Termina hoy el caso Ayotzinapa

Ayotzinapa nunca será un tema olvidado: es un evento que motiva un sin fin de reflexiones sobre cómo transformar, de raíz, la sociedad y el sistema político.

| Momento Mexicano

A dos años de la tragedia del 26 de septiembre, no se sabe ni dónde están los normalistas ni por qué los desaparecieron. Ayotzinapa ha significado un acontecimiento que ha roto en dos el tiempo político mexicano. Después de Ayotzinapa, la relación entre la sociedad y el gobierno y el Estado se ha alterado radical, irremediablemente. Durante esta semana publicaremos una serie de breves intervenciones para entender los contornos políticos de este "momento mexicano".

Ciudad de México – 11 de septiembre de 2024. La Comisión de Investigación y Justicia para la Reconstrucción del Estado Mexicano (CIJREM) dio por terminado el día de hoy el proceso judicial del caso Ayotzinapa al resolver de manera definitiva los últimos dos juicios de responsabilidad penal por los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2016 en Iguala, Guerrero. Las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presidenta de México, Donna de la Paz, dieron por concluidos los trabajos de la comisión especial en este caso y delegaron –previo acuerdo del Congreso mexicano– la continuación de la investigación y enjuiciamiento de otros posibles responsables por corrupción e impunidad a las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

El anuncio se dio en el palacio de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de la presidenta de este órgano, de un nutrido grupo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron de cerca el trabajo de más de cinco años de la comisión y de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre hace casi diez años. A las afueras del lugar decenas de miles de personas se reunieron para celebrar el pronunciamiento conjunto en un evento que llenó casi por completo el Zócalo de la Ciudad de México y donde la música y los abrazos estuvieron presentes durante las casi cuatro horas que duró la concentración.

El pronunciamiento de la CIJREM concluye el primero de cuatro casos generales para los que fue creada el 11 de mayo de 2019 y concreta un punto central del llamado “Proceso de Reconstrucción” impulsado desde la sociedad civil y retomado como prioridad de gobierno por la presidenta de la Paz (quien llegara al poder por la vía independiente en las elecciones de 2018) como objetivo principal de su plataforma de gobierno en materia de derechos humanos y justicia. Aunque ella misma ha reconocido abiertamente que la conclusión del caso judicial y de la investigación de la CIJREM no termina el proceso más amplio de memoria y de cambio que representa para muchas personas Ayotzinapa, sino que es solo un logro importante parte del mismo.

Con el apoyo de la CIDH y de un grupo interdisciplinario de expertas internacionales, el trabajo de la CIJREM es parte de una serie de acciones propuestas por la sociedad civil que resultaron en la creación y modificación de distintas instituciones en materia de combate contra la corrupción, de persecución de los principales responsables (privados y estatales) de casos de violaciones a derechos humanos sucedidos en las últimas décadas y también de un arduo trabajo de depuración dentro de las instituciones estatales administrativas, judiciales y de seguridad pública, así como de numerosos mandos altos y medios del ejército mexicano.

Las condenas del caso Ayotzinapa son un claro mensaje para los grupos políticos que desde un inicio se opusieron a la exigencia de justicia y de fin de la impunidad que predominaba a mediados de la década pasada, pero es también un mensaje de esperanza para los grupos de víctimas y personas que han sido afectadas en las últimas décadas por la complicidad o participación directa de las autoridades estatales en hechos terribles como los de Tanhuato, Apatzingán o Tlatlaya.

Al mismo tiempo, la condena de Enrique Peña Nieto responde una vieja demanda de justicia y completa el círculo de responsabilidad que ya había sido delineado por la sentencia internacional de la Corte Interamericana en el caso Atenco, emitida el 01 de enero de 2018, en que se condenó al Estado mexicano por la responsabilidad en crímenes de violencia sexual contra 11 mujeres, sucedidos en la represión de una manifestación, ordenada por el entonces gobernador del Estado de México en el poblado de San Salvador Atenco.

Por otro lado, la condena de Tomás Zerón de Lucio ha sido considerada por los normalistas de Ayotzinapa como la prueba irrefutable de que las intenciones del gobierno mexicano fueron, desde un inicio, las de encubrir una serie de actos ilegales que involucraban a parte importante de la clase política que gobernaba el país, a distintos mandos de agencias de seguridad e investigación y a un número importante de miembros del ejército que tuvieron conocimiento o participaron en la comisión de los hechos o su posterior encubrimiento. Al respecto, distintos comunicados de organizaciones de la sociedad civil reconocen en estos resultados la posibilidad real de construir un futuro verdaderamente democrático cimentado en las bases de la verdad y la justicia.

En entrevista para este medio, la presidenta de la CIDH consideró que: “Lo sucedido hoy en México es muestra de que las sociedades que apuestan por la verdad y se enfrentan a la corrupción y al abuso de gobiernos que tuvieron conductas autoritarias pueden tomar rumbos democráticos y hacer justicia. Esta victoria es resultado de las décadas de trabajo de personas defensoras de derechos humanos y de un país que no se contentó con seguir un aparente destino impuesto desde el poder que les obligaba a vivir bajo un relato donde la impunidad y el conformismo eran la regla. América Latina y el mundo deben voltear sus caras a este proceso para aprender de él.”

