TEPJF 404

En un proceso partidista, arbitrario e inconstitucional, el Senado puso en juego la legitimidad del máximo tribunal electoral.

| Justicia

El pasado jueves 20 de octubre la Cámara de Senadores eligió a los nuevos siete magistrados que conformarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los juzgadores electorales fueron seleccionados de entre siete ternas conformadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e iniciarán sus funciones el próximo 4 de noviembre.

Hasta ese momento José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González habían sido elegidos para un periodo de tres años que concluiría el 2019; Felipe Fuentes Barrera y Reyes Mondragón Rodríguez para un periodo de seis años que concluiría hasta el 2022 y Janine Otálora Malassis, Mónica Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña para un periodo de nueve años que culminaría el 2025.

Sin embargo, en un acto a todas luces inconstitucional, el Senado aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) mediante la cual se pretende aumentar el periodo otorgado originalmente a cuatro de los siete magistrados electos. De prosperar el proyecto en la Cámara de Diputados –y de publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación– dos de los juzgadores concluirán su mandato en siete años, en lugar de tres; otros dos deberán concluir su mandato en ocho años en lugar de seis y los tres restantes ocuparán el cargo durante nueve años. Lo anterior a pesar de que los elegidos ya habían rendido protesta como nuevos integrantes del Tribunal Electoral y de que algunos ciudadanos y académicos habían formulado recomendaciones al órgano legislativo para abstenerse de cometer tal aberración.

Los cambios propuestos a la LOPJF forman parte de un acto con tintes partidistas, abiertamente inconstitucional y cuya principal consecuencia será la ilegitimidad de un órgano jurisdiccional cuya función es fundamental en una débil democracia como la nuestra.


La inconstitucionalidad

Desde la publicación de la reforma en materia electoral del año 2007, el artículo 99 de nuestra Constitución establece que la elección de los miembros que integren la Sala Superior del TEPJF debe ser escalonada, es decir, debe ser sucesiva de tal manera que se eviten renovaciones totales cada cierto tiempo. Para un mejor funcionamiento y equilibrio conviene que miembros veteranos de la Sala trabajen con los nuevos integrantes en una especie de armonización entre periodicidad y experiencia. Asimismo, el mismo artículo menciona que los magistrados electorales durarán en su cargo nueve años improrrogables.

El decreto de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 estableció que fuera la ley secundaria la que regulara el escalonamiento que se seguiría en los nombramientos de los magistrados electorales.[1] Para dar cumplimiento a lo anterior, en 2008 se modificaron algunas disposiciones de la LOPJF y en el artículo cuarto transitorio del decreto respectivo se estableció el procedimiento para elegir a los miembros de la Sala Superior de manera escalonada.[2] En 2016, ocho años después, la SCJN y el Senado se sometieron a dichos lineamientos para conformar las ternas y designar a los magistrados electorales respectivamente.

Una vez concluido el procedimiento fijado en el transitorio y habiendo rendido protesta los nuevos juzgadores de la Sala Superior, algunos miembros de la Cámara de Senadores tuvieron la lamentable idea de aumentar el periodo temporal que originalmente correspondía a cuatro de los siete magistrados designados, para ello propusieron, y posteriormente lograron, aprobar en su Cámara la iniciativa que busca reformar el artículo cuarto transitorio que dio sustento al procedimiento de selección ya agotado hace unos días.

Como puede apreciarse existen varias transgresiones al orden constitucional a saber. Al respecto, El juego de la Suprema Corte, blog jurídico de Nexos, publicó recientemente un texto que tomaré como referente para ordenar las razones jurídicas por las que resulta polémica la acción del Senado:

a) Ni el Poder Legislativo ni ningún otro poder constituido tienen la facultad de prolongar la duración del cargo de algún miembro de la Sala Superior pues –como se dijo– dicho intervalo es de carácter improrrogable. Asimismo, sabemos que los nuevos magistrados ya habían rendido protesta, por lo que se trata de una verdadera violación a la Constitución. Un escenario muy distinto habría sido si el Senado hubiese optado por cambiar el transitorio antes de la designación de los magistrados.

b) Una vez que se eligieron los nuevos juzgadores electorales, el artículo cuarto transitorio dejó de tener vigencia puesto que la validez de dicha norma únicamente duraría hasta que se lograse el escalonamiento del órgano jurisdiccional (de ahí su carácter transitorio). Por tanto, el acto emitido por la Cámara de Senadores carece de existencia al no tener base alguna ni en la ley ni en la lógica.

