Ecuador: la batalla de las izquierdas

En el país andino, el gobierno y los movimientos sociales se encuentran en profundo desacuerdo sobre la manera de construir un Estado post-neoliberal.

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Con este texto termina nuestra breve revisión del estado de los gobiernos bolivarianos en el presente: Bolivia, Venezuela, Ecuador.

El 28 de noviembre de 2014 José Isidro Tendetza Antún, representante del pueblo indígena de Shuar, en la provincia más al sur de Ecuador, estaba en camino a una reunión antiminera. Nunca llegó a su destino. Tampoco llegó a la conferencia de cambio climático programada para la siguiente semana en Lima, Perú, en la que planeaba exponer su mensaje antiminero a una audiencia más amplia. El 2 de diciembre, de acuerdo con los líderes Shuar, algunos mineros encontraron el cuerpo de Tendetza flotando en el río Zamora. Afirmaron haber enterrado el cuerpo de inmediato en una tumba sin nombre, siguiendo las instrucciones de la fiscalía local. Cuando, a protesta de los familiares y vecinos, exhumaron el cadáver, se encontraron en él señas de tortura. Las piernas y los brazos habían sido amarrados con sogas azules; una segunda autopsia determinó que la causa de su muerte fue estrangulación.

Tendetza fue un destacado activista en contra de Mirador, una mina a cielo abierto en el sureste amazónico de Ecuador. Desde 2009 había recibido ataques verbales y físicos; en 2012 quemaron su casa y su cosecha. Un año después EcuaCorriente S.A., la compañía concesionaria de la mina, controlada por un conglomerado estatal chino, inició un proceso legal para despojar a Tendetza de su propiedad.

Para algunos grupos indígenas y ambientalistas, la muerte de Tendetza es el emblema de la destrucción causada por el modelo de desarrollo dependiente de recursos naturales promovido por el presidente izquierdista Rafael Correa. Los recursos petroleros han sido el pilar de la economía ecuatoriana desde los setenta y, todavía hoy, siguen representando más de la mitad de las exportaciones nacionales. En Ecuador la llamada reprimarización de la economía —un fenómeno latinoamericano que implica la creciente dependencia de una economía a la exportación de productos primarios— ha estado emparejada con el pago de lo que el presidente Rafael Correa llama la “deuda social”. El gasto público en salud, educación y, quizá sobre todo, en transferencias directas a los más necesitados ha contribuido a reducir, drásticamente, la pobreza. Bajo la gestión de Correa, también se reformó el régimen fiscal, ampliando la base gravable.

A pesar de estas reformas económicas, la economía ecuatoriana y el presupuesto gubernamental siguen siendo fuertemente dependientes de los ingresos petroleros, estando así expuestos a la fluctuación internacional de los precios. Ciertamente, el boom de los productos primarios, que empezó en 2001 y se estancó en 2010, ha cedido ante el fuerte descenso del precio del petróleo. Para financiar el déficit presupuestal, el gobierno de Ecuador ha recurrido a financiamiento chino comprometiendo los flujos futuros probados de la paraestatal Petroecuador. Correa también pretende que los ingresos de la minería a larga escala lo ayuden a cubrir el déficit.


El Estado vs. los movimientos sociales

El conflicto sobre la extracción de recursos en Ecuador es testimonio de la diversidad de proyectos de izquierda en Latinoamérica. Una década y media después de que Hugo Chávez fuera por primera vez electo presidente en Venezuela, una simplista y errónea dicotomía entre gobiernos “radicales” (Ecuador, Bolivia y Venezuela) y “moderados” (Chile y Brasil) sigue siendo el marco predominante para entender el giro a la izquierda en la región. Sin embargo, como ejemplo de la complejidad de las izquierdas latinoamericanas, en Ecuador las autoridades gubernamentales y los movimientos sociales, que antes tenían un historial compartido de lucha contra la privatización y la austeridad fiscal, ahora se encuentran en profundo desacuerdo sobre cómo construir un Estado post-neoliberal.

