos: los “forzosos” y “los de mercado”. Entre los “mecanismos forzosos” se encuentran medidas que obligan a los actores a cambiar sus patrones de consumo mediante cargas impositivas, metas ineludibles y multas en caso de no cumplir. Los “mecanismos de mercado”, por su parte, consisten en la creación de marcos para estimular la oferta y demanda, los cuales generan un estímulo económico para que los actores reduzcan sus emisiones, ya sea mediante certificados de emisiones (que pueden ser intercambiables por dinero) u otros beneficios económicos.

En México el marco normativo e institucional está conformado por una Ley General de Cambio Climático (2012) y su reglamento respectivo. El Sistema Nacional de Cambio Climático está compuesto por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, así como los gobiernos de las entidades federativas, las asociaciones de gobiernos municipales y el Congreso. Se cuenta también con 12 leyes estatales de cambio climático, 14 programas estatales y tres municipales. De lo anterior se puede deducir que las autoridades locales aún consideran al cambio climático como un asunto de la federación, ajeno a sus problemas internos, en especial a nivel municipal o de las delegaciones de la Ciudad de México. Por otro lado, muchas de las normas estatales son realizadas sin proponer metas de reducción concretas ni fechas para cumplirse. Ninguna plantea sanciones o consecuencias si no se cumplen las metas propuestas.

La meta de reducción de GEI propuesta a nivel nacional en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40 es reducir el 30% de las emisiones para 2020 y el 50% para 2050, respecto a las emisiones del año 2000. Como se ha señalado anteriormente, en el sector energético el gobierno tiene mayor margen de acción, debido a la propiedad estatal y monopólica tanto en la generación de electricidad como en la producción de petróleo. Por esa razón, en diciembre de 2015 se aprobó la Ley de Transición Energética (LTE), que estimula el uso de energía de fuentes renovables.[1] Sin embargo, es poco lo que se ha avanzado en ese sector. A pesar de contar con la LTE, en México solo el 18% de la energía nacional se produce con energías renovables. De ese porcentaje, un 13% proviene de energía hidroeléctrica que ya existía anteriormente. Es claro que se están desaprovechando oportunidades importantes, como los altos niveles de insolación que existen en el 70% del territorio nacional, la alta intensidad de vientos en áreas como el Istmo de Tehuantepec, el alto potencial geotérmico nacional (cuarto lugar a nivel mundial), así como un alto potencial en plantas mini-hidráulicas en ciertas regiones. De acuerdo con cifras oficiales, el potencial de crecimiento de estas industrias es todavía grande; del potencial que se estima México tendría para el 2020, solo se aprovecha en la actualidad un 5% en energía eólica, 10% en geotérmica, 2% en mini-hidráulica, 0.25% en fotovoltaica y 1% en biomasa. Se estima que para el 2029 la derrama económica por las energías renovables podría ascender a 45 mil millones de dólares que generarían 180 mil empleos.

Como medio para desincentivar el consumo de combustibles de altas emisiones recientemente se ha aprobado un impuesto al carbono, que puede ser considerado el primer gravamen climático y que se aplica de la siguiente manera

Gas LP Gas Natural Combustóleo Diesel Gasolina Gasavión
6.60 ¢/lt 0.0 ¢/lt 13.01$/ton 12.59¢/lt 10.38¢/lt 10.38¢/lt

El impuesto es en cierta manera simbólico, porque el país sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles, y un impuesto de gran tamaño impactaría en la inflación con graves consecuencias económicas.

Algunos actores se oponen al fomento de las energías renovables debido a que sus intereses se ven afectados. CIDAC menciona que la industria del acero cuestiona las metas establecidas por la LTE para su sector –que son del 25% en 2018, el 30% en 202, y el 35% en 2024–, pues considera que son muy altas tomando en cuenta que México solo aporta el 1.6% de GEI mundial.

