Apología del delator vial

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Para ejercer un control brutal e implacable sobre la sociedad, algunos de los sistemas políticos europeos más ignominiosos de los que tiene registro la historia (los llamados “socialismos realmente existentes”) echaron mano de ese personaje taimado, oscuro, oportunista, que vivía entre las sombras, escuchando las conversaciones ajenas, traicionando la confianza del prójimo, inmiscuyéndose furtivamente en los asuntos de los otros y luego revelándolo todo al brazo represor del régimen. El delator era la pieza fundamental de la arquitectura política de la KGB soviética, la Stasi de la República Democrática (sic) Alemana y la Securitate rumana, entre otros.  Las aspiraciones totalitarias de todos esos regímenes reposaban sobre las infidencias del ciudadano soplón, ese pequeño Judas que denunciaba a sus pares, a veces por unas monedas, a veces por convicción política, a veces simplemente por despecho o por una vendetta.

Hoy que han quedado desmantelados casi todos los sistemas totalitarios, con la excepción de la menguante República Tropicalitaria de Cuba, el pujante Califato Fundamentalista de Oriente Medio, la inmutable Península del Líder Supremo en el Oriente Lejano y alguno otro, el denunciante que traicionaba a su círculo de conocidos para granjearse la simpatía de la autoridad pública ha muerto. Pero de sus cenizas se ha levantado un personaje con menor dramatismo político pero mayor utilidad inmediata. No denuncia para derrocar al capitalismo o para materializar los principios del marxismo-leninismo, sino para transformar la cultura vehicular. Quiere una revolución en las costumbres, si bien no en las condiciones materiales de producción. La contribución del delator vial no nos acerca a la sociedad sin clases, pero sí a una ciudad sin cafres. Y Buenos Aires lo sabe.

Por eso su ayuntamiento puso en marcha hace algunos meses la aplicación para teléfonos celulares BA Denuncia Vial, que permite denunciar a los automovilistas que se estacionan en lugares prohibidos, en agravio de peatones, ciclistas, discapacitados e incluso otros automovilistas concienzudos. Las instrucciones de uso son elementales. Ante un oprobio vial, el ciudadano indignado toma su móvil, fotografía in fraganti el cuerpo del delito, abre la aplicación en cuestión, adjunta la instantánea, incluye la matrícula del vehículo y describe brevemente la infracción, así como el lugar donde tomó la foto. Acto seguido, un oficial de tránsito recibirá en automático el mensaje y se apersonará en la escena del crimen para imponer la multa correspondiente, una multa que grava la idiotez y la prepotencia. Los saldos de este programa de delación digital en Buenos Aires: un éxito rotundo.

Pero nunca faltan los agoreros de desgracias. Dicen sus detractores que BA Denuncia Vial convertirá al ciudadano en un buchón, un chivato, voces bonaerenses para designar al soplón. Y al hacerlo, continúan, creará un sistema de delaciones mutuas, el cual a su vez gestará un clima inquisitorial, una cacería de brujas donde la pureza vial se construirá en la hoguera. La denuncia, insisten, no deja de ser vil por ser vial: lo mejor es que el cumplimiento de la ley sea un asunto exclusivo entre el individuo, su conciencia y la autoridad pública. No ayuda a la causa del chivatazo digital el hecho de que su impulsor sea el gobierno local del presidenciable Mauricio Macri, un infame personaje de la política argentina con una carrera teñida de escándalos variopintos: algunos de espionaje, para empezar, y para mayor perjuicio de la causa, pero además escándalos de sexismo (“No puede haber nada más lindo [que un piropo], por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”. Así dijo).