El “socialismo del siglo XXI” ha abierto un debate político sobre la relación entre desigualdad, desarrollo, medio ambiente y derechos indígenas —una disputa con implicaciones trascendentales para la izquierda internacional en tanto que esta busque responder a las crisis económicas y ecológicas actuales. Para Correa, romper con el neoliberalismo involucra reafirmar la autoridad del Estado sobre la economía e invertir en infraestructura gubernamental y servicios públicos, por mucho tiempo abandonados, para reducir la pobreza y generar empleos. Pero una creciente variedad de organizaciones indígenas y ambientalistas se oponen a su administración, y exigen un modelo de desarrollo que no descanse, solamente, en recursos no renovables y en deuda extranjera. No es extraño escuchar a estos grupos citar el concepto “acumulación por despojo”, del geógrafo marxista David Harvey, para describir los desplazamientos generalizados de ecosistemas y comunidades a manos de proyectos extractivos y de la infraestructura de transporte que necesitan. Recientemente, grupos de trabajadores han protestado contra el incremento en el costo de vida, los límites en las negociaciones colectivas y los recortes al pago de las  pensiones públicas. Y grupos izquierdistas de todos los ámbitos rechazan lo que consideran una criminalización de la protesta.

Entre 2007 (cuando comenzó la gestión de Correa) y 2014, su administración inició acciones legales contra aproximadamente 200 personas que habían participado en actividades en contra de la extracción de recursos naturales. De acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional sobre el tema, en el caso de 24 de estos líderes de movimientos sociales, acusados de crímenes como homicidio, sabotaje y terrorismo, las acusaciones eran infundadas. Recientemente, detuvieron a 63 activistas durante la “huelga general” del 13 de agosto organizada por colectivos indígenas y sindicales; 25 de esos 63 siguen detenidos.

El mensaje es claro: desde la perspectiva del gobierno, quienes se opongan a la extracción de recursos naturales son enemigos del Estado. Esta lógica se extiende a organizaciones enteras. En marzo de 2009 el gobierno disolvió el colectivo radical de ambientalistas “Acción Ecológica”, que, en agosto de ese año, producto de la presión internacional, recuperó su estatus legal. En diciembre de 2013 las oficinas de “Fundación Pachamama”, una ONG que trabaja de cerca con comunidades indígenas en el Amazonas, fueron clausuradas por el Ministerio del Ambiente, con el argumento de que la organización participó, supuestamente, en confrontaciones físicas durante una protesta en contra de la explotación petrolera. Las autoridades afirmaron que la organización había violado el Decreto Ejecutivo 16, publicado en junio de 2013, el cual determina la disolución de todas las ONGs que se desvíen de “las metas y los objetivos para las que fueron constituidas”, o que interfieran “en las políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, o que alteren la paz pública”. Tres demandas por inconstitucionalidad contra el decreto esperan la resolución de la Corte Constitucional.

En diciembre de 2014, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ordenó a la CONAIE, la federación nacional de indígenas, desalojar su sede, recinto que el mismo ministerio había alquilado a la organización en 1991 —la orden, sin embargo, se suspendió en julio. La justificación fue que el gobierno había planeado usar el edificio para construir una casa para jóvenes con adicciones. Pero la intención política era obvia. Desde que irrumpieron en la escena nacional con el primer levantamiento indígena en 1990, la CONAIE ha sido la movimiento social más importante en el país y, por muchos años, el movimiento indígena más activo en el continente. La CONAIE ayudó al derrocamiento de tres presidentes en el transcurso de una década y constantemente ha protestado contra las políticas neoliberales. No es plausible, entonces, que el gobierno de repente encontrara que la CONAIE se había desviado de su misión al implicarse en cuestiones “políticas”. Y es todavía más cuestionable porque Correa le debe su poder político a una historia de lucha social en gran parte coordinada por la misma CONAIE.