Para forzar el consumo de energías renovables, la LTE creó los Certificados de Energía Limpia (CEL). Los CEL funcionan así: los generadores y distribuidores de energía deben cubrir un porcentaje de energía limpia que el gobierno establece cada año; si no lo cubren deben comprar CELs a terceros, y si no lo hacen deben cubrir una multa que será el precio máximo del CEL. Esto es lo que se conoce como el “mercado de carbono” (carbon bonds), el cual consiste en establecer un máximo de emisiones y obligar al actor que lo rebase a pagar una multa o a comprar bonos a otros actores que hayan reducido sus emisiones tanto que les sobraron permisos. En este mercado, las empresas de energía renovable tienen una doble ganancia al vender tanto la energía que producen como los CELs. Pero existe el riesgo de generar un mercado artificial que se preste a especulaciones y malos manejos.

La LTE también creó los “Fondos de Transición Energética y del Aprovechamiento Sustentable de Energía” que se constituyen con fondos públicos y privados, nacionales e internacionales con el fin de fomentar este tipo de energéticos. Se creó también el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), que operará (aún no existe) según la LTE con discrecionalidad en la asignación de fondos y la calificación de energías limpias.

Diseñado con sanciones y el mercado de las CELs, el mercado de las energías renovables se ha convertido en una atractiva inversión, tan es así que los hombres más ricos del país (como Carlos Slim, Germán Larrea, Carlos Salinas Pliego y Alberto Bailléres) buscan proveer energía eléctrica a base de renovables.

Por otro lado, en materia de transporte, la ENCC coloca el 2040 como año en que se alcanzará el máximo de reducción de GEI en este sector mediante las siguientes metas.

  1. 10 años. Movilidad: los sectores público y privado adoptaran sistemas de movilidad sustentable, esquemas socioeconómicos que incentiven el transporte sustentable y el uso común de vehículos eléctricos en el transporte público.
  2. 20 años. Los planes de desarrollo urbano integrarán sistemas de transporte sustentable para cubrir las necesidades de la población de forma limpia, eficiente y segura. El transporte de carga será multimodal, eficiente y de bajas emisiones.
  3. 40 años. Uso común de trenes y vehículos eléctricos.

Sin embargo, estos objetivos, al igual que muchas metas y medidas señaladas en la ENCC, así como en las leyes estatales y los programas locales de cambio climático, no se establecen con términos forzosos ni consecuencias por incumplimiento, lo cual deja a las políticas incompletas y sin herramientas para garantizar la aplicación. Es decir, se convierten en medidas sin dientes y no pasan de ser una buena intención.

La propia Ley de Cambio Climático establece la obligación de reportar las emisiones únicamente a los sectores a los que se les requiera; en ese caso si prevén (en el artículo 114) sanciones económicas de entre 500 y 3,000 salarios mínimos a las empresas que no reporten, así como sanciones a quienes aporten datos falsos (artículo 115). Tanto las empresas requeridas como las sanciones quedan a discreción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

  1. Adaptación

En materia de adaptación a los efectos del cambio climático, el gobierno hace todavía menos que en el ámbito de la mitigación. Esto es particularmente crítico, ya que los cambios en el clima ya tienen consecuencias importantes. Se calcula, por ejemplo, que el nivel medio del mar en el Pacífico ha venido subiendo a una tasa de 2.1 mm/año desde 1950. Durante los años de “El Niño” el ascenso fue mucho más marcado, llegando incluso hasta 35 cm por encima del nivel de base de 1950. Frente a estos cambios, las zonas costeras, junto con la población que en ellas se encuentra, son altamente vulnerables. En términos generales, se estima que los efectos del cambio climático pueden costarle a México el 6% del PIB. En la agricultura de seis cultivos seleccionados, México podría perder hasta 57% de su producción anual por estos efectos.

Costos sociales Costos económicos (en millones de dólares)
4.2 millones de personas. 977.6 Sector agrícola
1 millón de viviendas. 456.7 Producción pecuaria
2,905.5 Turismo
Fuente: México ante el cambio climático (2010), informe de Greenpeace.

