Bolivia: diez años de Evo Morales en el poder

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Con este texto arranca una breve revisión del estado de los gobiernos bolivarianos en el presente: Bolivia, Venezuela, Ecuador.

En 2005 Evo Morales, indígena aymara y líder cocalero, resultó vencedor en las elecciones presidenciales de Bolivia bajo las siglas del Movimiento al Socialismo (MAS) con un 53.7% de los votos. Se convirtió en el primer presidente indígena del país con la mayor población indígena —en términos porcentuales— de Latinoamérica; un país lleno de resabios colonialistas y racistas. El triunfo se debió a una profunda decepción del electorado boliviano con la política neoliberal puesta en práctica por la democracia-pactista de las décadas anteriores, así como por el logro de Morales de haber canalizado el descontento y la movilización de las protestas sociales al inicio del nuevo milenio. A diez años, podemos establecer un balance de los logros y deudas del gobierno de Evo Morales y su proyecto de nación, así como un recuento de los desafíos que le esperan en lo inmediato tanto al gobierno como a la sociedad boliviana.

Al inicio de la administración de Evo Morales, Bolivia venía de vivir tres décadas de neoliberalismo que empobrecieron progresivamente a la población. La etapa neoliberal comenzó en 1984 con una inflación del 2,177%, que en los primeros seis meses de 1985 alcanzó un promedio anual de 8,170%. La privatización del sector minero en ese mismo año provocó el desempleo de más de 23,000 trabajadores. La fragilidad de la economía, el desmantelamiento de los derechos laborales ganados en la revolución de 1952, y la incapacidad de los gobiernos neoliberales para generar empleos llevaron a una serie de movilizaciones por parte de la población en demanda de sus derechos. Es en ese contexto que se dan la “guerra del agua” (2000) y la “guerra del gas” (2003) y en el que surge el liderazgo de Evo Morales, quien al asumir el poder en el 2005 abandonó las políticas neoliberales y llevó a cabo la nacionalización de distintos sectores claves, como los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la minería.

Algunos de los principales logros de los diez años de gobierno de Evo Morales se han dado en el rubro de los indicadores macroeconómicos. En este período, Bolivia aumentó sus ingresos por exportaciones de 2,000 a 10,000 millones de dólares.  Significativamente, el monto de las reservas nacionales es en la actualidad de 14,000 millones de dólares, equivalente a casi el 60% del PIB nacional boliviano, el cual ha tenido un crecimiento promedio del 5% anual, haciendo de Bolivia el país latinoamericano con mayor crecimiento durante este periodo. La inversión pública creció en un 600% en cinco años, y representaba para 2012 alrededor de un 11% del PIB, mientras que la inversión privada nacional y extranjera representaban un 4% cada una. Este 19% supera al 16% de inversión de mediados de los años noventa, en plena época privatizadora. El buen desempeño en las finanzas públicas ha hecho que el Banco Mundial considere a Bolivia ya no como un país de ingresos bajos, sino de renta media.[1]

A diferencia de otros países, en los que la estabilidad macroeconómica se ve poco reflejada en los bolsillos de las personas (como México), en Bolivia ha tenido una repercusión directa en los ingresos de la clase trabajadora, como lo demuestra el aumento del salario mínimo en un 127% durante este periodo. La industria de la construcción ha crecido anualmente alrededor del 10%, colaborando a crear empleos de manera constante. Por su parte, las políticas de reparto agrario han beneficiado, de 2005 a 2012, a casi un millón de personas con 55 millones de hectáreas repartidas. La población de escasos recursos también se ha visto beneficiada con bonos del gobierno, como el de la pensión universal a adultos mayores, a mujeres embarazadas y a grupos estudiantiles, que en conjunto asisten de manera directa a un 33% de la población. Esta política social ha producido en un descenso de la pobreza extrema rural y urbana en un 20 y 10% respectivamente.[2]

Todo lo anterior ha resultado en un aumento de la clase media boliviana, y también en algo aún más importante, pero difícil de cuantificar: una dignificación de las comunidades indígenas (de hecho, los bonos del gobierno expresan esa noción desde su nombre: Renta Dignidad, Tarifa Dignidad, etc.). Este proceso, como señala Fernando Molina, “ha cambiado la correspondencia que solían tener clase y etnia; en otras palabras, cada vez hay más indígenas (y mestizos de fisonomía fuertemente indígena) que viven con cierta prosperidad, lo que altera la relación de fuerzas entre la antigua élite ‘blanca’ y el resto de la población, vuelve inviable el racismo de la primera y tiende a empoderar psicológicamente a todos los indígenas, incluso a los pobres”.[3] Esto representa sin duda un avance en una sociedad que hasta hace unas décadas atrás prohibía a los indígenas caminar por las aceras o entrar a las plazas públicas.

