Al presidente nadie lo investiga

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El 9 de noviembre de 2014 estalló el escándalo. El sitio de internet Aristegui Noticias reveló la existencia de una lujosa propiedad habitada por el presidente de México y su familia y cuyo propietario es uno de los consorcios inmobiliarios más favorecidos por contratos de obra pública en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal. A partir de ese momento se han escrito sobre el tema más páginas editoriales y notas periodísticas que fojas ministeriales. Ninguna institución oficial en México pareciera estar dispuesta a dar un paso al frente e iniciar una investigación independiente contra el presidente por actos ilícitos derivados de un conflicto de interés.

Por otro lado, en el sur del continente las cosas son distintas. El periodista Hugo Alconada Mon publicó un trabajo que lo llevó a ganar el premio del Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2014 y que dio cuenta del modus operandi a través del cual las empresas hoteleras de la familia Kirchner habían recibido el equivalente a 25 millones de pesos mexicanos por parte de Lázaro Báez, un conocido empresario beneficiado por contratos millonarios otorgados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esta investigación de Alconada motivó la apertura de al menos dos investigaciones oficiales en la judicatura argentina que involucran a la familia presidencial: una por lavado de activos y otra por evasión tributaria.

¿Cómo es que frente a reportajes periodísticos tan similares el resultado en materia de apertura de investigaciones oficiales es tan distinto?

Argentina cuenta con condiciones en materia de apertura democrática y otros indicadores comparables con México. La democracia argentina vio la luz en 1983, al caer la dictadura militar que desde 1976 azotaba el país. Así, este paso resulta contemporáneo de la apertura democrática mexicana de los años ochenta y noventa, cuando los órganos electorales se ciudadanizaron, los partidos políticos de oposición comenzaron a ganar gubernaturas locales y el PRI perdió la hegemonía absoluta del Congreso de la Unión. De igual forma, en 1994 la Constitución argentina fue reformada para introducir mayores condiciones de transparencia en la elección de los jueces de la Corte Suprema. Justo ese mismo año se llevó a cabo la reforma más importante al Poder Judicial Federal de los últimos años en México, introduciendo medidas para asegurar su independencia del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el sistema político argentino es presidencialista, igual que el mexicano, y Argentina se encuentra transitando de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio, igual que México.

Es en esa similitud de contextos donde surge la pregunta: ¿por qué México se muestra incapaz de iniciar indagatorias oficiales sobre posibles actos de corrupción presidencial cuando en otros países estos sí son investigados?


El contratista favorito no le cobra al gobernador por sus servicios

La historia se resume así: el entonces gobernador del Estado de México y actual presidente de la república habita junto con su familia en una mansión valuada en 86 millones de pesos, cuyas escrituras se encuentran a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una filial de un grupo empresarial, Grupo Higa, que ha recibido contratos del gobierno del Estado de México y del federal por miles de millones de pesos.

Pero vayamos a los detalles temporales de la adquisición del terreno, el inicio de la construcción y la supuesta firma del contrato de compraventa con reserva de dominio entre la constructora y la Primera Dama para analizar si toda esta historia ha sido una exageración periodística o la demostración pública de un ilícito por parte del ahora presidente de México.

El terreno de la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto fue adquirido por parte de la filial de Grupo Higa en noviembre de 2009. A mediados de 2010 se comenzó la construcción del inmueble que había sido diseñado a gusto de Peña Nieto, según lo reconoció el propio arquitecto, Miguel Ángel Aragonés, en una entrevista televisiva con el periodista Alberto Tavira. En enero de 2012 se concluyó la construcción de la casa y –según lo explicó públicamente la actriz y esposa del presidente, Angélica Rivera– la Primera Dama firmó un contrato de compraventa con reserva de dominio con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, lo cual demostraría que por esa casa no se pagó menos que el precio común del mercado. Es decir, que de noviembre de 2009 a septiembre de 2011 –fecha en que Peña Nieto dejó la gubernatura del Estado de México para contender por la presidencia de la república– el entonces gobernador del Estado de México se benefició de los servicios millonarios de una constructora, contratista de su gobierno, sin otorgarle contraprestación alguna a cambio.

La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México establece que todos los servidores públicos deberán abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haberse retirado del cargo, de “aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero, objeto mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí […], y que procedan de cualquier persona moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto”.