El gobierno propone reducir en 50% la cantidad de los municipios vulnerables a través de la incorporación del enfoque climático en todos los instrumentos de planeación y el incremento de los recursos en caso de desastres naturales. Propone, también, alcanzar una tasa de 0% de deforestación para el año 2030 y garantizar la seguridad de la infraestructura estratégica. Además de las arriba mencionadas, parece no haber muchas acciones en materia de adaptación, y estas últimas solo parecen metas por alcanzar, sin que se hayan instrumentado todavía los pasos para llegar a ellas

  1. La diplomacia climática

México ha buscado tener un papel importante en las negociaciones de cambio climático, sobre todo a partir de la organización de la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) en Cancún en 2010. México ha sido parte de todos los acuerdos en materia de cambio climático, pero debido a su condición de país en vías de desarrollo y de acuerdo con la legislación internacional en la materia, nunca ha tenido obligaciones de reducción de GEI y todos sus compromisos han sido voluntarios.

Hay que recordar que en la arena internacional se ha establecido que, si bien todos los países tienen responsabilidad en la emisión de contaminantes, lo cierto es que unos tienen más responsabilidad que otros. A este principio se le conoce como de “responsabilidad común pero diferenciada”. Bajo ese principio, los países en vías de desarrollo se han negado a comprometerse a una reducción de GEI de la misma magnitud que los países desarrollados, pues consideran que reducir sus emisiones podría generar graves impactos en su desarrollo, y que los gastos de una conversión tecnológica serían demasiado altos.

Así, se han dividido las obligaciones para los países desarrollados y las de los países en vías de desarrollo. México se encuentra entre los países en vías de desarrollo que ha participado de manera entusiasta en las soluciones propuestas por los países desarrollados. Sin embargo, por las razones arriba enunciadas, muchos de los países en vías de desarrollo se han opuesto a asumir el costo de la reducción de emisiones; sostienen, por el contrario, que los países desarrollados son los responsables de la catástrofe ambiental y exigen que estos países cubran (mediante fondos de cooperación) tanto los gastos por adaptación como los esfuerzos de mitigación de los países en desarrollo.

Con base en esas posiciones, a propuesta de México se creó un Fondo Verde para que los países ricos aporten recursos a los gobiernos de países pobres para combatir el cambio climático. El mecanismo utilizado para la transferencia de esos recursos se conoce como Acciones de Mitigación Apropiadas para cada país (NAMAs por sus siglas en inglés). Las NAMAs son acciones gubernamentales que demuestren reducir los GEI y que deben contar con la certificación del Banco Mundial para recibir los recursos provenientes de la cooperación, así como someterse a verificación y reportar constantemente sus avances. México ha sido el primer país en tramitar y acceder a este tipo de financiamiento.


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¿Y qué hacen las empresas?

La reconversión hacia el uso de energías limpias en las empresas se puede estimular ya sea con beneficios económicos o materiales o con estímulos de prestigio que redunden en una preferencia por parte del consumidor. Los primeros son materia de regulación gubernamental, mientras que los segundos se pueden dar desde la sociedad.

Los incentivos económicos para las empresas no son muy claros. No hay un plan de subsidios amplio para el uso de energías renovables o para la reducción de emisiones. México no ha creado un mercado de emisiones o mecanismos de certificación para verificar que las empresas hayan logrado reducir sus emisiones. Por su parte, los incentivos de prestigio tienen un efecto limitado en la medida en que la sociedad mexicana no percibe el cambio climático como una prioridad, y también debido al posible conflicto de interés que se puede presentar entre las organizaciones y las empresas en los procesos de certificación.

Las empresas en México esperan impactos por parte de la nueva legislación, pero se reportan pocas acciones. En algunos casos las empresas han alzado la voz para pedir que no se les carguen los costos de la mitigación sino que se repartan. Esto muestra el evidente conflicto planteado al comienzo de este análisis, que es: ¿quién debe pagar? Evidentemente las empresas buscan reducir los impactos de la regulación en sus balances financieros. Si las medidas gubernamentales son muy estrictas podrían terminar por ahogar las empresas existentes. Si no existen incentivos adecuados, las empresas se oponen a cargar con todo el costo de la inversión que implica un cambio de tecnologías.

Empresas como Bimbo, FEMSA, Cemex, Telcel, Grupo México, entre algunas de las más importantes, reportan acciones que van desde el ahorro de energía hasta las reforestaciones como medidas para combatir el cambio climático. La mayoría de estas acciones son reportadas como “auto-certificadas”, es decir, que no son verificadas por ninguna autoridad o contraparte, por lo que es complicado estimar su impacto real.

