Después de Ayotzinapa 9. Corrupción en tiempos de crisis

El miércoles 11 de marzo continuó el ciclo “Después de Ayotzinapa: Conversaciones para repensar México” con un dialogo entre Guillermo Ávila y Guillermo Cejudo, moderados por Mario Arriagada, en torno a las causas y consecuencias de la corrupción en México. Lo que sigue son algunos fragmentos de lo dicho en el encuentro.

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La corrupción genera masacres

Guillermo Cejudo: Estamos en un momento del país en que casi no podemos explicar nada de lo público sin contemplar el asunto de la corrupción. En Iguala la corrupción fue causa directa e indirecta de lo ocurrido. Cuando tratamos de desmenuzar lo que pasó allí no hay ninguna tesis que no tenga un vínculo con un problema de la corrupción.

Imaginemos un modelo de negocios en el que podemos contar con una estructura burocrática a nuestra disposición, darnos puestos como mecanismos de protección, acceder a un presupuesto cotidiano y seguro que podemos utilizar no solo para obras públicas sino para desviar hacia propósitos distintos y tener una fuerza policial lista para ser usada en labores ajenas a sus funciones. Eso es lo que ocurre en la mayor parte de los municipios del país.

El PAN y el PRD han competido por hacerse cargo de ese modelo, marcado por el uso indebido de recursos que les permiten construir carrera, hacer fortuna y activar su posición. Entonces, ¿por qué nos sorprende que este modelo le sea también atractivo al crimen organizado? La corrupción es la causa directa de las recientes tragedias.


Las (no cumplidas) expectativas democráticas

Guillermo Ávila: Iguala no es un hecho aislado: tiene elementos estructurales y coyunturales que se han repetido en otros municipios. Lo que sucedió allá es una expresión avasalladora y fulminante de lo que veníamos detectando desde hace años.

El desempeño institucional en el país no se corresponde con las aspiraciones democráticas que hemos tenido durante estos últimos años. Cuesta darles ya el beneficio de la duda a los políticos en cuanto a la forma en que ejercen las funciones públicas dentro de las instituciones: nadie espera ya que se apeguen a lo que esperamos en una democracia.


El fracaso del Estado vigilante

Guillermo Cejudo: La obsesión institucional por acabar con la corrupción empieza con la renovación moral de Miguel de la Madrid. Allí comienza una larga historia de intentos por construir instituciones, renovar la constitución, mejorar la procuraduría general y obligar a todos los funcionarios públicos a hacer su declaración patrimonial.

En cada sexenio hemos cumplido con el ritual de cambiar o reformar la institución encargada de combatir la corrupción porque nos damos cuenta de que no funciona. Al final terminan concentrándose más en acciones mediáticas, como la caza de peces gordos, o en procedimientos como la Ley de Responsabilidades o la de Transparencia. Hoy, en medio de esta crisis política y social, se sigue discutiendo la Ley General de Transparencia. En la Cámara de Diputados se debate, además, el Sistema Nacional Anticorrupción y no olvidemos que uno de los primeros anuncios de Peña Nieto fue la creación de una comisión sobre el tema.

Los politólogos se acercan a la corrupción desde dos perspectivas. Una subraya la carencia de suficientes mecanismos de vigilancia. Una de las grandes apuestas burocráticas ha sido, justamente, poner gente a vigilar a otra gente, como los auditores internos o contralores externos que detecten al político corrupto y le caen encima.

Hay una forma distinta de aproximarse al asunto: se trata de no pensar la corrupción como una falla de supervisión sino como un problema de acción colectiva. Es el comportamiento esperado en la relación entre un determinado grupo de individuos. Cuando a un conductor lo detiene un policía, no piensa en el tamaño de la infracción sino de la mordida; un empresario se acerca a una oficina de obras públicas y ya calcula el moche, la comisión que deberá pagar. Desde esta perspectiva, el problema no es detectar y detener al corrupto. Podríamos meter a la cárcel a todos los funcionarios encargados de compras tecnológicas que incurran en corrupción, por ejemplo, pero quienes los reemplacen en tres meses ya estarán actuando igual porque las condiciones se los exigen y es el comportamiento esperado.


La participación activa de los ciudadanos

Guillermo Ávila: Tengo una visión mucho más comunitaria, más de intervención ciudadana, en los asuntos públicos. Falta mayor presencia de los grupos sociales en el combate a la corrupción; falta una guía sobre cuáles son las leyes o las medidas que se recomiendan para luchar contra esas conductas. Un ejemplo es la revisión de contratos. Tenemos una Ley de Transparencia, contraloría y auditorías, pero me parece que una de las limitaciones más fuertes de nuestra democracia es la falta de un mayor control de la función pública, y del ejercicio del poder, por parte de los ciudadanos.

Para garantizar la función adecuada del Estado, los ciudadanos debemos formar parte activa. Hay evidencia de que una mayor participación puede limitar la discrecionalidad del poder. Esa es una condición de transparencia y mejor gobierno.


Las paradojas administrativas

Guillermo Cejudo: No es que la gente sea eminentemente corrupta. Solo saben que resistirse o ir en contra del comportamiento esperado puede significar que, por ejemplo, su hija nunca entre a la escuela secundaria o que no pueda ingresar a un hospital.

El problema es el diseño de los procedimientos o de las reglas que muchos programas sociales y políticas estatales tienen, porque generan un sinnúmero de oportunidades para la corrupción. Un trámite que podría ocurrir en dos o tres horas, con una interacción electrónica, requiere de seis o siete días de interacción física, durante los cuales cada punto de contacto es una oportunidad para que se genere corrupción.

Para renovar la tarjeta de conducir cada tres años, por ejemplo, te piden la tenencia, pero esta no te la dan sin la tarjeta. Esto genera una paradoja administrativa: sin una cosa no tienes la otra. Cuando eso pasa el ciudadano le pide ayuda al funcionario, quien se la otorga a cambio de algo. Es un clásico de la corrupción que podría eliminarse vía electrónica, pero en el esquema actual requiere de muchas interacciones.


(Selección y transcripción de Albinson Linares.)

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