Ayotzinapa: la verdad que fue mentira

Foto: cortesía Sofía González
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A principios de este año el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam intentó sepultar la investigación sobre los crímenes de asesinato y desaparición forzada contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entonces aseguró a la sociedad mexicana que, con bases contundentes y a partir de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), se había establecido la “verdad histórica” sobre lo sucedido. Para asentar esta versión, Karam ratificó 1) que, de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían sido asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos; y 2) que no existía “una sola evidencia” de la participación del ejército o de funcionarios distintos a los de la policía municipal en los hechos ocurridos. Por último, en aquella ocasión el exprocurador indicó que, dadas las pesquisas realizadas, “la investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables”.

Poco después, en marzo, comenzó la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] en la revisión e investigación del caso. Hoy, seis meses después, el grupo de expertos ha desmentido la versión oficial sobre lo sucedido en Ayotzinapa y ha mostrado el sinsentido de la investigación sobre la que buscaron sostener la “verdad histórica” para –hay que decirlo como es– engañar a la sociedad mexicana.

El informe es demoledor. Dos puntos me parecen fundamentales y al mismo tiempo desconcertantes y aterrorizantes:

1) Hay evidencia contundente de que los normalistas no fueron incinerados en Cocula (punto central de la investigación de la PGR). Los estudios científicos realizados por José Torero, perito experto para el GIEI, muestran: que es imposible que haya existido fuego suficiente para quemar un solo cuerpo (condiciones de incineración, límites de dolor para alimentar el fuego para la incineración, zonas de calor y afectación en la vegetación, etc.); que el peritaje en que la PGR se sustenta “no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego”; que los dictámenes de incendios sobre los que se construyó la verdad histórica no tienen los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esa naturaleza, y que sus conclusiones, además, “son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”.

2) Que tanto el Ejército como la Policía Federal, la estatal y la municipal tuvieron conocimiento de los hechos, vigilaban a los normalistas e intervinieron de distintas formas antes y después de los asesinatos y desapariciones (además de que actuaron de manera coordinada entre ellas en, por lo menos, el monitoreo de información y acciones de seguimiento y apoyo). En este sentido, se utilizó el sistema de comunicación y coordinación entre estas entidades conocido como C-4, aparte de que realizaron llamadas vía el número 066, lo que permitió el monitoreo de los normalistas durante ese día. Esto coincide con testimonios de miembros del Ejército ante la PGR, aun cuando la participación de todas estas instancias fue negada categóricamente por Murillo Karam. Así, el gobierno utilizó todo su aparato institucional, político y mediático para asegurar que las dos cosas hoy señaladas por el GIEI no eran posibles.

El grupo de expertos ha refutado, de este modo, la versión oficial y señalado la falsedad de las dos afirmaciones centrales del Estado mexicano. Partiendo de peritajes especializados, rescatando información omitida por la PGR y aun enfrentando obstáculos para profundizar su investigación (como la negativa a que interrogaran al Batallón 27 del Ejército que estaba en la zona), ha mostrado que la investigación de la PGR es incompleta, inconsistente y contradictoria y que dejó de lado información fundamental y necesaria para esclarecer los hechos. Por un lado, el GIEI muestra que lo realizado por la PGR es insostenible, y por el otro, señala que lo que la procuraduría aseguró simplemente no ocurrió.

En el contexto de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra los normalistas estuvieron presentes autoridades de todos los niveles de gobierno, además del ejército, de forma tal que es increíble que mandos altos del gobierno estatal y federal no tuvieran conocimiento de lo ocurrido horas antes, durante y después de los crímenes. Sumado a esto, ninguna autoridad protegió de forma alguna a los normalistas desde que empezaron hasta que terminaron las agresiones, las cuales fueron cometidas de manera organizada, indiscriminada y excesivamente violenta, y frente a las que las autoridades no actuaron diligentemente (todo esto establecido por el GIEI en su informe).

De acuerdo con el informe, el 26 de septiembre hubo un ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, la mayor parte son jóvenes y muchos de éstos, menores de edad. Entre las víctimas hay 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, 43 normalistas que fueron detenidos y desaparecidos forzosamente. Al menos existen 700 familiares directos de éstas víctimas que también han sufrido las consecuencias de la pérdida.

Como respuesta al informe, la procuradora Arely Gómez respondió, en una paupérrima conferencia de prensa, que “las investigaciones continuarán hasta las últimas consecuencias” y que apoyarán al GIEI para que concluya sus investigaciones. En una especie de tragicomedia, la PGR asegura a la sociedad que siempre actuó ejemplarmente, que no existe un solo error en lo que han hecho y que no han hecho otra cosa que apoyar para que todos los responsables sean consignados.[2] Sin embargo, la PGR no ha respondido, ni siquiera indirectamente, a los señalamientos contra el ejército ni sobre la participación de otros niveles de gobierno. El discurso oficial es que es gracias al gobierno federal que hoy existe información que destruye su propio trabajo realizado durante casi un año. Es paradójico que el gobierno resalte el acuerdo internacional con la CIDH para luego omitir muchos de sus resultados.

El GIEI fue claro: autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron presentes antes, durante y después de la comisión de los crímenes; la investigación es una farsa; hay grupos que han sido protegidos (ejército y autoridades de otros niveles de gobierno), y los normalistas no fueron incinerados en Cocula. Ante esto los responsables de la PRG, tras correr de la sala de prensa sin responder preguntas a los medios de comunicación, solo dicen que a casi un año de iniciadas las investigaciones volverán a hacer peritajes (¡a un año volverán al basurero!) y a “analizar” si toman en cuenta o no lo investigado por el grupo de expertos. La incapacidad del gobierno mexicano es indiscutible, pero además es evidente su falta de voluntad y sus ganas de encubrir a otros posibles responsables.

Si el ejército estuvo involucrado, tal como parece, y si el gobierno lo ha protegido y blindado sistemáticamente, ¿qué consecuencias jurídicas deberían enfrentar Peña y los funcionarios de la PGR? Si la “verdad histórica” de la PGR es una mentira, como parece ser, ¿qué debemos pensar sobre un gobierno que utiliza todo su poder, su infraestructura y sus instituciones para mentirle a las personas que gobierna y no para lograr verdad y justicia? Si en verdad #FueElEstado, como se ha señalado constantemente, ¿qué nos toca hacer como sociedad? Suerte que vivimos en una democracia que está moviendo a México.


Notas

[1] El GIEI se creó a partir de un acuerdo entre el gobierno federal y la CIDH en noviembre de 2014 para brindar asistencia técnica en las investigaciones, desde una perspectiva de derechos humanos. Está integrado por Alejandro Valencia (abogado colombiano), Ángela Buitrago (abogada colombiana), Claudia Paz y Paz (abogada guatemalteca), Francisco Cox (abogado chileno) y Carlos Beristain (médico y psicólogo español), todos reconocidos expertos con amplio desarrollo en la academia, la abogacía, la medicina y el litigio, en el ámbito de justicia y derechos humanos en América Latina.

[2] Falta señalar que la versión de PGR y los señalamientos del GIEI en cuanto a los errores e inconsistencias de la investigación son incompatibles. El Estado no reconoce haber carecido de elementos jurídicos y fácticos para integrar la investigación correctamente, mientras que el GIEI señala lo contrario. Si lo último es cierto, es indiscutible que deberían fijarse responsabilidades a las autoridades responsables, incluida la PGR, por las omisiones, falta de diligencia y sostenimiento de una mentira que no puede compatibilizarse con los señalamientos del grupo de expertos.


(Imagen: cortesía Sofía González)

 

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