Los logros del gobierno de Morales en términos macroeconómicos y de políticas sociales han constituido un adelanto incuestionable en esa Bolivia profundamente racista y clasista que lo vio emerger. El reconocimiento de estos logros se puede palpar en que las elecciones de 2009 y 2014, Evo Morales y el MAS han obtenido encima del 60% de los sufragios, un porcentaje incluso mayor que el que lo llevó a la presidencia en 2005. Estos porcentajes y su amplia diferencia con el proyecto de la derecha (una brecha de 37 puntos) demuestran el amplio nivel de aceptación que tiene el gobierno de Morales y que sin duda sabe cómo ganar elecciones.

Pero ¿qué hay en la agenda como deudas pendientes? ¿En qué se puede mejorar? ¿Cuáles han sido los pasos en falso o los errores que ha cometido este gobierno? A continuación esbozamos algunos puntos.[4]

1) Las mejoras económicas que se deben a una política de justicia social y a una distribución más equitativa de los ingresos, no han ido de la mano de una mejora sustantiva en la productividad o de un incremento en la industrialización del país, lo que hace que todos los logros sociales puedan ser volátiles. Bolivia ha seguido una política de nacionalización de los recursos naturales que le ha permitido financiar muchas de sus políticas públicas. Es una economía de explotación de materias primas (principalmente gas, minerales y soya) y exportación de las mismas. El excedente de los últimos años —obtenido gracias a los altos precios del petróleo y el gas en el periodo 2005-2012[5]— se ha ido más a gasto corriente que a un proceso de industrialización del país. La industria boliviana está estancada en un rango del 16-18% del PIB (similar al que existía en la década de los setenta), con una preeminencia del sector alimentario de más de la mitad del PIB industrial y una disminución de los sectores fabril y tecnológico.[6]

2) El gobierno del MAS, de manera tal vez involuntaria, con su lógica extractivista y de explotación de recursos naturales centrada en la exportación al extranjero, ha terminado por favorecer al mercado y al capital, suministrando materia prima para después consumir productos manufacturados con valor agregado, a tal punto que líderes sociales como Óscar Olivera —principal líder de la “guerra del agua” y quien no quiso integrarse al gobierno de Morales para poder mantener su visión crítica y sin compromisos— la ha denominado como “continuación del neoliberalismo sin privatizaciones”. No es una política económica tan distinta a lo que siguió al triunfo del Movimiento Nacional Revolucionario de 1952, con la única ventaja de que el MAS ahora ha establecido una distribución más amplia y equitativa de los ingresos del Estado, incorporando al grueso de la población indígena en los programas sociales.

3) En el ámbito político, el principal problema que enfrenta el gobierno de Evo Morales es su relación con los opositores, sean de derecha o de izquierda. La derecha no la tiene tan difícil: cuentan con medios de comunicación para defender sus ideas e intereses y participan en elecciones locales y nacionales; ganan algunas alcaldías y sus triunfos son respetados. El problema mayor, parece ser, es el centralismo político que se pretende ejercer desde el Estado y que promueve un pensamiento único de izquierda, dificultando así el disenso entre sus filas. Este centralismo y sectarismo no es un problema nuevo en la historia de la izquierda “revolucionaria” y puede resumirse en la conocida frase de Fidel Castro: “Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho”. En palabras del vicepresidente Álvaro García Linera: “Quien quiere ser librepensador tiene un café para debatir, quien quiere militancia comprometida con los movimientos sociales y con la historia del pueblo tiene reglas que cumplir: centralismo democrático y consenso interno, posición única, y vamos a hacer respetar esa vida orgánica”.

En días pasados (8 y 9 de septiembre) García Linera visitó México y en una de sus alocuciones hablaba del “momento robespierriano” de la democracia: un punto de bifurcación, una conflagración que se dirime por la fuerza, sin espacio para acuerdos o puntos de encuentro. Recurriendo a Gramsci y Lenin, García Linera planteó que, gracias al gobierno del MAS, el Estado boliviano está construyendo una nueva hegemonía a partir de la incorporación de grupos subalternos (lo indígena-plebeyo) antes excluidos. El problema teórico con el discurso del vicepresidente de Bolivia (y también sociólogo) es que no hay en él una distinción clara entre gobierno (el MAS), lo indígena (la Nación) y el Estado propiamente dicho. En la práctica, lo gramsciano de la propuesta se diluye y lo que queda en pie es una concepción del Estado claramente leninista.