Pero que no empañe la mezquina política la causa de BA Denuncia Vial. Hay que empezar su apología de con otro vocablo porteño: escrachar. El verbo se hizo moneda corriente con el activismo social de la época posterior a la transición democrática, específicamente gracias a la práctica de exponer públicamente a los perpetradores de las atrocidades cometidas por milicos y sus lacayos durante la dictadura. Se escrachaba a un colaborador, por ejemplo, localizando su residencia, graffiteándola con el lema “Genocida en el Barrio” o uno equivalente, y sometiéndolo al escarnio público. Pero el escrache ya ha transmigrado de la justicia extraordinaria a la justicia ordinaria, y de la realidad material a la realidad virtual. Parecerá un exceso equiparar a violadores de derechos humanos con los violadores de derechos urbanos, pero no hay que olvidar que, por negligencia o irresponsabilidad, algunos perpetradores sobre ruedas también tienen sangre en sus manos.

¿Emulamos el ejemplo argentino? Motivos para la reticencia hay muchos. Después de todo, Buenos Aires es la tierra del ingeniero Bombitas (de Relatos Salvajes) y ese precedente de anarco-terrorismo vial pone en tela de duda la idea de importar prácticas argentinas. Sin embargo creo que hay que asumir el riesgo y poner al D.F. al día en su lucha por la civilidad en la vía pública. Sin ese recurso, ¿qué opciones tiene el transeúnte, el ciclista, o incluso el conductor íntegro, para liberar a sus calles del mal y depurarlas del perpetrador vehicular, que se estaciona en lugares prohibidos no tanto porque le atraiga la transgresión, lo cual al menos tendría un poco de mérito, sino porque su hubris urbana le hace creer que está por encima de las reglas de tránsito?

Acaso los peores depredadores sean los que se estacionan en los carriles a contraflujo reservados para el transporte público. Vivo muy cerca de una avenida con uno de esos carriles, y todos los días me toca atestiguar como a ciertas horas (por razones que no vale la pena comentar) lo invaden sin miramientos toda clase de vehículos. Como consecuencia, cada vez que quiere circular por ahí un camión, tiene que abandonar “su” carril y ocupar parte del carril contiguo, por donde circulan automóviles en sentido contrario. No necesito explicar el consiguiente riesgo para la seguridad del chofer, los pasajeros, los automovilistas. Todo esto sucede ante la actitud displicente y distraída de los ahí aparcados, que miran de reojo al camión, al policía (suele haber siempre uno in situ), a su celular, a la virgen, que siempre se aparece cuando uno más la necesita. Como si su indiferencia los inmaterializara y le diera paso al autobús. A su vez, el policía mira parsimoniosamente la invasión del carril sin inmutarse. Puede decir en descargo propio que él no es policía de tránsito, y que antes que la vialidad, debe respetarse la división social del trabajo. La maniobra para sortear a los Aparcados de la Divina Concepción la repite instintivamente el chofer del autobús antes de llegar a su destino. De hecho no es claro que en algún momento alcance su destino final, pues como bien lo habría predicho Xenón, entre el autobús y la terminal siempre habrá un obstáculo a superar. Primero una mamá en su Mamá-van, que hace doble fila frente a la escuela de ballet de su primor. Sorteado ese escollo vendrá otro: un Microbus ha hecho una parada in extremis y ha perdido el neumático en la maniobra; la unidad ya no responde a ningún estímulo humano. Superada esa barrera, saldrá una más: un Mirrey que se detuvo a comprar cervezas en el Seven Eleven, que tiene de todo menos valet parking. Y así sucesiva, infinitamente: siempre un o una gandalla entre el autobús y la terminal.

Repito entonces la pregunta de Lenin: ¿Qué hacer? Confiar en la temible y eficiente (también mal pagada y peor entrenada) fuerza policial mexicana sería ridículo: no tiene ni la preparación y la voluntad. Razonar con el perpetrador vial es inútil: se trata de un ente intemperante, intempestivo e imponderable, incapaz de controlar sus pulsiones agresivas, menos de anteponer el bien colectivo al propio. Por eso el gobierno de la ciudad debe crear y darle un voto de fe a DF Denuncia Vial, así bautizado para no malgastar la imaginación. Si hay algo que rescatar del totalitarismo comunista para la causa vial, es al delator ciudadano.

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