Cultivadores de coca y acuerdos de paz en Colombia: ideas para el debate sobre las drogas en México

Entender la política colombiana en esta materia desde la negociación con las FARC puede ayudar a la discusión sobre qué hacer con los cultivos de amapola en el campo mexicano

| Internacional

Ryan Anderton

Desde que las FARC y el estado colombiano firmaron la paz en noviembre de 2016, la atención internacional se ha centrado en la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y la participación política de la guerrilla más antigua de América Latina. Otro eje fundamental de los acuerdos, sin embargo, ha pasado desapercibido: la reforma rural y “la solución al problema de las drogas ilícitas”.

Sin trasladar políticas de un país a otro, o de una planta a otra, entender la política de control de drogas y familias campesinas cocaleras en Colombia puede aportar al debate sobre la legalización y el tratamiento de los cultivos de amapola en México.

¿Qué ha ocurrido en Colombia en los dos últimos años?

El origen: la coca sustituye al Estado

La coca resolvió lo que el estado no pudo: los nudos productivos campesinos, la falta de infraestructura vial, el acceso a la salud y a la educación o la inversión rural. Más de medio siglo de conflicto, con 218,094 asesinatos (1958 – 2012), de los cuales el 81% fueron civiles, en el que se han perpetrado 1,982 masacres (1985-2012) y se han desplazado 5,712,506 personas (1985-2012), creó una ruralidad en pobreza en donde se disputan tierras, recursos y se imponen modelos agroindustriales. Pero la guerra no fue la única responsable. Las políticas excluyeron a los campesinos del mercado por la falta de competitividad ante las lógicas mercantiles; desplazados y sin papeles de tierras, sin vías para sacar sus productos y sin capacidad de negociar precios, no son atractivos para las lógicas del capital agrícola.

El resultado es que los campesinos se dedican a transformar la hoja de coca en pasta base, el primer paso en el camino de la planta a la cocaína. Este polvo blanco y grueso se elabora en los “laboratorios”, “chongos” o “cocinas”, entablados rurales improvisados con canecas de gasolina y otros insumos necesarios. Según el más reciente informe de monitoreo de UNODC, en Colombia una hectárea de coca produce 5.6 toneladas de hoja al año y se produce 8.2 kg de clorhidrato de cocaína por hectárea cosechada que cuesta 1,508 dólares el kilo, pero cuyo precio se multiplica en las calles de las principales ciudades. Los campesinos venden la transformación previa de pasta base en un promedio de 554 dólares el kilo, por lo cual al año ganan 4,500 dólares, 380 dólares mensuales. Una cifra irrisoria para la ciudad, pero suficiente para sobrevivir al hambre en el campo cuando el kilo de yuca y plátano, dos de los principales productos en el campo amazónico, no alcanza el medio dólar en el mercado agrícola local.

La promesa: el Estado ayuda a sustituir la coca

En las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para atender la crítica situación del campo colombiano. El concepto es acabar con el poder de la coca a través de la sustitución y, en última opción, la erradicación forzada.

A corto plazo, las familias campesinas se deben adherir al programa voluntariamente a cambio de que el gobierno se comprometa a proyectos de infraestructura, huertas, proyectos productivos, brigadas de atención y un apoyo mensual de aproximadamente 300 dólares por un año. Después de los primeros dos meses del pago, los campesinos deben erradicar y su compromiso será verificado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).

En el largo plazo, el gobierno y las comunidades, organizaciones sociales y actores en los territorios deben elaborar en conjunto un plan de desarrollo y sustitución de cultivos a 12 años.

Otro eje fundamental es el cambio de la ley 30 de 1986, que criminaliza al campesino. La nueva ley deberá reconocer el hambre y la pobreza como causante principal del delito, por lo que se cancelará o suspenderá —está en discusión— la penalización para el pequeño cultivador como parte de la cadena de la economía de la coca.

