Después de Ayotzinapa 2. Sistema penal y de procuración de justicia

El miércoles pasado continuó el ciclo “Después de Ayotzinapa: Conversaciones para repensar México”, organizado por Horizontal. En el auditorio del Goethe Institut de la ciudad de México la abogada Paula Sofía Vásquez entrevistó a su colega Layda Negrete sobre el sistema penal y de procuración de justicia. Estos son algunos fragmentos de lo dicho por Negrete –además de la intervención de una funcionaria de la PGJDF que se encontraba en el público.

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Quiero empezar diciendo que tengo la tesis de que lo que sucedió en Iguala sí es responsabilidad del Estado mexicano y, por lo tanto, de las autoridades federales, independientemente de quién haya jalado el gatillo.

Lo que siguió a Ayotzinapa, en el Estado mexicano, fue la solución preferida de los políticos, un paquete legislativo que no tiene nada que ver con el problema. Fue una medicina que no entendió los síntomas y simplemente generó una cortina de humo. Es la solución más barata y me da coraje porque, después de este drama nacional y de tanta indignación, un presidente que tiene el control del Congreso sale con la solución más facilita, que además no funciona. Se trata de ese decálogo según el cual se van a unificar las policías y se redefinirá el sistema de competencias penales, pero nada de eso tiene que ver con el verdadero problema.

En cuanto hay un incidente, en cualquier estado hay una cosa llamada C4, a través de la cual se les da aviso a todas las autoridades del incidente. Allí se les notifica a las autoridades federales, a los militares, a las autoridades locales. (…) Lo que argumentan las autoridades federales, especialmente la PGR y Murillo Karam, es que ellos no sabían nada pero creo que no hay forma de liberarse de esa responsabilidad. Es muy lamentable y sintomático que su línea discursiva sea la de defenderse diciendo que no tuvieron nada que ver. Y eso es particularmente grave porque no va a permitir que todos los que somos observadores externos nos sintamos satisfechos con la investigación. (…)

Cuando te traen un paquete de veinte leyes completas, con miles de artículos, eso requiere una crítica mucho más puntual y un gran esfuerzo ciudadano. Hay que ver las intervenciones que realmente puedan atacar de manera sistémica los problemas y, muy particularmente en el caso de Ayotzinapa, no hay que bajar la guardia, Hay que seguir el proceso. Nos tenemos que fijar particularmente en las pruebas forenses, en las pruebas físicas, para que podamos cuestionar los testimonios y confesiones.


Contar a los desaparecidos

No estamos contando bien a los desaparecidos; hay formas de ocultarlos. (…) Cuando uno analiza la forma en que se investiga a los desaparecidos, lo que encontramos es que la Procuraduría no quiere contar, no le entra al tema. Cuando entrevisté a una policía federal, cuya misión era justamente empezar las averiguaciones previas sobre desaparecidos, me dijo “cuando nos llega un caso o una denuncia lo primero que tratamos de avanzar es si hay delincuencia organizada o no”. Y ¿cómo lo hacen? Bueno, viendo si hay testigos, si hay patrones similares. El problema aquí es que –y esto es recurrente en la justicia mexicana– el policía y el ministerio público analizan un caso y nunca se animan a ver la estadística completa. Cuando se investiga caso por caso, lo mejor es no tener mucha carga de trabajo. Lo que hacen casi deliberadamente las autoridades federales es que, cuando viene una denuncia de desaparecidos, dicen que no les corresponde y se lo pasan a la autoridad local.

Por otro lado, tenemos la fuente estadística del INEGI. Nos dimos cuenta de que sí hacen unas preguntas en una encuesta a nivel nacional que vienen realizando desde hace cuatro años. En los últimos dos años le han preguntado a familias (ochenta mil familias al año): “Oye ¿se te desapareció alguien?”. Cuando contestan que sí, preguntan: ¿regresó?, y algunos dicen que sí y otros que no. Pero en esa forma de contar a los desaparecidos hay un problema: el INEGI no tiene suficiente poder estadístico.

¿Por qué ha habido una política de Estado de no contar? Esa es una buena pregunta, y creo que es porque las desapariciones son como el secuestro de los pobres. Cuando la crisis económica estalló y tuvimos la crisis del secuestro, un montón de integrantes de la clase media se movilizó movilizaron para forzar reformas. Pero los desaparecidos son los más desprotegidos y no han sido un tema prioritario. Por eso digo que hay un responsabilidad del Estado, es decir, gente desaparecen, y ni siquiera queremos contarlos.

Dentro de las víctimas de las desapariciones hay mujeres jóvenes que acaban siendo víctimas de trata, y hombres jóvenes que estaban siendo reclutados como milicia para los narcotraficantes. Nos indignamos porque cosas así suceden en África, pero la realidad es que están pasando en México, y ni siquiera lo queremos ver. Yo veo al Estado tapándose los ojos y diciendo: “No, no quiero contarlos. No quiero saber. Que desaparezcan los desaparecidos.” Pero sí cuentan. Aun con lo mal que cuentan, lo poquito y a medias, con esos números los podemos cuestionar. Me gustó mucho una gráfica que sacó hace unas semanas el grupo de Data 4. Muestra que en 2014, desde enero hasta octubre, los desaparecidos en Guerrero y en Iguala eran una cuestión cotidiana, permanente. Y estos son datos de las propias autoridades federales; por eso es que no les podemos permitir que digan que los agarró por sorpresa.


