Contar la tortura: «hablar y no ser escuchado»

La tortura es una práctica vigente en México. Al dolor de haberla vivido en carne propia, las víctimas suman la imposibilidad de hablar al respecto.

| Derechos Humanos

Pasado y presente de la tortura en México

El 19 de septiembre un terremoto derrumbó un número considerable de edificios en la Ciudad de México. Uno de ellos fue el de la Procuraduría de Justicia, de cuyos escombros salió a la luz la existencia de cárceles clandestinas, así como de cadáveres con marcas de tortura. Algunos medios de comunicación y organizaciones internacionales de derechos humanos reportaron estos descubrimientos macabros.[I] En respuesta, la Procuraduría de Justicia «calificó como mentira todo lo informado en México y en el mundo sobre los hallazgos tras del terremoto».[II] Era el año de 1985 y el país estaba gobernado por el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por el presidente Miguel de la Madrid, en el que se cometían graves abusos de derechos humanos y que se caracterizaba por su aversión a la transparencia, su indiferencia a la rendición de cuentas y su hostilidad al escrutinio de la comunidad internacional.[III] «Oficio de tinieblas», recuerda Juan Villoro, el ejercicio del poder en México «dependió durante casi un siglo del valor político de lo inescrutable».[IV]

Después de un proceso de transición política dilatado y equívoco, en el 2000 el país inauguró, de manera formal, un régimen democrático. A partir de entonces, se dijo, México dejaría de ser una «referencia de descrédito en materia de derechos humanos».[V] Con la llegada de la democracia, prometió el presidente Vicente Fox, el país consolidaría una cultura de repudio a las violaciones de derechos humanos, sería un escenario democrático en el que los perpetradores de abusos recibirían sanciones.[VI] La tortura y otras graves violaciones a derechos humanos serían asuntos del pasado, problemas del régimen autoritario anterior, del cual el nuevo gobierno –el gobierno del cambio– buscaba distanciarse. De acuerdo con el credo liberal y de respeto al derecho internacional al que México decía adherirse, las democracias no torturan (en ninguna circunstancia).

Doce años más tarde, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) levantó la Primera Encuesta entre Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social. Al analizar los datos, Ana Laura Magaloni encontró que lejos de desaparecer, la tortura había aumentado de manera significativa durante la detención y las averiguaciones previas federales a partir del 2006, es decir, en la administración del presidente Felipe Calderón. Por ejemplo, treinta y cinco por ciento de los detenidos sufrieron toques eléctricos y cuarenta y dos por ciento fueron sumergidos en agua (waterboarding).[VII] La encuesta del CIDE evidenció una realidad incómoda: la democracia mexicana sí tortura y lo hace de modo habitual.

En el 2014, Juan Méndez, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura  afirmó que la tortura es una práctica «generalizada» en México.[VIII] Ese mismo año, Amnistía Internacional advirtió que la tortura en el país está «fuera de control», porque «cualquier persona» que es detenida –tan solo por estar en «el lugar equivocado en el momento equivocado»– corre el riesgo de ser torturada.[IX] Siguiendo a estas investigaciones, el incremento en el uso de la tortura tiene un escenario perfectamente delimitado: la guerra contra las drogas, iniciada por el presidente Felipe Calderón y continuada en la actual administración de Enrique Peña Nieto. Esta guerra ha permitido el despliegue de políticas y prácticas –como el arraigo– que visiblemente facilitan la comisión de graves violaciones de derechos humanos: de entrada, la tortura.

La democracia mexicana es, así, muy peculiar; según un grupo numeroso de investigaciones elaboradas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la tortura sigue siendo el método privilegiado de las fuerzas de seguridad del Estado –policías municipales, estatales y federales; agentes ministeriales estatales y federales; y las fuerzas armadas– para investigar la supuesta comisión de delitos.[X] La ironía es obvia: pareciera que la democracia no trajo consigo el fin de la tortura, sino el arraigo y robustecimiento de su práctica.


Contar la tortura

¿Cómo se narra el dolor? ¿Cómo puede contarse la tortura? Este es el primer obstáculo que enfrentan las víctimas de tortura: encontrar las palabras que puedan retratar de manera comprensible el sufrimiento indecible que padecieron.

