Salario mínimo o ingreso universal: un debate necesario

Las recientes discusiones sobre el salario mínimo se concentraron en si incrementarlo o no. Sin embargo, existen otras alternativas para combatir la desigualdad de ingreso a la vez que la pobreza. El ingreso universal asegurado es una de ellas y vale la pena discutirla.

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Desde hace poco más de un año, el tema de la desigualdad de la riqueza ha cobrado una notoriedad significativa en la agenda política mundial. Una parte importante del debate ha girado en torno a cómo incrementar los ingresos de los trabajadores. No sólo para combatir la desigualdad manteniendo o mejorando su poder adquisitivo, sino también, y en consecuencia, fortalecer el mercado interno. Un mercado que, en muchos de los países desarrollados, constituye el principal factor detrás del crecimiento o el alentamiento económico. Discusiones en Alemania, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos e incluso en México han puesto la mirada en la importancia de ese instrumento de regulación de los mercados de trabajo conocido como salario mínimo.

En México, la propuesta de un aumento sustancial y gradual del salario mínimo ha generado una discusión pública sobre su efectividad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus efectos en la inflación, el empleo formal y sobre su capacidad para disminuir la desigualdad de ingresos e incluso, en alguna medida, la pobreza. Dentro de este debate, se pueden encontrar aportaciones a favor y en contra, como el documento producido por el Gobierno del Distrito Federal, o los artículos de Raymundo Campos, Gerardo Esquivel, José Merino, Isaac Katz y Luis de la Calle.

Sin embargo, no todo se trata del salario mínimo. Existen otras políticas de regulación salarial que valen la pena ser analizadas desde una perspectiva económica, política y normativa. Una de esas políticas es el “ingreso universal”. Y de hecho hay un debate interesante en la disyuntiva entre la conveniencia de adoptar políticas de salario mínimo y políticas de ingreso universal. Ambas son políticas interesantes y útiles para combatir la desigualdad, pero sus beneficios dependen de los supuestos económicos de donde se partan y de las características específicas de la economía.

Para poder distinguir entre estas dos propuestas vale la pena hacer una breve caracterización de ambos para entender en qué consisten y por qué las condiciones estructurales de la economía pueden hacer a una más deseable sobre la otra.

La defensa a favor del salario mínimo (y de un incremento gradual del mismo) responde fundamentalmente a tres elementos. Primero, el salario mínimo garantiza una remuneración mínima al trabajador y el acceso a una serie de satisfactores básicos. Segundo, el salario mínimo es un medio para evitar la explotación del trabajador: al impedir que el trabajador pueda ser contratado a un salario menor, se impide que otros trabajadores absorban el costo de negarse a trabajar a dicho salario, es decir, evita que se discrimine a aquellos trabajadores que no estén dispuestos a ser “explotados” y se les excluya del mercado laboral.[1] Finalmente, un aumento gradual del salario mínimo, a la par del crecimiento del ingreso, contribuye a mantener la participación de la mano de obra en el ingreso nacional, impidiendo un incremento gradual de la desigualdad del ingreso entre aquellos que obtienen una renta por ganancias de capital y los que sólo lo hacen por el pago a su trabajo.

Por otro lado, también existen varias críticas al salario mínimo. La principal crítica es que, si el salario mínimo se encuentra en algún sector económico por arriba del salario de equilibrio de ese mercado laboral, puede ser un mecanismo que distorsiona el mercado de trabajo e introduce ineficiencias. Ello podría traducirse en un nivel mayor de desempleo y/o mayor informalidad laboral. Adicionalmente, si las empresas trasladan el aumento del costo de la mano de obra a el precio de venta de sus productos, la medida puede generar inflación[2]. Finalmente, hay quienes argumentan que el salario mínimo puede tener efectos negativos sobre ciertos segmentos del mercado laboral, como mujeres o jóvenes que trabajan tiempo parcial

La propuesta de asegurar un ingreso universal para todos tampoco es nueva. No obstante, ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente como resultado del debate que se dio en Suiza a finales del 2013. El argumento a favor del ingreso universal consiste en generar una medida que incremente el ingreso de los ciudadanos de un país evitando generar distorsiones al mercado laboral y en la formación de precios. La política consiste en una transferencia universal de dinero financiada por impuestos generales que le otorgue a cada individuo un monto apenas por debajo de la línea de pobreza, con el objetivo de mantener el incentivo a trabajar.

