Los recientes hechos en Guatemala –donde el presidente en turno fue desprovisto de su inmunidad y es hoy juzgado– demuestran, comparativamente, el rezago democrático de nuestro país.
El fuero político es una protección institucional, pero también, en algunos casos, garantía de impunidad. A raíz de los casos de corrupción, su validez se debe debatir.
