A diez meses de Ayotzinapa: certezas e interrogantes

Diez meses después de aquella terrible noche en Iguala, el destino de los 43 estudiantes normalistas sigue siendo incierto. Acaso la única certeza es que la investigación judicial ha sido pobre y está plagada de inconsistencias.

| Nacional

Este año la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa cumple 89 años de existencia. Desde su fundación se han graduado decenas de generaciones con un característico espíritu combativo que hoy a muchos les parece de otro tiempo. Por sus demandas sociales y su actividad política, la tensión entre las autoridades y los estudiantes de Ayotzinapa ha sido el pan de cada día.

Sin embargo, esta confrontación tomó un camino distinto el pasado 26 de septiembre. Esa noche 43 estudiantes de la normal rural fueron desaparecidos, Julio César Mondragón fue desollado y dos personas más fueron asesinadas en Iguala a manos de policías municipales en colusión con el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.

A diez meses de este suceso las dudas sobre esa trágica noche persisten, el destino de los estudiantes sigue siendo una interrogante, la justicia y la reparación del daño no se han hecho presentes, y el castigo a los culpables y responsables en definitiva no llega. Tras este tiempo vale la pena hacer una reflexión sobre, por lo menos, dos situaciones generadas a partir de este doloroso hecho: el desarrollo y evolución de las movilizaciones a través de las cuales se ha exigido justicia, y la cuestionada estrategia que el Estado ha seguido en este tiempo.


La exigencia de justicia

El dolor por la desaparición de los 43 estudiantes logró lo que pocos sucesos trágicos han provocado en el país: diversos sectores de la sociedad que jamás habían participado en una movilización salieron a las calles a exigir justicia. En muchas ciudades, como Monterrey, donde pocas veces se había visto una movilización sobre este tipo de hechos, miles de personas exigieron que el olvido no fuera la solución prescrita por el gobierno. Incluso, de forma inusitada, en partidos del futbol aficionados levantaron pancartas en protesta por lo acontecido el 26 de septiembre, lo que provocó que en algún caso el equipo anfitrión fuera multado por la Federación Mexicana de Futbol.

A la par, el corazón del movimiento conformaba los primeros órganos de decisión sobre la ruta a seguir para demandar justicia y encontrar a los estudiantes. En octubre se constituyó así la primera Asamblea Nacional Popular en la escuela Raúl Isidro Burgos, con diversas organizaciones estatales y nacionales, responsable de llamar a las jornadas de movilización nacional, que a la fecha continúan. Posteriormente se presentó la toma de más de veinte alcaldías con el fin de elegir, en su lugar, consejos municipales populares que se gobernaran soberanamente; sin embargo, la mayoría de ellas ya fueron entregadas. Al llegar diciembre la Asamblea Nacional Popular tomó la decisión de llamar al boicot de las elecciones y se pactó convocar a la construcción de asambleas populares en comunidades, ejidos, barrios, colonias, fábricas y centros de trabajo y de estudio de todos los estados, creando así las bases para construir una Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.

No obstante, al llegar el invierno el movimiento perdió participantes. Buena parte de aquellos sectores de la sociedad que se iniciaban en la protesta política abandonó las calles, posiblemente por tres razones: las vacaciones decembrinas; la violenta entrada de fuerzas de seguridad al Zócalo capitalino en noviembre de 2014 –la investigadora y productora del documental Presunto culpable Layda Negrete, por ejemplo, fue agredida y decenas de personas fueron detenidas–; y la pérdida de esperanza en que los estudiantes aparecieran con vida, producto tal vez de la información aportada por la Procuraduría General de la República, que planteó que los estudiantes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados.

Este año dos acciones han marcado al movimiento por los 43. La primera es la campaña internacional para presionar al gobierno federal y exponer el caso más allá de las fronteras –familiares y estudiantes realizaron visitas a Europa, Estados Unidos y América del Sur para dar a conocer el caso y mostrar la crisis de seguridad y derechos humanos que se vive en México. La segunda fue el llamado a boicotear las recientes elecciones, el cual, si bien estuvo lejos de lograr cancelar la jornada electoral, generó protestas en algunos estados del país, como Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, y consiguió la anulación de la elección en la localidad donde se encuentra la escuela Isidro Burgos –además de que en se presentaron actos violentos que dieron como resultado el asesinato del profesor Antonio Vivar Díaz a manos de policías federales.

Sin embargo, y pese a la evidente disminución de las protestas masivas y la concentración de familiares, estudiantes e integrantes del movimiento en tareas estratégicas, si algo se ha logrado en estos diez meses es que en buena parte del mundo se sepa que en México el gobierno –federal, estatal y municipal– ha trabajado en contubernio con organizaciones criminales, ha desaparecido estudiantes y ha protegido a funcionarios de ser juzgados.


