Crónicas de guerra: Javier Duarte contra la Universidad Veracruzana

Un repaso por la frágil relación entre el gobierno de Javier Duarte y la Universidad Veracruzana.

| República

Una inesperada ilustración se proyecta sobre el proscenio de la sala Tlaqná. El minuto cuarenta y dos del II Informe de Actividades de la rectora de la Universidad Veracruzana, efectuado el lunes 7 de septiembre de 2015, será recordado como el momento en que la Universidad Veracruzana (UV) rompió el protocolo con el gobierno del estado de Veracruz. La gráfica exhibe los adeudos del gobierno estatal y de la federación con la UV desde agosto de 2013; barras de colores azul, rojo y amarillo representan los montos pendientes: $867,900,000 en agosto de 2013; $894,300,000 en diciembre de 2013; $1,008,000.000 en diciembre de 2014 y $2,058,600,000 en agosto de 2015. Un total de $4,828,800,000, de los cuales $3,100,700,000 corresponden al gobierno del estado.

Pertrechada por la barrera de lanzas de la gráfica, Sara Ladrón de Guevara, respetada antropóloga y primera mujer en dirigir la institución universitaria, señala que ante la “complicada situación financiera, la administración universitaria ha privilegiado el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral”. Añade que la UV solicita a la subsecretaría de Educación Superior del país que el subsidio se entregue directamente a la institución y no mediante la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) del gobierno del estado.

La rectora remata su discurso pidiendo al representante del gobierno del estado, el secretario de Gobierno de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, que trasmita su mensaje al gobernador. El gesto, además de insolente, es una respuesta: pocas horas antes, durante la conferencia de prensa que otorga cada lunes en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno en Xalapa, Javier Duarte había negado perentoriamente que el gobierno debiera a la UV: “Si la pregunta es ¿cuánto le debe el gobierno de Veracruz a la Universidad Veracruzana?, la respuesta es nada. No le debemos nada, nosotros contribuimos de manera generosa y solidaria, subsidiando a la UV, y lo vamos a seguir haciendo”.

Flavino (no es confiancita, así le dicen popularmente al viejo político) suda, mueve los hombros y denota con leves gestos su molestia mientras a sus espaldas se denuncia el adeudo del gobierno en cuya representación ha acudido. Por ello disfrutará la reunión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) celebrada dos meses después, en la que asentará, en su calidad de consejero de gobierno ante dicho consejo, que la universidad tiene un déficit financiero con este instituto de $2,065,535,526.75.

El episodio más reciente de esta batalla fueron las declaraciones del titular de la Secretaría de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, quien el martes 17 de noviembre, al rendir informe de sus actividades al congreso local de Veracruz, reconoció que la deuda pública suma $43, 786, 500, 000, afectando al 79.49% de las participaciones federales que recibe el estado. Al mismo tiempo redujo el adeudo del gobierno estatal con la UV a solo $1,308,000,000. A casi dos meses de que el gobernador aceptara saldar la deuda durante un desayuno con la rectora en Casa Veracruz el 30 de septiembre, no se ha depositado ningún pago ni existe calendario para ello.


Convertir al acusador en acusado

Más allá del relato de las escaramuzas entre el gobernador y la universidad, detengámonos a analizar las consecuencias de la ofensiva gubernamental.

El IPE –el instituto que cubre las pensiones de los trabajadores del Estado, desde maestros hasta funcionarios– es una de las instituciones en Veracruz más cuestionadas y en constante predicamento. Fundado en 1967 por decreto del gobernador Fernando López Arias, las acusaciones de malversación en su interior datan de la década de los noventa y su desaparición, que dejaría en el desamparo a los jubilados y pensionados del Estado, se viene anunciando desde 2010. En defensa de los agremiados nació en 2011 la Coalición de Pensionistas del IPE (Copipe), que acusó al entonces director, Gonzalo Morgado Huesca, priista eximio en operaciones electorales, de llevar a la quiebra al instituto. Se estimaba que existía un quebranto financiero del instituto cercano a los $4,000,000,000.

