Violencia contra periodistas. Nos merecemos otro país

México es el país más peligroso para la prensa en el continente. La violencia, la impunidad y la indiferencia de los dueños de los medios han configurado un ambiente hostil contra los periodistas.

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Ayer, Javier Valdez Cárdenas fue asesinado en Culiacán, Sinaloa mientras manejaba su automóvil. Valdez es uno de los fundadores de Riodoce, un medio fundamental para comprender el cambio de la vida de Sinaloa por efecto del narcotráfico. Es autor de numerosos libros, destaco Miss Narco, Malayerba y Con una granada en la boca. Su prosa es testimonio e interpretación del violento México contemporáneo. Se convirtió en el sexto periodista asesinado este año. Los otros cinco: Miroslava Breach, Filiberto Álvarez, Ricardo Monlui, Cecilio Pineda y Maximino Rodríguez.

Cada vez que matan a un periodista nos preguntamos: ¿por qué no pasa nada? Y tal parece que ya no encontramos pretextos para responder. Dicen que «no se mata la verdad matando periodistas», pero sí se va matando a la verdad. Cada vez más zonas del país se cubren de silencio. Los asesinatos de periodistas tienen el propósito de enviar un mensaje al gremio: «no informes», y otro a la sociedad: «no te informes». Los asesinatos de periodistas importan porque son el agravio social que cancela el derecho colectivo de conocer lo que sucede en la vida pública.

Después de la llamada transición a la democracia —que fue solo alternancia de partido—, se tenía la perspectiva de que el México del siglo XXI sería moderno, libre y democrático. La ilusión duró poco, el Estado mexicano no se deshizo del corporativismo (por medio del cual se accede a derechos) ni del arreglo plutocrático de gobierno. Los medios tampoco transitaron a la democracia: el primer impulso de decir-lo-que-sea de aquellos años se desvaneció diluyéndose en la sumisión al mercado. Los mejores periodistas del país fueron echados de las redacciones de los medios impresos nacionales, de la televisión y la radio. Fueron sustituidos por voces inocuas, empresarios rapaces y columnistas privilegiados.

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) fueron asesinados veintidós periodistas. La presión social lo obligó a crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), que entró en funciones en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Entonces la fiscalía no tuvo facultades ni ámbitos de competencia claros, y se contrajo sistemáticamente su presupuesto: en 2005 2,304,000 pesos y en 2011, 636,740 pesos. La fiscalía recibió doscientas catorce denuncias o querellas en el sexenio, pero no pudo resolver ninguna. Se aprobó la reforma en materia de derechos humanos (2011), el mecanismo de protección a periodistas (2012) y la Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (2012).  Durante el gobierno de Calderón fueron asesinados cuarenta y dos periodistas.

Una paradoja es clara: nunca tuvimos tanto despliegue de seguridad del Estado y nunca estuvimos más indefensos. En general, ese es el camino paradójico que ha seguido la descomposición estatal: hemos sufrido un repliegue simultáneo de autoridad y libertad.

En el sexenio de Peña Nieto no ha cesado la violencia contra la prensa y treinta y dos periodistas han sido asesinados. La impunidad es aplastante: para delitos contra la prensa se ubica arriba de 90%. Tan solo en el 2016, según Artículo 19, hubo: setenta y seis casos de amenazas, ochenta ataques físicos o materiales, cincuenta y ocho privaciones ilegales de la libertad, cuarenta y tres casos de acoso u hostigamiento, once asesinatos y setenta y nueve episodios de intimidación. Además, en otros años se atacaron instalaciones de medios con explosivos y sigue pendiente el esclarecimiento de la desaparición de veintitrés periodistas desde el 2003. Otros han tenido que dejar sus trabajos y se han visto obligados a desplazarse.

Hasta aquí parece un parte de guerra. Somos el país más violento para los periodistas en el continente y uno de los más violentos del mundo. En cualquier otro país que se asuma democrático esto sería inaceptable, y aquí el asesinato de periodistas es una noticia breve.