El modelo extractivista vs. el buen vivir

Sin embargo, esta no es exactamente la historia de un gobierno electo que traiciona a su base. A diferencia de “Pachakutik” —el brazo político de la CONAIE—, Alianza País (AP) —el partido político de Correa— nunca ha tenido lazos con otros movimientos sociales. AP nació en 2006 sobre todo como un vehículo electoral; al día de hoy sigue siendo un órgano político no del todo institucionalizado, como lo demuestran las recientes pérdidas electorales en los comicios locales.

Los líderes de AP buscaron al principio alianzas con los movimientos sociales que habían organizado la resistencia en contra de las políticas neoliberales. Una vez en el poder, AP seleccionó para el gabinete a líderes vinculados con organizaciones indígenas y ambientalistas. En abril de 2007, los votantes apoyaron la convocatoria a una asamblea constituyente, una demanda histórica de los movimientos sociales.

La constitución de 2008 estuvo fuertemente influenciada por los movimientos sociales. Su preámbulo, por ejemplo, está determinado por el concepto kichwa sumak kawsay (el buen vivir), una alternativa para equilibrar desarrollo social con crecimiento económico. Además, establecía nuevas instituciones de participación popular, garantizaba una nueva serie de derechos indígenas y, en una separación radical con la jurisprudencia común, reconocía a la “naturaleza” como sujeto jurídico.

En la práctica, las interpretaciones de la constitución han provocado una disputa hostil entre el presidente Correa y los movimientos sociales. Muchos de los hombres fuertes del partido, vinculados a los movimientos sociales, como Alberto Acosta, ministro de Electricidad y Energía Renovable y luego presidente de la asamblea constituyente, y Monica Chuji, la activista kichwa, que fue la encargada de la Secretaría de Comunicación y luego representante electa por AP en la Asamblea Nacional, dejaron la administración en los meses que siguieron a la ratificación de la constitución. Ellos, junto a otros líderes de organizaciones indígenas, ambientalistas, sindicales y de derechos humanos, acusaban que la insistencia del presidente Correa en expandir la extracción de recursos naturales violaba tanto derechos constitucionales como el buen vivir.

El proyecto del presidente de construir y desarrollar el sector minero de gran escala, que administraciones previas habían intentado sin éxito, endureció la oposición de muchos movimientos sociales. En 2009 la CONAIE y otros grupos antimineros locales organizaron una coalición para protestar en contra de una Ley de Minería. Los activistas enfatizaban que la minería de gran escala, que en buena medida se llevaría a cabo en territorios indígenas, contaminaría, irreversiblemente, el medio ambiente. La contaminación perjudicaría la superficie y el agua subterránea; de igual manera, otro problema serían los desperdicios (en el caso del cobre, por ejemplo, se suele desechar el 99.5% del material extraído). La minería también es una causa creciente de desforestación en la zona amazónica de América del Sur. Además, la extracción de gran escala en las regiones amazónicas requiere la construcción, en bosques vírgenes, de infraestructura automotriz para mover el equipo minero y los minerales extraídos. La expansión de la infraestructura de transporte (además de contribuir al cambio climático) a su vez fomenta la migración humana, la ampliación de la frontera agrícola y la desforestación.

Para resistir a lo que parece la embestida del “modelo extractivo”, activistas indígenas y ambientalistas —de la CONAIE, el Movimiento de los Indígenas del Ecuador (ECUARUNARI), Acción Ecológica y la Asamblea de los Pueblos del Sur, entre otras organizaciones— han desarrollado un diverso inventario de resistencia. La marcha por el agua, la dignidad y la vida —la primera demostración popular de escala nacional desde la elección de Correa— se llevó acabo entre el 8 y el 22 de marzo de 2012. Esta marcha de dos semanas comenzó en El Pangui, un cantón ubicado en el sur amazónico y cerca de donde se proyectó el Mirador, lo que sería la primera mina de gran escala. Apenas tres días después de la marcha, el Ministerio de Hidrocarburos firmó un contrato con la empresa china EcuaCorriente S.A. para la concesión de construcción y explotación de una mina a cielo abierto de cobre.

La marcha arribó a Quito con una caravana de 25 mil personas, luego de recorrer 700 kilometros a pie. La marcha evocó a los levantamientos indígenas de los noventa, que también organizaban rutas desde la periferia hasta Quito.