A veces la narración de la víctima es la única evidencia disponible, porque la tortura no siempre deja rastros físicos: someter a los detenidos a pasar varias noches sin dormir; algunos tipos de violencia sexual; encierro en solitario en lugares diminutos en los que los detenidos solo pueden estar de pie; exposición a temperaturas extremadamente frías; humillaciones en público como forzar a los detenidos a desnudarse; obligarlos a permanecer en cuclillas por periodos prolongados…

La tortura es un acto público. Esto es así porque, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, es un agente del Estado el responsable de infligirla. Sin embargo, no es un acto que por lo general ocurra en público, ante la vista de otras personas. La práctica de la tortura en la actualidad tiende a ocurrir en privado, en un «cuarto», o en un espacio en el que no suele haber testigos; y, si los hay, son otros agentes del Estado que colaboran de forma activa con el torturador o que, con su silencio y pasividad, son sus cómplices. Stan Cohen, quien hizo la investigación más importante sobre maltrato a palestinos detenidos en Israel, ilustra con una frase –repetida con frecuencia por los torturadores a sus víctimas– el carácter a la vez público y privado de esta práctica: «grita todo lo que quieras, nadie va a escucharte».[XI]

¿Cuántas víctimas de tortura denuncian pública y legalmente su sufrimiento? ¿Cuántas víctimas se atreven a contar su tortura? Las víctimas rara vez se atreven a expresar su sufrimiento; y, cuando lo hacen, nadie les cree o corren el riesgo de ser revictimizadas: de ahí la contagiosa frase «en algo estarían metidos».

Los perpetradores, por otro lado, permanecen en silencio y escasamente son llevados ante la justicia o encontrados responsables. La excepción ocurre, quizá, en países con regímenes autocráticos que son desmantelados, en los cuales los nuevos gobiernos democráticos que les suceden instauran algún tipo de justicia transicional, con la finalidad de buscar verdad o justicia respecto de los abusos cometidos en el pasado. Por ejemplo, en Chile o Argentina los gobiernos democráticos que sucedieron a sus respectivas dictaduras establecieron comisiones de la verdad que reportaron en amplitud el uso de la tortura. En México ya hubo un caro y prolongado proceso de justicia transicional durante la administración del presidente Vicente Fox, materializado mediante la Fiscalía Especial para Crímenes del Pasado. Este proceso concluyó en el 2006 cuando Fox dejó la presidencia, sin lograr que se conociera la realidad acerca de los patrones de abusos –como la tortura– cometidos durante el periodo autoritario, ni alcanzó a meter en prisión a los perpetradores de estos.

¿Pero qué pasa en países que, en principio, son democráticos y que no están transitando a ningún otro régimen político? La diferencia en el tipo de régimen no parece ser necesariamente significativa para las víctimas. Al menos en la actual democracia mexicana, como advierte Magaloni, la práctica de la tortura rara vez se detecta y se procesa, porque las autoridades que la perpetran son las mismas que, de denunciarse, deben investigarla.[XII] No es una sorpresa, por ejemplo, según Amnistía Internacional, que entre el 2006 y el 2013 la Procuraduría General de la República abriera más de mil investigaciones por tortura y que solo presentara cargos en doce casos.[XIII]

Las víctimas también encuentran dificultad para transmitir su sufrimiento a quienes creen que la tortura es aborrecible, los defensores de derechos humanos. No es por necesidad fácil para las víctimas traducir su dolor en el lenguaje legalista de los derechos humanos. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura establece que los Estados deben velar por que siempre que «haya motivos razonables para creer» que se cometió un acto de tortura, «las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial». Pero, ¿cómo son exactamente esos motivos razonables para creer? ¿Quién define y cómo se materializa lo «razonable»? ¿Qué puede hacer, finalmente, una víctima para que le crean que fue torturada en un cuarto donde nada más estaban ella y su torturador?

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura durante su visita a México dijo haber recibido «numerosas denuncias verosímiles de víctimas» y sus familias.[XIV] Pero, otra vez, ¿cómo es exactamente que se establece la cualidad de verosimilitud? ¿Qué hace a un relato de una víctima de tortura válido y veraz?

La Convención contra la Tortura define a esta práctica como aquellos actos perpetrados por un agente del Estado por los cuales se «inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves […] con el fin de obtener de ella […] una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido […] o de intimidar o coaccionar a esa persona». No obstante, ¿a qué se refiere exactamente con sufrimiento «grave»? La misma Convención no considera como tortura a los «dolores o sufrimientos» que son «consecuencia […] de sanciones legítimas». Pero, ¿cuál es exactamente una sanción legítima que produce dolor y sufrimiento?