Es válido que un gobierno elegido democráticamente ejerza su hegemonía intentando plasmar su idea de nación a través de las instituciones del Estado. Pero ni un gobierno ni una clase pueden sustituir al conjunto del Estado o de la nación. No son intercambiables. De pretender esto, un gobierno democrático puede mutar rápidamente en uno autoritario, en el que el adversario político deja de ser una minoría con derecho a expresarse políticamente como oposición para ser percibido como un enemigo del Estado y, lo que sería todavía más grave, como un enemigo de la nación. Una pretendida identidad completa entre nación, gobierno y Estado, o entre la sociedad política (gobierno) y la sociedad civil (los movimientos sociales), arrojaría como resultado el que la disputa por el poder no fuera un proceso abierto, caracterizado por una transformación constante de la correlación de fuerzas, sino uno esencialmente concluido y cerrado. Ya no existiría la incertidumbre radical que posibilita la democracia.[7] En este punto, ya no quedaría muy lejos una versión estalinista del Estado y la sociedad.

Afortunadamente, en Bolivia todavía existe esa disputa democrática, ese espacio de diferencia entre gobierno y sociedad en el que la oposición (de derecha y de izquierda) sigue movilizándose para defender sus derechos e intereses, algunos de los cuales no coinciden con los del gobierno del MAS. Los principales sectores que impugnaron las directivas de Evo no han provenido de hecho del baluarte tradicional de la derecha —el bloque regional del oriente boliviano[8]—, sino de las propias bases sociales del gobierno.

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Tal vez el más fuerte de estos enfrentamientos —que se han dado sobre todo en el segundo mandato de Evo Morales (2009-2014)[9]— ha sido el originado a raíz del aumento a los impuestos de los hidrocarburos conocido popularmente como el “gasolinazo”. A consecuencia de este aumento, se dio un alza en los precios del transporte y la canasta básica de casi un 100%. El rechazo fue instantáneo y la gente se movilizó tomando las calles. El gobierno de Evo respondió en primera instancia con la promesa de aumentar un 20% el salario mínimo y los sueldos de los trabajadores del Estado (salud, educación y, por supuesto, los garantes del monopolio de la violencia: policía y militares). Pero las protestas por parte de amplios sectores de la población a lo largo y ancho del país (incluidos los cocaleros del Chapare, Cochabamba, la zona de mayor influencia de Morales) no cesaron y propiciaron la abrogación de la ley después de una semana de movilización social.[10]

4) Otro de los retos del MAS en el poder ha sido mantener el balance entre las políticas extractivistas y la retórica de respeto a la naturaleza y a los derechos colectivos de las comunidades indígenas. En este rubro, una problemática a la que se ha enfrentado el gobierno de Morales es la relacionada con los planes para construir una carretera a través del Amazonas, que cruzaría el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), una de las más importantes reservas naturales del continente, y que podría significar la pérdida de 610,000 hectáreas de bosque, equivalentes a 43% de la totalidad de este parque nacional ubicado en los departamentos de Cochabamba y Beni. La oposición a la construcción de esta carretera por distintos grupos indígenas ha llevado a enfrentamientos violentos entre estos y el gobierno.

5) Otra asignatura pendiente, como lo señala el propio Evo, es el sistema de justicia. En 2011, se promovió una elección de jueces por medio del sufragio universal. ¿El resultado? El triunfo del voto nulo y del voto en blanco como respuesta de rechazo a una politización y partidización de la justicia. “Esos jueces (los que fueron elegidos) dependen absolutamente el Poder Ejecutivo, con una obsecuencia y falta de competencias que alarma. Es esa justicia la que está en crisis”, ha declarado Carlos Toranzo.

En un balance general, es posible afirmar que el gobierno de Evo Morales representa una vuelta de tuerca en la historia de Bolivia, y sobre todo en la forma de las relaciones de poder de un país tradicionalmente racista y clasista. Sus políticas sociales han permitido el empoderamiento de los grupos indígenas y una distribución más justa de los ingresos del Estado. Es un principio justo y necesario. Pero al gobierno del MAS le falta lo más complicado: no ser flor de un día y convertir esas políticas en programas duraderos, menos corporativistas y clientelares, dependientes no solo de los ingresos de las exportaciones del gas, sino de una economía diversificada que hasta ahora no se tiene. En la esfera política, el pensamiento único y la “unidad” del gobierno, la sociedad y el Estado en un solo cuerpo que anuncia el discurso de García Linera parecieran ser los mayores nubarrones que amenazan a postulados democráticos no negociables, como los derechos sociales de las minorías y la posibilidad, legítima e institucional, de que la oposición (de derecha e izquierda) pueda disputarle el poder al gobierno en funciones.[11] A diez años, el gobierno del MAS se encuentra a mitad de camino en la construcción de una nueva Bolivia. Ojalá llegué a buen puerto sin desviarse en la travesía.


