Corrupción e impunidad: ocho puntos en torno a la “Casa Blanca”

Hablar sobre la “Casa Blanca” es hablar sobre más corrupción. La corrupción en México es hecho, contexto, causa y consecuencia.

| Nacional

  1. Los resultados de una “investigación”

En México, hablar de la corrupción es hablar de todo lo demás. Comencemos con el más reciente, y quizás también más deplorable episodio, ocurrido la semana pasada: los resultados de la investigación de la Secretaría de la Función Pública respecto a la “Casa Blanca”, propiedad de la primera dama Angélica Rivera. El secretario Virgilio Andrade declaró que no hubo conflicto de interés en la (documentadísima) compra en condiciones preferenciales de una casa en las Lomas de Chapultepec, construida expresamente para el presidente y su familia por el Grupo HIGA, beneficiario de varias licitaciones públicas. Tres meses después del escándalo, el presidente solicitó a Andrade que investigara el posible conflicto de interés entre este contratista del gobierno y algunos miembros de su administración. La conclusión fue la conferencia de prensa del pasado viernes: la declaración oficial de que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, no existió conflicto de interés alguno.


  1. El “socio preferencial”: el Grupo HIGA

Hablar de la “Casa Blanca” es referirnos a otra casa de lujo vendida al actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también en condiciones preferenciales. Es hablar de la renovación del hangar presidencial del AICM, contrato ganado por el mismo grupo sin concurso previo. Es acordarnos de la licitación del tren México-Querétaro, ganado por un consorcio multinacional al cual pertenecía una subsidiaria del Grupo HIGA, y que fue revocada por falta de transparencia en el proceso. Esta revocación costó 16 millones de dólares, pagados por el gobierno mexicano a la empresa china parte del consorcio como compensación. Es también recalcar que la revocación no prevendrá la participación de HIGA en una nueva licitación.


  1. Una corrupción sin consecuencias

Tras este incidente, hablar sobre corrupción es igualmente hablar sobre la impunidad rampante con la que los políticos pueden apropiarse de fondos públicos para sus fines privados. Es hablar sobre un país en el que un candidato a alcalde puede declarar que “sí robó pero poquito” y aún así ganar las elecciones, o en donde un gobernador acusado de defraudar al estado y endeudarlo usando documentos falsos es exonerado por la PGR por falta de pruebas. Esta impunidad, en el mejor de los casos, es atribuida a la incapacidad de los funcionarios públicos y peritos para recabar pruebas y evidencia –como ha sucedido con la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de ropa y videos que formaban parte de la investigación en torno a los normalistas de Ayotzinapa. En el peor de los casos, la impunidad se debe a intereses políticos, relacionados con el principio que María Amparo Casar ha descrito como el “tapaos los unos a los otros” y que expresa la colusión entre servidores públicos. El resultado es que, aunque la corrupción esté a la vista de todos, no pasa nada.


  1. El colapso del sistema judicial

Por supuesto, hablar de impunidad no solo es hablar de la clase política. ¿Cómo hacerlo sin mencionar, por ejemplo, que el 98% de los homicidios cometidos en 2012 no se habían investigado en 2013? Lo cual nos lleva a referirnos al estado general del sistema judicial en México: cualquiera que haya ido a un Ministerio Público sabe que denunciar es ser víctima dos veces. Por eso el INEGI estima que nueve de cada diez víctimas no denuncian el delito. Si a eso añadimos que las cárceles mexicanas presentan una sobrepoblación de 64,000 reos y que cuatro de cada diez reos no tienen sentencia condenatoria, el panorama del sistema judicial es desolador para víctimas, ciudadanos, detenidos y procesados.


  1. La ausencia de autonomía

Tomando esto en cuenta, y como preguntó Leo Zuckermann recientemente en un tuit, ¿a alguien le sorprende la exoneración oficial de Peña Nieto y su entorno? La corrupción es también el origen del desencanto cada vez más obvio con las instituciones de gobierno, que se encuentran alejadas de los ciudadanos y que solo se hacen presentes para recordarnos para quién verdaderamente trabajan. Después de todo, Virgilio Andrade es un funcionario nombrado (y que puede también ser removido) por el Presidente —una evidencia de la falta de instituciones de rendición de cuentas con independencia política y capacidad de investigación y sanción. Existen instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o incluso la Secretaría de la Función Pública que sancionan administrativamente o turnan los casos investigados a la Procuraduría. Pero no hay un solo organismo de gobierno que efectivamente supervise y castigue el ejercicio del poder.


  1. La oposición inexistente

A la falta de estos contrapesos se le añade también la falta de una oposición política sustantiva. El presidente del PAN Ricardo Anaya tuiteó, a raíz de la resolución de la Secretaría de la Función Pública, que tal resultado “era una burla para los ciudadanos”. Por su parte, el presidente del PRD Carlos Navarrete comentó que hacía falta una investigación realmente independiente sobre la compra de la casa. Fuera de estas desabridas expresiones de descontento, no encuentro ninguna propuesta de políticos de oposición para enmendar la situación. En sus declaraciones estos políticos ni siquiera mencionan al Sistema Nacional Anticorrupción, la propuesta apoyada por estos partidos en su momento precisamente para lidiar con estos casos. En México hay una forma de competencia partidista que no se traduce en una verdadera oposición que vigile y denuncie los abusos del poder.


  1. La sal en la herida: la opulencia

La “Casa Blanca” fue noticia, en gran parte, por lo opulencia de sus características. Una casa de siete millones de dólares es evidentemente notoria. Por desgraciada, esta opulencia relacionada al poder público no es escasa en México. Veamos a Elba Esther Gordillo con sus bolsos de miles de dólares, al exgobernador de Tabasco Andrés Granier con sus “mil camisas y trescientos trajes,” o al hijo del exgobernador de Aguascalientes y sus fiestas desmedidas. Esta exuberancia también se manifiesta cuando el presidente viaja a París con 400 invitados, y cuando su familia se va de compras a Beverly Hills. Estos lujos, excesivos en sí mismos, resultan más escandalosos en la situación actual del país. Cuando el Coneval estima que un 12% de la población sufre carencias en calidad y espacios de vivienda, una casa de siete millones de dólares para la familia presidencial es un descaro. La Casa Blanca recuerda la desigualdad “de vértigo” que se vive en México, en donde 60 millones de personas no tienen acceso a una vida digna. Y ante estas cifras es necesario también hablar de la vergonzosa actuación de todos los niveles de gobierno para poner en práctica políticas redistributivas, con una mención especial a Sedesol y su “Cruzada contra el Hambre”, programa público destinado a disminuir la pobreza alimentaria en la que viven miles de niños mexicanos. La “Cruzada”, cuestionada desde sus inicios por un mal y poco transparente diseño, parece unirse a la larga lista de programas acusados de fraude y desviación de recursos públicos.


  1. El alcance de la corrupción

Finalmente, hablar sobre la corrupción en México es hablar, siempre, sobre más corrupción. Como cuando contamos que la presa que Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, construyó ilegalmente tuvo que ser demolida por una orden del titular de la CONAGUA, y al tiempo recordamos que fue ese mismo titular de la CONAGUA, David Korenfeld, quien en abril de este año renunció tras hacerse públicas unas fotos que lo mostraban en uso de un helicóptero oficial para llegar al aeropuerto e irse de vacaciones con su familia. La corrupción en México es hecho, contexto, causa, consecuencia. La cantidad de temas que destapa la resolución de la Secretaría de la Función Pública es una prueba de la extensión de los abusos públicos en el gobierno mexicano.

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