Año electoral: un informe

Es tiempo electoral, y esta vez será necesario entender las elecciones en clave de reorganización política y no de ideología pura. Hoy la urgencia es que quien gane garantice las condiciones de vida en nuestro país, sumido en la violencia.

| Elecciones

Este año en América Latina se celebran elecciones en Colombia, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Brasil y México. El rostro político de la región ha cambiado de forma drástica, atrás quedaron los años en los que diversos sectores de la izquierda se emocionaban con el «socialismo del siglo XXI». Cada país con elecciones es infeliz a su manera: en Colombia resurge la violencia como saldo del proceso de paz; Brasil atraviesa una crisis política galopante; Venezuela no parece encontrar una salida al autoritarismo de Maduro, y en Costa Rica los evangélicos han triunfado en la primera vuelta electoral.

México es un país anómalo en la región que no ha seguido las olas de cambio del sur. Hasta el año 2000 gobernó una autocracia de partido hegemónico, y a partir de entonces un sistema de democracia electoral que, según el Latinobarómetro, apenas satisface a 18% de la población. No es para menos, el sexenio de Peña Nieto ha sido uno de los más violentos, la impunidad supera 90% de los casos, hay treinta mil ciento veinticinco desaparecidos y trescientas diez mil quinientas veintisiete personas víctimas de desplazamiento interno forzado. A este panorama debemos sumarle la desigualdad extrema del país: al 1% más rico le corresponde 21% de los ingresos totales de la nación.

Frente a este panorama cabe preguntarse qué está en juego durante las elecciones en México. Y en ese sentido, es claro que esta es la última oportunidad que tenemos como país para responder al estado de emergencia crónico en el que vivimos. No se trata de si una coalición hará políticas públicas de una u otra forma, sino de si puede garantizar la posibilidad de que las personas vivan —los conservadores creen que el problema más urgente es la corrupción, y aunque en buena medida lo es, enfocarnos exclusivamente en ella no acabará con la máquina de muerte—. Apunta el Comité Invisible, en La insurrección que llega, que «Ninguno de los “problemas” que se formulan en el lenguaje social admite solución. El “problema de los jubilados”, el de la “precariedad”, los “jóvenes” y su “violencia” no pueden sino quedar en suspenso, mientras se gestionan soluciones policiales que siempre son más sobrecogedoras que lo que esconden».


De abajo hacia arriba

Una manera de mirar la conflictividad del país es echando luz a las disputas por el territorio provocadas por el desarrollo desigual y la urbanización. El país está lleno de tensiones por el control de la tierra y sus recursos. Los grandes proyectos agrícolas, biotecnológicos, mineros, energéticos, hidrológicos, forestales, turísticos, y la expansión de la mancha urbana y sus desechos crean enormes problemas sociales que afectan sobre todo a las poblaciones indígenas y a las mujeres de las comunidades, pues son ellas quienes por lo general se quedan a cuidar la tierra. Estas disputas territoriales también están cruzadas por la pelea sobre el control de las rutas de tráfico ilegal de personas y mercancías que afectan a todo el país.

En cuestiones políticas quizá lo más interesante que sucede en el país sean las pequeñas sedicencias esparcidas en el territorio. Cherán, Ostula o las juntas del buen gobierno en Chiapas son horizontes que nos dejan ver la posible vida después de «la nación» y «las instituciones». El calendario de estas comunidades no se encuentra alineado del todo al proceso electoral.

Además de esos ejemplos de corte autonomista, habría que considerar la movilización y resistencia que poco a poco se articula a lo largo de la República. El peñanietismo aceleró el proceso de reparto y concesión de tierra a megaproyectos (minería o hidroeléctricas, por ejemplo) de corte extractivista. De acuerdo con la organización PODER, el Estado mexicano ha concesionado trescientas treinta y un mil setecientas veintinueve hectáreas en Puebla a empresas privadas sin informar con anticipación ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En complicidad con las empresas, reprime a las comunidades que se organizan para defender su territorio.