Desde hace unos años se reincide en los llamados a la solidaridad. Pero, ¿quién queremos que se solidarice con los periodistas? ¿La sociedad, los dueños de los medios?

La sociedad. La violencia descarnada del siglo XXI ha sido clave para paralizar a la sociedad. Cada vez nuestro umbral de lo aceptable es más amplio. La percepción general de los periodistas es que son metiches o son vendidos. Y algo hay de cierto: la alta concentración mediática de la televisión y la poca diversidad de medios nacionales proyecta solo una cara del periodismo mexicano. Abundan periodistas seducidos por el poder, conductores incapaces de incomodar y columnistas de la capital que ocupan amplios espacios de privilegio. Mientras, los periodistas de investigación están fuera de los medios nacionales y luchan para dar a conocer sus trabajos, muchos de estos apoyados o fondeados por filantropía internacional.

Los dueños de los medios. Durante 2016 el gobierno federal gastó poco más de nueve mil millones de pesos en publicidad oficial, y en los estados la suma supera los tres mil quinientos millones. La publicidad oficial no está regulada ni hay criterios transparentes de asignación.

Por un lado, el capitalismo de cuates ha dado un mercado de publicidad privada muy concentrado y con altos requerimientos y, por el otro, el descontrolado pastel de la publicidad oficial tiene efectos censores en los medios en los ámbitos federal y local.  Esta ecuación ha logrado desfigurar uno de los objetivos principales del periodismo: incomodar al poder. Vemos cada día a directores y dueños de medios fotografiarse con políticos, como si aquello fuese un congreso de autocelebración mutua. En el mejor de los casos, los periódicos mexicanos se parecen a un partido político; en el peor, a un cártel del crimen organizado.

También tendrían que revisarse las condiciones laborales de los periodistas: ¿cuántos tienen contratos? ¿Cuántos cuentan con seguridad social? ¿Qué opciones de organización laboral tienen?

La cobertura de la violencia y el poder está atrapada entre un modelo de negocios susceptible de censura, condiciones materiales precarias e impunidad generalizada. Aunado a esto, los resultados del gobierno son mínimos. El mecanismo de protección de periodistas es intransitable y no recibió presupuesto. La fiscalía, aunque ha aclarado sus facultades y cambió de nombre, no ha tenido la voluntad de investigar los casos hasta sus últimas consecuencias. Se debe hacer una revisión pública y exhaustiva de todo ese andamiaje legal que no ha detenido ni un ápice la violencia contra la prensa.

Quizá la construcción y articulación de soluciones deben pensarse de forma drástica y radical. En primer lugar, debe reconocerse que en México no existe libertad de expresión, y que quienes podemos ser escuchados lo hacemos con la ventaja del privilegio. Si los derechos no son para todos, no son; si no pueden verificarse en Veracruz o en Sinaloa, no son. En segundo lugar, debería convocarse a una huelga que ponga en rebeldía a cientos de periodistas en redacciones, aplicar la negativa de publicar boletines gubernamentales, y exigir el mejoramiento de condiciones de trabajo. La poca solidaridad de los dueños de los medios debe tener un costo. Y, por último, establecer un repositorio de las coberturas de los periodistas asesinados: ¿qué cubrían? ¿Cómo los mataron? ¿Qué contexto enfrentaban?

Javier Valdez siempre estuvo consciente del riesgo que corría y no dudó en jugarse la vida. Para no dejarlo morir hay que releer su obra, interpretar sus reflexiones, continuar sus historias. En sus palabras:

«No veo muchas opciones más que en este periodismo humano y en el activismo, en la gente. El cambio vendrá de abajo, no de arriba. Si la gente sale a las calles, protesta, denuncia, recupera su ciudadanía, esa civilidad para exigir respeto a sus derechos, y va y vota y lo hace por alguien honesto, diferente, y no por dinero o presiones, si le ganamos terreno a la indiferencia y la deshumanización y nos ponemos los zapatos de las víctimas y las entendemos y reconocemos ese narco nuestro de cada día, del otro lado del espejo, eso puede cambiar. Debe. Nos merecemos otro país.»

 

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