Adicionalmente, el supuesto contrato de compraventa con reserva de dominio firmado en 2012 no se encuentra notariado ni inscrito en el Registro Público de la Propiedad, con lo cual carece de la credibilidad que otorga la fe pública que da cuenta regularmente de operaciones inmobiliarias de esta magnitud. Y, sin esa credibilidad, el argumento de que por el inmueble se ha pagado (y se pagará) un precio ajustado a los estándares del mercado, pende de un hilo. Todo ello mientras los contratos millonarios adjudicados a Grupo Higa continúan fluyendo, ahora desde el gobierno federal.

A pesar del cúmulo de indicios y evidencias, no existe registro de una sola investigación oficial contra Enrique Peña Nieto por estos hechos, más allá de la que él mismo ordenó a la Secretaría de la Función Pública.

¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que ninguna autoridad fiscalizadora en México ha indagado el tema? ¿Por qué ni la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Procuraduría General de la República, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han iniciado investigaciones al respecto? ¿Por qué solo por instrucción del propio investigado la Secretaría de la Función Pública comenzó a investigar el asunto?


¿Por qué nadie investiga?

José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cita tres factores que, considera, son centrales para explicar la ausencia de investigaciones oficiales cuando se revelan evidencias que podrían constituir actos de corrupción por parte de la figura presidencial en México: un marco normativo inadecuado, falta de autonomía de los órganos investigadores y falta de contrapesos reales en la política. Sobre el primero, explica: “Particularmente en el caso del presidente de la República, se establece por la Constitución que este solamente puede responder por casos graves. Solamente por delitos graves. Entonces para conocer cuáles son los delitos graves, hay que ver el código penal, y el código penal excluye tipos relacionados con corrupción”.

Efectivamente, el Código Federal de Procedimientos Penales establece el listado de delitos que se deben considerar como graves, y entre ellos se encuentran: traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, invitación a militares a cometer delitos y delitos contra la seguridad nacional. Nada se menciona sobre delitos relacionados con actos de corrupción o conflicto de interés.

“Ahora, una de las cuestiones interesantes que habría que investigar documentalmente, es cómo fue que se generó este mecanismo por el cual el presidente tiene una extraordinaria protección. Y por qué es una protección mayor que la que puede tener el presidente de los Estados Unidos, aunque la Constitución mexicana se genera a partir del modelo estadounidense. Porque en el caso americano tienes una serie de contrapesos distintos; en principio, el presidente puede ser sujeto de impeachment”, añade el investigador del CIDE.

Veamos, entonces, cómo fue que llegamos hasta aquí.


El monarca no puede actuar mal

El artículo 108 de la Constitución mexicana establece que “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Esta redacción es la que imposibilita acusar al Presidente por actos de corrupción, y es exactamente la misma que fue aprobada por el Constituyente de 1917.

En el diario de debates del Congreso Constituyente de 1917 se señalan las razones por las que las causales para enjuiciar al Presidente fueron modificadas en relación con la anterior Constitución mexicana de 1857, en cuyo texto sí se reconocía la posibilidad de atribuir responsabilidad al Presidente por violación expresa de la Constitución.

“Desde su discurso ante la asamblea, [Venustiano] Carranza señaló que para lograr el equilibrio entre los poderes, la principal reforma que se presentaba [al apartado sobre responsabilidades de los servidores públicos] era un nuevo procedimiento para el juicio de responsabilidades”, señala el diario de debates.

Posteriormente, según quedó registrado en el diario de debates, la Comisión que conducía la discusión sobre el artículo 108 de la Constitución que estaba por nacer explicó los argumentos de Carranza con una cita de Benjamín Constant referente a la necesidad de establecer inmunidad constitucional al jefe del ejecutivo en las monarquías constitucionales:

La inviolabilidad supone que el monarca no puede actuar mal. Es evidente que esta hipótesis es una ficción legal, que no libra en realidad de las pasiones y de las debilidades humanas a quien esté en el trono. Pero se pensó que esta ficción legal era necesaria en interés del orden e incluso de la libertad, porque sin ella todo sería desorden y guerra perpetua entre el monarca y los partidos.

A pesar de los argumentos que algunos otros diputados del Constituyente vertieron en contra de esta modificación propuesta por Carranza, el artículo 108 de la Constitución otorgó la protección especial al Presidente a la que el investigador Roldán hace referencia, y cuya justificación está basada, según lo refiere el diario de debates del Constituyente, en el modelo de una monarquía. A partir de ese momento, investigar y juzgar al Presidente por responsabilidades que no sean delitos graves o traición a la patria está fuera de toda discusión.

