El binomio prensa y poder

Ilustración @donmarcial
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Parece remoto el tiempo en que PIPSA –empresa paraestatal mexicana– tuvo la potestad de impedir la circulación de los medios impresos, negándoles uno de sus insumos más básicos: el papel. Tiempos lejanos, pero no ajenos.

El afán gubernamental por controlar a la prensa añadió formas más sutiles, algunas de las cuales perduran: el reparto arbitrario de la publicidad oficial, por ejemplo. Los medios afines al poder eran premiados con costales de dinero, entre otras prebendas. Los medios críticos quedaban al margen del favor del gobierno y también de los anunciantes privados, después de que se les señalaba como enemigos del régimen.

La perenne costumbre de la intervención gubernamental a través de la asignación discrecional y selectiva del presupuesto publicitario oficial, que constituye una violación indirecta al derecho a la libertad de expresión, no disminuyó ni siquiera con el ascenso de un partido distinto del PRI, tras 70 años de hegemonía. Los dos presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, incorporaron esta práctica para inhibir o castigar a los medios que consideraban antagónicos.

Varias iniciativas para reglamentar el gasto en comunicación social se mantuvieron congeladas una legislatura tras otra en el Congreso de la Unión. En noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto que obligó a los congresistas a emitir una ley que regulara la publicidad oficial.

En abril siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social, que en teoría establece normas para que el gasto en la materia cumpla con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia y respete los topes presupuestales que fueron crecientemente rebasados durante las administraciones anteriores.

Pero no fue así. El legislativo incumplió el mandato de la Corte. Organizaciones sociales denunciaron que la ley, bautizada como Ley Chayote, legaliza, de hecho, las peores prácticas alrededor de la publicidad oficial, empezando con la promoción de un gasto tan caprichoso como exorbitante. (En los dos más recientes sexenios se gastaron casi 120 mil millones de pesos; 56 mil millones en el de Calderón y 60 mil millones más en el de Peña). Andrés Manuel López Obrador ha dicho que gastará la mitad, pero no ha explicado con qué criterios adjudicará dicho presupuesto, de modo que nada ha cambiado de fondo.

El propio triunfo de López Obrador está planteando nuevos desafíos para nuestra prensa. Los términos de esta relación no están del todo claros (en parte porque el reparto del presupuesto publicitario está detenido en este joven sexenio) pero es evidente que el presidente de México repele la opinión adversa.

De nueva cuenta, la relación entre el gobierno y la prensa están en el centro de la discusión pública. La disyuntiva de AMLO es la de Fox o Calderón, quienes como él, defendieron la libertad de expresión como candidatos, como parte de su oferta electoral de cambio. Sin embargo, le dieron la espalda cuando el ejercicio pleno de esa libertad reconvenía a sus respectivas administraciones.

Hace algunos años, contados medios independientes mostraron que era posible sobrevivir aún con el abrumador peso del poder en contra, que la vida del periodismo crítico era posible gracias a la generosidad de sus lectores y audiencias.

Pero llegaron la revolución digital y sus paradigmas. Entraron en criris primero la prensa y luego los medios electrónicos (la televisión de manera asombrosa).

En México, como en el resto del mundo, los medios libres buscan componer un modelo de negocios que los libere de ataduras. Los modelos mixtos o los basados en donaciones sostienen ya al periodismo de calidad, al periodismo de investigación, a ese periodismo que impone la rendición de cuentas, al periodismo que se escabulle de la tiranía del tráfico y las audiencias masivas. Al periodismo que irrita a la autoridad.

El resto tendrá que soportar la bota del poder en el cuello. En los medios que legitiman al gobierno en turno hay inquietud. Esperan, preocupados, la anunciada reducción del presupuesto publicitario. El ingreso malhabido, que crecía un año tras otro, no está asegurado (y no por las mejores razones).

Como si el anterior fuera menor, la prensa mexicana tiene un reto recién adquirido. Desde el día uno de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ofrece a primera hora algo disfrazado de conferencia de prensa. “La mañanera” es el espacio de comunicación más importante del gobierno mexicano. Ahí se le ve cómodo al presidente, la ocasión para que comparta su visión del mundo, en la que invita a la prensa solo para eludirla.

Para el gobierno, lo importante es lo que dice el presidente en la mañanera. Él y solo él fija los que considera temas de interés público. Ofrece más opiniones que información. Lo hizo desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y también como candidato. Y lo hace todavía, con todas las ventajas que le otorga su cargo, y porque los medios se lo permiten. La prensa debe hacer más que discutir los temas que pone sobre la mesa López Obrador. Debe determinar la relevancia de otros asuntos e investigarlos. Debe salir de la órbita del poder ejecutivo.

Las tácticas descritas para limitar la independencia de la prensa y las maniobras del poder para imponer su punto de vista y disminuir o silenciar a los demás no son los mayores contratiempos en esta tirante relación que, por su propia naturaleza, no puede ser de otra manera.

Tenemos problemas más graves. El gobierno de nuestro país ha fracasado en su obligación de garantizar la seguridad de los periodistas. Se ha difundido que México es considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer este oficio. Cada año se agregan nombres a la infame lista de periodistas amenazados, vejados, secuestrados, desaparecidos y asesinados.

Los expedientes se apilan porque la impunidad reina. Los reporteros, presas fáciles del narco y la delincuencia organizada, viven con esto.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha admitido que el mecanismo de protección para periodistas no solo es pobre y burocrático, sino que no es preventivo.

¿Cómo protegerá el poder la vida de los periodistas, alma de los medios, si su cabeza considera a la prensa no como un contrapeso sino como un adversario?

Esta publicación/plataforma ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

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