La versión del Estado: nulas pruebas físicas, puro testimonio

Cuando lo de Ayotzinapa salió en la prensa, Carmen Aristegui invitó a su programa al procurador Murillo Karam y le preguntó: ¿esto no se pudo haber evitado? Había denuncias sobre acoso permanente, homicidios y desaparecidos en Iguala y sobre que probablemente estaba involucrado el presidente municipal. Les invito a que vean esa entrevista del 10 de octubre, en la que lo que dice el procurador es que no le llevaron las pruebas. Mi frase favorita de Murillo Karam no es “Ya me cansé” sino “No investigué”. Eso retrata perfectamente al ministerio público mexicano, que siempre dice “no pude investigar” o “que la víctima me traiga las pruebas, todos los indicios o elementos”. No pueden averiguar por su propia cuenta. Es decir, la procuraduría más cara de toda Latinoamérica no puede salir a la calle a investigar, sino espera a que le traigan las pruebas.

En la conferencia, treinta y tres días después de Ayotzinapa, Murillo Karam apareció como el gran inquisidor, cuando en realidad vino a presentarnos una historia. La tenía toda cuadrada, con su Power Point y sus videos, totalmente editados, para sostener una narrativa. Fue una violación a la justicia porque aún no había un juicio y de repente tuvimos a un procurador que se animó a decir “tenemos a los culpables”. El asunto no había pisado un juzgado cuando ya los habíamos condenado. Decía “retuvimos a tal persona y nos confesó todo”, y todos los mexicanos sabemos que confesión es igual a tortura, pero no hay un análisis de eso. Estábamos tan ávidos de tener información, de alguna rendición de cuentas, que nadie se preocupó por cómo se consiguieron esos testimonios.

Salen las supuestas confesiones espontáneas, posiblemente bajo tortura, y no hay pruebas físicas. No nos presentan un solo peritaje, no hay corroboración de esa historia con pruebas físicas, y eso también es clásico en la justicia mexicana, donde solo se recaban testimonios, pura confesión sospechosa. Y eso, lamentablemente, no es solamente un tema de derechos humanos –el individuo tiene derecho a preservar su integridad física–, es un tema de calidad de las pruebas. Mientras les demos a las autoridades permiso de presentarnos puro testimonio y confesiones, nunca vamos a desarrollar la capacidad de investigación de delitos complejos.

El procurador necesitaba una caza de brujas para salir a flote políticamente, y eso es lo que nos dio. Viola todas las leyes y tratados internacionales para presentar a los culpables, y con una confianza aterradora. Presenta las confesiones, que son tres segundos súper escogidos del interrogatorio. Eso es algo que no podemos seguir permitiendo en México. Ahora viene la reforma de los procesos orales, y esto permitirá que se ventilen más cosas de manera pública, pero lo que vamos a ver después de esta gran condena que hizo Murillo Karam ante los medios de comunicación es una total oscuridad. Creo que no vamos a saber nada, porque no hay acceso al juicio, ni al expediente y ya dieron todo lo que querían en términos de información. Esa es la pobre calidad de datos que tenemos en uno de los delitos en que todos pusimos los ojos. No nos podemos imaginar cómo estará el resto de casos cotidianos o regulares.

No solo nos dieron unos culpables sino que se asume la inocencia de otros. El ejército y la policía federal nada tienen que ver, supuestamente, y eso es imposible porque cuando ves los datos de Iguala tienes que preguntarte si de verdad no estaban enterados, además de que sabemos por fotos que quien dirigía el batallón estaba en la fiesta de los Abarca. Más bien parece una cuestión de negligencia brutal, complicidad o encubrimiento. (…) Ahora la única vertiente es insistir en la intervención de la Comisión Interamericana para que haya una supervisión externa.


Intervención de una funcionaria de la PGJDF que se encontraba en el público

Soy abogada y trabajo en la procuraduría del Distrito Federal. Estuve escuchando pacientemente todo lo que se dijo aquí porque es cierto y es lamentable. Hoy día hubo una pequeña concentración de funcionarios del ministerio y policías que nos atrevemos a decir las cosas. No hay capacitación. Hay gente que ni siquiera ha tomado un curso del sistema acusatorio; si no conocen el sistema cómo lo van a usar. Y eso que estamos en una entidad federativa y el proceso está avanzado. Supuestamente tenemos dinero pero la realidad es que no tenemos ni para la papelería. Además, la gente que elabora documentos está acostumbrada al copy paste. No saben ni hablar, por eso no pueden exponer un caso. Es lamentable ver que la gran mayoría de los compañeros prefiere seguir sin prepararse. Llegan los abogados sin leer los expedientes y de una vez te dicen “¿cómo le hacemos para que me eches la mano?” ¿Cómo combatimos eso? Nosotros, como ciudadanos, seguimos permitiendo las desapariciones, que siempre son de gente pobre, y los narcos están libres. Esa es la realidad.


 

(Selección y transcripción de Albinson Linares.)

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