Responder a la demanda justa de la UV con la acusación injusta de que el IPE está en crisis porque la universidad no contribuye es una especie de gambito ajedrecístico. Por una parte, exhibe al acusador convirtiéndolo en acusado y además en culpable de la penuria de una de las instituciones más devaluadas. Por la otra, el gobierno intenta protegerse de las inminentes protestas acusando a otro, las cuales, sin ánimo de profetizar, solo atendiendo a la constante durante los primeros cuatro años de este sexenio, estallarán en diciembre de 2015, cuando de nueva cuenta Duarte no pague o pague con cheques sin fondo a los pensionados y a los trabajadores de su propia administración. Incluso no es necesario llegar a diciembre: en agosto de este año los jubilados y pensionados de dicha institución se manifestaron porque no les pagaron sus pensiones, mientras que los trabajadores de la propia Sefiplan se declararon en huelga debido al adeudo de aguinaldos y otras prestaciones desde hace dos años.

De este modo el gobierno se anticipa a las protestas y delega a la universidad el papel de villano: no hay dinero para sus pensiones no porque lo tomemos y lo gastemos para financiamientos oscuros sino porque la UV no paga y el dinero de los pensionados se desvía en beneficio de los universitarios. Maquiavelismo para dummies que sería astuto de no ser porque muestra el patrón con que se cortó. Acusar a la universidad de deuda con el IPE no es nuevo; en 2011 se pretendió inculpar al líder de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la UV, Enrique Levet Gorospe, del adeudo con el IPE, a lo que este respondió documentando los puntuales suministros de la universidad al IPE.


Agresiones de alta y baja intensidad

El desencuentro entre Javier Duarte y la Universidad Veracruzana es antiguo, remontándose a su periodo como secretario de Finanzas en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010). Desde 2008 comenzó la penuria y el retraso en la entrega de los subsidios a la universidad y también la lenta ministración de los recursos federales a otras instancias.

La actual administración del gobierno de Veracruz es, además, constantemente denunciada como represiva y acusada de no proteger la seguridad de la ciudadanía veracruzana. Baste citar la reciente agresión dirigida contra maestros y periodistas el sábado 21 de noviembre en Xalapa, en la que, conforme a una crónica de Proceso, habría incluso participado activamente el secretario de Seguridad Pública, golpeando ciudadanos y rompiendo equipos fotográficos. Una acusación que no es nueva: se sabe que el denominado Capitán Tormenta suele cumplir por propia mano las misiones especiales que se encomiendan a Seguridad Pública.

Episodios de violencia han afectado a integrantes de la comunidad universitaria, a profesores, administradores y estudiantes. El pasado rector, Raúl Arias Lovillo, había mantenido una relación respetuosa con el gobierno del estado, acatando siempre las sugerencias del gobernador y transmitiendo su mensaje a la comunidad universitaria. Sara Ladrón de Guevara, electa presuntamente porque representaba a una corriente dentro de la universidad más política y afín al priismo, ha sido, paradójicamente, más crítica: constantemente ha señalado la impunidad, la inseguridad y las agresiones que los universitarios han sufrido en el último año. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo: la cercanía de Ladrón de Guevara con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y las amistades de su esposo, Guillermo Heitler, un ex colaborador de Manuel Bartlett, con políticos cercanos a Enrique Peña Nieto, la fortalecen y por ello, como declaró durante su memorable informe, ni le tiembla la mano ni se le quiebra la voz para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el gobernador no quiere reconocer.