Hace unos días en la Sierra Norte de Puebla se informó de la investigación judicial a tres defensores del territorio pertenecientes al Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y a la cooperativa Tosepan Titaniske. Para dimensionar la gravedad del problema, PODER documentó la existencia de cuatrocientas cuarenta concesiones mineras, quince proyectos hidroeléctricos privados, así como la exploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla. De las concesiones mineras, 60% están en manos de la empresa Almaden Minerals. Por otra parte, existen doscientos treinta y tres pozos que utilizan fractura hidráulica (fracking) en la Sierra Norte sin que la población esté informada sobre si se trata de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o no y, por lo tanto, respecto de los riesgos e impactos negativos que implica para sus territorios, su medio ambiente y sus vidas.

Se considera que existen en la actualidad poco más de cuatrocientos puntos de conflicto de defensa territorial en todo el país. Es en esa larga tradición de resistencia que se generan respuestas políticas concretas en favor de la vida. Hasta ahora ninguno de los candidatos se ha pronunciado abiertamente en contra del despojo, sin embargo, no es un dato menor que Andrés Manuel López Obrador haya nombrado a María Luisa Albores, defensora y una de las dirigentes de Tosepan, como posible secretaria de la Sedesol.

Uno de los problemas invisibilizados con mayor frecuencia es el del desplazamiento interno en México. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el periodo de enero del 2009 a enero del 2017, en México trescientas diez mil quinientas veintisiete personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o los conflictos territoriales, religiosos o políticos. El fenómeno es descrito por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de la siguiente forma: «Es muy fuerte el dolor y el sufrimiento de centenas de familias guerrerenses que ni en su casa ni en su pueblo pueden vivir con tranquilidad. Huyen con sus hijas e hijos a los cerros o a los cinturones de miseria de las ciudades violentas del estado. No hay tregua para planear con certeza un futuro promisorio. Es vivir trágicamente la cotidianidad. Cargar con la pesada sombra de la muerte. Resignarse a ser víctima o rehén de los grupos delincuenciales. Es acostumbrarse a tener autoridades indolentes e insensibles».

Finalmente, la necropolítica se materializa en las fosas clandestinas. Las cifras aproximadas provenientes de fuentes oficiales arrojan que entre el 1 de diciembre de 2006 y junio de 2017 fueron encontradas un total de mil quinientas ochenta y ocho ubicadas en veintitrés estados del país. Hasta la fecha se sabe que en ellas hay un total aproximado de dos mil seiscientos setenta y cuatro cuerpos y once mil cuatrocientos veintinueve restos o fragmentos óseos de los cuales no se tiene más información.[I] Mirna Nereyda Medina, rastreadora en el norte de Sinaloa, al descubrir una de sus primeras fosas fue detenida. Le cuenta a Gloria Leticia Díaz que «llegó la policía y me detuvo de las cinco de la tarde a las cinco de la mañana del día siguiente. Me quitaron mi teléfono. Querían que les dijera quién me había dado la información. Les dije que deberían estar agradecidos de que estaba haciendo el trabajo que ellos no quieren hacer». Y con ello desnuda por completo al Estado mexicano.

Y mientras tanto, Ayotzinapa permanece como el gran elefante en la sala.

Más allá de las resistencias territoriales y fuera de las cúpulas partidistas, es importante seguir el trabajo de algunas de las personas que apostaron por las candidaturas independientes: Pedro Kumamoto en Jalisco, Carlos Brito en Jojutla, Susana Ochoa y Ana Gabriela González en Guadalajara-Zapopan, Roberto Castillo en la Ciudad de México y Adrián Gorocica en Yucatán.


 

De arriba hacia abajo

La llamada transición a la democracia fue en esencia un acuerdo entre élites para el cambio de partido en el gobierno sin desmontar del todo el régimen anterior; para decirlo mejor, se instrumentó para formar coherencia de su nueva narrativa neoliberal y la ruptura con el Estado revolucionario. En este sentido, el subcomandante Marcos ya advertía el 2 de diciembre del 2000 que «no hay transición democrática. Hay alternancia. Y como prueba que el espacio dejado por el sistema de partido de Estado sigue vacante, está que el programa para la nueva clase política (o empresarial-política) que se encumbra con el Foxi-equipo no es operar la alternancia (Zedillo les sirvió la mesa —mal por cierto, como todo lo que hizo—), sino convencer a la gente de que debe volver a su pasividad anterior y “dejar que el gobierno gobierne”». En buena medida acierta, desde entonces se quiso ocupar la vacante en lugar de acabar con el puesto.