¿Cómo es que las comisiones de derechos humanos en el país llegan a la conclusión de que el maltrato físico sufrido por una persona debe considerarse como un acto de «uso excesivo de la fuerza», «uso arbitrario de la fuerza», «trato cruel» o, simplemente, de «tortura»? Amnistía Internacional advierte sobre la tendencia de algunas comisiones estatales que definen a la tortura como «abuso de autoridad».[XV] Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son elocuentes: ante más de once mil quejas de torturas y malos tratos recibidas entre el 2005 y el 2013, solo emitió doscientos veintitrés recomendaciones.[XVI]


Torture, Yasuo Kuniyoshi, 1943

 

Negar la tortura

Cuando se habla de tortura no solo se evocan ideas relativas a lesiones físicas sobre un cuerpo o sobre traumas, también se alude al ejercicio poco democrático del poder del Estado. Es decir, además de consideraciones respecto a tormentos corporales o psicológicos, el debate sobre la tortura trae consigo una discusión profunda acerca de la política pública, la naturaleza de un régimen, el Estado de derecho y la responsabilidad.

Cobijado en el discurso de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, el régimen autoritario mexicano del siglo XX fue ajeno a la mirada de la comunidad internacional. Las fuerzas de seguridad podían cometer actos de tortura con impunidad sin sentir la necesidad de justificarse ante democracias liberales o ante los cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, cuyo acceso al país era limitado. El régimen autoritario, si acaso, buscó legitimar sus acciones, de manera esporádica, ante un público interno con base en distintas permutaciones de la propaganda de la época: las víctimas de tortura o desaparición forzada, por decir algo, eran representados como «malos mexicanos», «comunistas», «guerrilleros», «agitadores», «anarquistas», «traidores». Los «enemigos de México» solamente recibían su merecido, por lo tanto los abusos de la autoridad estaban justificados.

Pero el régimen autoritario quedó atrás, formalmente, en el año 2000. Desde entonces el país es una democracia abierta a la comunidad internacional. En este contexto, organizaciones como Human Rights Watch y distintos órganos de Naciones Unidas vienen al país a conducir investigaciones extensas e impulsar la consolidación de la democracia. México es incluso sede de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura es absoluta en el derecho internacional de derechos humanos, que ha sido adoptado y adaptado a la Constitución. No hay manera de disculpar su práctica. Pero si las democracias no torturan, ¿cómo justifica ahora el gobierno mexicano su práctica generalizada?

El gobierno mexicano ha tratado de negar o minimizar la existencia de la práctica de la tortura por medio de distintas estrategias discursivas. Un caso para ilustrar lo anterior ocurrió ante la publicación del reporte elaborado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura acerca de México en 2015. La primera estrategia de la burocracia oficial fue la de «matar al mensajero»: el prestigiado Relator Especial fue acusado por el entonces canciller José Antonio Meade (hoy precandidato presidencial del PRI) y el subsecretario de asuntos multilaterales y derecho humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, de actuar «de manera irresponsable, poco ética y sin sustento».[XVII] El problema para miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo no era el uso sistemático y abundantemente evidenciado de la tortura, sino el Relator que hablaba, según ellos, «sin sustento». El asunto no era el proceder poco ético e irresponsable de las fuerzas de seguridad que perpetran de manera cotidiana la tortura, sino las declaraciones del Relator, que simplemente vinieron a confirmar lo que ya se sabía.

La segunda táctica de la burocracia oficial fue la de «condenar al condenador»: es decir, se trató de desprestigiar a quien había venido a mancillar la honra del país; un país acusado de practicar la tortura de modo generalizado. Para el gobierno mexicano el gran perdedor de este «desaguisado» era el Relator: porque México –un país que tortura– dejaría de trabajar con él; porque otros países seguramente pensarían «mejor no lo invitamos». Incluso, Gómez Robledo llegó a decir que el Relator era el responsable de que el sistema multilateral, sobre el que funcionan en gran parte las democracias, perdiera eficacia.[XVIII] Según esta lógica, el sistema multilateral no perdía porque una de sus democracias practicaba la tortura, sino porque el Relator evidenció que así ocurría.

La última estrategia que usó el gobierno mexicano fue la de la negación llana de que la tortura era practicada en México. Esto es, la burocracia oficial simplemente negó, de manera literal, que el grave problema de la tortura ocurre en el país. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, la valoración del Relator, que había sido evidenciada en múltiples ocasiones por un abundante número de organizaciones de derechos humanos, «no corresponde a la realidad».[XIX] El embajador de México en la ONU, Jorge Lomónaco, quien ahora representa a México ante la OEA, señaló que lo dicho por el Relator era «una falacia».[XX] Así, en México, parece que ocurren al mismo tiempo dos realidades distintas: por un lado, la de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, en la cual la tortura es practicada de manera habitual por las fuerzas de seguridad y los ministerios públicos del país; por el otro, la realidad del gobierno, en la que la tortura no existe o es un mal menor, y en la que no hay evidencia para sustentar su existencia, o lo verdaderamente importante es que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura es supuestamente irresponsable y riesgoso para el sistema multilateral.


