¿Cómo regular las drogas en México?

La guerra contra el narcotráfico ha disminuido la esperanza de vida de los mexicanos. Un grupo de académicos de la mano del expresidente Ernesto Zedillo presenta una propuesta para una nueva política de drogas basada en la regulación de todas las sustancias.

| Sociedad

La guerra contra las drogas ha fracasado: desde 2011, la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por varios ex presidentes y dos Nobel, pide cambiar de rumbo; y ya no se pronuncia solo por una droga, habla de regular todos los mercados.

En México, después de 12 años de una política que ha generado una epidemia de homicidios  —251,633 muertes desde 2006—, por primera vez se habla de un cambio de estrategia que priorice la salud pública por encima de las medidas punitivas.

Un grupo de académicos de la mano del expresidente Ernesto Zedillo, presentó hoy La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional, una propuesta radical, e indispensable, para remediarla. La propuesta conjunta de los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, y de Fernanda Alonso, estudiante del doctorado en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, hace un diagnóstico al sistema prohibicionista en el país y una propuesta de regulación droga por droga.

Uno de los principales hallazgos de este documento es que la guerra contra las drogas es el principal motor de la epidemia de homicidios que vive México desde 2006, y esto ha afectado directamente la esperanza de vida de los mexicanos. Entre 2005 y 2010, la expectativa de vida disminuyó un 0.6 %. En Chihuahua, Sinaloa y Durango la esperanza de vida disminuyó en tres años durante el mismo período.

“Por primera vez desde la Revolución cayó la expectativa de vida de los mexicanos debido a los homicidios. Esta epidemia es producto de la guerra contra las drogas, entonces esta guerra vulnera el derecho a la salud de los mexicanos”, explica Alejandro Madrazo.

Al analizar qué han hecho los gobiernos pasados y sus consecuencias, los expertos sugieren un cambio de política que priorice la salud pública, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que las políticas sean adaptadas por y para las comunidades locales. Un nuevo sistema de drogas, indica el documento, deberá prever un acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento que advierta sobre los riesgos de su uso. Asimismo se deberá diversificar y revisar las leyes y políticas públicas con base en el mejor conocimiento y evidencia.

Para pasar de la prohibición a la regulación, la nueva política deberá liberar a presos por delitos de drogas no violentos y garantizar un acceso legal y regulado a todas las drogas, de manera  segura e informada.  “Regular sólo una droga y dejar a las personas que usan otras en manos de los delincuentes y el sistema de justicia penal, significa aceptar daños sociales injustificables”, dice la propuesta.  Las fuerzas armadas, agrega, no deben participar en las tareas de control de drogas ni en ningún otro asunto de seguridad pública. La militarización actual debe ser reducida de manera progresiva y escalonada, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad diferenciadas.

Estas son las propuestas para regular cada mercado:


Cannabis

Existen diferentes modelos que pueden usarse para regular el cannabis, desde el comercialmente más libre hasta el monopolio estatal. El primero es similar al utilizado de tiempo atrás para regular las bebidas alcohólicas, y que se está aplicando al cannabis en ciertos estados de la Unión Americana, como Colorado y Washington. El monopolio estatal es el esquema adoptado por Uruguay.

Modelo comercial: Ofrece  una variedad de productos y precios que satisfagan mejor la demanda, a un costo relativamente bajo para el Estado. Su principal desventaja sería la creación potencial de una industria cuya principal preocupación sea la maximización de utilidades, no la salud pública.

Modelo estatal: El gobierno sería responsable de cada paso de la cadena de producción, desde la semilla hasta el punto de venta. Bajo este modelo, el gobierno podría franquiciar a los productores para cultivar la planta y luego vender el producto a través de farmacias autorizadas. Es indispensable contar con un organismo gubernamental separado y especializado a cargo de regular toda la actividad, incluso si la última está en manos del gobierno mismo. Su desventaja podría ser la ineficiencia y la dificultad para adaptarse a los cambios en la demanda. Si no hay suficiente producción o si el producto no es de buena calidad ni tiene una potencia lo suficientemente alta, algunos usuarios podrían regresar al mercado negro.

Modelo mixto: Podría permitir la venta al por menor en el punto de producción para los productores, pero la mayor parte del mercado se atendería evitando la integración vertical. Este modelo permitiría un control gubernamental estrecho de la sustancia misma y al mismo tiempo facilitaría la recopilación de información sobre el mercado, para documentar y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de salud pública de la regulación. Para este modelo, es necesario establecer dos entidades gubernamentales distintas, al menos inicialmente: una empresa pública que tendría el monopolio de la venta al por mayor; y como en los casos anteriores, una agencia separada para regular y hacer cumplir la regulación.

Opioides

Los opioides también deben ser incorporados al mercado legal, pero bajo una regulación mucho más estricta que el cannabis. Se recomiendan  dos regulaciones paralelas, que no son excluyentes: el cultivo privado, aunque estrictamente regulado, de amapola; y la producción privada de productos farmacéuticos para uso médico nacional e internacional, y un monopolio público para el cultivo de amapola y la producción y distribución de opioides destinados a usos distintos a los farmacéuticos. La regulación del cultivo privado de la amapola y la producción de opioides permitiría a los productores actuales salir del mercado ilícito y aprovechar un sector en el que ya se han especializado. Esto podría facilitar la construcción de un mercado legal (y la inanición del mercado ilícito actual).

Cocaína

Los expertos sugieren  la creación de un monopolio estatal de cultivo, producción, importación y venta al por mayor, y otorgar licencias a un número limitado de farmacias para vender el producto final con las debidas recetas, siguiendo estrictas pautas como la prohibición de la publicidad, el etiquetado adecuado y el registro de cantidades. La regulación de la cocaína serviría como una medida de reducción de daños que evitaría otras formas más peligrosas de derivados de la coca, como el crack, a la vez que proporcionaría acceso a productos seguros.

Otros

La metanfetamina y los inhalantes comerciales son dos substancias particularmente problemáticas bajo la prohibición vigente. Para ellos, debe tenerse en cuenta un enfoque doble: despenalizar el uso y la posesión de metanfetamina para uso personal y promover que las personas que usan metanfetamina cambien a drogas más seguras y legales. Más tarde, el modelo HAT podría ser potencialmente adaptado para su uso con la metanfetamina. Actualmente, no hay medicamentos debidamente aprobados en el mercado para tratar la dependencia a la metanfetamina. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el uso de ciertos estimulantes podría servir para tratar la dependencia de la metanfetamina y la cocaína.  La investigación a fondo de ésta y otras opciones debe ser alentada y financiada. En cuanto a los inhalantes (un producto comercial que actualmente no está prohibido pero que es muy nocivo cuando se usa como droga), podrían explorarse programas piloto, como la sustitución por el cannabis legal. Los ingresos de los mercados lícitos emergentes de cannabis, opiáceos y cocaína deberían destinarse en parte a la prevención y el tratamiento de las poblaciones que usan inhalantes, especialmente los jóvenes.

 

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