¿Cómo sería el caso Ayotzinapa sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes?

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En unos días más conoceremos el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto y su tercer informe sobre el estado de la administración pública de este país, en el que deberá fijar una postura oficial sobre el caso Ayotzinapa. La desaparición forzada de los 43 normalistas se dio apenas tres semanas después de su segundo informe. Esta tragedia desnudó la crisis de derechos humanos que día a día padecemos en calles, casas y centros de trabajo en franjas cada vez más amplias de México.

Más allá de enumerar acciones que no han dado resultados o de repetir verdades oficiales sobre la investigación de un caso que puso a su gobierno ante los ojos del mundo, es de esperarse que en su mensaje el presidente Peña Nieto se comprometa públicamente a acatar sin regateos las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y acepte que su mandato se prorrogue hasta que estos culminen su trabajo.

El GIEI fue creado por la CIDH por petición de los familiares de los estudiantes y el Estado mexicano. Para cumplir su tarea, el acuerdo establecía que el Grupo tenía un mandato de 6 meses de duración, que resultó ser del 2 de marzo al 2 de septiembre de 2015, y que este “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.  El Grupo ha mostrado su disposición para continuar con su labor, la CIDH lo ha aceptado y lo han pedido expresamente los familiares de los jóvenes. Falta la palabra del gobierno.

No es aventurado decir que la intervención de este grupo, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso, ha cambiado el rostro que pudo tener Ayotzinapa a casi un año de ocurridos los hechos. De llegar a buen puerto, sus líneas de acción harán que haya cambios de fondo para aquellas y aquellos que buscan a un ser querido en desaparición —forzada o no.

¿Por qué decimos esto? Valgan algunos ejemplos.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos habríamos tenido que aceptar el móvil que sustenta la “verdad histórica” del exprocurador Murillo: que esa noche los estudiantes se dirigían al centro de Iguala y que el exalcalde José Luis Abarca habría ordenado que se les desapareciera para que los jóvenes no entorpecieran el acto proselitista de su esposa. Hoy sabemos que no era esa la intención de los estudiantes, que llegaron después de la conclusión del acto, y que las autoridades sabían todo esto.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos la búsqueda de los estudiantes se habría suspendido desde hace medio año.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos no habría información para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos nunca habríamos descubierto en los laberintos de los reportes burocráticos la existencia de ropa de los normalistas desaparecidos que ahora ayudará a aclarar la mecánica de la desaparición.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos no sabríamos que existió un video que captó la detención de los jóvenes a manos de la policía municipal de Iguala, ni que este pudo haber sido destruido a manos de funcionarios.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos no se hubieran pedido nuevas e independientes autopsias de los estudiantes asesinados, pues las primeras no analizaron adecuadamente las lesiones en sus cuerpos.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos los normalistas sobrevivientes no hubieran tenido la confianza para rendir y ampliar sus declaraciones.

Sin el trabajo del Grupo de Expertos la atención a las víctimas hubiera sido aún más restringida.

El trabajo del Grupo también se ha dirigido a estudiar y hacer observaciones sobre la próxima legislación relativa a la desaparición forzada y sobre la política general de atención a estas graves violaciones a derechos humanos.

Aún hay cabos sueltos y peticiones pendientes de ejecutarse. Primeramente, aún no sabemos el destino de los 43 muchachos ni el móvil que llevó a esa desaparición masiva, sin precedentes en nuestra historia moderna; aún no está aclarada la tortura, desollamiento y ejecución de Julio César Mondragón; falta saber si finalmente las autoridades reconocerán que se trata de una desaparición forzada y la investigarán como tal, y no como secuestro y homicidio; además, falta saber qué pasará contra los otros delitos cometidos en la dolorosa noche del 26 al 27 de septiembre: tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas. Además, lamentablemente, el gobierno federal no accedió a que los expertos entrevistaran —como sí lo hicieron con decenas de víctimas, familiares, testigos y presuntos responsables— a los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército, quienes podrían aclarar aspectos clave de la desaparición y del contubernio entre las autoridades y la delincuencia organizada. Y el primer plazo para el Grupo se acerca a su fin.

En el informe final, que se espera para el seis de septiembre, se hablará además sobre los peritajes independientes sobre lesiones en los detenidos, telefonía, dinámica de fuego y escenas del crimen, trabajo que la PGR no ha realizado. El Grupo detallará los hechos que ha investigado, la evaluación de la investigación del caso, los aspectos relevantes del trabajo y la experiencia de las víctimas, así como las recomendaciones para el caso y para la problemática general de la desaparición de personas en México.

Todas estas tareas y pendientes deben realizarse íntegramente y con el tiempo necesario para ello; de lo contrario, estaremos quizá peor que en el inicio, pues ahora sabemos de deficiencias en las investigaciones que —todo indica esto— se reproducen también en otros casos de desaparición forzada a lo largo y ancho de la historia y la geografía de nuestro país. Y en este contexto, la petición de que el Estado mexicano acepte una prórroga del mandato parece sumamente razonable y necesario.

Y es que la labor que realizan estas expertas y expertos no es menor y mucho menos testimonial. Su trabajo puede dirigirse hacia lo que representa, por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Ante la dimensión de la crisis de derechos humanos, una comisión internacional de la verdad —que se ha producido en multitud de países— puede alumbrar la esperanza que aún guardan no solo padres y madres de los desaparecidos, sino el resto de los ciudadanos.

(Foto cortesía de Montecruz Foto.)

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