De Wikileaks a Mexicoleaks

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Después de la filtración de cientos de miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wikileaks llegó a la cúspide de su éxito. El modelo fue imaginado por Julian Assange en un oscuro ensayo escrito en el año 2006, en el que postula una suerte de teoría crítica del Estado y una solución al problema de dicha organización: el Estado es una conspiración sostenida por la comunicación secreta entre sus partes y para terminar con esta basta con exhibir el contenido de la conjura. Ocho años después de su puesta en operaciones, Wikileaks no puede declararse triunfador si la unidad de medida es la consecución de sus fines. Su éxito ha estado definido por oposición.

Casi un lustro ha transcurrido desde el cablegate. El tecnorromanticismo de Assange no tuvo el éxito prometido: la conspiración sobrevive. La contribución más importante de Wikileaks, en cambio, ha sido replantear los supuestos de organización de internet en la actualidad y, paradójicamente, no se trata de lo que ha hecho Wikileaks sino de las acciones de sus enemigos a quienes debemos este legado cultural –acaso uno de los más importantes en lo que va del siglo XXI. A saber: la disrupción del dominio wikileaks.org, la supresión de Wikileaks de los servidores de Amazon, el corte de los servicios de Visa, Mastercard y Paypal y el rechazo del Bank of America a operar las transacciones de la compañía. Esta agenda aglutinó la dispersa movilización a favor de los derechos digitales entre los geeks y la sociedad civil, que tuvo su primera ola después de la cumbre de la sociedad de la información en Túnez (2005).

El hecho en concreto hizo visibles los problemas que presenta internet en su encarnación del siglo XXI. Se trata de un espacio eminentemente privado operado por compañías en busca de ganancias monetarias, como lo adelantaron Jack Goldsmith y Tim Wu en Who controls the internet? (2006). Mientras esto siga sucediendo, los gobiernos tendrán el poder de condicionar la actuación de dichas compañías. Siempre se pensó que las solicitudes contra la libertad de expresión vendrían de gobiernos como Rusia o China y, por lo tanto, que el antídoto residía en que los grandes monopolios digitales estuvieran ideológicamente a favor de las libertades, en la tierra de los libres y valientes. El asunto es que el ataque a las libertades provino de un gobierno democrático (el de Estados Unidos). El sueño americano digital se rompió para siempre.

Los intermediarios de internet fueron exhibidos como actores no neutrales en la ecuación de la red; su dimensión dejó de ser ideal: más fácil responderían a la presión de un gobierno que al interés público. Dos agendas emergieron postcablegate. Por un lado, la de la ciberseguridad –los críticos de Wikileaks incluso han dicho que se trata de un instrumento público para justificar la agenda de la censura en línea vía la agenda de seguridad–basada en el endurecimiento de la vigilancia masiva por parte de los gobiernos; por el otro lado, la de gobernanza de internet, que ha propiciado que los actores sin fines de lucro (ongs y algunos medios) se involucren de lleno en la gestión de la red. Los últimos años han estado marcado por la tensión entre ambos polos.

La incursión de la sociedad civil, quizá por una suerte de inocencia política, no ha sido lo exitosa que podría ser. Las razones son varias: o no logran imponer estándares o sus apps/desarrollos son utilizados por muy pocas personas o imponen barreras de entrada altas (por requerir conocimiento técnico elevado) o simplemente se debe a que el contexto donde se implementan no es propicio. La experiencia apunta algunos caminos para salir del bache: 1) dejar el nicho: no se trata de reinventar internet sino de aprovechar sus capacidades actuales; 2) agregar una dimensión política a la acción; 3) proveer arreglos técnicos a los principales problemas de infraestructura; y 4) distribuir lo más posible los puntos de bloqueo y procesamiento de información.

Mexicoleaks se enmarca dentro de este proceso global por desplegar la agenda consensuada después de las filtraciones de 2010. Ha resuelto algunos de los dilemas expuestos, mientras que ha desatendido otros. La pregunta es hasta dónde la coalición de Mexicoleaks está preparada para aguantar las presiones del gobierno y no tanto qué tan funcionales son sus sistemas informáticos de protección de fuentes. La virtud de la acción de Wikileaks fue reconocer explícitamente su misión política (revelar la conspiración para acabar con ella). El clon mexicano cayó en la trampa del conservadurismo mediático y de la sociedad civil –instalados en el discurso de la antipolítica– al afirmar que “no buscan una agenda política”. En realidad se han limitado a ensalzar, por adelantado, las virtudes de un sistema técnico útil para un periodismo naciente y que ya está en crisis en el país. Difícilmente se producirá un caso como el de Chelsea Manning y el discurso debe ser más amplio que el fortalecimiento del periodismo. Se debe asumir el rol político de Mexicoleaks y las consecuencias de su intervención pública. Organizaciones como estas hacen bien cuando, lejos de descreer en una agenda política, la promueven con claridad.

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