Por otro lado, en una clara defensa del nuevo sistema nacional anticorrupción promulgado por Peña Nieto en mayo pasado (el cual no toca las disposiciones constitucionales por las que el presidente no puede ser acusado más que por delitos graves), el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, se desmarca de la opinión de Roldán sobre la protección constitucional al Presidente: “Quienes te hayan dicho que hay protecciones extraordinarias para la figura presidencial, te han mentido. Todo sistema presidencialista tiene un proceso complejo para iniciar un procedimiento de sanción alrededor de la cabeza del Estado, todos.”


Argentina: del escándalo a la acción judicial

Veamos, entonces, el sistema presidencialista argentino. En Argentina no existe limitación constitucional alguna para que la presidenta sea investigada y procesada por cualquier delito. Por ello, el reportaje de Hugo Alconada sobre los pagos millonarios que un contratista del gobierno realizó a las empresas de la familia presidencial sí ha trascendido al ámbito judicial.

Fue en diciembre de 2013, un año antes de que saliera a la luz el reportaje de La Casa Blanca de EPN, cuando Alconada Mon publicó en La Nación un artículo en que se evidenciaba el flujo de recursos del contratista favorito de obra pública de los gobiernos de los Kirchner, Lázaro Báez, hacia las empresas de la familia presidencial. Según consta en la contabilidad del consorcio de Báez, a la que Alconada Mon tuvo acceso, las empresas hoteleras de los Kirchner recibieron entre 2010 y 2011 más de 14.5 millones de pesos argentinos (unos 25 millones de pesos mexicanos) a través de acuerdos confidenciales y retroactivos. Las implicaciones legales de la revelación eran graves y apuntaban al más alto nivel.

“Me reuní con seis expertos anti-lavado, cada uno de ellos en reuniones por separado. La reunión más breve duró seis horas y la más larga dieciocho horas. Y cada uno de los seis, por separado, llegaron a la misma conclusión: que estábamos ante una posible operatoria de lavado de activos”, comenta desde Buenos Aires Alconada en entrevista exclusiva para este artículo.

Así, habiendo estallado el escándalo, la nota de Alconada Mon fue retomada por otros medios influyentes en Argentina hasta que el abogado de una organización ciudadana presentó una denuncia formal ante el fuero penal tributario. “Lo que suele ocurrir –agrega Alconada Mon– es que hay dos o tres abogados que, por distintos motivos […] ante la inacción de jueces y fiscales, impulsan la acción penal. En el caso de los hoteles de la Presidenta [Cristina Fernández], cuando nosotros publicamos se abrió una primera investigación por una denuncia de uno de estos abogados en el fuero de lo penal tributario.”

La intervención del ministerio público y de la judicatura argentina ha llegado al grado de confiscar la contabilidad de las empresas de Báez y de hacer requerimientos oficiales de información a las empresas de los Kirchner, así como de plantear la posibilidad de mandar citar a declarar a Máximo Kirchner, hijo de la presidenta.

Entrevistado desde Buenos Aires, el especialista argentino en ciencia política Álvaro Herrero explica que a la presidenta “se le puede investigar por cualquier delito. Las únicas limitaciones que hay son de fuero. Las investigaciones pueden avanzar hasta determinado punto. Lo que no se puede hacer sin un desafuero es detenerlo, pero procesarlo sí es posible”.

Si yo te dijera que la presidenta habita en una casa que fue hecha a su gusto, que tiene un valor de 7 millones de dólares y que el dueño de esa casa es una empresa contratista del Estado argentino que se ha visto beneficiada con contratos millonarios, ¿tú crees que el aparato de procuración de justicia tendría las herramientas normativas e institucionales necesarias para iniciar una investigación sobre esto?

–Sí, absolutamente. Una vez que eso se vuelve una noticia pública, sea porque lo detecta la oficina anticorrupción, un fiscal, un juez o un periodista, automáticamente eso se convierte en una investigación judicial.

¿Hay alguna figura delictiva en Argentina que pudiera encuadrar con esta conducta?

–Sí: negociaciones incompatibles con la función pública, el delito de coima (recibir un beneficio ilegal por parte de una empresa contratista del Estado)… Hay varios tipos penales para una situación de ese tipo.