Quizá el proceso que mejor ilustra lo anterior es el de justicia transicional, en su investigación «Gobernando el pasado», Javier Treviño-Rangel demuestra que: «el proceso de justicia transicional mexicano se vio afectado por continuos arreglos políticos entre los distintos actores que participaron en el proceso (esto es, miembros de la era del PRI; Fox, sus estrategas y su partido; partidos políticos de izquierda, organizaciones de derechos humanos; y víctimas de la represión). […] el lenguaje de los derechos humanos desempeñó un papel crucial en el proceso de justicia transicional. Este lenguaje condujo el proceso a través de las estructuras de poder existentes, estructuras de poder (leyes e instituciones) que seguían trabajando bajo premisas autoritarias. Además, fue un lenguaje que sirvió para justificar decisiones políticas que beneficiaron siempre a los antiguos perpetradores».

Con más o menos diferencias, esta fue la ruta que siguieron todas las instituciones posalternancia. Los arreglos políticos de sus reformadores y la falta de un verdadero sistema de rendición de cuentas horizontal y vertical permitieron que las grandes reformas de la primera década del siglo XXI hoy necesiten cirugías mayores o, de plano, contrarreformas; sumado a esto, se desmovilizaron amplios sectores de la sociedad. Uno de los cambios más lentos se dio en la escena partidista, pasaron doce años para que se introdujeran figuras como la reelección o las candidaturas independientes, lo que dificultó la oxigenación de la vida partidista. Los cambios propuestos, además, tienen vicios de origen: la reelección está condicionada a la cúpula de los partidos y las candidaturas independientes —así como la formación de nuevos partidos— tienen altísimas barreras de entrada.

La violencia descontroló la incipiente institucionalización posalternancia. Del 2007 al 2010, México fue el país con la mayor tasa de crecimiento en homicidios dolosos. La cifra anual de este tipo de homicidios alcanzó un pico en el 2011 al situarse en veintidós mil ochocientos cincuenta y dos, antes de retroceder ligeramente a unos niveles todavía muy superiores a los observados antes de 2006. Entre diciembre del 2006 y finales del 2015, más de ciento cincuenta mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México. La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría con exceso al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza.[I]

Las instituciones del Estado han generado un pacto de impunidad frente a la masacre. El académico Andreas Schedler plantea que «la indiferencia hacia las víctimas ha tenido una expresión institucional muy clara: la impunidad. Los homicidios atribuidos al crimen organizado se contabilizan, pero no se persiguen. El porcentaje de «narcoejecuciones» que lleva a condenas judiciales firmes es cercano a cero. En los hechos, el Estado mexicano ha consentido la privatización de la pena de muerte». De esta forma, no resulta extraño que la propuesta de amnistía de López Obrador haya generado tal polémica: para la impunidad se requiere la omisión del Estado; para la amnistía, su acción.

Los grandes medios de comunicación impresos y electrónicos no transitaron a la democracia. En estos dieciocho años, lejos de ser más independientes del poder político, se encuentran por completo atrofiados por los miles de millones de pesos que los gobiernos federal y locales invierten a discreción para influir en las líneas editoriales. Fuera de los grandes medios, todo el ecosistema periférico de medios se encuentra entre una violencia creciente —según Artículo 19 cada hora y media es agredido un periodista— y la precariedad laboral. Este esquema va configurando amplias zonas de silencio a lo largo del territorio nacional.

Arriba, el acuerdo de gobernabilidad pactado para la alternancia (nunca fue una transición) parece desmoronarse por todos sus frentes. Igualmente, el estancamiento económico de las últimas dos décadas no deja siquiera un resquicio de esperanza para la clase empresarial-política de gobierno. El ciclo neoliberal produjo estabilidad macroeconómica y un aumento significativo en el comercio exterior y la inversión interna. Pero donde importa, en productividad general y crecimiento económico, el experimento falló. Desde que se emprendieron las reformas hace treinta años, la productividad general en México se ha estancado y la economía ha tenido un desempeño mediocre incluso para los estándares poco exigentes de América Latina.


