Veracruz: de la corrupción al asesinato de periodistas

Tenemos que hablar - Veracruz: de la corrupción al asesinato de periodistas · Ilustración @donmarcial
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El estado de Veracruz ha sido catalogado por organizaciones internacionales de libertad de expresión como uno de los lugares más difíciles para ejercer el periodismo en México por el excesivo control de los grupos políticos y delincuenciales sobre los medios de comunicación; todos ellos apenas sobreviven debido a la pérdida de audiencia y credibilidad en la sociedad.

Desde el 2000 a la fecha, ocho periodistas se encuentran desaparecidos y 25 fueron asesinados, 22 en territorio veracruzano y tres más en el estado de Oaxaca, pero sus actividades diarias las realizaban en la franja que divide a las dos entidades.

Aunque las agresiones empezaron con el nuevo siglo, la mayoría eran sutiles: venían acompañadas de un apercibimiento en la redacción, por molestar a algún político y con el debido recordatorio del “convenio que sirve para pagar salarios”.

La violencia contra los medios de comunicación en la entidad se acentuó con la transición entre el gobierno de Miguel Alemán y Fidel Herrera; los medios de comunicación se dividieron  y se formaron los seguidores del “tío Fide”, como se le llamaba al político cuenqueño.

En la administración de Herrera Beltrán, el dispendio de recursos a los medios de comunicación y a los reporteros era enorme aunque no se tiene un monto estimado de lo ejercido, ya que la información fue reservada por la siguiente administración.

Los dueños de medios de comunicación y algunos reporteros tenían acceso a hoteles de lujo en varios puntos de la entidad, acompañaban al gobernador en sus eventos, aún en el extranjero, y les daban becas para tomar cursos en otros países.

Muchos de los dueños de los medios de comunicación, políticos en su mayoría, tenían empresas alternas que eran beneficiadas con obras y les pagaban las facturas de manera inmediata, aún cuando no estuvieran listas.

Durante ese sexenio, el romance de los medios con el gobernador era tal, que algunos periódicos no podían imprimir su primera plana hasta que fuera revisada por el propio Fidel Herrera, quien corregía algunos de los cabezales.

A Herrera le gustaba ser visto como el salvador de Veracruz. Todos los días se le tenía que llevar en portada, con boletines hechos desde el gobierno y uniformando los encabezados.

En las estaciones de radio y televisión, la situación era similar, solo que aquí se tomaba el atrevimiento de llamar al medio para hacer aclaraciones o dar anuncios. Todo era fiesta en sus entrevistas por la forma jocosa y coloquial como se manejaba.

Algunos reporteros recibían finos licores, boletos de avión para destinos de playa, libros y sobres con dinero. Otros eran  ignorados y controlados por los propios editores.

Hasta el último día de su gobierno tuvo el respeto de los dueños de comunicación. No dejó una sola factura pendiente.

Con Javier Duarte, la violencia se acrecentó de una forma más tangible. En un periodo de cinco años fueron asesinados 17  periodistas, algunos de ellos  presentaban  huellas de violencia y sus cuerpos fueron dejados en la vía pública como señal de advertencia.

Desde la administración de Fidel Herrera, las células de Los Zetas llamaban a las redacciones para dar ubicaciones de mantas o cuerpos. En otras ocasiones, prohibían a los medios publicar algún asesinato y los amenazaban.

El primer asesinato fue el de Noel López. Su cuerpo apareció en una fosa clandestina en  junio del 2011 y su agresor fue un narcotraficante local, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Veracruzana.

Ocho días después fue asesinado en su casa, Miguel Ángel López Velasco, junto con su esposa y su hijo. Fue la primera ocasión en que además de los periodistas perdía la vida un familiar cercano.

El siguiente mes fue secuestrada y asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz.

En todos los casos, el gobierno los ligaba a la delincuencia organizada y desestimaba cualquier vínculo con su profesión o móvil político.

Desde el gobierno de Javier Duarte, a través del área de comunicación social, encabezado por María Gina Domínguez Colío, se ordenó apagar cualquier investigación periodística y presionar para que solo se manejaran los hechos y no más.

El asesinato de Regina Martínez, el 28 de abril del 2012, fue un parteaguas para el periodismo veracruzano. Aunado a los reclamos que hizo la revista Proceso, medio donde escribía Regina,  los periodistas se manifestaron en contra de la violencia y el gobierno  presionó a los dueños de los medios, amenazándolos con cancelar los convenios de publicidad sino controlaban la insurgencia.

Los siguientes meses hubo más asesinatos y más protestas. Algunos medios prohibieron a los reporteros acudir a las marchas e incluso, algunos fueron despedidos por mostrar su solidaridad en redes sociales.

Desde el gobierno, se presionó a los medios y el dinero de los convenios fue escaseando.

En las redacciones, se enfrentaba otra amenaza. Llegaron los llamados “Mata Zetas», que después pasarían a ser el Cartel Jalisco Nueva Generación. Este grupo también presionaba a los medios y las redacciones recibían amenazas de los dos bandos.

Los medios de comunicación sufrían porque el dinero escaseaba y el gobernador todavía exigía que  su nombre no se vinculara a la corrupción  y la violencia que se vivía en la entidad. Varios reporteros, fotógrafos y moneros huyeron de Veracruz, después de sufrir amenazas o ser perseguidos por personas armadas.

La prensa siguió perdiendo audiencia debido a la uniformidad que exigía el gobierno de Javier Duarte.

En esta administración, se formó la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), un  órgano que de acuerdo a la ley, debe atender casos de agresiones, pero su presupuesto solo ve una arista de la violencia que viven los comunicadores. Actualmente es cuestionado porque no se ha permitido al gremio la elección de los comisionados, los recursos que mantiene son limitados y no puede atender frontalmente los temas laborales.

La violencia contra los comunicadores se mantuvo en el bienio de Miguel Ángel Yunes. Siete periodistas fueron atacados, dos de ellos  sobrevivieron y otros más denunciaron agresiones por parte de la policía estatal y las fuerzas federales.

La política de comunicación social cambió y no se establecieron convenios de publicidad con todos los medios y muchos dejaron de circular. Los que sobreviven trabajan con un tercio de su personal y sin prestaciones. Así se trató de controlar a toda la prensa.

A pesar de que la fiscalía emprendió una investigación de las pasadas administraciones, las carpetas de los asesinatos y agresiones a periodistas no tienen avances.

Yunes Linares mantuvo el discurso de Javier Duarte, criminalizando a todos los reporteros asesinados.

En  los últimos 18 años, Veracruz ha vivido una ola de violencia que aún es difícil  de evaluar o narrar, ya que siguen apareciendo fosas clandestinas y se estiman más de 7,000 desaparecidos.

Los periodistas son  blanco de ataques, coacciones y amenazas. En los medios formales desaparecieron casi todas las prestaciones y  muchos de ellos han anunciado más despidos en 2019 por la austeridad anunciada por el gobierno de Cuitláhuac García.

Ante este panorama, con compañeros asesinados y desaparecidos, el gremio se ha organizado de manera independiente para reaccionar a las agresiones, capacitar a otros periodistas en las coberturas de riesgo y realizar más periodismo de investigación que de luz a las sombras de la última década.

Esta publicación/plataforma ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

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