–¿Y te imaginas en un caso hipotético de esta naturaleza que habría jueces o fiscales dispuestos a iniciar una investigación de este tipo?

–Sí, absolutamente. No tendrían opción, en realidad. Si se hace la denuncia, un fiscal no tiene otra opción más que promover la denuncia. Luego el juez va a decidir cómo la tramita, si se la delega al fiscal o se la queda el juez. En un caso de esta naturaleza muchas veces los jueces prefieren llevarlos ellos cuando está involucrado el presidente.


¿Quién va a investigar al presidente en México?

Para José Roldán, no son solo los obstáculos constitucionales los que impiden que existan investigaciones oficiales por actos de corrupción presidencial. Hay carencias institucionales que dificultan que un funcionario público decida iniciar una investigación por su falta de autonomía. “Formalmente hasta antes de la reforma que todavía no entra en vigor, el procurador depende del jefe de gobierno, del gobernador, del presidente. Entonces es una estructura jerarquizada y vertical, piramidal, y ese esquema te impide que funcionen con autonomía”, señala el investigador.

En 2014 se aprobó una reforma constitucional que dotó de autonomía al Ministerio Público, transitando de una Procuraduría General de la República (PGR) a una Fiscalía General; sin embargo, esta transición no sucederá sino hasta 2018. Adicionalmente, en dicha reforma se instruye a la PGR a crear una Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. El acuerdo por el que se creó esta fiscalía fue expedido y publicado el 12 de marzo de 2014; no obstante, al día de hoy el Senado no ha siquiera nombrado al titular de la Fiscalía, quien podría iniciar una investigación sobre La Casa Blanca en materia penal.

Sobre si el diseño de la nueva fiscalía anticorrupción representa algún avance importante en relación con esfuerzos anteriores José Roldan responde categórico: No.

Cuestionado sobre quién debería investigar oficialmente el escándalo de la Casa Blanca, el periodista Rafael Cabrera, uno de los autores del reportaje, responde escéptico: “Uno de los peros que dio Virgilio Andrade [el secretario de la Función Pública] es que la conducta se dio cuando él era gobernador del Estado de México mientras que a él le corresponde investigar solo a partir de que Peña Nieto es presidente. Entonces ¿quién lo va a investigar? ¿La Procuraduría del Estado de México, de Eruviel Ávila? No lo creo.” “Vemos que es un andamiaje institucional que simula. Hubiera sido bueno que se abriera una comisión especial [en el poder legislativo], pero todo quedó en una burla”, concluye.

Si no es la Procuraduría del Estado de México, ni la PGR, ni el Poder Legislativo quienes están en condiciones de iniciar una investigación independiente, aún queda la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia del gobierno federal encargada de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la legalidad y de sancionar administrativamente a quienes no lo hacen. Sin embargo, esta institución depende directamente del Presidente de la República, con lo cual carece de condiciones de autonomía que le permitan iniciar investigaciones directamente relacionadas con el titular de Ejecutivo Federal.

Además, el recién nombrado titular de la SFP, por su parentela y por su estrecha amistad con altos funcionarios públicos, podría ubicarse en un conflicto de interés para investigar hechos de corrupción: Andrade es hijo de uno de los abogados del líder sindical petrolero y senador priista, Carlos Romero Deschamps, el cual ha sido acusado de innumerables actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos. Aparte, Andrade hijo reconoció tener una estrecha relación de amistad con el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, quien adquirió también una casa de una de las empresas de Grupo Higa por 7.5 millones de pesos gracias a un crédito otorgado por el mismo grupo empresarial, crédito por el cual pagó una tasa de interés del 5.31%, cuando el promedio que ofrecía la banca nacional en ese momento era del 12.17%.

Aun así, el presidente Peña Nieto instruyó a Andrade durante el evento protocolario de su nombramiento, para que iniciara una investigación que permitiera esclarecer si existieron actos ilegales relacionados con la adquisición de la llamada Casa Blanca: “Finalmente, reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la SFP que investigue y resuelva, si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la SHCP y con un servidor.” Es decir, que la alternativa por la que el presidente optó para despejar dudas sobre el posible conflicto de interés por La Casa Blanca fue instruir a su subordinado para que lo investigue. Más allá de esto, nada.