La apuesta por el olvido

En el caso del gobierno, la estrategia ha sido clara: dar a conocer periódicamente avances de las investigaciones para después apelar al silencio institucional. Desde la noche del 26 de septiembre hasta ahora se observan dos etapas en la estrategia seguida por el gobierno federal para enfrentar el caso de Ayotzinapa.

La primera se presentó en las semanas posteriores a la desaparición. En ese entonces el gobierno pareció calcular que, si sostenía un diálogo público con los familiares, las críticas en torno a su actuación serían contenidas. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto participó en una de esas reuniones con los familiares, y se firmó un acuerdo de diez compromisos con las víctimas.

Mediante conferencias de prensa se daban a conocer las acciones y los avances en las investigaciones, hasta que en enero de este año el entonces procurador Jesús Murillo Karam informó que los normalistas de Ayotzinapa habían sido secuestrados, asesinados, quemados y sus restos arrojados al río San Juan, en Guerrero. Con tal información llegó la segunda etapa en la estrategia del gobierno.

A partir de esta fecha las conferencias, los discursos y menciones en torno al caso de Ayotzinapa se dieron ya por goteo. El procurador fue nombrado secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en su lugar entró la senadora Arely Gómez, quien, a pesar de declarar decenas de veces que las investigaciones en torno a Ayotzinapa no estaban cerradas, tuvo un primer acercamiento con los familiares solo cuatro meses después de asumir el cargo.

De esta forma se ha tratado de dar carpetazo a las investigaciones con la esperanza de que el tiempo haga su labor y el caso pase al olvido, como tantos otros.


Certezas e interrogantes sobre el caso

Más allá de la apuesta del gobierno por el olvido colectivo y de los cambios sufridos en el movimiento, las interrogantes en el caso continúan.

Una de las dudas más persistentes es la que gira en torno a la posible participación de militares en lo ocurrido el 26 de septiembre. A partir de marzo de este año un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene a su cargo la investigación del caso con el fin de dar certeza a lo ocurrido esa noche; y tras cuatro informes, el grupo ha declarado que el gobierno federal no le ha brindado toda la información solicitada y que a la fecha no han podido entrevistar a miembros del 27 batallón del ejército, quienes, según los estudiantes sobrevivientes, estuvieron presentes aquella noche en Iguala. Tal situación ha provocado que las dudas en torno a la participación activa del ejército en los hechos no hayan sino crecido entre la población.

Por otra parte, en días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe sobre el estado de la investigación. En el documento se puede inferir que, de los diez compromisos a los que el gobierno llegó con los familiares de los estudiantes desaparecidos, la mayoría no han sido cumplidos.

Entre los puntos más relevantes del informe destaca que, hasta el momento, no se han desahogado todas las diligencias necesarias para que la investigación se concrete. Ejemplo de ello es que la CNDH encontró que están pendientes de ejecutar las órdenes de aprehensión de tres indiciados que participaron activamente en la desaparición de los estudiantes; que no se ha establecido la situación jurídica de dos probables responsables, y que aún no ha sido determinada la identidad de once inculpados solo mencionados por su apodo.

Otro punto relevante es que la CNDH considera insuficiente la actuación de las autoridades, lo que se traduce en una violación de los derechos humanos de las víctimas y de los deudos, quienes no han podido ejercer su derecho al acceso a la justicia, además de que se han presentado violaciones a los derechos humanos de los supuestos culpables, como detenciones arbitrarias, trato inhumano o degradante en su detención, y tortura.

Con el objeto de darle cauce a las investigaciones y de que las víctimas puedan ejercer sus derechos, la CNDH presenta, además, una serie de recomendaciones a distintas instancias gubernamentales, como la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del estado de Guerrero y el ayuntamiento municipal de Iguala. Entre ellas sobresalen las de coordinar las acciones necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión contra las personas que participaron en los hechos; recabar declaraciones de los elementos militares establecidos en Iguala y Cocula, y determinar el origen del desollamiento de Julio César Mondragón, dado que a la fecha no se ha aclarado si tal acto fue producto de una acción intencional o consecuencia de la intrusión de la fauna de la zona.

A diez meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala el informe da cuenta, en suma, del grado de barbarie alcanzado en el país (esa es la palabra que la Comisión emplea: barbarie); demuestra que hasta ahora las autoridades federales, estatales y municipales no han agotado todas las líneas de investigación; y expone tanto la estrategia del gobierno –cuyo llamado es a olvidar lo sucedido– como las muchas inconsistencias y contradicciones sobre las que está construida la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam.

Lo que el gobierno parece olvidar es que, a pesar del cansancio y la transformación del movimiento –y en la medida en que no tome en cuenta las recomendaciones hechas por la CNDH y otras instancias internacionales, y no escuche debidamente a las víctimas–, pasará a la historia por su incapacidad de actuar ante una tragedia de la que es protagonista. Así, mientras no cambie su estrategia de convocar al olvido, el punto de quiebre con buena parte de la sociedad fue, es y seguirá siendo Ayotzinapa.

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