Algunas ideas para entender qué pasa en la UNAM

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La coyuntura que se vive en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es delicada. Hace pocos días fuimos testigos de los disturbios organizados y ejecutados por encapuchados que atacaron casetas de vigilancia, bloquearon vías de acceso a la universidad, incendiaron contenedores de basura y un auto de vigilancia UNAM.

El fuego siempre es fascinante, para bien y para mal. En este caso, resultó un poderoso atrayente para una parte de la prensa que destaca –casi siempre de manera velada– lo que hay en la UNAM de nocivo para la sociedad.

El “motivo” de los encapuchados para generar disturbios es el siguiente: integrantes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron el pasado 24 de febrero a un activista del entorno del auditorio Justo Sierra, ocupado desde 1999 (ellos dirían “okupado” para asimilarse con los okupas europeos, con los que poco o nada tienen que ver, si consideramos que el edificio en cuestión es público y absolutamente vulnerable). Según informaron, se le detuvo por narcomenudeo y se le decomisó droga. El juez del caso decidió reclasificar el delito y acusar a Jorge Emilio Esquivel de posesión simple de varias drogas y ya no de posesión con fines de comercio. El caso sigue su curso.

El episodio ha encendido pasiones y generado por lo menos dos opiniones contrapuestas: la primera es que se trata de un montaje para acosar al movimiento estudiantil y empujar iniciativas desmovilizadoras y privatizadoras de la educación superior. En las antípodas, está la impresión de que el supuesto activismo es sólo la fachada de porros –algunos de ellos asociados a la izquierda partidista­– cuyo objetivo es vivir de forma criminal. Las dos ideas me parecen radicalmente equivocadas.

En este texto me propongo hacer una breve interpretación que difiera de las anteriores, intentando dar cuenta de qué hay detrás de la protesta y de la detención del activista apodado “Yorch”.


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Hay dos actores que están midiendo fuerzas: por un lado, el rector entrante en la UNAM, Enrique Graue Wiechers –quien encuentra una oportunidad política en la apertura de su rectorado– y, por el otro, la ultraizquierda sectaria consolidada alrededor del auditorio Justo Sierra, cuya vertiente “insurreccional” (así se llaman) de raíz anarquista es cada vez más fuerte. El gobierno federal y el de la Ciudad de México y sus aparatos de inteligencia están interesados en el conflicto no solo por la relevancia política de Ciudad Universitaria, sino por los riesgos probables para el gobierno mismo.

Lo que pasa hoy en el auditorio y en la UNAM no puede entenderse sin considerar dos factores: el ascenso sordo del clima anarquista en México y la interpretación errónea de la autonomía universitaria como extraterritorialidad. Estas dos condiciones han puesto a nuestra máxima casa de estudios en una situación difícil y vulnerable. Sin su confluencia, los episodios de las últimas semanas no estarían sucediendo.


Antecedentes pertinentes

Lo primero que hay que decir es que el movimiento insurreccional –y violento– existe. En general es de corte anarquista, aunque muchos colectivos que lo practican sean tan anarquistas que se resisten a afirmarse seguidores de una doctrina y reivindican un nihilismo espontaneista. No se trata de grupos creados por el gobierno para desprestigiar otros movimientos sociales. Han estado ahí desde hace tiempo, creciendo en el silencio relativo.

Los hemos visto sin observarlos: se ha escuchado de paquetes bomba a investigadores de innovación tecnológica, de sabotajes a cajeros automáticos en diversas partes del país –que casi siempre aparecen en las páginas interiores de los diarios urbanos– y de ataques a oficinas distritales del antiguo Instituto Federal Electoral.

El gobierno tiene muy clara su existencia. De hecho, ha contribuido a su visibilidad porque su enfoque ha cambiado radicalmente durante el sexenio de Mancera. Antes, Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Ebrard, enfrentó la insurgencia de estos grupos de una manera menos estridente –y, por sus declaraciones, les dedicó menos recursos de inteligencia–; ahora, se convirtieron en enemigos del gobierno, quizá debido al talante represor de funcionarios como el anterior secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, pero también a las prioridades de Miguel Ángel Mancera, a quien uno de estos grupos le dirigió un paquete bomba cuando era procurador del Distrito Federal.

La historia del movimiento neo-anarquista en México está por escribirse. No son muchas las fuentes disponibles, pero por la prensa y por sus propias publicaciones podemos saber que desde el surgimiento del EZLN tuvo un crecimiento notable. Sin embargo, fue a partir de la cumbre birregional de Guadalajara de 2004 –que tuvo el objetivo de profundizar los lazos económicos y políticos entre América y la Unión Europea– que la acción directa de corte violento (que algunos preferirían llamar “propaganda por el hecho”) comenzó a hacerse presente con insistencia.

El movimiento oaxaqueño de 2006 (APPO vs Ulises Ruiz) fue un momento de gran relevancia y dispersión de los repertorios violentos en la ultraizquierda. Allí convergieron viejos y nuevos ultras con activistas de diversas latitudes. A partir de entonces, semillas anarquistas insurreccionales se sembraron en diversas partes del país. Hoy hay un archipiélago nacional de colectivos de ese corte. Los bloques negros –es decir, los conglomerados de personas encapuchadas que comparten métodos de acción y van vestidos de negro para ser menos identificables para lo policía–, nutridos de los grupos generados al calor del clima anarquista, son parte del paisaje contemporáneo de las marchas.