Fiscales argentinos, agentes mexicanos: investigadores y subordinados

En Argentina, si bien sus órganos administrativos de combate a la corrupción dependen de la presidenta, los fiscales tienen condiciones de autonomía frente al Poder Ejecutivo que les permiten iniciar investigaciones contra altos funcionarios, según lo explica Álvaro Herrero.

¿Los fiscales tienen alguna condición de autonomía frente a la Procuradora General o dependen directamente de ella?

–Tienen mucha autonomía […] El Procurador General de la Nación puede dictar instrucciones generales pero no puede llamarlos y decirles “esta denuncia no la investigas”. No puede hacerlo. […] La ley orgánica del ministerio público fiscal no le da la facultad al Procurador General de la Nación de involucrarse en una causa específica, de un fiscal de primera instancia. No tiene esa potestad. […] Los fiscales al fin y al cabo son idóneos. No vas a encontrar a un fiscal que no tenga los antecedentes o la experiencia para ser fiscal. […] Tenéis fiscales que tienen garantizada su estabilidad en el cargo y la intangibilidad de su salario. Nadie puede castigarlos fácilmente por iniciar una investigación. Porque hay un diseño institucional que previó que los fiscales sean un órgano extra poder. Tienen autonomía funcional y autarquía financiera. Tanto la ley como la Constitución les dan condiciones que les permiten un accionar independiente.

–¿Puede la procuradora destituir a un fiscal en el caso de que inicie una investigación que no le parece?

–No, no puede. Para que un fiscal sea destituido se tiene que abrir una investigación interna, puede ser por denuncia de la procuradora o de alguien más. Pero ese proceso está muy regulado taxativamente. Al final hay un jurado de enjuiciamiento integrado por distintos representantes que son sorteados y así se decide la suerte de un fiscal”.

En el caso mexicano, debido a las restricciones constitucionales para acusar al presidente, un agente del ministerio público –figura análoga a los fiscales argentinos– no está siquiera facultado para iniciar una investigación en su contra por actos de corrupción y su dependencia jerárquica de los mandos superiores del aparato de procuración de justicia, hace prácticamente imposible que adopten una línea de investigación propia con la que el titular de la dependencia esté en desacuerdo.


El que esté libre de pecado…

Tanto José Roldán como Rafael Cabrera coinciden en que la falta de contrapesos y de competencia política real representan un tercer factor que imposibilita que un agente investigador o una institución facultada para ello dé un paso adelante e inicie una investigación.

Decepcionado por el actuar de las autoridades ante una de las revelaciones periodísticas más importantes de las últimas décadas, Cabrera explica las razones por las que considera que no han habido consecuencias oficiales.

–¿Qué pasa en México que frente a estas revelaciones no pasa nada?

–De entrada, no hay oposición. El Pacto por México, por ejemplo. Y si llega a haber algún intento, no les dan los números para instalar alguna comisión en el Congreso. Sí hubo un intento para instalar una comisión [especial para investigar La Casa Blanca] en la Cámara, pero dijeron que ya había muchas comisiones especiales y que no era posible. No había Función Pública en ese momento; solo había un encargado de despacho, que además depende de Presidencia, y una PGR en la que el procurador es amigo del presidente.

“Luego tienes el otro tema que no solamente es normativo sino de estructuras políticas”, menciona Roldán. “Por una parte, tienes una dificultad para que funcione la competencia política, que, supondría uno, sería el remedio para esto. Por la otra, todo el mundo tiene cola que le pisen; por tanto, a nadie le conviene que vayan hasta el fondo de algún asunto porque terminan perdiendo.”

Efectivamente, el 2 de diciembre de 2014 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió crear una comisión especial que diera seguimiento a la licitación del tren México-Querétaro, que había sido otorgada a un consorcio dentro del cual se encontraba una filial de Grupo Higa. Sin embargo, durante el anuncio los vicecoordinadores del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, Lilia Aguilar y Ricardo Mejía, respectivamente, informaron que la mayoría de los coordinadores había rechazado la moción de crear una comisión especial para el caso de La Casa Blanca. De esa manera se cerró la discusión legislativa sobre la posibilidad de hacer rendir cuentas al primer mandatario.