La resistencia ambientalista

Pero el conflicto por el petróleo y la extracción de minerales también ha involucrado innovadoras formas de protesta. Con la excepción del proyecto Mirador, no existen minas de gran escala en Ecuador con un contrato de explotación firmado, y los futuros bloques petroleros que recibirían una concesión en el sur amazónico todavía esperan inversión extranjera. Los activistas antipetroleros podrían señalar el estrago causado por décadas de explotación petrolera en Ecuador, ejemplificado por las actividades de Chevron y Texaco, que a lo largo de veintiocho años descargaron billones de galones de desechos tóxicos y millones más de crudo en bosques y canales de agua del sur del país. Los activistas antimineros, en cambio, no tienen a la mano ningún ejemplo nacional de un desastre de tales magnitudes. Como resultado, su activismo se ha centrado en prevenir proyectos planeados. Por ejemplo, los grupos antimineros han organizado caminatas a los sitios donde las minas están proyectadas —en los páramos y los bosques de la Cordillera del Cóndor—, atrayendo la atención a los ecosistemas que la extracción contaminaría.

Las consultas son otra forma de protesta. Activistas de las comunidades afectadas denuncian que el gobierno no ha respetado su derecho constitucional a ser escuchados antes de que se  tome la decisión final sobre el desarrollo de los proyectos extractivos. Por ello se han organizado consultas comunitarias, en las que el resultado de la votación ha sido desfavorable a los proyectos mineros (otro ejemplo).

Los activistas antipetroleros también han adoptado las elecciones populares como un instrumento de lucha. En agosto de 2013, un grupo de activistas articulados bajo el nombre de YASunidos organizaron una campaña para recopilar firmas para un referéndum nacional sobre la extracción de petróleo en el parque nacional Yasuní. En 2007, la administración de Correa prometió no extraer petróleo del Parque Amazónico —una Reservas de la Biósfera de la UNESCO y casa de varias comunidades indígenas— si la comunidad internacional se comprometía a donar la mitad del valor estimado del petróleo en el territorio del parque —3.6 millones de dólares— para promover el desarrollo sustentable en Ecuador. Las autoridades gubernamentales afirmaban que el intercambio de dinero-por-conservación era un pago por la “deuda ecológica” de los países del norte, cuyo desarrollo ha sido pagado por décadas con la apropiación de recursos de los países del sur.

Pero el plan, aunque noble al principio, fracasó. En agosto de 2013, la administración optó por un “plan B” —darle el sí a la explotación petrolera— provocando grandes protestas en la histórica Plaza Grande de Quito. YASunidos se formó en el mismo mes, y para octubre se aventuró en una campaña de seis meses con el fin de poner a votación el proyecto de perforación en el Yasuní. Su meta era lograr el número de firmas que exige la constitución (5% del electorado) para convocar a un referéndum nacional. El resultado, sin embargo, impresionó hasta a los más optimistas de los participantes y observadores: el grupo marchó en estruendosa caravana rumbo a la Comisión Nacional Electoral a depositar cajas y cajas llenas de firmas conteniendo, según los voceros de YASunidos, 756,291 firmas, un número superior a las 584, 116 requeridas. Después de un controversial conteo, que incluyó la inesperada separación de unas cajas por parte de los militares para proteger la validez del proceso, la Comisión rechazó la propuesta de consulta. Según su conteo, las firmas válidas eran 359, 761.

La campaña de YASunidos representó un cambio sustancial en el activismo antiextractivo, trayendo al activismo ambientalista a ciudades más grandes como Quito y Cuenca. No obstante, en Ecuador y en otros países que dependen fiscalmente de la extracción de recursos naturales, las movilizaciones se limitan a las comunidades inmediatamente afectadas. Si las protestas mineras seguirán creciendo es algo que está por verse. El desafío de extender a toda la nación las protestas, de volver a formar las coaliciones amplias que exitosamente resistieron el neoliberalismo en los noventa y principios de este siglo, sigue siendo enorme: las consecuencias socio-ambientales de la extracción son locales (y, vía el cambio climático, globales), pero los beneficios económicos se distribuyen nacionalmente.