Según el último balance de UNODC, el programa comprometió a 130,000 familias, pero se inscribieron y fueron aceptadas alrededor de 90,000. Los seis principios que sustentan esta estrategia han sido incumplidos por el gobierno colombiano durante los primeros dos años de la implementación; el dato de cumplimiento de los campesinos inscritos supera el 90%. El último informe de la UNODC (2018) indica que los cultivos de uso ilícito en el país aumentaron un 17% llegando a 170 mil has. ¿Qué ha ocurrido?

La realidad: hambre y más coca que nunca

Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015 por considerarse un químico “probablemente carcinogénico para humanos”. En el 2017, la Corte Constitucional ratificó la prohibición de la aspersión aérea en aplicación del “principio de precaución” ante daños a la salud y al medio ambiente en un resguardo indígena.

El grupo de oposición dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez [2002-2010] culpó a las negociaciones de paz por el aumento de los cultivos y demandó la necesidad de reactivar el uso de la aspersión aérea o el uso del glifosato por otros mecanismos. También han denunciado el “fracaso de la estrategia de sustitución”.

Pero esta lectura es engañosa. El principio de transformación rural es la solución, lo que ha ocurrido es que se han cometido errores tanto en el diseño de los acuerdos como en la ejecución por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.

Y no han sido pocos:

El gobierno lanzó un plan de erradicación forzada del 50% de las hectáreas contraviniendo lo pactado en La Habana,  y estableció que el otro 50% sería incluido en el programa de sustitución. Fue un saboteo a lo que se había firmado y enrareció la construcción de confianza y legitimidad del estado colombiano con las comunidades campesinas perseguidas desde hace décadas. Tampoco se articularon las estrategias de transformación rural y los planes de sustitución y desarrollo a largo plazo no han comenzado. Hace meses que las familias no reciben sus pagos mensuales, los materiales para las huertas caseras no llegan y los proyectos productivos no arrancan. La gente está pasando hambre.

La teórica participación conjunta y concertada entre estado y comunidades se ha convertido en la práctica en imposición del gobierno.

La seguridad de estos territorios y la aparición de nuevos actores han puesto en peligro no solo la estrategia, sino la vida de los cultivadores de coca. Hasta el 1 de julio habían sido asesinados 31 líderes de sustitución de coca en todo el territorio según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).

La ley de tratamiento penal diferencial no hizo parte de las reformas rápidas de ley en el marco de los acuerdos de paz —12 meses de fast track—. Existe un temor a que no avance, ya que tanto el gobierno como el partido político de las FARC propusieron su propia reforma de ley.

A todo esto, se le suma la incertidumbre por la llegada al poder del grupo opositor a la estrategia de sustitución en cabeza de Iván Duque [2018-2022]. El gobierno de Iván Duque afirmó que iba a respetar los acuerdos firmados con los campesinos y que no iba a aumentar el cupo de inscritos aunque está reactivando la estrategia de uso de glifosato priorizando la erradicación forzada.

La propuesta: la coca es una oportunidad para el Estado

La solución al problema de las drogas empieza por no considerarlas un problema, sino una oportunidad: el paso de unas rentas que se apropian privados —cárteles— a rentas que deberían ser públicas. Un efecto directo es desfinanciar ejércitos privados que pueden ejercer la violencia gracias, en gran parte, a las rentas de las drogas.

Un mercado legal de la cocaína o la heroína —o de futuros usos médicos o recreativos que se descubran— permitiría, además, crear formas equitativas de usufructo. No sería justo que la legalización de las drogas llevara a la explotación de los miles de campesinos y campesinas que viven de producirlas.

La política de sustitución de coca de los acuerdos de paz va en contravía a esta teoría: supone la eliminación de la hoja de coca y de su procesamiento. Ahora, si insisten en la sustitución, hay varios problemas que se deben solventar.  La incapacidad de pensar formas alternativas de producción agrícola para asegurar una vida digna del campesino; la dependencia de la cooperación internacional, que llega al país con sus propios intereses y condiciones; y eliminar la estigmatización y proteger a los dirigentes campesinos que están al frente de las comunidades, son algunos de los puntos críticos. Y, sobre todo, un problema de fondo: el objetivo no debe ser ni la erradicación ni la sustitución inmediatas, sino la transformación de las condiciones de producción y de la vida del campo.

 

 

 

 

Artículos relacionados