El sector automotriz, que experimenta un auge de inversiones en México, se ha visto envuelto en tremendos escándalos por mentir sobre las emisiones de sus vehículos. Desde que en Estados Unidos se reportó el engaño de los vehículos de Volkswagen, se ha destapado una cadena de fraudes en los reportes de emisiones de otras empresas automotrices. Este escándalo demuestra que las empresas por si solas no pueden cumplir con los requerimientos ambientales, y que México debería aprender de esta importante lección internacional.


¿Qué hace la sociedad?

Desde los años ochenta, las organizaciones de la sociedad civil han sido las que han forzado al gobierno mexicano a tomar acciones de protección al ambiente. Todavía en la actualidad se podría decir que la mayor parte de las acciones gubernamentales en este sentido son empujadas por ese conjunto de organizaciones. Es la sociedad la que, poco a poco, le arranca a los intereses constituidos más adelantos en el tema. Estas asociaciones se han dado a la tarea de crear una conciencia ambiental entre la población, pero también entre las propias instituciones gubernamentales, de modo que avancen en la legislación y en la adopción de políticas públicas y programas de gobierno que reduzcan las emisiones.

Existen así varias cosas que se pueden hacer desde la sociedad. No solo se trata de cambiar hacia el uso de energías renovables, sino también de disminuir los patrones de consumo, de ser más eficientes en nuestra manera de consumir energía, de educar a la población en materia de sustentabilidad, de emprender proyectos de ahorro de energía en los hogares, promover nuevos patrones de movilidad, etcétera.

Entre las numerosas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas ambientales, hay algunas que se han unido para formar una especie de alianza, de redes o frentes que buscan impulsar ciertos temas en la agenda nacional e internacional. Encontramos por ejemplo a Actionlac, una plataforma para vincular desarrolladores de acciones climáticas con posibles financiadores. También están el Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático, integrado por 15 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores mexicanos que comparten la convicción sobre la necesidad de instrumentar políticas públicas integrales,[2] y la Red Ambiental Mexicana.[3]

La sociedad civil ha creado importantes lazos con la comunidad internacional de la que ha aprendido estrategias para recomendar a la sociedad y los gobiernos de su propio país. En México también actúan varias organizaciones civiles internacionales como Greenpeace, WWF, Oxfam, entre otras, que generan una mayor masa crítica para impulsar la agenda del clima en nuestro país. De hecho, se podría decir que el tema del cambio climático en México ha tenido que llevarse al ámbito internacional para que desde afuera se ejerza la presión necesaria para incidir en la acción gubernamental. Esto ha resultado más efectivo que si la presión se hubiera ejercido solo desde dentro.

Por su parte, la comunidad científica mexicana ha incrementado sus estudios del cambio climático en los años recientes. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático reporta una lista de instituciones que albergan programas de investigación sobre este fenómeno. Lo anterior ha generado una creciente comunidad epistémica que investiga sobre este asunto con el fin de impulsar la creación de soluciones al cambio climático. Esa comunidad científica normalmente es la primera en entrar en contacto con los temas de vanguardia internacional respecto al ambiente. Entre los actores de esta comunidad, destaca por su influencia en materia de política pública el Centro Mario Molina, que se encarga de elaborar estudios y recomendaciones en este sentido.


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Los mecanismos de los diferentes actores

Como se ha podido observar a lo largo de este texto los diferentes actores tienen diferentes mecanismos para actuar respecto al cambio climático y también para interactuar entre sí. Esos mecanismos son diferentes para cada actor según su naturaleza y también según los estímulos que recibe, tanto del ámbito interno como del internacional. Los distintos mecanismos se pueden agrupar en las siguientes categorías.

  1. Coerción: aquellos mecanismos que contemplan sanciones para quienes incumplan las metas acordadas.
  2. Imitación: aquellos mecanismos que son reproducidos debido a que tienen algún éxito en otros espacios o para otros actores.
  3. Aprendizaje: aquellos mecanismos que son reproducidos debido a la experiencia obtenida y que buscan avanzar en el camino de ensayo/error.
  4. Competencia: aquellos mecanismos que estimulan la acción de los actores mediante la obtención de algún beneficio material o de prestigio.