En tanto que los activistas buscan ampliar su movimiento, el gobierno se esfuerza en consolidar, localmente, el apoyo a sus proyectos. Las iniciativas del gobierno han estado, entonces, no solo enfocadas en la redistribución e inversión a nivel nacional. Más que en las pasadas administraciones, este gobierno ha canalizado el gasto social en comunidades que serán afectadas directamente por la extracción de petróleo y la minería.

La Ley de Minería de 2009 señalaba que el 12% de las ganancias generadas por un proyecto minero serían dirigidas a “proyectos de inversión social, o desarrollo territorial o productivo en las zonas de influencia”. Además, el 60% de las regalías deberían ser canalizadas en esas localidades a “proyectos productivos y de desarrollo sustentable”. Las llamadas “Comunidades del milenio” (unidades habitacionales con todos los servicios, pagadas por las rentas petroleras) demostraron ser el modelo de desarrollo a replicar en las provincias petroleras.

De acuerdo con los críticos, estas estrategias de inversión pública reproducen estrategias del sector privado (“responsabilidad social empresarial”) y buscan mitigar el riesgo de las protestas en las comunidades, anticipándose a las demandas locales por mayores beneficios.

La administración de Correa tiene un apoyo político precario en las localidades ricas en minerales. En las elecciones seccionales de febrero de 2013 los candidatos de Alianza País a prefectos de provincia fueron derrotados por oponentes antimineros en tres de las provincias donde están proyectadas minas de gran escala. Estas derrotas ocurren en un contexto que de otra manera sería un hecho electoral impresionante —hay que recordar que Correa ha ganado múltiples elecciones presidenciales, y la AP controla más de la mitad de los asientos de la Asamblea Nacional—, pero la consolidación del apoyo político local es crucial para avanzar en los proyectos extractivos. Los movimientos antimineros pueden socavar el interés de los inversionistas, como ha sido el caso de la mina de oro de Quimsacocha: en 2012, después de que el proyecto fuera rechazado abrumadoramente en una “consulta popular”, la concesión se vendió de una compañía minera canadiense a otra, y todavía no ha avanzado de la fase de exploración.


La expansión del conflicto

En un “petroestado” como Ecuador, la caída en los ingresos petroleros altera tanto el terreno de las políticas públicas como el de la protesta. Más problemático desde la perspectiva del gobierno, la caída en los precios de petróleo amenaza la viabilidad del modelo de desarrollo financiado vía la extracción que ha asegurado la popularidad política de Correa.

Ecuador está actualmente extrayendo petróleo con pérdidas. Los niveles de la deuda han crecido, mientras que el gobierno ha intentado prever los cambios en el mercado global de materias primas, así como reducir el gasto público, provocando descontento. El pasado marzo un revigorizado Frente Unitario de Trabajadores, junto a otros movimientos indígenas, organizó protestas en Quito y en otras ciudades importantes, articulando los agravios relacionados a los derechos laborales, las políticas económicas y la criminalización de la protesta. Desde entonces, la administración de Correa ha sido agitada por protestas tanto de la izquierda como de la derecha.

La clase media y la clase alta han tomado las calles para protestar la ahora aplazada “Ley de herencia y plusvalía”, que hubiera elevado los impuestos a la sucesión de propiedades y las utilidades de la contraventa de propiedades. Las protestas concluyeron el 25 de junio en los suburbios de Quito, y en la ciudad costera de Guayaquil, donde Jaime Nebot, acalde opositor, afirmó que más 300,000 participaron en las protestas en contra de Correa.