Notas

[1] Ver los informes de gestión del gobierno de Bolivia correspondientes a 2012 y 2013.

[2] Desafortunadamente, a pesar de la disminución, la pobreza extrema rural y urbana sigue teniendo niveles del 43 y del 14%, respectivamente. Fernando Molina, “¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular? Las fortalezas del MAS en la construcción de un nuevo orden”, Nueva Sociedad, No. 245, mayo-junio de 2013.

[3] Molina, op. cit.

[4] Para un análisis más exhaustivo al respecto puede consultarse el libro de John Crabtree y de Laurence Whitehead, Unresolved Tensions: Bolivia Past and Present. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2008. Una amplia reseña sobre este libro se encuentra en el No. 42 (2010) de la revista Istor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

[5] Los índices del período 2006-2012 muestran que las exportaciones crecieron más del 90% por los precios y no por los volúmenes.

[6] Para establecer un ejemplo comparativo, la participación de la industria en el PIB de países latinoamericanos se encuentra en rangos del 25-30%.

[7] La acción política es esencialmente una disputa por el poder entre gobierno y oposición; pero si no hay oposición (por la identidad completa entre el gobierno y la sociedad civil o los movimientos sociales, como enuncia García Linera), la hegemonía se vuelve dominación y la democracia deja de serlo. Siguiendo las tesis de Claude Lefort, en una democracia el poder es un lugar vacío, abierto, indeterminado en su posesión, por lo que siempre se encuentra en disputa. Nadie puede ocupar ese lugar indefinidamente, petrificando las relaciones sociales entre gobernantes y gobernados. Así, el concepto verdaderamente clave en democracia no es la acción electoral, sino los derechos (respetados o negados) que tiene la oposición para disputar el poder legítimamente, o sea, la institucionalización del conflicto. Para profundizar sobre estos puntos se pueden ver las obras de Claude Lefort, L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire (París, Fayard, 1981) y La incertidumbre democrática: Ensayos sobre lo político (Barcelona, Anthropos, 2004).

[8] El oriente boliviano o la “Media Luna”, como popularmente se le conoce, está conformado por los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Esta zona tiene una población mayoritariamente no indígena y es donde se encuentran asentada la mayor parte de la clase empresarial, por lo que ha sido el bastión de la derecha boliviana por muchos años y fuente de una enconada campaña contra el MAS, Evo Morales y todo lo que suene a identificar a Bolivia con lo indígena.

[9] Alejandro Schneider, “Conflictividad social durante la segunda presidencia de Evo Morales en Bolivia”,  Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM No. 26, 2013, y Alejandro Almaráz, “Conflictividad social y política en el segundo gobierno de Evo Morales” en Andamios, Boletín de Análisis y Perspectiva Política del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas de Bolivia del PNUD, No. 6; Bolivia, Julio-Octubre de 2012.

[10] Otros conflictos importantes ocurrieron en la zona de Caranavi (La Paz, abril-mayo 2010), donde la población se movilizó para pedir la creación en el lugar de una planta de cítricos como fuente de empleo. Se implementó un operativo policial que terminó en un enfrentamiento violento con un saldo de 29 heridos (entre policías y manifestantes) y dos muertos por herida de bala con armas oficiales. En agosto de ese mismo año, hubo una serie de protestas en uno de los bastiones electorales del MAS, el departamento de Potosí. El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) protestó activamente demandado el cumplimiento de promesas de campaña que incluían la finalización de la disputa histórica por los límites geográficos con Oruro, la preservación del Cerro Rico y la puesta en marcha de la Planta de Fundición de Karachipampa.

[11] En agosto de este año, una carta firmada por varios intelectuales pidió a García Linera no responder a la crítica con censura. Entre los firmantes están Maristella Svampa, Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, Hervé Do Alto, Raquel Gutiérrez Aguilar, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Pierre Salama, entre muchos otros.


(Foto cortesía de Eneas De Troya.)

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