Vuelvo a la Ciudad de México. Su politización y clima cultural hacen más propicio el ascenso de estos colectivos, que se han fortalecido al amparo de las universidades públicas, no porque haya en ellas estímulos para su militancia, sino por la libertad que permite la mítica autonomía universitaria. Desde un aula a la que nunca llegará un solo policía preventivo, es más fácil enseñar a fabricar explosivos o a confrontar a las fuerzas del Estado. Y si hay un espacio al que no entre ni siquiera la vigilancia universitaria o entrometidos estudiantes sin compromiso político, mejor. Ese espacio, por excelencia, es el auditorio Justo Sierra, el “Che Guevara”.

El movimiento insurreccional se reveló al público claramente el 1 de diciembre de 2012. Después, ha sido evidente más de una vez que sus partidarios (que odiarían ser llamados partidarios de nada) son dominantes en las colectividades de ultraizquierda de la UNAM. Sirvan estos antecedentes para circunstanciar su presencia y acción actual:

–Febrero de 2013. Se toma la dirección general del CCH, rompiendo ventanas, puertas, mobiliario.

–Abril de 2013. En un reto de mayor envergadura a las autoridades universitarias, se tomó la rectoría de la UNAM en presunta protesta contra el cambio de plan de estudios del CCH, es decir, con el mismo argumento que había generado la anterior toma. Esto entorpeció gran parte de la marcha administrativa de la universidad.

–Noviembre de 2014.

a) Incendian una unidad del metrobús frente a Ciudad Universitaria y la estación correspondiente “para exigir la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa”.

b) En un episodio muy llamativo, un policía de investigación disparó en Ciudad Universitaria. Se investigaba, presuntamente, el robo de un teléfono celular. Aparentemente el policía disparó porque intentaron retenerlo.


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Plantón en el edificio de rectoría (Abril 2013).

Más allá de las intenciones políticas del rector de la universidad, la ocupación –sin “k”– del auditorio Justo Sierra sintetiza una serie de problemas de la vida universitaria. El primero de ellos es la vulnerabilidad absoluta y permanente de la vida académica en Ciudad Universitaria. Ha sido posible, antes y en los últimos años, que colectivos integrados por decenas de activistas –que dudosamente hacen vida universitaria– suspendan la administración y dirección de una universidad de más de trescientos cuarenta mil alumnos. ¿Es aceptable tal desplante de autoritarismo? ¿Debemos resignarnos como universitarios a que sigan en un proceso de acumulación de fuerzas para después hacer a nuestra universidad el punto estratégico de una insurrección mayor?, ¿nos toca opinar en ese proceso?

El segundo de ellos es que autoridades y activistas violentos acercan a la comunidad a una disyuntiva dañina para la universidad: o permitir el uso de la fuerza pública o dejar Ciudad Universitaria como tierra olvidada. Dado que por usos y costumbres la policía no entra en Ciudad Universitaria, ésta parece ser tierra de nadie: solo ciertos colectivos “autogestivos” ejercen poder territorial en conflicto con las autoridades y, muchas veces, en connivencia con quienes utilizan la autonomía para realizar actividades ilícitas, como vender droga. No me consta que estén asociados, pero sí he visto que conviven pacífica y amigablemente con ellos. Su presencia no les resulta problemática como sí lo sería la de la policía.

Seríamos muy hipócritas si negáramos que cerca del llamado “Che” puede conseguirse marihuana fácilmente o que la Facultad de Ciencias Políticas es, descaradamente, un tianguis de sustancias ilícitas los viernes por la tarde (no es que los otros días no lo sea, pero por alguna razón entre semana el descaro es menor). Ese mismo clima es el que ha favorecido el aumento de actos violentos y criminales en las facultades. En las últimas semanas, por ejemplo, han sido sonados episodios de robo y agresión en la Facultad de Políticas.

Sin embargo, la autonomía entendida como abandono tampoco es muy seductora que digamos: ¿qué de bueno podría esperarse de una coalición integrada por la rectoría, los aparatos de policía federal, de la Ciudad de México y los medios de comunicación de derecha que pretenden que creamos que es normal que atrapen narcomenudistas con tal presteza solo siguiendo su forma normal de actuar? Desde luego, creo que no mucho. Desgraciadamente se avistan pocas salidas a la situación actual.

Aunque la voz de la comunidad universitaria no ha sonado fuerte, hipotéticamente hay otra solución posible: la acción verdaderamente autogestiva, una universidad viva, participativa, que decida sobre sus espacios. ¿Y si vamos convocando a una consulta sobre la ocupación del Justo Sierra? El ejercicio demoscópico más reciente al respecto indica que la mayoría de los universitarios (87%) estamos a favor de la recuperación del espacio, aunque estemos divididos en cuanto al posible uso de la fuerza pública. Sin duda es el escenario menos deseable. La pregunta pertinente es si los ocupantes están dispuestos a desalojar el recinto sin que tenga que llegarse a esos supuestos.

(Fotos: cortesía de AlejandroLeonardo Canion y Eneas De Troya.)

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