Dicha postura ha molestado a Duarte, quien ante la crítica y la denuncia ha respondido con detenciones, propuestas para legislar la libertad individual y amenazas a la prensa, sea de manera abierta o velada. Además, su sexenio se ha distinguido por el regreso de grupos paragubernamentales, como los Cuatrocientos Pueblos, visitantes frecuentes del estado en ocasión de manifestaciones y actos políticos de oposición. Agréguese a ello que la boyband del sexenio, Los Encapuchados Anarquistas, también ha actuado durante manifestaciones estudiantiles, siendo una de sus más recordadas actuaciones la agresión a un grupo de estudiantes de la UV en su propio domicilio, con saña tal que varios de ellos quedaron moribundos –crimen hasta el momento impune. Esa extraña banda seudoanarquista, provista de armas largas, cuchillos y toletes, ya visitó también el edificio de rectoría de la UV para amedrentar a los universitarios. El difunto Rubén Espinoza, quien cubría la manifestación como fotógrafo, fue agredido durante esa marcha del 9 de junio, cuando intentaron quitarle la cámara mientras gritaban “¡Nos lo vamos a chingar!”.

Este es el contexto en que se desarrolla la guerra de baja intensidad entre el gobierno de Veracruz y la Universidad Veracruzana.


Un hoyo negro llamado Veracruz

La deuda no es tema sujeto a interpretaciones. La Constitución Política del estado de Veracruz establece en el artículo 10 de la sección primera, “De la Educación”, la obligación del gobierno estatal, así como del federal, con la Universidad Veracruzana para la conformación del patrimonio universitario. La propia Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana establece en su artículo 3:

La Universidad Veracruzana contará con los recursos económicos necesarios para cumplir sus funciones y alcanzar los fines que le son propios, teniendo como base de sus ingresos los subsidios que aporten en forma concurrente el Gobierno federal y el Gobierno del estado de conformidad con las normas y convenios que rigen el financiamiento de la educación superior y las disposiciones presupuestales.

Duarte podrá negar la deuda; recurrir, como alguna vez lo hiciera Gustavo Díaz Ordaz, al diccionario para responder a sus críticos;[1] enviar a sus partidarios a calumniar a la universidad; o declarar, a través del secretario de Finanzas y Planeación del gobierno, que la deuda es menor. Lo que no podrá es deslindarse del adeudo ni del seguimiento del proceso por la opinión pública.

Ahí están los más de dos mil millones de pesos en espera de liquidación. Si Duarte decidiera no pagar y abandonar a la universidad a una posible quiebra, deberá asumir las consecuencias ante la federación. No solo el dinero federal podría entregarse directamente a la universidad sino que incluso se podrían retener los subsidios al gobierno, pues no solo es la UV o el IPE los que sufren a causa de desvíos; también los suministros del Conaculta para el Instituto Veracruzano de Cultura de 2011 a 2015 parecen haber sido ejercidos de manera discrecional. Del mismo modo, el secretario de Finanzas no supo explicar en julio de este año para qué se habían utilizado los $1,338,000,000 de deuda pública contratados en febrero de 2015. “Para infraestructura”, fue su lacónica e insuficiente respuesta.

Las acusaciones de malversación no son peregrinas: están documentadas por la propia federación. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) registra un desvío de $12,000,000 en el estado y ha interpuesto denuncias ante la Procuraduría General de la República.

El informe de la ASF respecto al gasto público federal evidencia a Veracruz. El apartado 3.3, “Rendición de cuentas del gasto federalizado”, el cual revisa y expone si las entidades federativas aplicaron correctamente el recurso procedente de la federación, señala a Veracruz como una de las entidades con mayores anomalías en esta gestión: “Las entidades federativas que concentraron la mayor proporción del monto observado fueron Veracruz con el 17.3%; Michoacán con el 9.9%; Jalisco el 8.6%, Estado de México el 5.6%; Chiapas, el 5.2%; Guerrero, el 4.5%, y Oaxaca, el 4.3%” (Informe General de la Cuenta Pública 2013, pp. 52-54; versión en línea).

Veracruz: el agujero negro donde el dinero que envía la federación parecería ser engullido por el intestino grueso de la Secretaría de Finanzas y Planeación Social. De ahí que no haya fondos para cubrir el subsidio de la Universidad Veracruzana, ni los pagos del Instituto de Pensiones del Estado, ni los adeudos con los maestros de la Secretaría de Educación Pública, contratistas, proveedores, prestadores de servicios y quienes se sumen esta semana.

(Foto: cortesía de Eneas De Troya.)

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