Aunque el impuesto hereditario hubiera afectado a solo el 2% de la población, como el politólogo Pablo Ospina sugiere, dada la prevalencia de empresas familiares en la economía ecuatoriana, una larga proporción de la clase media aspira legar algo a sus hijos. La ley propuesta consolidaba, además, el miedo de las élites a un régimen autoritario inclinado a la expropiación de la riqueza, evocando los fantasmas de Cuba o Venezuela. Mientras tanto, para muchos en la izquierda la ley propuesta no era lo suficientemente radical: de acuerdo con Pablo Iturralde, coordinador del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la reforma habría redistribuido solamente 50 millones de dólares, y no hubiera hecho nada para afectar las fuentes estructurales de la pobreza: la persistente desigualdad de la propiedad de tierras y la creciente concentración de las ganancias en los sectores financieros y comerciales.

Los colectivos indígenas, ambientalistas y de trabajadores también denuncian el “autoritarismo” del gobierno, pero con un sentido diferente: la criminalización sistemática de la protesta, los ataques a grupos como la CONAIE y la Fundación Pachamama, la violación de los derechos constitucionales ganados con tanto trabajo (Correa recientemente declaró que se “arrepentía” de incluir el derecho a la resistencia en la constitución), y el explícito racismo en el rechazo de las autoridades gubernamentales a los protestantes indígenas.

Agosto estuvo marcado por constantes movilizaciones de bases. El 2 de agosto los miembros de la CONAIE marcharon a Quito, y organizaron manifestaciones y bloqueos carreteros en las provincias a lo largo de la sierra y la zona amazónica, que concluyeron en violentas confrontaciones con la policía y las fuerzas armadas. Finalmente, el 13 de agosto la CONAIE unió fuerzas con otros grupos de trabajadores para realizar un “paro nacional”. Las demandas de la federación nacional de indígenas incluían: el retiro de la propuesta constitucional de reforma para permitir la reelección indefinida; la cancelación del Decreto 16; el respeto y aplicación de todos los derechos colectivos; la redistribución del acceso a la tierra y al agua; el rechazo al acuerdo comercial con la Unión Europea; terminar con el modelo extractivo, y en especial con los proyectos de minas a gran escala, y la anulación de las leyes recientes y decretos que violan el derecho a la negociación colectiva y a otros derechos laborales.

Al enfrentarse a las protestas generalizadas, Correa ha utilizado tácticas represivas. El 15 de agosto Correa firmó el Decreto Ejecutivo 775, determinando el “estado de emergencia” en preparación a la posible erupción del volcán Cotopaxi —que afectaría a más de 300,000 ecuatorianos. Sin embargo, de acuerdo con un análisis de Gabriela León Cobo, abogada en el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el decreto violó los límites de la constitución de 2008 en materia de estados de emergencia (por ejemplo, aplicaba a todo el territorio nacional, cuando estaba tipificado el estado de emergencia para solamente la zona posiblemente afectada), y dado el contexto actual de conflicto, podría “convertirse  en un instrumento para el accionar militar y policial con el fin de controlar las protestas, y con ello, suspender derechos de manera arbitraria e ilegítima”.

Las elecciones locales de 2014 esclarecieron que las fuerzas políticas de ambos lados del espectro político están preparadas para tomar ventaja de la decreciente aprobación del gobierno de Correa: Alianza País perdió algunas alcaldías frente a Avanza, un partido de izquierda fundado en 2012 por un ex miembro del gabinete de Correa, y perdió también importantes cargos, incluyendo la alcaldía de Quito, frente a partidos conservadores.

En medio de realineamiento político, los activistas continúan resistiendo los proyectos petroleros y mineros. En febrero, la comunidad shuar no permitió que los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos entraran a su territorio en otra provincia amazónica. A su vez, mientras que la muerte de José Isidro Tendetza sigue en investigación, los líderes shuar han presentado reclamos por la violencia que implica la economía extractiva ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quizás contraintuitivamente, la caída en los precios del petróleo podría revigorizar la resistencia antiextractiva: el esfuerzo por atraer inversiones y mantener los ingresos petroleros podría incentivar la desregulación económica y medioambiental. La búsqueda de nuevos ingresos podría también fortalecer la determinación de la actual administración de desarrollar la minería a gran escala —y a su vez provocar nuevas protestas.


Traducción del inglés: Jorge Cano.

Foto cortesía de la Agencia de Noticias ANDES.

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