En Argentina el problema no es la falta de competencia política; todo lo contrario, según explica desde Buenos Aires el periodista Hugo Alconada: “Hay algunos [fiscales] que lo hacen [iniciar investigaciones por corrupción presidencial] realmente por una cuestión de funcionario público: consideran que es su deber investigar al poder. Hay otros que lo hacen por cálculo político, porque quieren quedar bien con un rival del funcionario que están investigando. Hay otros que lo hacen por dinero; son mercenarios, entonces van a investigar o dejar de investigar según les pagues la coima o no […] Hay otros que lo hacen por protagonismo mediático […] Tenéis así una mezcla de quienes lo hacen por los motivos correctos hasta los que lo hacen por los motivos más mezquinos. Hay de todo.”


Si no hay normas, ni instituciones ni contrapesos, ¿por dónde empezar?

Decir que el libre ejercicio del periodismo es condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática no solo significa reivindicar el derecho a producir y difundir mensajes informativos, sino también la convicción de que, frente a esos mensajes, el Estado debe reaccionar eficientemente.

Todas las fuentes consultadas para esta investigación coinciden en lo mismo: México tiene un serio problema de diseño institucional, normativo y de equilibrios políticos, que le impide garantizar rendición de cuentas frente a revelaciones periodísticas sobre corrupción presidencial.

La insistencia del académico Roldán en lo inexplicable que resulta que en un sistema político presidencialista, hecho a imagen y semejanza del estadounidense, el presidente no pueda ser investigado más que por delitos graves o por traición a la patria, muestra uno de los primeros obstáculos a remover. “En México no tenemos una figura similar al impeachment estadounidense que pueda aplicar para el presidente”, recuerda Roldán.

A pesar de la opinión de Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, en el sentido de que la Constitución mexicana no otorga un nivel desproporcionado de protección al presidente, la experiencia argentina demuestra que sí es factible, en un sistema presidencialista, permitir que el titular del Ejecutivo Federal sea acusado por cualquier delito.

Sin embargo, las deficiencias normativas no son únicamente constitucionales. Bojórquez considera que la existencia de requisitos innecesarios para iniciar investigaciones, como la presentación formal de una denuncia, inhibe el actuar de las autoridades. Por ello, explicó que Transparencia Mexicana apuesta por que en el nuevo sistema anticorrupción las investigaciones se inicien ex officio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa.

Por otro lado, la autonomía de los órganos de investigación es una preocupación constante de los especialistas. Tanto el politólogo argentino Álvaro Herrero como el periodista Hugo Alconada coinciden en que la autonomía de los fiscales es determinante para que una investigación real e independiente pueda ser desarrollada. En México, sin embargo, hasta el día de hoy no ha existido una sola fiscalía especializada en delitos en materia de corrupción cuyo titular tenga plenas condiciones de autonomía frente al titular de la PGR u otras instituciones del Estado. En el más reciente diseño de la fiscalía anticorrupción, el titular es designado por el Fiscal General. Por esta razón, entre otras, Roldán considera que esta nueva fiscalía no representa avance sustantivo alguno en relación con las fiscalías previas.

Álvaro Herrero explicó que la protección especial con la que cuentan los fiscales argentinos en materia de permanencia en su puesto, intangibilidad de su salario y otras hace posible que uno de estos funcionarios encargados de la investigación ministerial decida investigar a figuras públicas de alto nivel. Uno de los ejemplos más evidentes de esto es el del fiscal argentino José María Campagnoli, quien, después de iniciar investigaciones sobre el reportaje del equipo de investigación del periodista Jorge Lanata sobre “La Ruta del Dinero K”, fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Nacional; sin embargo, meses después y por la vía judicial, Campagnoli fue restituido y hoy continúa las investigaciones que había iniciado.

Es así como Argentina, a pesar del enorme camino que tiene aún por recorrer en materia de rendición de cuentas, resulta un punto de contraste y comparación para México en lo que se refiere a investigaciones por actos de corrupción presidencial. El caso argentino permite poner sobre la mesa la relevancia de contar con los instrumentos necesarios para hacer frente a la demanda social que existe en México para acabar con la corrupción de alto nivel.

Cuando una revelación periodística es difundida ampliamente, las autoridades no pueden negar tener conocimiento de su existencia. Si a pesar de ello se muestran incapaces de iniciar investigaciones oficiales, se reconoce tácitamente que el juicio de las conductas antijurídicas, antidemocráticas y contrarias al interés público corresponde a la sociedad civil y no a la autoridad. Con ello, las instituciones del Estado ponen en cuestión su razón misma de ser.

(Foto: Presidencia de la República Mexicana.)

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