Paradójicamente, esta medida ha generado apoyo en círculos intelectuales asociados tanto a la derecha como a la izquierda. Desde la perspectiva de la derecha económica, el ingreso universal sería una solución para acabar con el despilfarro del gobierno en programas sociales y reduciría el poder de los grupos de interés y grupos rentistas. Para la izquierda, dicha medida podría de hecho re-dignificar el rol de trabajo: al asegurar un determinado nivel de consumo, se aumenta la libertad del trabajador y su capacidad de negociación frente al empleador, toda vez que el primero puede elegir una actividad que no sólo le otorgue recursos, sino que sea satisfactoria.

El ingreso universal, presenta argumentos en contra sobre todo en el terreno de la implementación y su efecto en las finanzas públicas. En el caso particular de México, la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB es la más baja de la OECD e incluso más baja que el promedio de América Latina. De querer implementar dicha transferencia, y con el objetivo de proponer una medida que distorsionara lo menos posible la economía, se tendría que implementar una reforma tributaria y del gasto bastante profunda para eliminar deducciones adicionales y recortar programas sociales.

Cuando pensamos en términos de salario mínimo o de ingreso universal, el diagnóstico del problema de la desigualdad cobra aún más relevancia. Para poder decidir sobre la pertinacia de una u otra política, es necesario tomar en cuenta las condiciones estructurales de la economía particularmente relativas a dos factores: las causas de la desigualdad y la estructura del mercado laboral.

El salario mínimo es una mejor opción si la pobreza y el aumento de desigualdad de un país es causado por un problema de asignación de los recursos con raíces no sólo económicas sino políticas, (i.e. no es sólo que la productividad del trabajo esté estancada, sino que existe un proceso de pérdida de fuerza y poder de negociación de los trabajadores y/o una precarización del trabajo). En este tenor, la desigualdad tiene consecuencias no sólo en términos de desempeño económico, sino que afecta la cohesión social y la estabilidad política de los países. En dichos casos el buscar una recuperación o aumento de la participación del trabajo en el ingreso nacional cobra relevancia. Un argumento de este tipo se encuentra en el corazón de la hipótesis de Piketty y tiene implicaciones importantes para la construcción de un Estado social.

Por el otro lado, la idea de un ingreso universal cobra relevancia si la desigualdad es producto de un cambio tecnológico sesgado a los dueños del capital. Un cambio que implica un crecimiento mayor de la productividad de dicho factor de producción en comparación con el factor laboral. Este cambio puede tener como consecuencia tasas muy altas de desempleo estructural. Es decir, la desigualdad y pobreza se expresan en mayor medida a causa del desempleo, subempleo y el empleo informal. En este tipo de cambios tecnológicos existe una relación importante con los cambios en productividad dentro de la economía, es posible que estos cambios obedezcan a la sustitución de trabajo por capital. Es el argumento de los robots que se quedan con los empleos en la economía, el cual ha sido elaborado por economistas como Paul Krugman para explicar el creciente desempleo estructural en ciertos sectores de la economía.

Cuando el cambio tecnológico es demasiado rápido, es muy difícil que la mano de obra no calificada se pueda mover entre sectores, ello implica que no tiene capacidad de ajustarse y reentrenarse rápidamente. Como consecuencia de ello, el incremento del salario mínimo sería inútil, pues una menor proporción de trabajadores lo ganaría y solo se vería reflejado en las industrias de menor productividad y en mayor desigualdad entre aquellos con empleos formales y aquellos desplazados sin capacidad de cambiar de sector rápidamente.

Por lo tanto el argumento de la pertinencia del salario mínimo o de un ingreso universal puede reducirse (simplificando) a un debate no sólo en términos de políticas públicas sino sobre el diagnóstico que se tiene sobre la desigualdad y sus causas. México, con sus particularidades, presenta un escenario complejo: por un lado al mismo tiempo tiene grandes y crecientes desigualdades producto de una precarización del empleo (donde el 59% de la fuerza laboral es informal y más del 60% de las personas no cuenta con acceso a la seguridad social) y por otro lado presenta un rápido cambio tecnológico de manera sectorial. Ello obliga a pensar no solo en términos de eficiencia dentro de la economía, sino en términos de bienestar, desde la perspectiva económica y desde un punto de vista normativo y de justicia. Esta doble realidad pone a nuestro país en una situación de urgencia. Por eso es necesario analizar a fondo tanto la opción del alza salarial, como la de la introducción de un ingreso mínimo universal. Ambas son vías principales y alternativas ineludibles a nuestra realidad; estrategias para comenzar a combatir la desigualdad endémica que padecemos.


[1] Este argumento sobre el principio de libre contratación empleando teoría de juegos se encuentra elaborado de forma detallada en: Basu, K. Coercion, contract and the limits of the market, Social Choice Welfare 2007

[2] En su artículo publicado en Nexos, Raymundo Campos aporta evidencia empírica que sugiere que no todo el ajuste de los aumentos de salario mínimo se da en precios, sino que parece darse en productividad.

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