De fiscales y senadores: el caso de Santiago Nieto y el Partido Verde

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La acusación del fiscal electoral Santiago Nieto contra Arturo Escobar –exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y antes cabeza de Consejo Político Nacional del Partido Verde– representa un parteaguas en el sistema democrático electoral en México. Incluso cuando al escribir esto ya conocemos esbozos de por qué una jueza rechazó la solicitud de aprehensión contra Escobar, el acto de Nieto y la torpe y sesgada defensa del Partido Verde no pierden significación en el debate público mexicano.

La acusación directa contra una persona de alto perfil dentro del partido, y dentro del servicio público, es tal vez la única acción que faltaba formularse en contra del Verde. Según la investigación de Nieto, Escobar aportó dinero y firmó contratos para la elaboración y distribución de miles de tarjetas de beneficios económicos empleadas para la obtención del voto, actos prohibidos por el marco legal electoral vigente. Esta imputación se suma a los más de 500 millones de pesos en multas que impuso el Instituto Nacional Electoral al Verde por cometer diversas faltas durante el proceso electoral de 2015.

Como se ha informado escuetamente en algunas notas, la jueza Rosa María Cervantes Mejía rechazó la orden de captura, alegando que el fiscal no acreditó pruebas suficientes sobre el delito que reclamaba, y ahora el tema se centra en si el fiscal impugnará esta decisión o no. A salvaguarda de profundizar en este aspecto del debate, me quisiera centrar en lo que llamé la torpe y sesgada defensa del Verde, encabezada por el senador Pablo Escudero.


Desde finales de noviembre, pocos días después de la consignación de Escobar, el senador Escudero ha encabezado una vendetta de grandes proporciones en contra del fiscal. A través de una notoria cobertura de El Universal, de decenas de entrevistas, de notas en otros medios e incluso de una conferencia de prensa en el Senado, Escudero ha intentado expiar a su partido, y salvar a Escobar, criminalizando el proceder de Nieto.

Para Escudero, los muchos vicios del sistema de justicia en México parecieran encarnarse de pronto en Nieto. El fiscal electoral es, según esta lógica, el delincuente en quien nos deberíamos fijar, y la persona a que la procuraduría debería acusar por aferrarse a un sistema de enjuiciamiento que “no se quiere para México”, por negar las garantías del procesado, por atreverse a aportar información a los medios sobre el proceso y por exhibirlo a un juicio sumario por parte de la sociedad.[1] Para el senador el tema acá no es Escobar o las maniobras del Partido Verde sino el modelo de justicia que tiene México. Amén.

La ubicuidad que el senador despliega por estos días y su discurso en defensa del debido proceso contrastan con su silencio en otros muchos momentos en que el sistema de justicia penal en México ha mostrado lo peor de sí. Por ejemplo, ¿cuándo se ha pronunciado el senador sobre los horrores en los procedimientos de la SEIDO, sobre sus maneras de armar culpables y la falta de pericia en sus investigaciones? Nunca, me atrevo a suponer.

Ahora bien: más allá de atender su fachada de paladín de la justicia, me interesa analizar el núcleo de los argumentos del senador. Entiendo que el agravio, según Escudero, parte de que el fiscal Nieto difundió información sobre la investigación de Escobar y sobre la solicitud para que éste fuera capturado. Con este proceder se habrían violado supuestamente decenas de derechos y ordenamientos, los que el senador carga en todas sus apariciones públicas a manera de prontuario, pero, en particular, se habría menoscabado el deber de absoluta secrecía en una averiguación previa.

En su alegado ánimo de justicia, el senador Escudero no solo da pasos en falso que lo dejan en abierta contradicción con su actividad legislativa, sino que arma un discurso sobre el sistema penal mexicano plagado de inconsistencias. En este sentido, es una gran ironía que el senador presidente de la comisión llamada a legislar y realizar control legislativo sobre temas de corrupción y transparencia censure el acto público de transparencia del fiscal electoral y amordace la libertad de la información sobre el tema en cuestión.


En cuanto a la contradicción con su actividad legislativa, la denuncia de Escudero presentada ante la Procuraduría General de la República ignora u olvida manifiestamente la Ley General de Transparencia, ley que el mismo senador promovió y dictaminó durante varios meses hasta su publicación en mayo de 2015. En términos de transparencia y rendición de cuentas, desde el marco legal vigente en México, no se puede más que reconocer y aplaudir al fiscal Nieto. No hay de otra. Explico:

1. La Ley General de Transparencia protege ampliamente el acto que realizó el fiscal electoral ante la opinión pública. Esta ley obliga a todas las autoridades a difundir proactivamente –es decir, sin necesidad de una solicitud de información en particular– toda la información que tengan bajo su control y que sea de interés público (art. 25, fracción XII). La información de interés público es aquella relevante o beneficiosa para la sociedad, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo las autoridades (art. 3, fracción XII). La investigación penal sobre quien dirigió un partido político por la presunta comisión de delitos electorales usando recursos públicos es claramente de interés público; conocerla ayuda a entender el proceder de la fiscalía a cargo de Nieto y es una forma concreta de rendición de cuentas.