En un tono similar, aunque sin poder esconder la emoción en sus palabras, la presidenta de México dijo que: “Las mexicanas y los mexicanos debemos estar orgullosas del camino que decidimos recorrer en los últimos años. Esto no es una victoria definitiva y sabemos que la principal batalla para exorcizar los fantasmas de la corrupción y la injusticia que definieron al México institucional del pasado está en el campo cultural y que hay todavía muchos grupos de poder que se oponen a la transformación del país por la vía del respeto de los derechos humanos y del rechazo al autoritarismo y la complicidad típicos de la mayoría de la clase política. El México más justo, igualitario y con la posibilidad de que todas las personas tengan una vida digna está todavía lejos, pero estamos convencidas de que la única vía para llegar a ella es la de la verdad y la justicia. Ayotzinapa es un proceso social e histórico más amplio que rebasa el alcance de estos fallos para recordarnos siempre que es posible renacer de la opresión y el dolor para construir un mundo distinto.”

Es importante recordar que hace apenas unos años este escenario era difícil de imaginar y que ambos responsables se encontraban en posiciones de poder que hacían difícil que las demandas en su contra se consideraran posibles. Apenas a finales del año 2016 Tomás Zerón había sido protegido por el gobierno mexicano a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto al ser nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Ya en ese momento la información en torno al caso Ayotzinapa señalaba la posible responsabilidad en la comisión de delitos por parte de Zerón debido a sus actuaciones y al posible encubrimiento en ellas de hechos relevantes sobre los acontecimientos sucedidos la noche del 26 de septiembre en Iguala. Fue probablemente a partir de esos años cuando la “verdad histórica” construida por el gobierno mexicano terminó de colapsarse, y cuando un mayor número de personas participaron activamente en las manifestaciones y exigencias concretas de responsabilidad y de cambios reales en el sistema político del país.

Finalmente, las madres de los normalistas anunciaron que el día 26 de septiembre se realizaría una “fiesta por la democracia” en Iguala, donde se presentarían documentales, testimonios directos de varios de los normalistas desaparecidos donde contarán su experiencia de reintegrarse al trabajo de la normal Isidro Burgos después de pasar años desaparecidos, y otras manifestaciones artísticas relacionadas con los 10 años de lucha del movimiento de Ayotzinapa. Con buen ánimo, revelaron para este medio que en la celebración se espera la participación de otros movimientos sociales como el de Atenco, “para celebrar que la resistencia y la lucha, aunque tarden, son puentes para encontrarse verdaderamente libres, y bailar”.


Ayotzinapa es un punto de quiebre en la historia del país. Es a la vez la pérdida de control de un sistema autoritario y la ruptura de su máscara democrática, pero, sobre todo, es también una oportunidad de cambiarlo todo. De pensar en las cosas que tenemos que hacer como sociedad y de ver todo lo que necesitamos cambiar para que un futuro distinto sea posible.

Debemos exigir justicia, en todas sus formas y frente a todas las instituciones y personas involucradas, por medio de recursos legales, de posicionamientos políticos, de presión social (marchas, performances, acciones directas, etc.). Tenemos que difundir la información que muestra que el gobierno ha intentado mentirle a todo un país y ha defendido a quienes intentaron encubrir su mentira; las personas que mantienen el país como está deben ser castigadas para que podamos abandonar de una vez y por todas el camino de la corrupción y la impunidad. Hoy en día, la información es poder y la necesitamos para hacer frente a la fuerza desmedida con la que el gobierno busca imponer su relato histórico.

Y tenemos que hacer todo esto porque si no lo más probable es que nada vaya a cambiar. Quedarnos calladas es aceptar que podemos soportar todo, incluso la idea de que solo queda esperar que “no nos toque a nosotros”. Existen muchos casos en el mundo donde la dignidad de una sociedad harta del abuso de sus gobernantes fue la base para que transformaran su país y cambiaran una historia que parecía destinada a repetirse por siempre (países como Argentina o Brasil frente a las dictaduras militares, o Guatemala en el caso de la CICIG). No estamos obligadas a seguir el relato impuesto por y desde el poder, pero para cambiarlo debemos organizarnos y actuar.

El caso Ayotzinapa no se cerrará nunca porque significa una posibilidad sin fin de transformarnos y repensarnos como sociedad y como personas. Lograr lo aquí propuesto hacia el futuro como sociedad es parte de un camino más amplio y lejano, de un proceso que traspasa lo institucional e impacta en lo social y lo más profundo de la identidad cultural mexicana en torno a la justicia y el poder. Ayotzinapa, en el dolor, la dignidad y la rabia, nos ha hecho más fuertes y unidas, y así, otro futuro es todavía posible.

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