Aquí y ahora

Para observar con mayor claridad el panorama actual, debemos retroceder al 2 de diciembre del 2012, al Castillo de Chapultepec, a la firma del Pacto por México. Después de la represión del 1 de diciembre en el contexto de la toma de protesta, Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero y Jesús Zambrano suscribieron el pacto. En esa ocasión Zambrano aseguró que el PRD asumiría el riesgo porque «no apostamos al desastre en el país». Y el país se volvió un desastre.

El pacto no solo canceló las diferencias programáticas de los tres partidos, sino que anuló de facto la oposición política —llegó un punto en que la única oposición visible era la periodista Carmen Aristegui—. El pacto confirmó la idea de que los partidos no tienen grandes diferencias con un club social: no importan ni las propuestas programáticas ni la militancia, lo importante era cobrar la membresía y repartir los privilegios. José Merino y Jessica Zarkin aseguran que el Pacto «no elevó la efectividad del Ejecutivo respecto a la administración anterior, pero sí logró anular el trabajo legislativo de los propios diputados». Y se preguntan: «¿Por qué la “solución” mexicana para generar mayorías tuvo que implicar tales sacrificios a la representación, el equilibrio de poderes, y la deliberación, esto es, a la salud de nuestra democracia?».

Poco después surgió Morena. Tras la derrota del 2012, López Obrador ya no tenía cabida en el PRD —al día de hoy no tiene cabida ninguno de sus fundadores, presidentes y gobernantes— y aprovechó la base social que había movilizado por años para fundar su propio partido. Tenía tres objetivos en mente: organizar el descontento social, ser una oposición nítida al régimen del pacto y ganar la presidencia en esta elección. En su primera elección, la intermedia del 2015, fue el partido nuevo más competitivo: obtuvo triunfos en Oaxaca, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Tabasco y, más importante, le disputó a su antiguo partido el control político de la Ciudad de México con éxito.

El desastre sexenal se fue desdoblando frente a los cómplices del gobierno (el pacto). «La Casa Blanca», Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, confirmaban los límites en la crisis del sistema. Poco a poco los antiguos aliados de Peña  fueron desmarcandose de él, pero no de su programa de gobierno; el PAN y una parte (la que queda) del PRD siguen soñando con el programa de reformas planteado por Peña Nieto pero sin Peña Nieto como cara visible del proyecto. Es por eso que en la ocasión electoral les resulta tan complicado sostener que son distintos.

El pragmatismo de Morena parece encontrar fortaleza en las contradicciones que engendra. Lo que ha generado es una reorganización masiva de la vida partidista en México. No veremos el resultado de esta reorganización sino hasta pasada la elección, sin embargo, no sería difícil imaginar un futuro cercano a este: el PRI siendo el mismo aunque con los «panistas rebeldes», el Frente desbaratando sus registros y fusionándose en algo que sea «la derecha moderna», los Calderón fundando el partido doctrinario de la derecha y, por último, Morena como el nuevo PRI. Es por esto que considero un error tratar de leer esta elección en clave de ideología pura; por el contrario, debe leerse en clave de profunda reorganización política producto de la pérdida de legitimidad del sistema. Las organizaciones políticas y sociales tienen que entenderlo así. La crisis terminal del modelo actual representa una oportunidad para estar del lado de la transformación.

El escenario es propicio para el triunfo de la izquierda, en esta ocasión representada por AMLO. La reorganización social que supone fortalecerá a la oposición (arrasada por el peñismo) y a la organización en resistencia.


¿Se detendrá la caravana de la muerte?

Al inicio dije que reconozco la esperanza política de nuestro tiempo en las escisiones al Estado, en las autonomías, en Cherán. Quien esté dispuesto a asumir su autonomía colectiva no padecerá la época electoral. Quien no, tendrá complicado navegar entre las toneladas de información digital (falsa o no), los medios electrónicos y sus spots, el «chat de las tías» y los grupos de Facebook. Propongo que no pensemos en aquellos que votarán, sino en los cientos de miles de votos que la muerte, las desapariciones y el desplazamiento han arrebatado de las urnas.

 


[I] Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2017/11/20/dimensionando-problema-fosas-clandestinas-mexico/

[II] Disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf

 

 

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