 

Consideraciones finales

Las condiciones estructurales que permitieron el uso de la tortura en la era autoritaria parecen no haber cambiado con la llegada de la democracia. En realidad, algunos de los factores que hacen posible la práctica de la tortura han sido apuntalados por las disposiciones que la guerra contra el narco ha traído consigo. En este contexto, las víctimas de tortura siguen enfrentando el dolor físico y psicológico de los tormentos a que les someten los torturadores del Estado, pero también padecen el reto de contar lo que les pasó, de ser oídas y de que alguien les crea para que, acaso eventualmente, se haga justicia. La historia de las víctimas de tortura en México recuerda la pesadilla recurrente de Primo Levi en el campo de concentración de Auschwitz, durante la Alemania nazi: «Tuve un sueño, todos teníamos siempre un sueño […] de hablar y no ser escuchado, de encontrar la libertad y permanecer solos».[XXI]


Nota: Una versión previa de este texto fue publicado por La voz que clama…, revista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes.

[I] Redacción Proceso, «Con el sismo aparecieron cárceles clandestinas en la procuraduría del distrito y en hoteles cercanos», Proceso, 5 de octubre de 1985, disponible en: http://www.proceso.com.mx/142160/con-el-sismo-aparecieron-carceles-clandestinas-en-la-procuraduria-del-distrito-y-en-hoteles-cercanos; Americas Watch, Human Rights in Mexico. A Policy of Impunity, junio de 1990.

[I] Redacción Proceso, Ídem.

[III] Sergio Aguayo, El panteón de los mitos, México, Grijalbo-El Colegio de México, 1998.

[IV] Juan Villoro, «La alfombra roja», El periódico de Catalunya, febrero de 2009.

[V] Vicente Fox, Versión estenográfica del mensaje del licenciado Vicente Fox Quesada, durante la Sesión Solemne del H. Congreso de la Unión, luego de rendir la Protesta de Ley como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de diciembre de 2000.

[VI] Ídem.

[VII] Ana Laura Magaloni, «La arbitrariedad como método de trabajo: la persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón», en Catalina Pérez-Correa (ed), De la detención a la prisión. La justicia penal a examen, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015, pp. 30 y 39.

[VIII] Juan Méndez, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Naciones Unidas, diciembre de 2014.

[IX] Amnistía Internacional, Tortura y otros malos tratos en México, Madrid, Amnistía Internacional, 2014, disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/AMR41/020/2014/es/

[X] Ídem.

[XI] Stanley Cohen, «State crimes of previous regimes: knowledge, accountability and the policing of the past», Law and Social Inquiry, 20(1), 1995, p. 19.

[XII] Magaloni, op. cit., p. 41.

[XIII] Amnistía Internacional, op. cit., p. 51.

[XIV] Juan Méndez, op. cit., p. 7.

[V] Amnistía Internacional, op. cit., p. 26.

[XVI] Juan Méndez, op. cit., p. 8.

[XVII] Natalia Gómez Quintero, «Confronta Meade al relator de la ONU», El Universal, 18 de marzo de 2015, disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/cancilleria-encara-a-relator-de-la-onu-descalifica-su-trabajo-49037.html

[XVIII] Ídem.

[XIX] Secretaría de Relaciones Exteriores, «México reitera política de Estado de apertura al escrutinio internacional en materia de Derechos Humanos», México, 4 de abril de 2015, disponible en https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-reitera-politica-de-estado-de-apertura-al-escrutinio-internacional-en-materia-de-derechos-humanos

[XX] Redacción Sin Embargo, «La tortura es generalizada en México: relator de ONU; eso es mentira, responde embajador», Sin Embargo, 9 de marzo de 2015, disponible en: http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1275192

[XXI] Primo Levi, If this is a man. The truce, Londres, Abacus, 1991, p. 246.

 

 

En portada: imagen de Signometría: Tentativa Artaud, Raúl Zurita y Ronald Kay (Chile, 2015); sobre el dolor del encierro y la tortura, basado en textos de Antonin Artaud.

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