 

Mecanismos Coerción Imitación Aprendizaje Competencia
Gubernamentales Ley General de Cambio Climático

Ley de Transición Energética

Impuestos al carbono

Leyes Estatales

Planes Estatales

PACMUN

Acuerdos internacionales Fondo Verde

NAMAs

Empresas Certificados de Energía Limpia Programas de consumo eficiente de energía

Acciones de reforestación

Mercados de carbono
Organizaciones Civiles Acciones con enfoque de cambio climático Cooperación con organizaciones internacionales Financiamiento nacional e internacional de organismos financieros y de cooperación internacionales

Donadores particulares

Comunidad Científica Instituciones que investigan el cambio climático Comunidades epistémicas Fondos de investigación

 

El gobierno y las empresas interactúan mediante los mecanismos de coerción, pues las sanciones que establece la ley son para obligar a las empresas a cambiar sus patrones de consumo de manera gradual. Este mecanismo provoca que las empresas sientan una presión, pero también que vean una oportunidad en dedicarse a la generación de energías renovables, que es el único campo en el que se han planteado metas forzosas y sanciones.

La imitación se concentra más entre los actores gubernamentales y las empresas, debido a que no existen mecanismos que les obliguen a crear acciones que realmente reporten avances. Salvo la LTE, tanto empresas como gobiernos establecen metas y crean leyes y programas sin plantearse cómo alcanzarlas. Al no ser un requisito demandado por la comunidad internacional, el gobierno mexicano no ve necesario dotar de dientes a sus medidas, las empresas, ante la ausencia de esos dientes, solo reportan acciones que ellas mismas verifican y certifican. La competencia y el aprendizaje están más en las acciones de las organizaciones civiles y de la comunidad científica, que tienen que competir por los fondos disponibles, tanto nacionales como internacionales y eso les obliga a ser más creativos, pero también produce el hecho de que la mayor parte de las demandas, tanto a las instituciones gubernamentales como a las empresas, provengan de ellas.

En la actualidad, la sociedad civil es consultada en ocasiones, aunque lamentablemente no hay una disposición que obligue a empresas y gobiernos considerar las voces de la comunidad científica o las organizaciones civiles. Por ejemplo, el gobierno puede anunciar la creación de leyes o políticas públicas, como la reciente creación de la Gendarmería Ambiental, sin que consulte a nadie sobre sus efectos, costos e implicaciones.

Las organizaciones, debido a que buena parte de sus estímulos provienen de la competencia, deben adaptarse –si se trata de fondos nacionales– a los periodos de la clase política que se define por trienios, sexenios o bienios de acuerdo con la institución que se quiera influir o de la que dependa el apoyo. Las organizaciones cuentan con una buena capacidad para lanzar campañas de comunicación, que intervengan en la opinión pública y sitúen el tema del cambio climático como una prioridad en la agenda nacional.

El gobierno, junto con las empresas, puede fortalecer lo que se conoce como “capacity building”, “capacidad financiera” y “finance project”. La banca comercial casi no participa en estos procesos por no contar con garantías; el gobierno debería darle un empujón o bien generar un marco normativo que estimule las inversiones en este campo.

Es mucho lo que se puede hacer todavía en materia de cambio climático y todavía muchas las oportunidades que se pueden aprovechar si se le mira como un desafío más que como un problema sin solución. Energías renovables, modelos de movilidad sustentables, infraestructura de adaptación, entre otras, son las opciones que tienen todos los actores para ensayar nuevas soluciones y mejorar la calidad de vida de la mayoría ante este fenómeno que ya está aquí.

(Fotos: noodlesthekuppyklem@sEnergías Renovables y Simone Ramella.)


Notas

[1] La definición de “energías limpias” y “energías renovables” se quedó a discreción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Entre las energías limpias se puede incluir la termonuclear a pesar de los daños ambientales que ocasionan los desechos de esta industria.

[2] En esta iniciativa participan: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable (CTSEMBARQ México), la Fundación Heinrich Böll, Fundar, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y Transparencia Mexicana.

[3] En esta red participan: Alternare, CEMDA, Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, Fundación Desarrollo Sustentable, ProNatura, REEDUCA, Reforestamos México y Transformación Social.

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