2. No se le puede reclamar al fiscal Nieto haber violado la reserva de documentos que nunca fueron clasificados así. Olvida el senador Escudero que la Ley General prohíbe que la información se clasifique ex ante, es decir, solo se pueden clasificar documentos o archivos al momento de una solicitud de información y no antes (art. 103, fracción I), tras la aplicación de una prueba de daño (art. 104). Entonces, es inválido que el senador Escudero acuse que la información difundida por Nieto era información clasificada como reservada o confidencial.

3. En materia de transparencia y acceso a la información, la Ley General prevalece sobre otras leyes. Así, por principio, toda norma que se relacione con el acceso a la información y la transparencia se debe interpretar conforme a esta (art. 7). Por esta razón, también es inválido reclamar reservas absolutas dentro de otras leyes, como lo hace el senador Escudero al referirse al Código Penal Federal, al de Procedimientos Penales y a la Ley orgánica de PGR, sin que las mismas se acoplen a los principios y procedimientos que la Ley General contempla.

4. La ley también determina que, en casos de corrupción, ninguna autoridad puede invocar reserva alguna sobre la información (art. 155, fracción II). Si bien “corrupción” no es un delito en concreto, es un catálogo de acciones que buscan el beneficio privado a partir del uso de recursos públicos. El uso de recursos de un partido para el beneficio ilícito de sus candidatos y obtener votos por medios ilegítimos es un acto que bien puede considerarse como corrupción.


Ahora bien, en cuanto a su contradictorio discurso en torno al sistema penal mexicano, el senador Escudero tacha como incorrecta una conducta que, irónicamente, mitiga la discrecionalidad del ministerio público, y con esto aminora los vicios del sistema de justicia en México.

Es cierto que el sistema de justicia penal en México ha sido caldo de cultivo para prácticas violatorias de la integridad, el debido proceso y otros derechos humanos. Sin embargo, la transparencia y el acceso a la información sobre los procesos penales son, justamente, parte de la solución y no del problema, más aún si estos procesos son de interés público, como claramente es el proceso en contra de Escobar. Es decir, la oscuridad en la cual se desahogan los procesos dentro de la PGR es precisamente uno de los factores que han fomentado las violaciones contra los procesados y contra las mismas víctimas.

Además, el senador verde olvidó también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con anterioridad que es válido difundir informaciones sobre procesos penales de relevancia pública. Para esto, la fiscalía debe abstenerse de deformar la realidad y de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo.[2] En el caso en concreto, el fiscal Nieto se limitó a difundir información que tiene conexión clara y directa con la investigación, sin deformar los hechos y sin proveer datos irrelevantes. Otro sería el escenario si Nieto hubiese referido información, por ejemplo, sobre el estilo de vida del señor Escobar, lo que nada tiene que ver con el proceso en cuestión.[3]

Asimismo, la Corte también ha definido que no se puede criminalizar la discusión pública sobre las actividades de las autoridades, quienes, idealmente, deberían estar en el centro de la evaluación de la sociedad.[4] Es decir, criminalizar el debate alentado por Nieto pretende confinar un asunto público a la ignorancia e impedir a la sociedad participar en una discusión abierta.

Finalmente, no podemos soslayar que Escobar es y ha sido una persona con notoria proyección pública. Al respecto, la Corte también ha reiterado que la privacidad de estas personas se ve invariablemente expuesta a un umbral más amplio de escrutinio social.[5] Bajo este entendido, los agravios que señala el senador Escudero respecto a los datos personales, la privacidad, la honra y la moral de Escobar pierden significativamente valor por ser este una figura de la vida pública del país.

Recapitulo, entonces: la defensa de Arturo Escobar emprendida por Pablo Escudero, en nombre del Partido Verde, ha sido torpe y sesgada. Torpe porque promueve un statu quo de secrecía penal que solo perjudica su argumento principal. Sesgada porque el senador ignora su propia trayectoria legislativa. Si se debe tildar el acto de transparencia de Nieto, solo podemos reconocerlo como positivo para la democracia electoral y la justicia penal de México –muy a pesar de la mordaza que sobre la información pública busca imponer el senador verde.


Notas

[1] Argumentos tomados de diversas apariciones públicas del senador Escudero: en entrevista radial con Alejandro Cacho el 9 de diciembre; en conferencia de prensa en el Senado el 7 de diciembre.

[2] Primera Sala, Tesis CLXXVIII/2013, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

[3] Difundir información de víctimas o perpetradores que es irrelevante para el proceso penal no se enmarca como un ejercicio de transparencia y, en cambio, sí configura posibles delitos. Sirva como ejemplo la información que se ha filtrado sobre el caso del multihomicidio de la Narvarte, la que solo estigmatiza a las víctimas y es irrelevante para la investigación criminal.

[4] Primera Sala, Tesis CCCXCIX/2015, ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS PENALES NO PUEDEN RESTRINGIR EL GOCE DEL NÚCLEO ESENCIAL DE ESTE DERECHO.

[5] Primera Sala, Tesis CCXIX/2009, DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.

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