c) La coparticipación del Poder Judicial y del Senado en el proceso de conformación de la Sala se debe precisamente al sistema de pesos y contrapesos que intenta consagrar todo Estado de Derecho a través de su Constitución. Al actuar unilateralmente, el órgano legislativo ha violentado el control que el legislador constitucional pretendía al señalar a esos dos poderes para conformar una parte de otro poder tradicional: el Judicial.

d) De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, está prohibida la emisión de leyes privativas, es decir, leyes personales dirigidas a un solo individuo en específico o hacia un grupo de individuos plenamente identificados, esto debido a que una ley privativa contradice las características de generalidad y abstracción que debe tener toda ley válida. Está claro que la reforma a la LOPJF fue un acto legislativo dirigido a beneficiar ilícitamente a varios servidores públicos cuyos nombre y apellidos ya eran conocidos por el público.

e) Como dijimos, el objetivo del legislador constitucional fue garantizar el equilibrio de la Sala Superior evitando renovaciones totales o recurrentes. Si bien la decisión del Senado pretende mostrarse como una que respetó el escalonamiento que ordena nuestra Ley Fundamental, resulta obvio que esta nueva decisión (teleológicamente hablando) representa un retroceso debido a que la sustitución de magistrados es mucho más recurrente que en el escalonamiento originalmente planteado.


Las razones

Ahora que sabemos cómo sucedió y el origen de su inconstitucionalidad, pasemos a la razón por la que los senadores decidieron prolongar los cargos de los magistrados.

Los coordinadores de las bancadas de PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera; del PRD, Miguel Barbosa, y del Partido Verde, Carlos Puente Salas presentaron en el Senado la iniciativa para prolongar los cargos de los cinco magistrados oponiendo las siguientes justificaciones:

a) De acuerdo con la senadora priista Ivonne Liliana Álvarez García, la reforma pretende establecer una temporalidad razonable, que abone en la consolidación del Estado de Derecho y a las bases fundacionales de las instituciones democráticas del país.[3]

b) Según Roberto Gil Zuarth, senador panista, el tiempo establecido originalmente era un problema no solo de inconstitucionalidad, sino de fortaleza de la institución, y ese problema tenía que corregirse.

c) De conformidad con la iniciativa aprobada, era indispensable proporcionar estabilidad temporal de los juzgadores electorales en el ejercicio de su cargo, el cual debe mantenerse durante un tiempo razonable para el óptimo desempeño de sus funciones.

Lo cierto es que, para algunos senadores, columnistas y académicos, lo anteriormente expuesto está lejos de ser la verdadera razón de la prolongación de los cargos jurisdiccionales. Es claro que las principales fuerzas políticas del Senado acordaron una erogación partidista de los magistrados electorales, sin embargo, los periodos representaban una desventaja para los partidos políticos, por lo que la votación se sometió a la condición de alargar los plazos originales una vez hechas las designaciones sin importar su inconstitucionalidad e imprudencia política.


La justicia electoral en una crisis de legitimidad

El despropósito del Senado ha puesto en grave peligro la legitimidad sobre la que debería sustentarse nuestro tribunal constitucional especializado en materia electoral. María Marván Laborde, investigadora y ex Consejera Presidenta del extinto Instituto Federal Electral (IFE), opina que la extensión de los periodos implica un golpe mortal en la legitimidad de los siete magistrados y que el silencio de éstos “los hará cómplices de su propia debilidad”.

A pesar de lo preocupante que es el reciente traspié de la Cámara de Senadores, aún queda la posibilidad de que la Cámara de Diputados realice un análisis de la iniciativa aprobada por la primera. La Cámara baja está obligada a realizar un estudio profundo de la constitucionalidad de dicha propuesta. El Ejecutivo también jugará un papel fundamental en caso de que ambas Cámaras le remitan el decreto para su sanción. Ello sin olvidar el rol trascendental que la SCJN tendría al conocer de una hipotética acción de inconstitucionalidad promovida por algunos de los actores legitimados en el artículo 105 de la Constitución en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por ahora solo queda esperar a que alguno de los otros órganos federales aconseje al Senado respetar el pacto federal y el carácter público de las designaciones de los más altos servidores públicos ya sea modificando el proyecto, ejerciendo la facultad de veto o haciendo una declaratoria general de inconstitucionalidad. No olvidemos que con la renovación de la Sala Superior está en juego, entre algunas otras cosas, la elección presidencial del año 2018, lo cual no es poca cosa.[4]


Notas

[1] Véase artículo cinco transitorio del decreto de 12 de noviembre de 2007 que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[2] Véase el decreto respectivo.

[3] Véase la nota publicada por “Lector 24” sobre el tema.

[4] Sobre la importancia de la reestructuración de la Sala Superior del TEPJF recomiendo leer esto.

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